Judiciales
Policía bonaerense oriundo de Misiones condenado por liberar zona a narcos
Un misionero que se desempeñaba como oficial de la Policía Bonaerense fue condenado a 8 años de prisión por cobrar dinero a cambio de liberar zonas para el funcionamiento de una amplia red de narcomenudeo que operaba en distintos barrios del partido de General San Martin.
Según pudo establecer La Voz de Misiones, el misionero involucrado en esta compleja trama se trata de Alejandro Rafael Valiente, de 31 años, oriundo de Puerto Iguazú y actualmente alojado en el penal de Marcos Paz, donde también se encuentran detenidos los líderes e integrantes de la temible banda rosarina Los Monos, entre otros delincuentes de peso.
El hombre, junto a otros 18 imputados, entre ellos otros tres uniformados de la misma fuerza, fueron juzgados durante un largo debate oral que comenzó en abril y culminó en diciembre del año pasado, aunque recién ahora se difundieron las 800 páginas correspondientes a los fundamentos de la sentencia de dictada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 3 de San Martín, provincia de Buenos Aires.
En ese fallo, publicado recientemente en el Centro de Información Judicial (CIJ), se asienta que la pesquisa en contra de la banda comenzó en 2018, luego de una serie de denuncias que daban cuenta del funcionamiento de una gran banda dedicada a la venta de drogas en diversos puntos de San Martín, la cual además contaba con connivencia policial.
De esa forma, las primeras labores fueron encargadas a la Prefectura Naval Argentina (PNA), pero la parte final y más importante fue llevada adelante por investigadores de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), quienes mediante actividades de vigilancia encubierta, revisión de cámaras de seguridad e intervención de líneas telefónicas lograron desmantelar la organización.
De ese compendio de pruebas se desprende que la banda era liderada por Carlos Javier “El Viejo” Ruiz y Leandro Lobo. La organización se dedicaba a la venta de marihuana y cocaína. Para ello contaban con vendedores ubicados en puntos estratégicos de los barrios de operación, “soldaditos” que alertaban la presencia de uniformados federales y miembros de la Unidad de Prevención de Policía Local de San Martín, entre ellos el misionero Valiente, que liberaban la zona y ahuyentaban narcos competidores a cambio de dinero.
El desmantelamiento del grupo se llevó a concretó en septiembre de 2019 y el procedimiento fue bautizado como “Operativo Arroyo Blanco” por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Allí se comunicó la detención de 16 personas, a las cuales luego se sumaron las capturas de los efectivos bonaerenses, quienes fueron arrestados en su lugar de trabajo bajo órdenes del juez federal Emiliano Ramón Canicoba.
En las audiencias de juicio, el misionero Valiente se despegó de la banda. Aseguró desconocer a todos los imputados civiles.
Durante la exposición de sus alegatos, los fiscales Eduardo Alberto Codesido y María José Meincke, consideraron acreditadas las acusaciones y solicitaron una pena de 11 años de prisión para el uniformado oriundo de Misiones.
Sin embargo, a la hora de dictar sentencia, el tribunal presidido por Esteban Carlos Rodríguez Eggers e integrado por Nada Flores Vega y Daniel Omar Guitiérrez, decidieron aplicarle al misionero una pena de 8 años de prisión al declararlo coautor del delito de “tráfico de estupefacientes, en su modalidad de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada y por ser un funcionario público encargado de la prevención o persecución de los delitos previstos en la ley de aplicación”.
Judiciales
Se negaron a declarar los cuatro detenidos por el crimen de Aldo Silvero
Los cuatro detenidos por el asesinado del contratista Aldo Roque Silvero (43) en Puerto Esperanza se abstuvieron de declarar ante la Justicia y fueron imputados provisoriamente por el delito de “homicidio criminis causa”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, tanto Camila Benítez (19), como su novio Alejo Johan Benjamín Winflinger (16), el supuesto “instigador” Lucas Da Costa (19) y un cuarto implicado, decidieron guardar silencio al momento de comparecer ante el magistrado Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú.
En la misma audiencia, todos ellos fueron notificados de la investigación que se lleva adelante en sus contra, de los elementos de prueba recolectados hasta el momento y fueron imputados por el delito de “homicidio criminis causa”, calificación que podría variar conforme avance el expediente.
Tras su paso por el juzgado, los cuatro implicados volvieron a ser alojados en la celda policial donde continuarán detenidos mientras avanza la investigación por el crimen de Silvero, el contratista que la semana pasada fue asesinado de 17 puñaladas en presunto caso de robo.
Según indicaron las fuentes, el adolescente detenido ahora quedó a disposición de la Justicia menores, cuyos responsables deberán decidir los próximos pasos a seguir respecto a su situación.
Cayó el presunto “instigador” y son cuatro los detenidos por el caso Silvero
Judiciales
Fiscalía de Ciberdelitos funcionará a partir del 2 de enero en López Torres 4881
Con ley sancionada, fiscal designado y acto de jura cumplimentado, la flamante Fiscalía de Ciberdelitos está lista para comenzar a funcionar a partir del 2 de enero de 2025.
La dependencia judicial, cuyo nombre oficial será “Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos de la Provincia de Misiones”, según lo establecido en la Acordada 202 del Superior Tribunal de Justicia (STJ), publicada hoy en el Boletín Oficial de Misiones.
En la misma resolución se determina que la fiscalía, cuyo titular será Juan Pablo Espeche, comenzará a funcionar a partir del jueves próximo, ante lo cual “todas las causas en trámite referidas a Ciberdelitos iniciadas antes del día 2 de Enero de 2.025, que asume competencia, continuarán hasta su finalización en las fiscalías de radicación y se tramitarán de acuerdo a las disposiciones vigentes”.
La acordada del STJ además resalta otro dato importante y es que la fiscalía tendrá su oficina en un edificio ubicado sobre avenida López Torres 4881, donde tendrá turno permanente y con competencia territorial para intervenir en toda la provincia.
La nueva oficina fue presentada el lunes ante la presidenta del STJ, Rosanna Venchiaruti Sartori, y otras autoridades del máximo órgano judicial de la tierra colorada, quienes recorrieron las instalaciones que también albergará a la Procuraduría General de Misiones, a cargo de Carlos Giménez.
“El Procurador subrayó que el establecimiento de esta nueva fiscalía no sólo tiene como fin garantizar una respuesta más ágil y eficiente ante los delitos cibernéticos, sino también avanzar en la creación de un marco legal adecuado que permita una mejor protección de los derechos digitales de los ciudadanos”, destacaron desde el STJ.
Juan Pablo Espeche juró como titular de la Fiscalía de Ciberdelitos
Judiciales
Año récord para el juzgado multifuero de Apóstoles con 386 sentencias dictadas
El Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar -multifuero- de Apóstoles volvió a cerrar el año con cifras récord en materia de resolución de causas, con un total 386 sentencias dictadas.
La dependencia judicial que dirige el magistrado Juan Manuel Lezcano acumuló durante el 2024 un total de 1.426 causas, con una producción de 386 sentencias, 980 resoluciones y otros 580 expedientes que se remitieron a archivo, según una estadística oficial.
“Hubo un nivel de respuesta casi inmediato del servicio de justicia y para nosotros eso es un gran orgullo”, valoró Lezcano, quien destacó la labor diaria de su equipo de trabajo integrado por secretarias, jefes de despecho y agentes judiciales.
El magistrado detalló, además, que este año comprobaron una merma del 10% en el ingreso de causas y destacó la oralidad de civil y la implementación de la tecnología como herramientas clave para luchar contra la mora en los trámites.
En ese punto, destacó las nuevas funcionalidades del expediente digital; la línea contame; la mediación; y el mecanismo de denuncia digital con el que el juzgado trabaja en forma conjunta con la Policía.
De esta manera, el juzgado multifuero culmina otro año con cifras a resaltar, dado que en 2023 registró un total de 1502 causas, de las cuales un 96% fueron resueltas, independientemente del tipo de resolución dictada.
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