Judiciales
Declararon otros dos rugbiers y negaron haberle pegado a Báez Sosa
Lucas Pertossi y Blas Cinalli, dos de los ocho rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa en enero de 2020, declararon hoy en el juicio que se lleva en su contra en el Tribunal Oral 1 de Dolores.
El primero de ellos pidió la palabra frente y afirmó que “nunca” tuvo la “intención de quitarle la vida a nadie”, sostuvo en la última audiencia del debate, desarrollada este miércoles 18 de enero, en el tercer aniversario del crimen.
Pertossi comenzó relatando qué hicieron el 17 de enero, durante la tarde y noche previas al mortal desenlace. En ese sentido, contó que, tras un día en la playa, “fuimos a buscar documentos y plata a la casa, fuimos a Le Brique, ahí compramos entradas, y un grupo se vuelve a la casa para hacer la comida y también prepáranos”.
Una vez en la discoteca, habló de una pelea que hubo por parte de sus amigos y a algunos de ellos los sacaron, aunque él decidió salir por su cuenta.
“Croniquita” o “intento de influencer” -como dice que le dicen sus amigos-, Lucas Pertossi dijo que grabó parte de la secuencia y lo propio hizo en el exterior, a tal punto que hay un video incorporado a la causa.
Según su versión, Pertossi recreó que, el día de la pelea que derivó en la muerte de la víctima, “veo a mi izquierda a un amigo mío que lo estaban agarrando del pie y lo querían tirar al piso, les digo ‘soltalo’, veo que el chico se para y me voy caminando hacia la esquina. Cuando llego me encuentro con que no sabía dónde estaba parado, más la noche, más el alcohol, y al llegar a la esquina los pierdo”.
“Ahí llamo mensajes y mando mensajes a mis amigos. Me dicen que estaban en el mercado. Cuando voy veo que no están, los empiezo a llamar. Veo a un chico y le pregunto: ‘¿Viste a grupo de chicos?'”.
De acuerdo a su declaración, el muchacho le respondió: “‘No vi a nadie, hubo una pelea en Le Brique, llegó la ambulancia y caducó el grupo'”, explicó el acusado frente a los jueces.
“Yo mando mensajes a los chicos contando lo que me había relatado ese chico”, siguió, argumentando el por qué del famoso audio en el que le avisa a sus amigos de la muerte de Fernando Báez Sosa.
“Llegué a la casa y pregunto qué pasó y me dicen los chicos en la casa: ‘No, quedate tranquilo, nos peleamos, pero volvimos, quedate tranquilo'”, dijo Lucas Pertossi, quien aseguró que luego de ir a comer al local de comidas rápidas con otros del grupo, volvió a la casa y ahí los detuvo la Policía.
“Nadie nos decía nada, pero a la tarde viene un policía y dice: ‘Chicos, los veo muy preocupados, saben qué pasó, ustedes mataron a un pibe'”, y ahí se me cayó el mundo, no entendía qué había pasado, no lo podía creer, me pregunté si fue el chico que le habían pegado”, indicó.
“Estoy muy mal por lo que pasó y sigo mal, estuve con tratamiento psiquiátrico y psicológico, a todos nos afectó mucho, siento mucha pena por lo que pasó. En ningún momento le pegué a Fernando Báez Sosa, no lo toque, en ningún momento participé de un plan de asesinato, sólo fui de vacaciones. Nunca tuve intención de quitarle la vida a nadie”, concluyó.
“No le pegué a Báez Sosa”
Tras la declaración de Lucas Pertossi, fue el turno de su amigo Blas Cinalli, quien siguió la misma línea de desligarse del hecho.
“Yo en ningún momento le pegué a Fernando Báez Sosa, supongo que con quien tuve en el encuentro dentro del boliche, no sé, capaz fue él. En ningún momento le pegué, veo que dicen que él tenía ADN mío en la uña del dedo meñique”, expresó.
Luego del testimonio, se le pidió que con un puntero señale el video en donde estaba al momento del ataque.
Tras una breve explicación, Cinalli pidió exhibir un video donde el querellante Fernando Burlando los trató de “cobardes” y “energúmenos” y otras calificaciones a ellos y sus familias, y por eso justificó que no le iba a responder preguntas a la parte querellante.
De su lado, el fiscal Juan Manuel Dávila le preguntó si en la secuencia de lo que sucedió vio a algún chico con el torso desnudo (en referencia a Báez Sosa) y Blas dijo que “no”.
También le preguntó por su proximidad con la víctima: “Pude haber estado ahí, pero no lo recuerdo”, y también le preguntó sobre la ubicación de otros de sus amigos, también imputados, y no respondió, ya que sólo dijo iba a hacerlo respecto a su persona y nadie más.
“Salí por mi cuenta del boliche, nos quedamos discutiendo con los patovicas en la puerta, y en un momento ingresan y se van. Al lado mío empieza una pelea, veo a un amigo contra otro chico, ahí aparece un policía, veo que un amigo se iba a sentar en un sendero, nos quedamos boludeando con el celular y empiezo a escuchar gritos y veo tumulto de gente y reconozco a uno de mis amigos que estaba en un tumulto”, relató.
Y continuó: “Me paro y veo, y a un amigo mío lo estaban agarrando de la cintura para llevarlo a la parte de atrás de un auto, lo sigo a mi amigo porque pensé que lo iban a tirar, y cuando llegué al lado de él, veo que lo agarraron del pie porque lo querían tirar, lo suelta a él y me agarra a mí”, describió.
“Cuando logro zafar, le pego una patada y lo dejé ahí y seguían gritos. Del otro lado del auto, escucho gritos como que también se estaban peleando, pero voy y no veo a nadie, y regreso donde estaba, ahí veo que el chico no tenía intenciones de seguir peleando y me fui”, dijo, en referencia a las imágenes que se conocen en la causa sobre un amigo de Fernando.
“Yo en ningún momento le pegué a Fernando Báez Sosa, supongo que con quien tuve en el encuentro dentro del boliche fue él, pero no sé, capaz fue él. En ningún momento le pegué, veo que dicen que él tenía ADN mío en la uña del dedo meñique”, trato de aclarar Cinalli, ya que había dicho que en Le Brique se “agarró” con un chico.
Cinalli siguió recordando que la Policía llegó a la vivienda que alquilaban a pocas cuadras del lugar del hecho y que el mensaje que él envió a amigos suyos vía chat horas más tarde en el que les informaba “matamos a uno” fue porque vecinos del lugar decían que un chico había muerto frente a Le Brique luego de una pelea.
“¿Por qué dice que fue una pelea si a usted sólo lo agarraron del pie?”, preguntó la fiscalía, y el rugbier dijo: “Porque fue una pelea, si le pegan a un amigo suyo o me agreden, es una pelea”, respondió Cinalli.
El comisario retirado denunciado por abuso sexual en perjuicio de dos hijastras se defendió de las acusaciones en su contra, fue imputado y continuará detenido mientras avanza la investigación que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el ex uniformado identificado como Adolfo Miguel González (63), quien permaneció más de una semana en condición de prófugo, fue trasladado esta mañana hacia la dependencia judicial interviniente y ante el magistrado Juan Manuel Monte eligió declarar.
Si bien no trascendieron mayores detalles sobre su declaración, se pudo saber que el implicado negó las acusaciones que lo señalan por hechos de abuso contra dos hijas de quien fuera de su pareja.
En la misma audiencia, González fue imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado” y continuará detenido a disposición de la Justicia.
El comisario retirado se encuentra privado de su libertad desde el martes a la tarde, cuando se entregó después de más de una semana en condición de prófugo.
Comisario retirado denunciado por abuso se entregó tras ocho días prófugo
El debate oral programado para hoy contra el ex gendarme Carlos Ramón Gómez, imputado por el asesinato de su esposa María Esther Barreda (36), cometido el 9 de diciembre de 2001, fue suspendido en virtud de “maniobras dilatorias” de sus abogados advertidas por el Tribunal Penal Dos de Posadas, que resolvió diferir el inicio de las audiencias y designar un defensor oficial sustituto para evitar que el accionar se repita en la próxima fecha a definir.
La decisión se tomó luego de que el imputado notificara un último cambio de defensa, designando a la letrada Olga Anahí Tabacchi, ex fiscal en Santo Tomé y con condena ratificada por la Corte Suprema por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, en lugar de la abogada posadeña María Laura Alvarenga.
En ese marco, el tribunal presidido por el magistrado César Antonio Yaya advirtió que la medida pudo corresponderse a una “maniobra dilatoria”, alegando que los anteriores abogados de Gómez (Eduardo Paredes y Mauricio Vergara) “exhibieron idéntica conducta procesal” en otros tres causas puntuales en las que renunciaron o solicitaron cambios a último momento, entre otros planteos.
Ante ese panorama, y a fin de asegurar el derecho de defensa del imputado y garantizar la realización del debate sin nuevas dilaciones, las autoridades resolvieron suspender la audiencia de hoy y pautar una nueva fecha de inicio, aunque antes de ello ordenó designar un defensor oficial sustituto para que actúe en caso de una nueva renuncia o cambio de abogado a último momento.
Gómez llega a esta instancia libertad y enfrenta cargos por “homicidio calificado”, figura bajo la cual puede ser condenado a prisión perpetua, pena que al momento del hecho preveía 25 años de cárcel.
El expediente quedó habilitado para tratarse en debate oral luego de que el pasado 7 de julio la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) fallara en contra de uno de los tantos planteos defensivos que los diferentes abogados de Gómez presentaron a lo largo de dos décadas.
Crimen y derrotero judicial
El hecho que se pretende esclarecer se registró el 9 de diciembre de 2001 y la víctima fue María Esther Barreda, una mujer de 36 años que estaba en pareja con el ex gendarme acusado.
Según lo reconstruido en su momento, el crimen ocurrió en una vivienda del barrio San Lucas, a pocas cuadras del club Centro de Cazadores de Posadas, donde Gómez habría encontrado a su pareja con otro hombre y la atacó a balazos con su arma reglamentaria.
La mujer recibió un total de cuatro disparos y falleció en el lugar, mientras que el ex uniformado huyó de la escena para un día después entregarse en el puesto de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) de San José.
Inicialmente, la causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, presidido en ese entonces por el magistrado Eduardo D’Orsaneo, aunque más tarde el caso ingresó en un largo proceso recursivo y el derrotero judicial que se extendió durante más de 20 años.
Tras las primeras actuaciones, el juez D’Orsaneo dictó la prisión preventiva para el imputado e incluso más tarde la fiscal Margarita Wenner avanzó con el requerimiento de elevación a juicio.
La defensa, por su parte, jugó otra carta. Se opuso al requerimiento y pidió el sobreseimiento de Gómez alegando una “inimputabilidad” de su cliente en razón de haber actuado en forma “enceguecida” por encontrar a su pareja con un presunto amante.
Para 2003, en el expediente intervino el Tribunal Penal Uno de Posadas, que resolvió revocar la elevación a juicio y dictar el sobreseimiento de Gómez, cuya ejecución fue apelada, no así la resolución que lo dispuso.
De ahí, el asunto pasó a manos del Tribunal Penal Dos, actuando como Cámara de Apelaciones, cuyas autoridades consideraron que el caso debía seguir siendo investigado y en consecuencia remitió las actuaciones al Juzgado de Instrucción Uno, entonces presidido por Horacio Gallardo (fallecido), que liberó al sospechoso y estableció una prórroga extraordinaria para resolver si Gómez debía ir al banquillo o no.
Los años pasaron y recién en 2013 el ex gendarme volvió a ser detenido para enfrentar el juicio. El inicio de las audiencias estuvo programado para 2018, pero fue suspendido por el pedido de licencia del fiscal.
En ese lapsus, la defensa volvió a jugar otra carta y recurrió al máximo órgano judicial del país aludiendo el sobreseimiento dictado en su momento a favor de Gómez, entre otros planteos como de prescriptibilidad, arbitrariedad y violación del principio de defensa en juicio por preclusión.
Ese planteo es el que recientemente respondió de manera negativa la Corte, aunque sin analizar la cuestión de fondo. Tras ese revés, Gómez quedó sin más posibilidades recursivas y, por eso, hoy debía sentarse en el banquillo de los acusados aunque el inicio del debate volvió a ser postergado.
Ex gendarme irá a juicio por el crimen de su esposa 24 años después
El hombre de 82 años detenido desde el viernes pasado por el crimen de su ex yerno, el empresario y piloto Alfredo Wiebel (48), continúa internado en Puerto Iguazú y la Justicia ordenó que sea sometido a una junta médica para determinar si su estado de salud le permite comparecer en audiencia de declaración indagatoria.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones mediante diversas fuentes consultadas, el detenido, identificado como Ángel Ramón Zalazar (82), continúa internado con custodia policial en la misma clínica privada a la que se presentó el viernes a la tarde mientras era intensamente buscado por el crimen registrado horas antes.
Si bien los certificados médicos aún no fueron elevados formalmente a las autoridades intervinientes, el implicado además de atención por patologías de base recibiría tratamientos de salud de mental, factor que la Justicia pretende esclarecer y para ello se ordenó que el Cuerpo Médico Forense realice una evaluación integral del paciente para determinar si puede comparecer en audiencia de indagatoria.
En paralelo, siguen en curso otras medidas de prueba como la toma de testimoniales y la realización de diversas pericias.
En la causa ahora interviene César Lirussi, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado, magistrado que quedó a cargo de la investigación tras la inhibición de Martín Brites, del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú.
Crimen
El crimen de Wiebel ocurrió el 11 de septiembre a la mañana, cerca de las 11, en una obra en construcción ubicada sobre la avenida República Argentina, en el barrio Industrial de la Ciudad de las Cataratas.
En ese lugar habría mantenido una discusión con Zalazar hasta que, en determinado momento, fue atacado a balazos ante la vista de varios albañiles que trabajaban en el predio y fueron testigos del crimen.
Fueron ellos mismos quienes narraron que después del ataque Zalazar se fue caminando hasta una su empresa ubicada en la zona y allí escapó al mando de una camioneta Toyota SW4.
El sospechoso estuvo prófugo unas horas hasta que, a las 16, se reportó su ingreso a una clínica de la ciudad, donde quedó internado con custodia policial.
La posterior autopsia reveló que Wiebel recibió cinco balazos, cuatro de ellos “mortales”. La información se sumó al hecho de que el sábado la Policía allanó la vivienda del único sospechoso y en el lugar incautaron una pistola calibre 9 milímetros que, se presume, podría tratarse del arma homicida. La certeza llegará una vez que los peritos en criminalística realicen los estudios correspondientes y arriben a una conclusión científica al respecto.
Wiebel, además de piloto de automovilismo, era empresario del rubro turístico, con negocios hoteleros y gastronómicos. Zalazar, en tanto, también es un hombre de negocios, vinculados a la importación y exportación.
Ambos compartían algunas de esas actividades y una hipótesis sostiene que el crimen pudo deberse a diferencias económicas que complicaron la relación.
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