Judiciales
Declararon otros dos rugbiers y negaron haberle pegado a Báez Sosa
Lucas Pertossi y Blas Cinalli, dos de los ocho rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa en enero de 2020, declararon hoy en el juicio que se lleva en su contra en el Tribunal Oral 1 de Dolores.
El primero de ellos pidió la palabra frente y afirmó que “nunca” tuvo la “intención de quitarle la vida a nadie”, sostuvo en la última audiencia del debate, desarrollada este miércoles 18 de enero, en el tercer aniversario del crimen.
Pertossi comenzó relatando qué hicieron el 17 de enero, durante la tarde y noche previas al mortal desenlace. En ese sentido, contó que, tras un día en la playa, “fuimos a buscar documentos y plata a la casa, fuimos a Le Brique, ahí compramos entradas, y un grupo se vuelve a la casa para hacer la comida y también prepáranos”.
Una vez en la discoteca, habló de una pelea que hubo por parte de sus amigos y a algunos de ellos los sacaron, aunque él decidió salir por su cuenta.
“Croniquita” o “intento de influencer” -como dice que le dicen sus amigos-, Lucas Pertossi dijo que grabó parte de la secuencia y lo propio hizo en el exterior, a tal punto que hay un video incorporado a la causa.
Según su versión, Pertossi recreó que, el día de la pelea que derivó en la muerte de la víctima, “veo a mi izquierda a un amigo mío que lo estaban agarrando del pie y lo querían tirar al piso, les digo ‘soltalo’, veo que el chico se para y me voy caminando hacia la esquina. Cuando llego me encuentro con que no sabía dónde estaba parado, más la noche, más el alcohol, y al llegar a la esquina los pierdo”.
“Ahí llamo mensajes y mando mensajes a mis amigos. Me dicen que estaban en el mercado. Cuando voy veo que no están, los empiezo a llamar. Veo a un chico y le pregunto: ‘¿Viste a grupo de chicos?'”.
De acuerdo a su declaración, el muchacho le respondió: “‘No vi a nadie, hubo una pelea en Le Brique, llegó la ambulancia y caducó el grupo'”, explicó el acusado frente a los jueces.
“Yo mando mensajes a los chicos contando lo que me había relatado ese chico”, siguió, argumentando el por qué del famoso audio en el que le avisa a sus amigos de la muerte de Fernando Báez Sosa.
“Llegué a la casa y pregunto qué pasó y me dicen los chicos en la casa: ‘No, quedate tranquilo, nos peleamos, pero volvimos, quedate tranquilo'”, dijo Lucas Pertossi, quien aseguró que luego de ir a comer al local de comidas rápidas con otros del grupo, volvió a la casa y ahí los detuvo la Policía.
“Nadie nos decía nada, pero a la tarde viene un policía y dice: ‘Chicos, los veo muy preocupados, saben qué pasó, ustedes mataron a un pibe'”, y ahí se me cayó el mundo, no entendía qué había pasado, no lo podía creer, me pregunté si fue el chico que le habían pegado”, indicó.
“Estoy muy mal por lo que pasó y sigo mal, estuve con tratamiento psiquiátrico y psicológico, a todos nos afectó mucho, siento mucha pena por lo que pasó. En ningún momento le pegué a Fernando Báez Sosa, no lo toque, en ningún momento participé de un plan de asesinato, sólo fui de vacaciones. Nunca tuve intención de quitarle la vida a nadie”, concluyó.
“No le pegué a Báez Sosa”
Tras la declaración de Lucas Pertossi, fue el turno de su amigo Blas Cinalli, quien siguió la misma línea de desligarse del hecho.
“Yo en ningún momento le pegué a Fernando Báez Sosa, supongo que con quien tuve en el encuentro dentro del boliche, no sé, capaz fue él. En ningún momento le pegué, veo que dicen que él tenía ADN mío en la uña del dedo meñique”, expresó.
Luego del testimonio, se le pidió que con un puntero señale el video en donde estaba al momento del ataque.
Tras una breve explicación, Cinalli pidió exhibir un video donde el querellante Fernando Burlando los trató de “cobardes” y “energúmenos” y otras calificaciones a ellos y sus familias, y por eso justificó que no le iba a responder preguntas a la parte querellante.
De su lado, el fiscal Juan Manuel Dávila le preguntó si en la secuencia de lo que sucedió vio a algún chico con el torso desnudo (en referencia a Báez Sosa) y Blas dijo que “no”.
También le preguntó por su proximidad con la víctima: “Pude haber estado ahí, pero no lo recuerdo”, y también le preguntó sobre la ubicación de otros de sus amigos, también imputados, y no respondió, ya que sólo dijo iba a hacerlo respecto a su persona y nadie más.
“Salí por mi cuenta del boliche, nos quedamos discutiendo con los patovicas en la puerta, y en un momento ingresan y se van. Al lado mío empieza una pelea, veo a un amigo contra otro chico, ahí aparece un policía, veo que un amigo se iba a sentar en un sendero, nos quedamos boludeando con el celular y empiezo a escuchar gritos y veo tumulto de gente y reconozco a uno de mis amigos que estaba en un tumulto”, relató.
Y continuó: “Me paro y veo, y a un amigo mío lo estaban agarrando de la cintura para llevarlo a la parte de atrás de un auto, lo sigo a mi amigo porque pensé que lo iban a tirar, y cuando llegué al lado de él, veo que lo agarraron del pie porque lo querían tirar, lo suelta a él y me agarra a mí”, describió.
“Cuando logro zafar, le pego una patada y lo dejé ahí y seguían gritos. Del otro lado del auto, escucho gritos como que también se estaban peleando, pero voy y no veo a nadie, y regreso donde estaba, ahí veo que el chico no tenía intenciones de seguir peleando y me fui”, dijo, en referencia a las imágenes que se conocen en la causa sobre un amigo de Fernando.
“Yo en ningún momento le pegué a Fernando Báez Sosa, supongo que con quien tuve en el encuentro dentro del boliche fue él, pero no sé, capaz fue él. En ningún momento le pegué, veo que dicen que él tenía ADN mío en la uña del dedo meñique”, trato de aclarar Cinalli, ya que había dicho que en Le Brique se “agarró” con un chico.
Cinalli siguió recordando que la Policía llegó a la vivienda que alquilaban a pocas cuadras del lugar del hecho y que el mensaje que él envió a amigos suyos vía chat horas más tarde en el que les informaba “matamos a uno” fue porque vecinos del lugar decían que un chico había muerto frente a Le Brique luego de una pelea.
“¿Por qué dice que fue una pelea si a usted sólo lo agarraron del pie?”, preguntó la fiscalía, y el rugbier dijo: “Porque fue una pelea, si le pegan a un amigo suyo o me agreden, es una pelea”, respondió Cinalli.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
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