Información General
“Putitos de mierda, van a ir en cana”: la pareja que denunció a una pizzería
Tomás y Joaquín son novios desde hace un año. Ayer fueron a cenar y fueron agredidos por el encargado, dos mozos y el lavacopas. El dueño del local echó al encargado. Tomás tiene 22 años, estudia Ciencia Política y trabaja en el Ministerio de Educación. Joaquín, su novio, tiene 21 y es estudiante de Sociología. Ayer decidieron salir a cenar. Era tarde y entraron al único lugar que vieron abierto, en Scalabrini Ortiz y Santa Fe. Pero la noche no terminó como esperaban sino con el encargado de la pizzería, el lavacopas y el mozo que los había atendido insultándolos por la calle. “Putitos de mierda”, les gritaban.
“En vez de sentarnos uno frente al otro, nos sentamos uno al lado del otro. Supongo que en algún momento nos habremos abrazado o dado un beso, como cualquier pareja”, cuenta a Infobae Tomás Rodríguez. “De repente, se acercó el encargado y nos dijo: ‘Les voy a pedir que se comporten, acá hay un ambiente familiar'”.
Tomás y Joaquín Guevara coinciden: creen que lo que irritó al encargado de “Accademia della pizza”, en Palermo, fue que se sentaran uno al lado del otro y no se hicieran pasar por amigos para disimular que eran una pareja gay. Tomás contestó: “Nosotros también somos familia”.
Según cuentan, no les dijo que se fueran pero les dio a entender que no eran bienvenidos. “Fue tan violenta la situación que dijimos ‘nos está echando’, pero no sabíamos qué hacer porque nunca nos habíamos ido de un lugar sin pagar. Hasta que nos paramos y nos fuimos”.
Una pareja heterosexual que estaba comiendo al lado de ellos intervino: “Al ver la situación fuimos a hablar con los mozos y el dueño. Nos respondieron que ese no era un lugar para ese tipo de personas”, cuenta Diana Morales. Les explicaron que se habían “desubicado” por haberse dado un beso. “Les preguntamos: ‘¿Si fuese una pareja hétero estaría bien? Obviamente respondieron que sí”.
Tomás y Joaquín habían caminado una cuadra y media por Scalabrini Ortiz cuando escucharon los gritos. “Era el encargado, dos mozos y otro empleado de la cocina”. Los corrían y les gritaban. Este último -en verdad era el lavacopas- era el más joven, el que más rápido corría y el que los alcanzó. Fue él quien agarró a Tomás de la mochila y, según la denuncia, le pegó por la espalda. “El mozo me pegó en la cara y me caí contra el piso”.
Lo que todavía le causa impacto fue la cara de odio con la que acompañaron los insultos. “Nos decían ‘putitos de mierda, vengan a pagar lo que deben’, ‘los vamos a hacer meter en cana’, ‘si quieren chúpense la pija entre ustedes pero no vengan a la pizzería a mostrarse’, ‘son unos asquerosos'”. Tomás y Joaquín les respondían: “Pero si ustedes nos echaron”. Y alguno de ellos les contestó: “Porque se desubicaron”.
Eran $350 pesos. Tomás le dio al encargado su tarjeta de débito pero el hombre le dijo “débito no”. Los empleados escoltaron a la pareja hasta un cajero pero estaba cerrado. “Lo de la plata era una excusa porque caminaban atrás y nos decían: ‘Es para cagarlos más a trompadas'”.
Cruzaron a otro cajero, sobre Santa Fe, sacaron plata, le pagaron al encargado en la calle. “Nos quedamos inmóviles en el semáforo con ellos atrás que nos seguían diciendo ‘no vuelvan más, putos de mierda’. La pareja fue directo a la comisaría 23 a hacer la denuncia. Fueron también con otra pareja de Tomás (tienen un vínculo de “Amor libre”, es decir, no monogámico).
Sergio Rivadulla, responsable del local, que leyó en las redes sociales lo que había pasado y tomó un determinación: echó al encargado. “Dijo que en una mesa había una familia que se quejó, y también dos señoras mayores de otra mesa le hicieron señas. Nada de eso lo justifica. ¿Decirles que es un salón familiar y por eso está mal que una pareja se dé un beso? No se puede trabajar con alguien que tome esa actitud”.
Ahora quiere hablar con Tomás y con Joaquín y pedirles más detalles para decidir qué hacer con el resto de los empleados que los agredieron.
El día después a las amenazas de tiroteo escolar que aparecieron pintadas en varios colegios de la provincia, los establecimientos educativos iniciaron el viernes con presencia policial y estrictos controles de ingreso, mientras que en Puerto Rico se detectó un caso puntual que derivó en allanamientos y secuestros de armas de fuego en la casa de un estudiante.
El procedimiento se activó después de la denuncia radicada por las autoridades del Instituto Juan Pablo II, quienes dieron cuenta del caso de un alumno de tercer año que había sido señalado como autor de amenazas, con la particularidad de que tendría armas de fuego a su alcance en su casa.
Dada la sensibilidad y los factores de riesgo detectados, la Justicia tomó acciones inmediatas y libró órdenes de allanamiento en varios inmuebles relacionados al menor y en uno de ellos, sobre calle Paraná, los agentes policiales efectivamente encontraron dos armas que serían propiedad del padre del estudiante.
En el lugar se secuestraron un revólver calibre 32 largo, un pistolón calibre 28, trece cartuchos de escopeta y cinco teléfonos celulares, entre otros dispositivos electrónicos, que serán sometidos a pericias por parte del personal de Cibercrimen, cuyos agentes participaron en la investigación digital.
Según detallaron fuentes consultadas, el estudiante fue descrito como un “alumno de mal comportamiento” en la institución. El chico presenció parte del procedimiento y fue trasladado al Cemoas, donde quedará alojado 24 horas a disposición de la Justicia.
En Posadas, en tanto, hubo otro procedimiento similar, aunque en esta ocasión el objetivo no fue el secuestro de armas de fuego, sino de teléfonos celulares utilizados en el marco de una amenaza de muerte puntual de una estudiante hacia otra compañera de su curso.
En este escenario, el ministerio de Gobierno, encabezado por Marcelo Pérez, prepara una conferencia de prensa a realizarse el próximo lunes para exponer y dar cuenta de las labores preventivas realizadas a lo largo y ancho de la provincia respecto al tema.
Hasta el momento, la principal línea investigativa apunta a que las pintadas con amenazas responden a un reto viral de Tik Tok que tuvo onda expansiva en todo el país.
Amenazas en colegios: San Alberto con policías y revisión de mochilas mañana
La 25º sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas se desarrollará del 20 de abril al 1 de mayo en la sede norteamericana de la ONU y, en esta oportunidad, contará con la presencia de Keila Rocío Zaya, referente del pueblo mbya en Misiones.
El encuentro llevará como eje central “garantizar la salud de los Pueblos Indígenas, incluso en contextos de conflictos”, y sería la primera vez que tendrá representación de un pueblo originario de Argentina.
Keila Zaya es miembro de Tekoa Arandú, situada en la localidad de Pozo Azul, y viajará acompañada por Roxana Rivas, abogada del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), a nivel federal.
En los últimos años, Keila formó parte de las capacitaciones en derecho indígena organizadas por ambas entidades y se desempeñó como coordinadora de varios grupos de formación en Aristóbulo del Valle.
De las más de 130 comunidades mbya presentes en Misiones, la joven presentará como objeto de estudio el caso de Puente Quemado II, comandada por el cacique Santiago Ramos, que hace varios años enfrenta un conflicto territorial con la empresa forestal multinacional Arauco, por lo que continúa a la espera de servicios básicos, como el acceso a la energía eléctrica y el agua potable.
Con esta temática, participará del espacio Juventud, y además de Argentina, contarán con representantes de los pueblos originarios de Brasil, Paraguay, entre otros países latinoamericanos.
El Instituto San Alberto Magno de Posadas informó que, en el marco de las medidas preventivas que se activaron por las pintadas con amenazas de tiroteo escolar que aparecieron en varias escuelas de la provincia y el país, mañana habrá presencia policial y estricto control de pertenencias en el ingreso al establecimiento educativo.
La medida del colegio posadeño fue informada a través de un comunicado dirigido a padres, estudiantes y comunidad educativa en general.
“Nos dirigimos a ustedes para informarles que hemos tomado conocimiento de una amenaza escrita en las paredes de nuestra Institución”, consigna el comunicado de la institución.
En ese marco, añadieron que “queremos transmitir tranquilidad informando que se han activado de inmediato los Protocolos de Seguridad Jurisdiccionales. Se ha radicado la denuncia formal ante las autoridades policiales correspondientes”.
“Como medida preventiva para el día 17 de abril, se dispondrá de la presencia de personal policial, control estricto de identidad en puerta y revisión de pertenencias según normativa vigente”, detallaron respecto a las medidas inmediatas a tomar para la jornada de mañana viernes.
Como cierre, hicieron un llamado a la prevención y solicitaron que los padres entablen un vínculo de diálogo con sus hijos.
“Solicitamos a los señores tutores, dialogar con sus hijos sobre la responsabilidad en el uso de redes sociales y recordar que este tipo de actos tienen consecuencias legales graves. También, controlar los elementos que los estudiantes traen a la Institución desde sus casas”, pidieron.
Comunicado del SPEPM
A raíz de los hechos registrados en establecimientos de la capital provincial, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) emitió un comunicado en el que expresó su acompañamiento a las “autoridades institucionales” y las facultó a adoptar las actuaciones correspondientes para “erradicar” la problemática, que, según se indicó, estaría vinculada a un reto viral entre adolescentes.
En ese marco, el organismo formuló una serie de consideraciones para las autoridades educativas que registren amenazas de “tiroteos” en colegios de gestión privada en la provincia.
En primer lugar, recomendó realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público Fiscal, específicamente en la fiscalía de menores a cargo de la fiscal María Laura Álvarez.
Asimismo, indicó que las instituciones deberán informar a padres, madres y/o tutores que, “en caso de llevarse a cabo este tipo de acciones por parte de un/a alumno/a, las mismas serán consideradas como falta ‘muy grave’, pudiendo la institución adoptar las medidas judiciales, pedagógicas y administrativas que estime pertinentes”.
Por último, se señaló la necesidad de llevar adelante “las averiguaciones internas necesarias para detectar el origen del problema, sin perjuicio de las intervenciones que correspondan a la Justicia”.
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