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Intendente de San José figura como director, cobra doble y metió parientes en la escuela

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Intendente de San José figura como director, cobra doble y metió parientes en la escuela

El intendente de San José, Jorge “Kike” Tenaschuk, no tomó licencia de su cargo al frente de la Epet Nº 30 y, además, les dio horas cátedra a su ex pareja y a dos de sus hermanos. “¿Por qué no cobraría?”, se defendió en diálogo con LVM.

 

El intendente de la localidad de San José, Jorge Gabriel Tenaschuk, cobra un sueldo como director de la Escuela Provincial de Educación Técnica (Epet) Nº 30.

La situación significa una falta a la Ley 257 de Municipalidades, que en el artículo 12 especifica la incompatibilidad de la función de intendente con la de funcionario público.

Si bien el inciso 2 de dicho apartado exceptúa a la docencia, la doble tarea estaría habilitada para quienes posean horas cátedra frente a un aula, lo cual no sería el caso del alcalde “Kike” Tenaschuk, explicaron técnicos oficiales a La Voz de Misiones.

Además, la Ley I – Nº 104 del Digesto Jurídico (antes 3.200), que rige las incompatibilidades para ejercer cargos públicos en la provincia de Misiones, expresa que “no podrán acumularse en una misma persona dos o más empleos, así sean de la administración nacional, provincial o municipal”, lo cual comprende a “empleados y funcionarios de todas las categorías y niveles”, y a quienes “se desempeñen en cualquiera de los poderes del Estado”.

En este sentido, LVM pudo saber, a través de fuentes internas del Consejo General de Educación (CGE), que Jorge Tenaschuk, además de ejercer el cargo máximo de la Municipalidad de San José, recibe su sueldo de director de la Epet Nº 30 todos los meses.

Según se desprende de la información pública del CGE, el profesor de ciencias políticas, que llegó a la intendencia en diciembre de 2015, tomó licencia de sus horas de Formación Ética y Ciudadana, pero olvidó hacer lo propio con su cargo de director, ya que en la Planta Orgánica Nominal sigue figurando como el titular responsable de la institución.

La escuela del intendente de San José

Desde su llegada a la intendencia en 2015, la Epet Nº 30 solicitó al CGE la creación de horas cátedra que luego fueron asignadas a la ex pareja del alcalde Tenaschuk, Andrea Itatí Trussi, y a dos de sus hermanos, Guillermo Fabián y Mario Julián, lo cual podría ser interpretado como un acto de nepotismo, con el agravante de que ninguno de ellos tendría título docente habilitante.

En cuanto a la ex pareja del mandatario municipal, LVM pudo saber que, si bien sólo posee título secundario, en la nómina de la escuela se detalla que lleva adelante un Taller de Definición Institucional.

Por su parte, Guillermo Tenaschuk, uno de los hermanos del intendente, es ingeniero en sistemas y ejerce uno de los 70 cargos de ayudante técnico de la institución, creados por Resolución 2717/20 del CGE, que a su vez dio continuidad a una reglamentación del año anterior.

Pero el caso más llamativo es el de su otro hermano, Mario Julián, quien es kinesiólogo y, además de trabajar en el Centro Integrador Comunitario, y a pesar de no tener título docente, posee quince horas cátedra en la misma escuela donde, según detalla la Resolución 3939/19 del CGE, se realizarían las sesiones o las clases de kinesiología.

“No sabemos qué hacen en la escuela, tienen cargos y nunca aparecieron”, dijo a LVM furiosa una docente de la institución -que prefirió resguardar su identidad- y agregó: “¿Para qué necesita kinesiólogo una escuela? Ni siquiera recibimos un masaje los profesores, como para justificar”, sentenció.

“Depende…”

La Voz de Misiones se comunicó con el intendente de San José, Jorge “Kike” Tenaschuk, quien, lejos de desmentir la situación, sostuvo: “¿Y por qué no cobraría?”, indicó y adujo: “Todo depende de la conceptualización que se tenga de las leyes provinciales y nacionales, pero no hay incompatibilidad”.

“No hay ninguna intención de abusar de la Constitución”, aseguró. Además, refirió que su licencia como profesor vence el próximo 31 de marzo, fecha a partir de la cual “me voy a tomar licencia también como director, para evitar cuestionamientos”, dijo quien lleva seis años frente al municipio y diez como director de la escuela, desde su creación en 2011.

Respecto al caso de miembros de su círculo íntimo que se desempeñan en la Epet Nº 30, el intendente expuso, sin mayores explicaciones, que “son profesionales dentro del gabinete interdisciplinario”.

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Ordenan detener a cuatro sospechosos por el asesinato de Ramona Gauto en 2010

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ramona gauto

Se trata de un presunto ladrón con conexión con dos ex agentes de la policía y tres ex empleados de la panadería de la avenida Cabred, en Posadas, propiedad de la familia de Jorge De Jesús, la ex pareja de la empresaria, que cumple una condena a cadena perpetua desde 2015.

 

La Justicia de Misiones ordenó detener a cuatro sujetos apuntados como sospechosos de haber participado en el asesinato de la empresaria panadera Ramona Mercedes Gauto, ocurrido el 29 de mayo de 2010 en Posadas y por el cual su ex pareja, Jorge Alberto De Jesús, cumple una condena a cadena perpetua.

La medida, dispuesta por Juan Manuel Monte, a cargo del Juzgado de Instrucción Dos, recae sobre José, Sergio y César, tres hermanos oriundos de Oberá, quienes se desempeñaban como empleados de Gauto en su local de la avenida Cabred y calle Herrera de la capital provincial. El cuarto apuntado se trata de Christian M., un sujeto identificado como un ladrón con conexiones con dos ex agentes de la policía.

Precisamente, La Voz de Misiones pudo saber por fuentes judiciales que el pedido de aprehensión tiene origen en una declaración que Christian M. realizó en el año 2011 y, además, en una denuncia que realizó Jorge de Jesús, a través de la cual relató que uno de los hermanos obereños lo amenazó de muerte. Ambas situaciones llevaron al fiscal Cristian Antúnez a solicitar la apertura de una cabeza de sumario. 

Es que, al momento del testimonio del ladrón, estaba a punto de vencerse una prórroga extraordinaria para Jorge De Jesús, con lo cual la Justicia decidió enviar la causa a juicio mientras se seguía investigando la posible implicancia de terceros, puesto que en la escena del crimen se detectaron dos ADN -así como huellas dactilares y cabellos- que no se correspondían con la víctima ni con su ex pareja.

Además, los golpes y puntazos recibidos por la empresaria panadera, así como el desastroso estado en el que quedó el departamento de la calle Colón casi Bolívar donde fue hallada, hicieron sospechar a la fiscalía de la presencia de al menos dos personas en el lugar. De hecho, el pedido de detención para los ex empleados se había efectuado en 2013 por parte del juez César Yaya, pero las encarcelaciones nunca se concretaron.

Por ello, los hijos de Jorge De Jesús y Ramona Gauto buscan desde el año pasado constituirse como querellantes en esa causa paralela -que quedó abierta tras la condena recibida por su padre en 2015-, aunque las dilaciones de la Justicia dificultan su inclusión como parte activa del proceso penal.

Un crimen por otro

Christian M., uno de los cuatro sospechosos sobre quien ahora pesa una orden de detención, cayó preso en 2010 por el robo de una motocicleta. Sin embargo, para poder probar que no era culpable, declaró que había sido encerrado con motivo de un ajuste de cuentas por parte de dos policías.

Según la declaración testimonial, a la que pudo acceder LVM, el cortocircuito se dio luego de que el ladrón fuera contratado para robar dinero y joyas de la casa de Ramona Gauto por parte de los ex empleados, que a su vez tenían relación con dos efectivos de la mini brigada, a quienes identificó como “Poroto” y “Cabañas”.

Por su parte, la familia De Jesús siempre sostuvo el robo como motivo de la muerte de Ramona, ya que semanas antes del desenlace fatal, habían vendido una propiedad en el barrio Santa Rita, operación que habría llegado a los oídos de los ahora apuntados mientras realizaban sus labores diarias en el local de la avenida Cabred.

No obstante, aquel negocio se había realizado para pagar una deuda con proveedores de harina, mientras que el sobrante fue utilizado para comprar insumos, de lo cual se desprende que no había dinero en efectivo.

En este sentido, Christian M. aseguró ante el juez Yaya que el día 16 de mayo de 2010, trece días antes del crimen, se encontró con los hermanos César y Sergio en la Terminal de Ómnibus, donde les devolvió una llave del departamento de la panadera que ellos le habían hecho llegar mediante los entonces policías “Poroto” y “Cabañas”.

El testigo declaró que, ese mismo día, ingresó a la casa de Ramona Gauto mientras ésta realizaba compras en el supermercado mayorista Vital, monitoreada por César (uno de los hermanos obereños), pero en las tres horas que estuvo en el interior del departamento no pudo encontrar plata ni cosas de valor.

Siempre de acuerdo a la declaración de Christian, a él le dijeron que “había 90.000 pesos” en el domicilio de la empresaria, pero el delincuente sólo pudo llevarse una cadena de oro. Eso bastó para que los empleados de Ramona, luego de escucharla quejarse por la pérdida, sospecharan que el ladrón les había mentido y quedado con el botín.

Por ello, alertaron a sus cómplices de la mini brigada, quienes levantaron a Christian de la calle “y me llevan a la Comisaría Decimotercera y me encierran en una pieza y me empiezan a pegar y me preguntaban por las joyas de la señora Gauto, pero yo les decía que no tenía nada”, tras lo cual le endilgaron el robo de una motocicleta, como represalia por no haber compartido las ganancias.

“Tuvimos que matarla”

Dos semanas después de aquel suceso, el 29 de mayo, Ramona Gauto, de 37 años, fue asesinada en su departamento del microcentro posadeño. Poco tiempo después, su ex pareja Jorge de Jesús, hoy de 49, fue procesado por el juez Miguel Ángel Faría por el delito de homicidio calificado por el vínculo.

Siguiendo el relato de Christian M., ese mismo sábado, Poroto y Cabañas se presentaron nuevamente en la seccional, “en un falcón de Sergio, y me sacan afuera en una pieza con la cabeza tapada, y me dicen que por mi culpa ellos tuvieron que hacer macana”.

Luego, el ladrón recordó que, esa madrugada, volvieron a sacarlo de la comisaría con la cabeza tapada y lo llevaron a un lugar alejado. Una vez allí, mientras lo golpeaban, los policías le dijeron: “Hicimos mal el trabajo porque vos no pudiste robar la plata; ellos tuvieron que matarle a la panadera”, graficó Christian M., quien relató que escuchó a los agentes hablando entre ellos: “Cómo vas a decir que le mataron, ahora este va a ir a ladrar todo y vamos a tener que matarlo”.

No obstante, el delincuente adujo que, como había testigos de que lo habían retirado de su celda, desistieron de la idea, “pero si habla vamos a matarle”, lo amenazaron.

Fue así que, mientras seguía detenido, el ladrón decidió admitir sus culpas ante César Yaya, quien no sólo le tomó la declaración testimonial, sino que además ordenó que se coteje su ADN con una de las cuatro pruebas genéticas recolectadas en la escena del homicidio de Gauto, la cual dio negativo.

En tanto, La Voz de Misiones pudo saber que, tras purgar una pena de cuatro años por el robo de la moto, Christian fue liberado y actualmente se desconoce su paradero, mientras es requerido por la Justicia.

¿Falsa condena?

El viernes 17 de abril de 2015, el Tribunal Penal Dos de Posadas condenó a Jorge Alberto De Jesús (49) a reclusión perpetua por el delito de homicidio agravado por el vínculo.

El empresario llegó en libertad al recinto, gracias a una prórroga solicitada en su momento por el fiscal de Instrucción Dos, Cristian Antúnez, para la realización de medidas. El sospechoso fue detenido el martes 1 de junio de 2010 y permaneció tras las rejas hasta febrero de 2012, cuando regresó a la calle ante la extensión de plazos solicitada en la causa.

En el juicio, que culminó con el fallo unánime de los jueces Marcela Leiva -presidenta del Tribunal-, Roque Martín González y Marcelo Cardozo, el representante del Ministerio Público Fiscal, Rolando Alberto Oliva, expuso que De Jesús actuó de forma premeditada para darle muerte a quien había sido su esposa.

La fiscalía describió que De Jesús le produjo heridas punzocortantes en la espalda y pecho”, además de propinarle “violentos golpes en el rostro y cabeza, causándole traumatismo gravísimo, dado que la arrojó contra la pared”. Así, se hizo hincapié en la impronta de una zapatilla en el rostro de la víctima, la cual se consideró “coincidente” con el calzado que el mismo De Jesús tenía puesto el día del hecho.

Por el contrario, la defensa del condenado -encabezada por el hijo en común que tiene con Ramona- insiste en su inocencia y sostiene que no existen pruebas contundentes que involucren a su padre en el crimen. De hecho, sus hijos, Daniel y Emiliano De Jesús, dieron su testimonio en el documental Falsa condena, que expone las presuntas irregularidades en la investigación y donde aseguran saber quién es el verdadero responsable por la muerte de Ramona Gauto.

Mientras tanto, Jorge De Jesús pasa sus días en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, a la espera de que la Corte Suprema de Justicia revise su fallo condenatorio y la Justicia misionera determine si le corresponde la prisión domiciliaria, solicitada hace unas semanas por sus abogados. Además, las ONG Proyecto Inocencia y Pensamiento Penal ya manifestaron su apoyo y anunciaron la presentación de investigaciones propias respecto a su culpabilidad.

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Fue intendenta en la dictadura y tiene un cargo en la Casa de Gobierno de Misiones

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Luz María Rodríguez Esquercia fue interventora de San José en 1979, durante el último gobierno de facto cívico-militar, y actualmente es la titular de la Dirección de Información Legislativa, en La Rosadita.

 

La Casa de Gobierno de la provincia de Misiones tiene entre sus servidores públicos a una ex funcionaria de la última dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983.

Se trata de la doctora Luz María Rodríguez Esquercia, quien es la actual titular de la Dirección de Información Legislativa de la Provincia, cuyas oficinas se encuentran en La Rosadita, frente a la plaza 9 de Julio de Posadas.

La Voz de Misiones accedió al decreto Nº 3.062, firmado el 8 de octubre de 1979 por el capitán de navío Rubén Norberto Paccagnini, quien fuera el gobernador de facto de la provincia entre diciembre de 1978 y marzo de 1980, durante el período dictatorial de Jorge Rafael Videla.

El documento -que también lleva la rúbrica de la por entonces ministra de Gobierno, la capitana Ángela Pérez Echeverría– decreta el “cese a partir de la fecha en el cargo de intendente de la localidad de San José del señor Francisco Tenaschuk” y nombra en su lugar a Rodríguez Esquercia.

Más específicamente, la letra del decreto gubernamental de la dictadura reza: “Desígnase a partir de la fecha como interventor municipal a la doctora Luz María Rodríguez Esquercia”, que por entonces se desempeñaba en un cargo bajo la órbita del Ministerio de Gobierno.

En este sentido, el documento agrega que el nombramiento al frente del municipio de San José será “sin perjuicio de sus funciones específicas”, con lo cual se interpreta que la actual funcionaria de la provincia mantuvo sus dos puestos.

A partir de 1981, luego de que el interventor Paccagnini fuera reemplazado por el general de brigada Juan Bayón, debido a su imposibilidad por contener a organizaciones sociales misioneras que reclamaban la vuelta de la democracia, Luz María Rodríguez Esquercia ocupó el cargo de directora de Personas Jurídicas.

Con la vuelta de la democracia, la doctora transitó por varias oficinas estatales, hasta recalar en la Dirección de Información Legislativa de la Casa de Gobierno de Misiones, oficina encargada del estudio de leyes vigentes, no vigentes y modificatorias para su informatización.

Aporte a la democracia

Las contribuciones de la ex interventora Luz María Rodríguez Esquercia a la democracia no se quedaron ahí, puesto que, además de ejercer cargos públicos, realizó aportes en efectivo al Partido Renovador de la Concordia Social, tanto para la campaña como para el funcionamiento interno del frente.

Por ejemplo, en los estados contables presentados en 2016 por el espacio creado por Carlos Rovira y Maurice Closs, la ex funcionaria de la dictadura figura como aportante de unos 7.700 pesos (unos 550 dólares a cotización de ese año).

El número de DNI que aparece junto al nombre de la directora de Información Legislativa en la planilla de aportantes renovadores es el mismo que figura en el decreto de Gobernación que la nombró como intendenta de facto de San José en 1979.

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“No hay ADN de mi hijo en la causa de Vilma Mercado ni en la otra de abuso”

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“No hay ADN de mi hijo en la causa de Vilma Mercado ni en la otra de abuso”

Un estudio genético desligó al soldado Leandro Villar de un hecho de abuso sexual del que fue acusado luego de ser detenido por el femicidio de Vilma Mercado, en 2019 en Puerto Iguazú. La madre del militar asegura que, en este último caso, tampoco hay pruebas científicas que lo liguen al crimen y denuncia ineficiencia de la Justicia.

 

Una semana después de que, el 24 de octubre de 2019, Vilma Mercado fuera abusada y asesinada en Puerto Iguazú y que por el crimen fuera detenido y acusado Carlos Luis Leandro Villar, una adolescente de 16 años señaló al soldado del Ejército Argentino como quien, siguiendo un modus operandi similar, la secuestró, maniató y abusó en la misma localidad.

Ese segundo hecho endilgado al militar ocurrió el 11 de octubre de 2019, en cercanías a Villa Cariño, la misma zona de la Ciudad de las Cataratas donde trece días después sería hallada sin vida Vilma Mercado, de 19 años.

En aquel momento, la chica de 16 años logró escapar de su victimario y salió corriendo desde el descampado al que la condujo hacia la ruta nacional 12, donde fue auxiliada por automovilistas que la llevaron hasta la comisaría para realizar la denuncia.

Una vez allí, la adolescente relató que un hombre que se movilizaba en una motocicleta, la cual reconoció como una Honda Titán roja, la interceptó en la calle y le dijo: “Quedate quieta o te mato”, mientras le exhibía un cuchillo para obligarla a subir al vehículo y llevarla hasta un lugar despoblado para ultrajarla.

ADN negativo

Luego de que la chica de 16 años declarara en Cámara Gessell y señalara a Carlos Luis Leandro Villar en una rueda de reconocimiento, el Juzgado de Instrucción de Puerto Iguazú, a cargo de Martín Brites, ordenó estudios de ADN para cotejarlos con las muestras tomadas de las dos víctimas.

En ese momento, los investigadores daban por descontado que el patrón genético sería el mismo y coincidiría con el de Villar, una prueba que cerraría la investigación y llevaría al soldado a una segura sentencia a prisión perpetua.

No obstante, la defensa y la familia del oriundo de El Alcázar aseguran que, más allá de lo trascendido en los medios de comunicación, en el expediente no consta que en el cuerpo de Vilma Mercado hubiera muestras para ser comparadas con el perfil de Villar.

Por si eso fuera poco, las muestras genéticas extraídas tanto del cuerpo como de una prenda íntima de la víctima de 16 años, que reconoció al militar luego del femicidio de Vilma, fueron cotejadas con el ADN del detenido y dieron resultados negativos.

El estudio, al que accedió La Voz de Misiones, fue realizado por el Instituto de Genética Humana de la provincia en julio pasado y los resultados estuvieron disponibles para la Justicia en diciembre de 2020.

Respecto del hisopado efectuado a la chica, el documento indica que “se obtuvo un único perfil genético femenino”, con lo cual concluyen que “corresponde al perfil de la víctima”. Además, en esa misma muestra, se detectó la presencia de un cromosoma Y -masculino-, el cual “no coincide” con el de Villar, “lo cual excluye al imputado como contribuyente al haplotipo hallado”, señala el informe técnico.

En cuanto a las muestras extraídas de una prenda íntima de la muchacha, los laboratoristas encontraron “un perfil mezcla de, por lo menos, dos contribuyentes masculinos”. Asimismo, tras los resultados obtenidos, informaron que “existe una muy baja probabilidad de que el imputado fuera uno de los contribuyentes”.

El informe cierra con contundencia: “No se observa en la mezcla el haplotipo de cromosoma Y obtenido de la muestra indubitada del imputado Carlos Luis Leandro Villar, lo cual lo excluye como contribuyente a la mezcla de haplotipos (combinación de fragmentos de material genético que se transmite en bloque) hallada”.

“No investigaron”

Así planteadas las cosas, la nueva defensa de Villar, la cual asumirá formalmente en los próximos días el abogado Sebastián Benítez, planteará al juez de Puerto Iguazú, Martín Brites, la absolución del militar de esta segunda causa de abuso, ya que el expediente por el femicidio de Vilma Mercado fue elevado a juicio y girado al Tribunal Penal I de Eldorado.

“Si bien en el cuerpo de la chica que fue abusada sexualmente se encuentran dos ADN de sexo masculino, ninguno de los dos se dan con el del soldado”, indicó el letrado a LVM y añadió: “Sin embargo, lo imputaron del hecho y hasta el día de hoy sigue la causa”.

“Lo único que importa en una causa de abuso sexual es el ADN encontrado. Si no hay ADN, no hay abuso”, sostuvo Benítez en diálogo con La Voz de Misiones y subrayó: “Y si hay, se tiene que saber de quién es. Y si no es del único imputado, lo tenés que soltar…. no queda otra”.

Por su parte, Vanessa Fester, madre del soldado Villar, cuestionó duramente el accionar de la Justicia: “Hicieron cualquier cosa y jamás dieron explicaciones, la dignidad y los derechos de mi hijo jamás fueron respetados”, dijo al inicio de su comunicación con este medio.

Según Vanessa, su hijo sufrió el escarnio público sin que existan pruebas fehacientes en la Justicia que lo señalaran como asesino y abusador: “Yo no sé de dónde o cómo surgían todas las noticias en los medios, todo lo que decían de él. Para mi construyeron un asesino, construyeron un violador”, expresó.

En tanto, la mamá sentenció: “En las pruebas que hay en los dos expedientes, no hay nada de mi hijo, no hay ADN, no hay forma de fundamentar toda la imputación que le están haciendo, no hay seriedad”.

Vanessa insiste en que “jamás investigaron al verdadero asesino o siguieron otra línea de investigación”, y en que, a su hijo, detenido en la Unidad Penal lll de Eldorado hace quince meses, “no se le respetaron sus derechos ni se lo escuchó”.

“En el caso de Vilma no hay ADN de Leo porque se hicieron hisopados en todo el cuerpo y no hay, no existe en el expediente una pericia que diga positivo con Leandro Villar”, recalcó la mujer y fustigó: “Es el típico perejil, a alguien tenían que meter preso, sin investigar como corresponde; más la criminalización social y un juzgado que deja mucho que desear en la forma de trabajar, sin seguridad jurídica”.

De acuerdo a Vanessa Fester, a la chica de 16 años “la indujeron a que diga que fue Leo, porque desde el primer momento declara que es una moto Titán roja y mi hijo jamás tuvo esa moto, él tuvo una Titán negra”, sostuvo la mamá.

“Cabe recordar que, en ese tiempo que ella vino con la mamá porque estaban en Corrientes, estaban parando en la casa de la mamá de Vilma Mercado; después de eso reconoció a mi hijo”, cuestionó y reforzó: “Las pericias dieron negativo, no hay nada de mi hijo en esa causa”.

Las críticas de la madre de Villar se suman al pedido de investigación complementaria que hizo la defensa en el caso Mercado, elevado a juicio por el juez Brites -que después se apartó-, ya que, según manifiestan, habría otras pruebas que indicarían la presencia de un segundo sospechoso, lo que podría dar un giro a la causa.

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