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Alberto quita otro punto de coparticipación a Capital para repartir entre las provincias

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Alberto Fernández envió al Congreso un proyecto de ley con el que se reducirá un punto más el porcentaje de recursos de la coparticipación a la Ciudad, como le reclamaban los gobernadores.

El proyecto, que le agrega tensión a la relación de la Rosada con Horacio Rodríguez Larreta, remueve el 0,92% de la coparticipación que se destinaba a solventar los gastos del traspaso de la Policía Federal a la Ciudad y dispone un mecanismo para financiar esos gastos.

En ese sentido, el expediente que entró por el Senado fija en 24.500 millones de pesos el gasto anual para las funciones de seguridad de la Ciudad. Ese 0,92% formaba parte del 3,5% que recibía la Ciudad por coparticipación hasta que la semana pasada el presidente redujo ese porcentaje a 2,32%.

Ahora, sin tener que transferir ese 0,92% automático para solventar a la Policía porteña, el Gobierno quiere entonces reducir la coparticipación a la Ciudad a un 1,4%, el porcentaje en el que estaba antes de que Mauricio Macri la aumentara por decreto en 2016 hasta 3,5%.

De este modo, ya son dos puntos los que se le quitan al Estado porteño, como pedían los gobernadores, con Jorge Capitanich a la cabeza. Si se aprueba esta ley, la Ciudad debería negociar con la Nación cada año el presupuesto de su seguridad.

El proyecto se presentó luego de que Larreta anticipara una presentación en la Corte Suprema para trabar la medida anunciada por el presidente. El Ejecutivo espera tener consenso para sancionar la ley, más que nada por la dificultad que tendrán los legisladores de Cambiemos del interior para oponerse a que sus provincias reciban más fondos.

La iniciativa, que lleva la firma del presidente; del ministro de Economía, Martín Guzmán; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; del ministro del Interior Eduardo De Pedro, y de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, comenzará a ser debatida en los próximos días por las comisiones de Asuntos Constitucionales, y de Presupuesto y Hacienda. Como titulares de ambos cuerpos asesores, los senadores del Frente de Todos María de los Angeles Sacnún y Carlos Caserio serán los encargados de conducir el debate.

En junio pasado, la ministra Frederic anunció la creación de una comisión de Actualización Institucional, Normativa y Doctrinaria de la Policía Federal para redefinir el funcionamiento estratégico de la fuerza luego del traspaso del personal a la Ciudad. En el artículo uno del texto enviado al Senado se establece aprobar el “Convenio de transferencia progresiva a la Ciudad de facultades y funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejercidas en CABA”, celebrado entre el Estado nacional y el Gobierno porteño el 5 de enero de 2016.

El segundo artículo de la propuesta, según consta en su texto, fija el gasto anual que demanda durante el presente ejercicio la transferencia realizada a la Ciudad en 24.500 millones de pesos. “Dicho monto será actualizado en los ejercicios sucesivos de acuerdo a un índice compuesto en un 80 por ciento por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20 por ciento por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de dicha jurisdicción, ambos correspondientes al año precedente”, añade la propuesta.

En el mismo artículo se sostiene que el Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio fiscal contemplará el financiamiento de los gastos enunciados en el presente artículo. La propuesta especifica además que la suma establecida en el artículo dos se dividirá en cuotas mensuales que se transferirán desde el Tesoro Nacional hacia la Ciudad y su actualización se realizará en forma trimestral, explica, La Política Online.

“El Ministerio de Seguridad y el Gobierno porteño deberán informar al Ministerio de Economía los indicadores establecidos en el artículo dos, de acuerdo a sus respectivas competencias, así como también los procedimientos utilizados para su elaboración”, agrega.

El artículo cuarto establece que el jefe de Gabinete adecuará el Presupuesto para el ejercicio 2020 a efectos de afrontar el financiamiento de los gastos establecidos en el artículo 2° en forma proporcional al tiempo restante hasta la finalización del actual ejercicio.

“A partir de la entrada en vigencia de la presente, el Poder Ejecutivo realizará la readecuación de la participación que le corresponde a la Ciudad”, finaliza el texto enviado a la Cámara alta.

Política

Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda

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Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda

Tanto en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Puerto Iguazú como en de Wanda, trataron esta semana sendos proyectos de ordenanza impulsados por concejales de La Libertad Avanza (LLA) para declarar la emergencia por consumo problemático en los municipios.

En el caso de Puerto Iguazú, la iniciativa fue presentada por el edil Fabián De Sá, quien solicitó un tratamiento preferencial del proyecto, es decir que sea tratado con prioridad. La propuesta del concejal también incluye la emergencia en área de Seguridad local.

Como argumento para la declaración de emergencia, De Sá expuso el visto “incremento” en el consumo de estupefacientes en la ciudad de las Cataratas; la “presunta” presencia de puestos de venta de drogas en diferentes barrios; y las manifestaciones públicas de vecinos e instituciones sobre el flagelo.

De la propuesta legislativa, se destaca la creación de un Mapa Municipal de Zonas Críticas de Seguridad y Consumo Problemático y el Sistema Municipal de Denuncia Anónima Digital, para denuncias anónimas de presuntos puestos de venta de estupefacientes. El documento explica que el municipio actuará “exclusivamente” como órgano canalizador, derivando “inmediatamente” los casos a la Justicia Federal y fuerzas federales.

Aprobado el tratamiento preferencial por unanimidad el pasado 12 de marzo, la iniciativa fue analizada por las comisiones de Hacienda y Presupuesto, Legislación General, Salud y Medio Ambiente del Concejo de Iguazú, al tiempo que se solicitó una opinión jurídica al asesor legal del HCD, Gonzalo De Jesús, sobre la iniciativa.

“No aconsejable”

El último jueves, el proyecto de Ordenanza entró al debate en el recinto incluido en el Orden del Día. En esa instancia, se leyó el dictamen de las comisiones, basado en la opinión jurídica del abogado asesor legal del Concejo.

En el documento, De Jesús dictaminó como “no aconsejable” la declaración de emergencia en materia de seguridad y consumo problemático en los “términos propuestos” por el concejal De Sá, entendiendo que el proyecto propone “atribuir al Municipio funciones que exceden el marco de competencias que le reconoce la Carta Orgánica de Puerto Iguazú”.

Entre las observaciones que hizo en el dictamen jurídico, el asesor legal marcó que la creación de un mapa de zonas críticas de la ciudad basado en “denuncias anónimas” vinculadas a “presuntos” puntos de venta de estupefacientes “configura una posible invasión de competencias que el ordenamiento jurídico reserva a la jurisdicción federal con consecuencias penales”.

Además, De Jesús señaló que la identificación territorial “basada en denuncias o información no verificada judicialmente podría generar situaciones de “estigmatización” de los barrios, “afectando directamente” a los vecinos y comercios de dichas áreas.

Con ese análisis, las comisiones intervinientes del Concejo de Iguazú resolvieron que el expediente “vuelva a comisión para un exhaustivo estudio con las autoridades competentes del fuero federal”.

Sometido a votación, el proyecto para declarar la emergencia en Seguridad y Consumo Problemático en la ciudad turística, los concejales Fabián De Sa, Alejandro Verón y Omar Gómez votaron afirmativamente, mientras que Carlos Ríos, Graciela Sosa, Raquel Matcoski y Humberto Pereyra lo hicieron en contra, por lo cual la iniciativa volvió a comisión y seguirá siendo analizada por los ediles en conjunto con autoridades federales y otras instituciones provinciales.

El caso de Wanda

Durante la sesión ordinaria del último martes, los concejales de la localidad de Wanda también debatieron un proyecto de ordenanza para declarar la emergencia por consumos problemáticos en la comuna.

En este caso, la iniciativa fue impulsada por la Asociación Civil para el Desarrollo Misionero, coordinada por Samuel Doichele, que contiene y asiste, a través de un agrocamping, a personas mayores de edad que atraviesan situaciones de consumo problemático. Dado que las iniciativas formales deben ser presentadas por los ediles, la propuesta fue ingresada en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de la ciudad por la concejal Silvia Lutz.

Lutz fundamentó su iniciativa legislativa en la importancia de “reconocer la gravedad” del aumentos de casos de adicciones en la localidad y dar una respuesta estatal “urgente” a los vecinos.

En ese sentido, la edil propuso que la municipalidad y que el gobierno provincial brinden acompañamiento, recursos y equipos interdisciplinarios para “garantizar” un abordaje integral, profesional y seguro de las adicciones, articulando con el sistema de Salud y regularizando iniciativas como el agrocamping, mediante respaldo legal, supervisión y políticas públicas sostenidas de prevención, tratamiento e inclusión social.

“Se pretende que esta declaración de emergencia sea una herramienta para ordenar, acompañar y fortalecer los esfuerzos comunitarios en la recuperación de las personas en situación de consumo y activar otras opciones de ayuda concretas”, precisó Lutz en diálogo con La Voz de Misiones.

Tratado en el recinto, el proyecto contó con el consenso de los siete concejales, aunque no fue aprobado y fue girado a comisión. Además, se solicitó que se presente una propuesta formal con los “requisitos técnicos y profesionales” necesarios para avanzar con la habilitación y la asignación de recursos al agrocamping.

Visión provincial

En diálogo con La Voz de Misiones, el secretario de Estado de Prevención de Adicciones y Control de Drogas de la provincia, Roberto Padilla, habló sobre el tema de que los concejales de Puerto Iguazú y Wanda busquen declarar la emergencia por el consumo problemático en los municipios.

“Desde la secretaría y el gobierno provincial reconocemos el fuerte trabajo que hay que hacer contra las adicciones y los municipios tienen la autonomía para una decisión de este tipo”, afirmó el secretario Padilla.

Asimismo, sostuvo que si desde la gestión local “consideran” necesario el instrumento legal para abordar la problemática “lo pueden hacer”, al tiempo que remarcó que dicha medida “va a seguir fortaleciendo el trabajo con el organismo provincial”.

En ese marco, el funcionario comentó que la secretaría de Prevención de Adicciones está “haciendo un fuerte trabajo en la zona Norte” de Misiones y añadió que una declaración de emergencia por la problemática “tendrá que ver con una mirada más local. Nosotros en todo lo que sea necesario para acompañar, lo vamos a hacer”.

Padilla enfatizó que debe “seguir habiendo un fuerte trabajo” contra las adicciones en la zona Norte de la tierra colorada; sin embargo, puntualizó que dicha labor tiene que ser articulada entre municipios; escuelas; iglesias; asociaciones deportivas; entre otros.

Es una responsabilidad compartida. Nosotros podemos hacer muchísimo desde lo estatal, pero si después la familia o el contexto no nos ayuda, a veces, no podemos llegar a lograr los resultados que se esperan, incluso, a veces, no es ni siquiera el contexto. Es una situación compleja que tiene que tener una mirada integral”, remarcó.

Sobre ese punto, el secretario adelantó que en los próximos días abrirán un espacio de abordaje integral en Eldorado “para que los casos que necesitan una internación, una desintoxicación, se puedan hacer puntualmente en la zona Norte y no trasladar hasta Posadas a esa persona que, a veces, cuesta generar la empatía, la adhesión al tratamiento, o ese reconocimiento de la enfermedad”.

En esa línea, Padilla explicó que en “muchos casos” no se puede intervenir porque no hay una decisión voluntaria de iniciar un tratamiento, por lo cual “tiene que haber una orden judicial para una intervención involuntaria. Son cuestiones muy complejas que, más allá de la declaración de una emergencia, hay todo un trabajo en equipo que hay que seguir haciendo con o sin declaración”.

Otras acciones

Con respecto a la propuesta del concejal iguazuense Fabián De Sá de crear un mapa de zonas críticas de seguridad y consumo en el municipio, el secretario precisó que el organismo de Adicciones no tiene el rol “de la seguridad o de la lucha contra el narcotráfico” y subrayó que son cuestiones que le competen a la Justicia Federal.

“Si podemos tener una mirada o percepción, la nuestra no es estigmatizante, porque si hoy las sustancias estuvieran en un solo lugar, vamos todos a ese lugar y la combatimos”, analizó Padilla.

También añadió que hoy en día los estupefacientes “han transversalizado la sociedad” y apuntó que tanto una persona en estado de vulnerabilidad, que habita un barrio humilde, como una que tiene una mejor posición económica o vive en otra barriada puede “consumir” o estar expuesta al flagelo.

“Desde mi perspectiva, avanzar con eso -por la propuesta del concejal de Iguazú-, no sé si es lo más conveniente; me parece que hay otras acciones que se pueden llevar adelante”, dijo a LVM.

Para cerrar, Padilla resaltó que las acciones contra el consumo problemático necesitan un abordaje “en forma conjunta, programada, trabajando juntos, porque es un tema que a todos nos interesa. Bienvenido sea si se instala el tema o el debate, pero lo que nosotros buscamos es que también se tome conciencia de que no es solo cuestión de un ministerio trabajar esto, es una tarea que nos debe involucrar a todos como sociedad, desde la prevención como caso inicial”.

Consenso

Cabe mencionar que existe consenso entre concejales oficialistas y opositores de Puerto Iguazú y Wanda respecto a la necesidad de abordar de manera institucional y municipal la problemática de las adicciones a distintas sustancias en sus respectivas localidades.

No obstante, las diferencias radican en la metodología propuesta para dar respuesta a la situación. En ese marco, todo indica que las iniciativas podrían avanzar hacia su aprobación, aunque resta definir si será bajo una declaración de emergencia o mediante otras estrategias para enfrentar el problema.

Wanda y un agrocamping para afrontar la problemática de las adicciones

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Política

Nueva intendenta pasa la motosierra en Caraguatay a cuatro días de asumir

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A cuatro días de asumir la intendencia, Norma Gularte pasó la motosierra por el municipio de Caraguatay. Nancy Lezcano, quien se desempeñaba hasta hoy como directora de Acción Social, en comunicación con La Voz de Misiones, denunció haber sido despedida de manera “sorpresiva y arbitraria”.

Las medidas se dan luego que la flamante intendenta interina expresara en RadioUp  que mantendría el gabinete municipal tal como lo dejó Mario Peyer y que su prioridad sería garantizar la continuidad administrativa en la comuna.

Las cesantías que también alcanzaron a otros empleados municipales fueron expedidas por la alcaldesa interina y, según expreso Lezcano, la propia Gularte les dio como fundamento que: “Ella necesita gente de su entorno, porque es de la Libertad Avanza”.

Para Lezcano, la notificación fue de manera irregular. “La intendenta me llamó a su oficina y me comunicó verbalmente que desde ese momento rescinden mi servicio. Le pregunté por qué y me dijo que era por reestructuración, pero no hay ningún motivo concreto en contra de mi trabajo. Yo no firmé ni pienso hacerlo”, sostuvo. 

La directora de Acción Social cesanteada explicó que su contrato con la municipalidad estaba vigente hasta el 31 de diciembre y que llevaba cerca de dos años y medio en funciones. De acuerdo a su testimonio, al menos otras tres personas fueron desplazadas bajo la misma modalidad: “el secretario de Hacienda, la contadora y otro trabajador”. 

Según pudo saber este medio, ninguno de ellos firmó la notificación y todos continuarán presentándose en sus puestos laborales “el miércoles vamos a ir a las 6.30 am”.

 “No hay acta, no hay nada, es solo una nota con una firma. Para mí, eso no tiene validez”, comentó Lezcano y atribuyó los despidos a las tensiones internas en el municipio desde la denuncia por abuso sexual al  intendente con pedido de licencia Mario Peyer.

En paralelo, informó que en el día de ayer se elevó al Honorable Concejo Deliberante un pedido de resguardo para todo el personal municipal, aunque denunció que la intendenta estaría “haciendo caso omiso”, dado que el HCD resolvió a través de la ordenanza 16/26, expresar el acompañamiento institucional en resguardo de los derechos laborales de los trabajadores municipales. 

La resolución del Concejo al amparo laboral de los trabajadores municipales

Por otra parte Lezcano advirtió sobre el impacto de los despidos en los servicios: “No solo nos afecta a nosotros, sino a toda la comunidad. Hay problemas con la ambulancia, pacientes sin atención y la recolección de residuos no se está haciendo con normalidad”, aseguró.

Frente a este escenario, confirmó que continuará asistiendo a su lugar de trabajo hasta recibir una notificación formal: “No voy a dejar mi puesto. Vamos a seguir presentándonos y reclamar por nuestros derechos”, concluyó.

Compromiso

Norma Gularte asumió hace cuatro días, luego de que el intendente, solicitara licencia por pedido del propio gobernador Hugo Passalacqua, tras conocerse la denuncia en su contra por abuso sexual de parte de una empleada del Concejo.

La flamante alcaldesa dejó su cargo de concejal, ex Renovadora reconvertida hacia La Libertad Avanza, y al asumir había expresado que no llevaría adelante ningún cambio en el municipio, ya que horas antes de la toma de poder en el Ejecutivo circulaba una supuesta lista de empleados municipales que serían despedidos.

La información fue desmentida por la propia Gularte y se comprometió en mantener el plantel municipal tal como lo había dejado Peyer y que su prioridad sería garantizar la continuidad administrativa de la localidad de Caraguatay.

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Política

Dirigentes del PRO Misiones estarán mañana con Mauricio Macri en CABA

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PRO

Una comitiva de dirigentes misioneros participará mañana de la reunión nacional del PRO convocada por el titular del partido, el expresidente Mauricio Macri, en Parque Norte, el predio social y deportivo del Sindicato de Empleados de Comercio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El PRO Misiones informó del evento en un comunicado de prensa distribuido este miércoles, aunque no ofrece detalles sobre los integrantes de la comitiva local que está partiendo hacia territorio porteño, aunque se descuenta la presencia del exsenador Humberto Schiavoni, el actual senador Martín Goerling y el diputado nacional Emmanuel Bianchetti.

Según el parte de prensa, la reunión con Macri “se enmarca en la organización de cara al 2027 y busca reafirmar las convicciones y el compromiso del partido con el futuro del país”.

“El PRO sigue adelante con su proyecto político, manteniendo las mismas convicciones de siempre: trabajar en pos de una Argentina libre, próspera y con oportunidades para todos”, reza el escrito distribuido a los medios misioneros.

Señala que “la reunión en es una oportunidad para debatir y definir estrategias para seguir impulsando el cambio y el progreso de la Argentina”.

Comunicado de prensa ENCUENTRO PRO Doc..docx_20260318_125918_0000
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