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Alberto quita otro punto de coparticipación a Capital para repartir entre las provincias

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Alberto Fernández envió al Congreso un proyecto de ley con el que se reducirá un punto más el porcentaje de recursos de la coparticipación a la Ciudad, como le reclamaban los gobernadores.

El proyecto, que le agrega tensión a la relación de la Rosada con Horacio Rodríguez Larreta, remueve el 0,92% de la coparticipación que se destinaba a solventar los gastos del traspaso de la Policía Federal a la Ciudad y dispone un mecanismo para financiar esos gastos.

En ese sentido, el expediente que entró por el Senado fija en 24.500 millones de pesos el gasto anual para las funciones de seguridad de la Ciudad. Ese 0,92% formaba parte del 3,5% que recibía la Ciudad por coparticipación hasta que la semana pasada el presidente redujo ese porcentaje a 2,32%.

Ahora, sin tener que transferir ese 0,92% automático para solventar a la Policía porteña, el Gobierno quiere entonces reducir la coparticipación a la Ciudad a un 1,4%, el porcentaje en el que estaba antes de que Mauricio Macri la aumentara por decreto en 2016 hasta 3,5%.

De este modo, ya son dos puntos los que se le quitan al Estado porteño, como pedían los gobernadores, con Jorge Capitanich a la cabeza. Si se aprueba esta ley, la Ciudad debería negociar con la Nación cada año el presupuesto de su seguridad.

El proyecto se presentó luego de que Larreta anticipara una presentación en la Corte Suprema para trabar la medida anunciada por el presidente. El Ejecutivo espera tener consenso para sancionar la ley, más que nada por la dificultad que tendrán los legisladores de Cambiemos del interior para oponerse a que sus provincias reciban más fondos.

La iniciativa, que lleva la firma del presidente; del ministro de Economía, Martín Guzmán; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; del ministro del Interior Eduardo De Pedro, y de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, comenzará a ser debatida en los próximos días por las comisiones de Asuntos Constitucionales, y de Presupuesto y Hacienda. Como titulares de ambos cuerpos asesores, los senadores del Frente de Todos María de los Angeles Sacnún y Carlos Caserio serán los encargados de conducir el debate.

En junio pasado, la ministra Frederic anunció la creación de una comisión de Actualización Institucional, Normativa y Doctrinaria de la Policía Federal para redefinir el funcionamiento estratégico de la fuerza luego del traspaso del personal a la Ciudad. En el artículo uno del texto enviado al Senado se establece aprobar el “Convenio de transferencia progresiva a la Ciudad de facultades y funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejercidas en CABA”, celebrado entre el Estado nacional y el Gobierno porteño el 5 de enero de 2016.

El segundo artículo de la propuesta, según consta en su texto, fija el gasto anual que demanda durante el presente ejercicio la transferencia realizada a la Ciudad en 24.500 millones de pesos. “Dicho monto será actualizado en los ejercicios sucesivos de acuerdo a un índice compuesto en un 80 por ciento por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20 por ciento por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de dicha jurisdicción, ambos correspondientes al año precedente”, añade la propuesta.

En el mismo artículo se sostiene que el Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio fiscal contemplará el financiamiento de los gastos enunciados en el presente artículo. La propuesta especifica además que la suma establecida en el artículo dos se dividirá en cuotas mensuales que se transferirán desde el Tesoro Nacional hacia la Ciudad y su actualización se realizará en forma trimestral, explica, La Política Online.

“El Ministerio de Seguridad y el Gobierno porteño deberán informar al Ministerio de Economía los indicadores establecidos en el artículo dos, de acuerdo a sus respectivas competencias, así como también los procedimientos utilizados para su elaboración”, agrega.

El artículo cuarto establece que el jefe de Gabinete adecuará el Presupuesto para el ejercicio 2020 a efectos de afrontar el financiamiento de los gastos establecidos en el artículo 2° en forma proporcional al tiempo restante hasta la finalización del actual ejercicio.

“A partir de la entrada en vigencia de la presente, el Poder Ejecutivo realizará la readecuación de la participación que le corresponde a la Ciudad”, finaliza el texto enviado a la Cámara alta.

Política

Reforma laboral: media sanción con los votos de Rojas Decut, Arce y Goerling

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Tras casi 17 horas de tratamiento, la reforma laboral logró media sanción en el Senado con 42 votos positivos, incluyendo el de los misioneros, Sonia Rojas Decut, Carlos Arce y Martín Goerling, y el aval de los 26 títulos que integran el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Tras la aprobación del Presupuesto 2026 en diciembre último, la Ley de Modernización Laboral se convirtió en una de las leyes más importantes que el Gobierno aspira a sancionar luego de la ley Bases aprobada en el 2024.

El proyecto contempla incentivos para promover el ingreso al empleo formal con la baja de impuestos, topes a las indemnizaciones y el armado, habilita los convenios por empresa, crea el banco de horas, y establece límites al derecho de huelga en los servicios esenciales.

La sesión comenzó a las 11:13 de ayer miércoles y cerca de la medianoche el único orador por Misiones fue el senador del bloque del PRO Martín Goerling, quien adelantó su acompañamiento en general. Mientras que los renovadores Rojas Decut y Arce también votaron en el mismo sentido.

En su lectura de datos, Goerling remarcó que con la legislación actual “El Estado se queda con un tercio del salario de un trabajador antes de que llegue a fin de mes”. Al mismo tiempo, añadió que “Argentina tiene hoy la carga laboral en contratos más alta de América Latina”.

Por lo que consideró: “Tenemos que defender el trabajo de los argentinos. Esta ley va en contra de la intermediación, en contra de la industria del juicio”. Y adelantó: “Hoy el PRO va a acompañar esta ley en general porque va a votar por el que quiere contratar y no se anima, por el joven que quiere trabajar y no puede, por los 6 millones de argentinos que hoy están en la informalidad. Debemos dar el paso de reformar esta ley para que uno de los cambios profundos que necesita la Argentina empiece a dar sus frutos”.

En el último tramo del debate en general, asistieron a la sesión desde un balcón del recinto la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario Eduardo “Lule Menem”, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Finalmente, la votación en general se dio a la 1:20, cuando los 42 votos a favor fueron marcados por los legisladores de LLA (20), el PRO (3), UCR (10), Frente Cívico (1), Independencia (1), el Frente Renovador de la Concordia (2), Primero los Salteños (1), Provincias Unidas (2), Despierta Chubut (1) y la Neuquinidad (1).

Mientras que los 30 votos de rechazo aportó el interbloque del peronismo conformado por el bloque Justicialista, Convicción Federal y el Frente Cívico de Santiago del Estero.

Votación por la Ley de Modernización Laboral

Luego, continuó la votación en particular de los 26 títulos que conforman el proyecto, momento en que el oficialismo no aceptó las modificaciones propuestas por diferentes senadores peronistas, como el caso del capítulo XIV donde figuraba el artículo referido a mantener el aporte obligatorio a los gremios y empresas, por lo que propusieron volver a la propuesta del Gobierno nacional para que esos aportes sean voluntarios.

En esa votación el oficialismo obtuvo 40 votos a favor, 32 en contra y la sesión concluyó pocos minutos antes de las 4.

De esta manera, el oficialismo recibió el apoyo de los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua, Salta Gustavo Sáenz, de Tucumán Osvaldo Jaldo, de Chubut Ignacio Torres, de Neuquén Rolando Figueroa, de Corrientes Juan Pablo Valdes y de Córdoba, Martín Llaryora.

Los detalles

A lo largo de toda la jornada el oficialismo y sus aliados mantuvieron la decisión de autorizar solo a las autoridades bancarias el uso de billeteras virtuales para pagar sueldos y señalaron que, si una billetera virtual quiere tener esa posibilidad, deberá adecuarse a las normas del Banco Central.

También se votó que se mantenga el sistema de aportes que hacen los afiliados a los gremios y allí se dispuso que no habrá ningún plazo para su vigencia, pero sí un tope del 2%. Esa misma medida se aplicará a las cámaras que reciben aportes obligatorios de las empresas que tendrán un tope del 0,5%.

En el tema del Instituto Nacional del Cine (Incaa) se decidió que se mantendrá hasta el 2028 el sistema de financiamiento que tiene actualmente con el 10% del precio de las entradas de cine, 10% de la venta/alquiler de videos y 25% de la recaudación del Enacom hasta el 2028 y luego se mantendrá con partidas del Presupuesto Nacional.

El proyecto finalmente fue girado a la Cámara de Diputados y el oficialismo aspira a poder votar esa iniciativa antes del 27 de febrero.

Incidentes frente al Congreso mientras el Senado debate la reforma laboral

 

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Política

Herrera Ahuad cuestionó el financiamiento para la reforma penal juvenil

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Herrera Ahuad cuestionó el financiamiento para la reforma penal juvenil

El diputado nacional del Frente Renovador Neo, Oscar Herrera Ahuad, quien integra el interbloque Innovación Federal, participó hoy como orador en el debate del dictamen del proyectos de reforma penal juvenil en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación. Durante su exposición, puso el foco en la falta de precisiones sobre el financiamiento que deberían asumir las provincias para implementar la legislación, en caso de que sea aprobada.

“Otra vez ponen en manos de las provincias una responsabilidad que debe ser compartida con la Nación”, cuestionó frente a sus pares el legislador, también médico pediatra y ex gobernador de Misiones.

En ese marco, Herrera aseguró que la ley “genera incertidumbre” en cuanto al financiamiento y que “muchas familias” están esperando “estos equipos multidisciplinarios”. Además, aclaró que no se refería al “crimen” que pudieran cometer los menores, sino “al delito que comete y la familia no lo puede contener porque es un menor adicto y está en un sistema que lo lleva cada día a eso”.

El diputado señaló que actualmente “se pone 23 millones de pesos para el Ministerio Público Fiscal y para el Ministerio de Justicia de la Nación” y, en esa línea, interpeló a los presentes con la pregunta: “¿Ustedes están convencidos de que con ese dinero van a poder construir centros modelos en toda la Argentina, cuando se han desfinanciado hasta los centros mínimos que tenemos de desarrollo infantil?”.

“No hay plata”, arremetió Herrera citando la premisa del presidente Javier Milei y continuó: “Otra vez va esto en el lomo de los gobernadores y las provincias, y otra vez escuchamos la otra campana, de decirles a los gobernadores ‘bajen los impuestos’, ‘achiquen los gastos’. ¿Ustedes creen que con esto se soluciona este problema? Yo le puedo asegurar que no”.

El diputado por Misiones también se refirió a la situación actual del sistema de salud mental del país, al que describió como “total y absolutamente desmembrado”.

“Se quitó el financiamiento a lo que es el programa de salud mental de la Argentina, que, con errores o con aciertos, en mi provincia lo pudimos aplicar muy bien y no coincido en eso de mandarlos a un manicomio. Nosotros los socializamos: los enfermos con alguna patología mental acuden a hospitales normales y son atendidos por equipos que están ahí, pero se hace cargo la provincia”, subrayó Herrera.

Y agregó: “Le estamos dando la responsabilidad a las provincias de construir centros multidisciplinarios sin decir de dónde van a sacar los recursos”.

Seguidamente, el exgobernador volvió a poner el foco en los recursos que propone la legislación: “La discusión está dada en todos los órdenes. Nosotros, en nuestra provincia, queremos saber: ¿de dónde vamos a sacar los recursos?, ¿Quién nos va a dar? Y también queremos que nos ayuden y nos acompañen en esto de decir: bajen los impuestos, achiquen el gasto. Ese es un gasto público y lo van a asumir las provincias”.

Por último, el diputado solicitó incorporar al dictamen un “capitulo de asignación de recursos específicos y taxativo para las provincias para llevar adelante esto, esos es una gran solución no para construir cárceles, sí para construir centros modelos y recuperar lo que en algún momento tuvimos como política publica que es la contención de nuestros jóvenes”.

Herrera Ahuad designado en comisión que tratará baja de edad de imputabilidad

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Marcharon contra la reforma laboral en Posadas

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Al igual que en otros puntos del país, esta mañana, trabajadores nucleados en diferentes agrupaciones sociales, gremiales y políticas, marcharon a la plaza central de la capital provincial en rechazo al tratamiento legislativo de la reforma laboral, conocida como Ley de Modernización Laboral que se debate hoy en el Senado. 

La columna ocupó al menos dos cuadras y se desplazó por calle Junín, desde el Mástil de Uruguay y Mitre hasta la Plaza 9 de Julio, donde referentes del Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Partido Obrero (PO) y otras agrupaciones, brindaron discursos advirtiendo sobre los riesgos de la aprobación e implementación de la reforma laboral en el país.

Desde la manifestación, Jazmín Kinder, integrante del Partido Obrero, expresó: “Me parece realmente gravísimo lo que se está por votar hoy. Es una contrarreforma a la que no consideramos laboral, sino esclavista, porque lleva a una involución de los derechos laborales hasta la desaparición de los mismos”. 

Y sumó: “Quiero que se llame la atención respecto al discurso del gobierno, de enfrentar a trabajadores y trabajadoras porque hay una realidad: no se puede tapar el sol con la mano, hay una gran mayoría de trabajadores que están siendo precarizados en el país y eso se debe a que no hubo control por parte de los gobernantes”. 

En ese sentido, refirió a las “facilidades” que implementó el gobierno para continuar “precarizando” a distintos sectores de trabajadores “con exenciones impositivas a los empleadores y una burocracia sindical que no luchó por el pase a planta de los trabajadores, sino que abogó por aumentar a la precarización, tercerización y demás. Que unos tengan derechos y otros no es algo muy peligroso”. 

En ese contexto, recordó la pérdida de más de 400 empresas en Misiones y al menos 2 mil puestos de trabajo en blanco. Por lo que también refirió al éxodo de trabajadores argentinos a Brasil, lo que, a su entender, respondería a “la destrucción de la industria y los puestos de trabajo”.  

Desde la CTA, Martín Ayala, enfatizó: “Hay que buscar la mayor unidad posible en todo el campo nacional y popular de las centrales obreras y los sindicatos de base, las organizaciones sociales, políticas y de jubilados, no es reforma, es regresión. Los trabajadores sabemos que es un revanchismo social de la vieja oligarquía”.

Desde el mismo espacio, Mónica Gurina, resaltó: “Hemos trabajado como pueblo para construir un derecho protectorio para los trabajadores, para la clase trabajadora que hace la riqueza de la Argentina. Sin embargo, nuestros carteles hablan, los legisladores han traicionado sucesivamente a los trabajadores”. 

A nivel provincial, la protesta se replicará en Oberá y en Eldorado, y en distintas ciudades ubicadas a lo largo y ancho del país, desde donde proponen generar un “plan de lucha para derrotar la reforma esclavista y al gobierno nacional”.

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