Política
Alberto quita otro punto de coparticipación a Capital para repartir entre las provincias
Alberto Fernández envió al Congreso un proyecto de ley con el que se reducirá un punto más el porcentaje de recursos de la coparticipación a la Ciudad, como le reclamaban los gobernadores.
El proyecto, que le agrega tensión a la relación de la Rosada con Horacio Rodríguez Larreta, remueve el 0,92% de la coparticipación que se destinaba a solventar los gastos del traspaso de la Policía Federal a la Ciudad y dispone un mecanismo para financiar esos gastos.
En ese sentido, el expediente que entró por el Senado fija en 24.500 millones de pesos el gasto anual para las funciones de seguridad de la Ciudad. Ese 0,92% formaba parte del 3,5% que recibía la Ciudad por coparticipación hasta que la semana pasada el presidente redujo ese porcentaje a 2,32%.
Ahora, sin tener que transferir ese 0,92% automático para solventar a la Policía porteña, el Gobierno quiere entonces reducir la coparticipación a la Ciudad a un 1,4%, el porcentaje en el que estaba antes de que Mauricio Macri la aumentara por decreto en 2016 hasta 3,5%.
De este modo, ya son dos puntos los que se le quitan al Estado porteño, como pedían los gobernadores, con Jorge Capitanich a la cabeza. Si se aprueba esta ley, la Ciudad debería negociar con la Nación cada año el presupuesto de su seguridad.
El proyecto se presentó luego de que Larreta anticipara una presentación en la Corte Suprema para trabar la medida anunciada por el presidente. El Ejecutivo espera tener consenso para sancionar la ley, más que nada por la dificultad que tendrán los legisladores de Cambiemos del interior para oponerse a que sus provincias reciban más fondos.
La iniciativa, que lleva la firma del presidente; del ministro de Economía, Martín Guzmán; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; del ministro del Interior Eduardo De Pedro, y de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, comenzará a ser debatida en los próximos días por las comisiones de Asuntos Constitucionales, y de Presupuesto y Hacienda. Como titulares de ambos cuerpos asesores, los senadores del Frente de Todos María de los Angeles Sacnún y Carlos Caserio serán los encargados de conducir el debate.
En junio pasado, la ministra Frederic anunció la creación de una comisión de Actualización Institucional, Normativa y Doctrinaria de la Policía Federal para redefinir el funcionamiento estratégico de la fuerza luego del traspaso del personal a la Ciudad. En el artículo uno del texto enviado al Senado se establece aprobar el “Convenio de transferencia progresiva a la Ciudad de facultades y funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejercidas en CABA”, celebrado entre el Estado nacional y el Gobierno porteño el 5 de enero de 2016.
El segundo artículo de la propuesta, según consta en su texto, fija el gasto anual que demanda durante el presente ejercicio la transferencia realizada a la Ciudad en 24.500 millones de pesos. “Dicho monto será actualizado en los ejercicios sucesivos de acuerdo a un índice compuesto en un 80 por ciento por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20 por ciento por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de dicha jurisdicción, ambos correspondientes al año precedente”, añade la propuesta.
En el mismo artículo se sostiene que el Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio fiscal contemplará el financiamiento de los gastos enunciados en el presente artículo. La propuesta especifica además que la suma establecida en el artículo dos se dividirá en cuotas mensuales que se transferirán desde el Tesoro Nacional hacia la Ciudad y su actualización se realizará en forma trimestral, explica, La Política Online.
“El Ministerio de Seguridad y el Gobierno porteño deberán informar al Ministerio de Economía los indicadores establecidos en el artículo dos, de acuerdo a sus respectivas competencias, así como también los procedimientos utilizados para su elaboración”, agrega.
El artículo cuarto establece que el jefe de Gabinete adecuará el Presupuesto para el ejercicio 2020 a efectos de afrontar el financiamiento de los gastos establecidos en el artículo 2° en forma proporcional al tiempo restante hasta la finalización del actual ejercicio.
“A partir de la entrada en vigencia de la presente, el Poder Ejecutivo realizará la readecuación de la participación que le corresponde a la Ciudad”, finaliza el texto enviado a la Cámara alta.
La diputada nacional del Frente Renovador Neo, Yamila Ruiz, fue elegida este martes como vicepresidenta segunda de la Comisión del Mercosur, de la Cámara de Diputados de la Nación, que revisará esta semana el reciente acuerdo del bloque con la Unión Europea.
La legisladora misionera informó de la noticia en su cuenta de Instagram, donde acostumbra a difundir sus actividades políticas y legislativas.
“Hoy tuve el honor de ser elegida por mis pares como Vicepresidenta Segunda de la Comisión del Mercosur”, escribió Ruiz.
“Asumo este compromiso con responsabilidad y convicción, para seguir trabajando por la integración regional y el fortalecimiento de nuestros lazos parlamentarios”, agregó y cerró la publicación felicitando a su colega porteño del PRO, Damián Arabia, designado como presidente.
Esta es la segunda comisión legislativa integrada por la diputada de la Renovación Neo, que también ejerce como vocal en el área de Asuntos Constitucionales.
La Comisión de Mercosur de la Cámara de Diputados de la Nación es un órgano asesor permanente encargado de analizar, estudiar y emitir dictámenes sobre proyectos de ley relacionados con la integración regional, el comercio intrabloque y las políticas comerciales comunes con terceros países.
En estos primeros meses del año, analizará la ratificación del reciente acuerdo Mercosur – Unión Europea, firmado en Asunción, Paraguay, el 17 de enero pasado, luego de más de 25 años de negociaciones que tuvieron como principal articulador al presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, quien, sin embargo, no participó del acto en la capital paraguaya.
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El diputado nacional del Frente Renovador Neo, Oscar Herrera Ahuad, se incorporó este martes a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados de la Nación, que discutirá mañana el dictamen del proyecto de ley de reforma penal juvenil.
El legislador misionero fue designado para integrar la comisión por el interbloque de Innovación Federal, que la Renovación Neo conforma con tres diputados salteños.
Justicia, que preside el libertario mendocino Álvaro Martínez, es una de las comisiones que debatirá el texto del proyecto que establece en 14 años la edad mínima de imputabilidad y reduce a 15 años la pena máxima para personas menores de edad.
“La idea es conseguir el dictamen mañana y sesionar el jueves”, afirmó una fuente de La Libertad Avanza (LLA) citada por el portal de noticias Infobae.
La reunión de comisiones está fijada para el miércoles a las 11:00 horas, y además de Familias y Justicia, también se incorporarán las áreas de Legislación Penal, y Presupuesto y Hacienda. En tanto, la sesión en la Cámara de Diputados se convocó para el jueves, también a las 11:00 horas.
Flanqueada por el senador del PRO Misiones, Martín Goerling Lara, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, presentó hace minutos la versión final del proyecto de reforma laboral del gobierno, que se tratará mañana en la Cámara alta.
En una conferencia de prensa, la ex ministra de Seguridad compareció arropada, entre otros, por el senador radical peluca correntino Eduardo Vischi y el presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado, Ezequiel Atauche, y aseguró que el dictamen final de la reforma laboral fue acordado con 44 senadores del PRO, la Unión Cívica Radical, y varios espacios provinciales, entre ellos el Frente Renovador Neo.
“Venimos a anunciar que logramos un gran acuerdo”, dijo Bullrich y afirmó: “El texto tiene 28 modificaciones consensuadas”.
La ex dirigente del PRO, destacó “el fin de la industria del juicio” como “uno de los puntos más importantes de la discusión” de mañana en el recinto, porque “ha perjudicado a empresas que han cerrado dejando sin sus puestos de trabajo a miles de trabajadores”.
“Este capítulo marca qué puede judicializarse y qué no”, afirmó y argumentó: “Se ha llegado a deformaciones tan grandes, que un juicio de tres millones de pesos termina en trescientos millones de pesos”. “Hemos establecido una serie de sistemas de protección para que no haya industria del juicio”, aseguró.
Bullrich hizo una reseña rándom del proyecto, sin detenerse en los recortes de derechos denunciados por la oposición, como la eliminación del concepto de “ultraactividad, que estira la vigencia de los convenios colectivos, y lo relacionado a las vacaciones anuales, que con la nueva ley podrán fraccionarse fuera de los meses de verano.
Tampoco abundó en las concesiones y promesas que el gobierno hizo a los gobernadores a cambio del apoyo de sus senadores, en la reunión que mantuvo en las oficinas del bloque de la UCR en el Senado con varios de los parlamentarios que la acompañaron hoy en la rueda de prensa, como Goerling y Vischi, y los legisladores del Frente Cívico, Luis Juez; de la Renovación Neo, Carlos Arce; de La Neuquinidad, Julieta Corroza; de Provincias Unidas, Carlos Camau Espínola; de Despierta Chubut, Edith Terenci; de Independencia, Beatriz Ávila y de Primero Los Salteños, Flavia Royón.
A la salida de esa reunión, el correntino Vischi ya había adelantado que “un 95%” del texto para mañana estaba “acordado”.
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