La Asociación Civil Orembaé presentó un recurso de amparo ambiental contra el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, encabezado por el ministro Martín Recamán, para que la cartera informe sobre los trabajos de refulado llevados a cabo en los últimos meses de 2025 en la Isla del Medio, en el río Paraná.

La medida de la ONG surgió a partir de la viralización en redes de imágenes aéreas que mostraban la utilización de neumáticos en desuso como método de contención para el vertido de arena en la Isla, sumando a la falta de una respuesta formal por parte de la cartera ante el pedido de informe ambiental presentado el pasado 10 de diciembre sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que habilitaron la obra en el lugar.

“Nosotros no tenemos certeza de que esto sea así o no; por eso es que estamos pidiendo a Ecología que nos informe sobre los estudios de impacto ambiental que se deberían haber hecho para este trabajo”, sostuvo el apoderado de la asociación Orembaé, Martín Ferroni, en conversación con La Voz de Misiones sobre el posible daño ambiental en la Isla del Medio.

Pedido de informes

El abogado comentó a LVM que la solicitud de informes a Ecología se concretó a principios de diciembre del año pasado. La cartera tenía 15 días para responder el planteo y, cumplido el plazo, la ONG procedió a requerir la información judicialmente.

“Ahí debería constar la cuestión de los materiales que se están usando, su origen, los responsables del proyecto y si en el estudio de impacto hay recomendaciones para la mitigación de los impactos negativos, quiénes están monitoreando esos impactos y si se han hecho inspecciones de parte de Ecología respecto al cumplimiento del plan establecido”, detalló Ferroni.

En esa línea, el abogado explicó que en el derecho ambiental argentino rige el principio precautorio. Este establece que la falta de certeza científica no es obstáculo para no actuar; por el contrario, ante la duda o la falta de información, se debe intervenir.

“Por eso rige el principio precautorio. Primero, porque tiene rango constitucional al haber sido sancionado tras la Convención de Río 92; y por otro lado, porque también se establece en el Acuerdo de Escazú, que es mucho más reciente e involucra a los países latinoamericanos y del Caribe. Allí se consagra el acceso a la información pública ambiental como un derecho humano y, en base a eso, es que le estamos haciendo el planteo a Ecología”, argumentó Ferroni en relación al amparo ambiental interpuesto contra la cartera provincial.

La presentación de la Asociación Orembaé se realizó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5 de Posadas, a cargo del magistrado Marcelo Escalante.

Posible daño ambiental

En un comunicado de prensa, la ONG describió el riesgo “crítico” para el ecosistema hídrico que podría ocasionar la utilización de neumáticos en desuso, los cuales se habrían usado para la contención del refulado realizado por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en la Isla del Medio.

“Toxemia hídrica: la inmersión de caucho libera metales pesados y químicos que contaminan el agua y afectan a la fauna del río”, puntualizó la organización en primer lugar.

En segundo término, explicó el daño por los microplásticos causado por la “degradación del material, que genera partículas imposibles de remover que ingresan en la cadena alimentaria”.

Además, como tercer punto, Orembaé afirmó que la utilización de neumáticos ocasionarían un riesgo sanitario, debido a que “acumulados en los márgenes son criaderos potenciales de vectores de enfermedades como el dengue”.

“La falta de transparencia del Ministerio de Ecología ante la evidencia de estas prácticas es alarmante. La justicia debe garantizar que el Estado exhiba los estudios que, supuestamente, avalan el uso de residuos sólidos como neumáticos en una obra pública o privada sobre el río Paraná”, cierra el comunicado de la organización.

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El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones inició una investigación tras una denuncia por un presunto hecho de contaminación hídrica en un arroyo perteneciente a la cuenca del Tabay, en la localidad de Colonia Oasis.

La presentación fue realizada por un vecino, quien alertó sobre la posible relación entre el estado del curso de agua y la mortandad de aves de corral de su propiedad.

En respuesta a la denuncia, personal de la Dirección de Recursos Vitales acudió hasta el lugar para realizar el relevamiento correspondiente. Durante la inspección, los técnicos constataron la presencia de cadáveres de patos y gansos en los márgenes del arroyo.

Según informó la cartera ecológica, para determinar las causas del hecho y evaluar la calidad del recurso hídrico, el personal tomó muestras del agua directamente del cause y el material recolectado fue remitido al laboratorio central de la provincia, ubicado en el Parque Industrial de Posadas, donde se llevará adelante los análisis técnicos pertinentes.

Desde el organismo indicaron que, una vez obtenidos los resultados, continuarán con las actuaciones de acuerdo a lo establecido por la normativa ambiental vigente.

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Durante una patrulla náutica de control, guardaparques del Parque Nacional Iguazú registraron el avistaje de un ejemplar hembra de yaguareté acompañada por sus dos crías a orillas del río Iguazú.

Ocurrió el pasado 31 de enero, cerca de las 10.30, al finalizar un operativo de control y vigilancia destinado a la detección de actividades ilícitas vinculadas a la caza y la pesca furtiva dentro del Parque, cuando los guardaparques observaron en la costa del río a los tres ejemplares de yaguareté.

Tras el avistamiento y al arribar a la costa, los profesionales tomaron el punto GPS y fotografiaron las huellas.

Por último, los datos recopilados se incorporaron al Sistema de Información de Biodiversidad (SIB) de la Administración de Parques Nacionales.

Sin rastros de los cachorros de la yaguareté Pará tras su relocalización

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