El Centro de Rescate de Fauna Silvestre Ohana denunció públicamente por “censura” al Ministerio de Ecología, encabezado por Martín Recaman, quien procedió al bloqueo de su cuenta en todas las redes sociales y vías de comunicación, tras la exhibición de irregularidades en el abordaje de casos de tráfico de fauna en Misiones.

“Para nosotros es un atropello institucional enorme porque están utilizando la fuerza pública del Estado para discriminar a una organización que, además, es la única habilitada formalmente para hacer rescate de fauna, solo por haberle reclamado que hagan su trabajo, es un acto de censura muy parecido a la dictadura“, manifestó a La Voz de Misiones Fernando Piesco, director del Centro de Conservación y Rescate de Fauna Silvestre Ohana.

Todo comenzó ayer jueves, cuando la cartera provincial publicó, en esa red social, el rescate de cuatro aves nativas que permanecían en cautiverio en la localidad de Wanda. Fue entonces cuando Ohana respondió con el siguiente mensaje: “@passalacquaok Cuando en un procedimiento policial se constata la tenencia ilegal de fauna silvestre, corresponde realizar la denuncia penal e iniciar la causa judicial correspondiente. La entrega voluntaria de los animales no extingue ni elimina el presunto delito ya consumado, por lo que también debe darse inmediata intervención al juzgado de turno”.

A lo que añadió: “Presentar una incautación como si se tratara de una simple entrega voluntaria desnaturaliza los hechos, diluye la naturaleza del delito y si un funcionario altera la verdadera secuencia de los hechos para evitar la intervención judicial, ello podría dar lugar a responsabilidades penales. Para entenderlo con un ejemplo sencillo: sería como encontrar a una persona en posesión de una cantidad de droga y, en lugar de secuestrarla, iniciar la actuación judicial y dar intervención a la Justicia, recibir esa droga como si fuera una “entrega voluntaria”, omitiendo todo el procedimiento penal. La entrega del elemento no hace desaparecer el hecho investigado ni exime de la obligación de actuar conforme a la ley”.

En cuestión de minutos, el comentario fue eliminado y la cuenta de Ohana terminó siendo bloqueada por la mencionada cuenta oficial del Ministerio de Ecología, como también la del ministro Martín Recaman, el subsecretario Facundo Ringa y el director general Franco García Sosa, ante lo cual están impedidos de interactuar entre cuentas.

Denuncia pública

De esta manera, la organización no gubernamental dedicada al rescate, la rehabilitación y la reinserción de animales silvestres heridos o afectados por el mascotismo y la actividad humana, utilizó la misma vía para denunciar públicamente lo que había ocurrido.

Bajo el rótulo: “Atención, máxima difusión, censura en Misiones”, la ONG consideró este bloqueo como “un acto que demuestra la incapacidad de resolver conflictos o tal vez la connivencia institucional con el tráfico de fauna”.

A su entender, el accionar respondió a un intento de “censura” tras las exigencias de transparencia, fiscalización y acción sobre casos de tráfico de fauna impulsadas por su espacio.

“Estamos pidiendo al Estado que accione para proteger a nuestra fauna silvestre, que la fiscalización se haga como corresponde y dentro del marco de la ley. Estos atropellos institucionales hacia las organizaciones que protegemos los recursos de todos nos parece una manera infantil de manejarse, solo denota la poca capacidad que tienen nuestros gobernantes para gestionar las situaciones de conflicto o la convivencia con la que pretenden que se sigan manejando los casos de tráfico de fauna en una provincia con más del 90% de los límites como frontera y el 50% de la diversidad del país”, añadieron.

Y concluyeron: “Nuestros sistemas de control de la fauna deben ser fuertes, que realmente protejan y no permitan ni avalen el tráfico de la fauna. Si piensan que así van a invisibilizar lo que no hacen, están equivocados. Lo que nosotros queremos es que trabajen a favor de la fauna silvestre y nuestro ambiente”.

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Referentes de la Mesa Provincial No a las Represas se reunieron con el ministro Coordinador de Gabinete, Carlos Sartori, para solicitar que la administración provincial ratifique la vigencia de la Ley IV – Nº 56, conocida como “Ley del No a Corpus”.

Dicha normativa ratifica el histórico plebiscito provincial del 24 de abril de 1996, cuando el 88,63% de los electores se opuso a la construcción de represa hidroeléctrica sobre el río Paraná en la localidad de Corpus Christi. 

Durante el encuentro que se concretó el martes a las 11 en Casa de Gobierno y se extendió por más de una hora, los ambientalistas transmitieron al funcionario su preocupación ante las recientes expresiones públicas que incitan la posibilidad de construir una represa sobre el río Paraná. 

Ante esto, exigieron el cumplimiento estricto de la mencionada normativa que obliga al Poder Ejecutivo provincial a defender la postura de la consulta popular ante el gobierno nacional y entidades externas.

“Planteamos la necesidad de que el Gobernador actúe en consecuencia. La ley que refrenda el plebiscito del 96 solo podría perder vigencia con una reforma de la Constitución provincial o una declaración judicial de inconstitucionalidad”, explicó Eduardo Luján, integrante de la Mesa, quien además advirtió que avanzarán con acciones jurídicas si no se respeta la normativa.

Por su parte, el referente Rulo Bregagnolo alertó sobre los impactos socioambientales de la obra: “Dialogamos sobre los altos riesgos para la salud y la naturaleza. Se verían afectados sitios turísticos emblemáticos como los Saltos del Tabay, Gruta India, la Isla Caraguatay, la costanera de Puerto Rico, el puerto de Eldorado y las Cataratas del Iguazú, que perderían el 10% de su altura“. 

Asimismo, vinculó esta preocupación al contexto actual de calentamiento global: “Dañar el río Paraná sería nocivo para todos, especialmente frente a la degradación ambiental que ya afecta a servicios básicos para la supervivencia”.

Durante la reunión también se debatió sobre la matriz energética provincial. Se intercambiaron propuestas orientadas a las energías renovables, como la biomasa, la energía solar y los pequeños aprovechamientos hidráulicos en arroyos internos.

Por otro lado, la Mesa consultó sobre las versiones de un supuesto diálogo entre el gobernador Hugo Passalacqua y las autoridades de la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná (COMIP), trascendido que fue desmentido categóricamente por Sartori. 

No obstante, los ambientalistas manifestaron su malestar por las reuniones pro-represas realizadas en la sede de la Secretaría de Cambio Climático. Al respecto, el Ministro garantizó que dichos encuentros no volverán a repetirse.

“Cada argumento de la Mesa está respaldado por la experiencia y estudios científicos. La situación actual requiere una resolución urgente y estamos dispuestos a seguir trabajando”, concluyó Bregagnolo.  

Eduardo Luján, Carlos Sartori, Rulo Bregagnolo, Laura Camelli y Gabriel Arzamendia.

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La organización conservacionista Red Yaguareté presentó un pedido formal de acceso a la información pública ante el Ministerio del Agro y la Producción, a cargo de Facundo López Sartori, para conocer cuántas denuncias por depredación de animales domésticos atribuidas a yaguaretés y pumas se registraron en los últimos años, cómo fueron constatadas y qué compensaciones económicas recibieron los productores afectados de Misiones.

La solicitud, difundida a través de las redes sociales de la fundación, requiere información correspondiente a los años 2024, 2025 y 2026 hasta la actualidad.

En el escrito, la organización también reclama detalles sobre la fecha y el lugar de cada denuncia, la especie involucrada, el procedimiento de verificación y el estado de las compensaciones previstas por la legislación provincial.

Desde la entidad sostuvieron que existe una falta de información pública “precisa y accesible” sobre la aplicación de las políticas vinculadas a la convivencia entre grandes felinos y la actividad ganadera. En ese sentido, cuestionaron que la difusión oficial se limite, en muchos casos, a publicaciones en redes sociales o declaraciones sin datos concretos.

“Quienes trabajamos en la conservación de especies en Peligro Crítico de Extinción como el yaguareté sabemos que, en su mayoría, esas difusiones carecen de veracidad y no muestran los verdaderos resultados de las acciones”, expresaron.

Datos

La Red Yaguareté recordó que durante más de 15 años desarrolló junto a productores ganaderos distintas experiencias de convivencia con grandes felinos, cuyos resultados fueron plasmados en informes técnicos, publicaciones científicas y propuestas de mejora que, según señalaron, contribuyeron a modificar la normativa provincial conocida como la “Ley de Grandes Felinos”.

Esa legislación establece la obligación del Estado provincial, a través de cartera del Agro, de compensar económicamente a personas o empresas que sufran pérdidas de animales domésticos por ataques de yaguaretés o pumas.

La organización indicó que, tras la implementación de ese sistema y el desarrollo del denominado “Seguro del Yaguareté”, impulsado junto a la empresa Río Uruguay Seguros como alternativa para algunas compensaciones, no se difundieron de manera detallada estadísticas oficiales sobre la cantidad de denuncias recibidas, los casos efectivamente comprobados ni las indemnizaciones otorgadas.

Acceso a la información pública

En ese marco, la fundación afirmó que el objetivo del pedido es acceder a información respaldada por evidencia y estadísticas oficiales que permita evaluar el funcionamiento del sistema y mejorar las políticas de conservación.

“Necesitamos y tenemos el derecho de conocer las acciones concretas, los avances, retrocesos y dificultades reales para continuar mejorando y evaluar la efectividad de lo realizado con información científica de calidad”, manifestaron.

Finalmente, remarcaron que contar con datos públicos y verificables permitirá analizar si las medidas implementadas favorecen la convivencia entre yaguaretés, pumas y productores ganaderos en toda la provincia. “La convivencia es el camino”, concluyeron.

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