Policiales
San Ignacio: intentó matar su ex y se terminó suicidando
Dramáticas escenas se desataron en la madrugada de ayer en la calle Güemes de San Ignacio. Mario Luis Pinto fue a visitar a su ex y a su hijo que tienen en común, discutieron y la agredió a tiros. Huyó, llamó a su actual pareja y le dijo “me mandé una cagada”.
SAN IGNACIO. Una madrugada trágica fue la que se vivió ayer en la localidad de San Ignacio cuando un hombre intentó asesinar a su expareja, lesionó a la hija de esta y luego huyó del lugar para cometer un suicidio. Las víctimas fueron atendidas por heridas de arma de fuego, pero al no ser graves fueron dadas de alta.
El episodio ocurrió en una vivienda de alquiler ubicada sobre la calle Güemes y culminó en un campo ubicado a 23 kilómetros del ejido urbano de San Ignacio.
Mario Luis Pinto, de 39 años, hacía tiempo que estaba separado de su esposa, una mujer de 37 años. Fruto de esa relación, habían tenido un bebé, que actualmente tiene un año.
En la tarde del miércoles, el hombre se había dirigido a la vivienda que alquilaba su exmujer. La mala relación que tenían habría provocado que ella decidiera irse a vivir lejos de él. Sin embargo, había una criatura de por medio y por eso era habitual que continuaran viéndose.
Llegó con su Peugeot 505 para llevar a la chacra a su hijo y a una adolescente de 17 años, quien es hija de su expareja.
Según se pudo reconstruir en base al relato de los vecinos del lugar, al regreso, el hombre se quedó en la vivienda por varias horas. Se hizo muy tarde, prácticamente de madrugada y su exmujer le pidió que se retirara.
Se desató una fuerte discusión que en un momento pareció que había llegado a su fin. Pinto salió de la vivienda, encendió su auto pero no se fue de allí. Tras permanecer unos cinco minutos dentro de la unidad, elucubrando la tragedia que quería desatar, tomó un arma de fuego e intentó ingresar nuevamente a la casa.
Esto fue advertido por la mujer y se volvió a desatar una pelea en la cual ella habría querido quitarle el arma para evitar lo peor.
La adolescente de 17 años se sumó a defender a su madre y en ese momento el hombre no dudó en dispararle en la cabeza a su ex. Luego que se escuchara la detonación, el violento volvió a gatillar y también lesionó en un brazo a la joven. Luego de esto el arma se habría trabado.
Huyó presurosamente del lugar con rumbo desconocido, seguramente creyendo que la había matado.
A todo esto, la mujer fue auxiliada por un hombre que circunstancialmente se encontraba en la vivienda de la dueña del lugar. Ayudó a trasladar a la mujer y a su hija al hospital local.
Los vecinos llamaron a la Policía y en una entrevista con la dueña del lugar les permitió acceder para llevar adelante la investigación del caso. Allí tomaron muestras de manchas hemáticas y dos vainas servidas de un revólver calibre 22 largo.
En base a las averiguaciones, de forma inmediata lanzaron un operativo para dar con el autor de los disparos y secuestrar el arma utilizada en el hecho. Ya en el nosocomio, la mujer fue atendida por las lesiones que le provocó el disparo.
Tenía escoriaciones en la oreja izquierda, quemaduras por la deflagración del arma y una herida de bala que entró y salió del hombro, sin que esto revistiera peligro para su vida.
En tanto, la adolescente fue atendida con una lesión cortante en el brazo izquierdo. Las dos fueron dada de alta.
El violento no llegó a concretar sus planes de asesinar a su exesposa, pero para resguardar a las víctimas efectivos montaron guardia frente al inmueble.
Horas después, precisamente a las 6.20, una joven se presentó en la comisaría de San Ignacio a relatar que era la actual pareja de Pinto y estaba preocupada porque este la había llamado telefónicamente para decirle “me mandé una cagada”.
Con el dato del domicilio del sospechoso, recibieron además el llamado del hermano de Pinto, quien les dijo que su hermano se había colgado.
Los efectivos se dirigieron hacia una estancia de Colonia Pastoreo, donde el hombre trabajaba como cuidador. Allí encontraron el automóvil de Pinto y lo hallaron muerto colgado de un árbol con una soga en el cuello.
El hecho fue comunicado de forma inmediata al Juzgado de Instrucción 2, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte, quien ordenó que se le tomara testimonio a las víctimas, y se resguardaran las pruebas para esclarecer el caso.
El Peugeot 505 fue precintado y trasladado a la sede policial para que se realizaran las pericias correspondientes. El arma no había sido encontrada al cierre de esta edición, pero se presume que esta podría estar dentro del vehículo, hecho que se comprobará cuando culminen las pericias.
Si bien el hombre había formado una nueva pareja, en base a testimonios recogidos, él habría insistido para que su exmujer regresara a vivir con él. La seguidilla de negativas, la pelea y el arma en su poder, lo llevaron a tomar la funesta decisión de acabar con la vida de su ex.
Los primeros datos del caso revelaron que el hombre tenía una orden de restricción de acercamiento por el lapso de un año. Pinto estaba notificado de la misma desde el 14 de febrero de 2019. Faltaba poco más de un mes para que se cumpliera el plazo. Aún así violó la orden e intentó matarla.
Primera Edición
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
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