Policiales
La condenada Santa Cruz dijo que pedirá su trabajo en la AFIP porque “no somos ricos”
Dio una entrevista a canal 12 y fue la primera vez, desde que atropelló y mató a Ramón Cabrera. Habló durante una hora de sus días en la cárcel por violar la prohibición de salir del país. No hizo referencia a la tragedia que provocó.
POSADAS. La ex modelo Rocío Santa Cruz dijo que tiene pensado “volver a trabajar” en la AFIP tras recuperar la libertad, ya que al igual que su esposo no son “ricos” sino que viven de sus sueldos, durante una entrevista televisiva.
Santa Cruz, quien estuvo en prisión desde el 1 de febrero hasta el sábado pasado por no acatar una prohibición judicial para salir del país, fue entrevistada durante alrededor de una hora en el programa “Te digo más” del canal estatal.
Fue la primera vez que la mujer accedió a una charla periodística desde que en enero de 2016, manejando alcoholizada su vehículo, atropelló y mató a Ramón Cabrera, un empleado municipal que se desplazaba en una moto.
Por ese incidente Santa Cruz fue condenada a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, pero se encontraba en libertad hasta que la pena quedara firme, cuando viajó al exterior.
Durante la entrevista que se transmitió vía facetime, al parecer desde su casa, se definió como “otra persona que salió de un lugar de internación corta, no prolongada”, luego de los 155 días que pasó en la Alcaidía de Mujeres.
Al ser consultada acerca de su futuro laboral, señaló que tiene previsto volver a sus tareas en la AFIP, ya que era lo que “más mal me tenía. Fue lo que me pegó en el primer tiempo la depresión porque no podía trabajar, porque no percibir el sueldo lleva a la disminución económica”.
En ese sentido remarcó que tanto ella como su esposo “somos profesionales pero no somos ricos, que quede bien claro. Nosotros somos personas de clase media, trabajadores. Él es abogado, ejerce la profesión, y yo trabajo en la administración pública y de eso vivimos”.
“No tenemos nada. Ninguna otra cosa, (vivimos) de nuestro sueldo, del día a día vivimos. Entonces, no poder ir a trabajar me produjo que no pude percibir mi sueldo y también eso llevó a que tampoco tenía la posibilidad de una obra social, aportes previsionales. Todo fue cambiando”.
A raíz del proceso judicial que afronta, “económicamente nos trajo aparejada una cuestión económica que nos perjudicó, pero creo que Dios te da oportunidades en la vida: te saca todo y te puede devolver todo”, expresó.
La cárcel y los medios
Durante la entrevista, Santa Cruz también señaló que la prisión “no es un lugar lindo para estar, estás alejada de tu familia y seres queridos, estas vedada de ir a trabajar, con una depresión que te atormenta la cabeza y muchas veces te lleva a pensar cosas horribles y querer materializarla”.
También hizo referencia a su relación con las otras internas y aclaró que “no tenía privilegios”, y entre otras cuestiones remarcó que “de los accidentes de tránsito que hubo, uno de los pocos que fue a juicio fue el mío, el resto no llegó a esa instancia, muchos van a prescribir”.
Además apuntó a “la criminalidad mediática, la forman los medios de comunicación con inexactitudes, falsedades, verdades en algunos puntos y otros no, y forma la opinión de la gente, rotulan a una persona de una manera y es difícil salir”.
Al final se mostró dispuesta a dialogar con los familiares de la víctima, porque “nunca les quise faltar el respeto, estoy abierta a cualquier diálogo, el pedido de disculpa se reitera porque no fue mi intención atropellar, pude haber arruinado la vida a una familia pero también la mía”, dijo.
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
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Una mujer de 50 años fue detenida, acusada de sustraer dos vinos de colección valuados en más de 6 millones de pesos de una tienda de bebidas ubicada sobre avenida Mitre casi Colón.
Todo comenzó con una denuncia radicada el pasado 12 de febrero por la propietaria del local “Vinos y Co”, ubicado en la mencionada intersección, quien advirtió el faltante de dos botellas de alta gama.
Según consta en la denuncia, se trata de un vino Estiva Reservado 1994 de Catena Zapata, valuado en $4.000.000, y otro Estiva Reservado 2008 de la misma bodega, con un valor de $2.450.000, lo que eleva el perjuicio económico a más de 6 millones de pesos.
En ese marco, se inició una investigación para dar con el paradero de la presunta autora del hecho. Finalmente, en la tarde del 31 de marzo, personal policial ubicó a la sospechosa, quien fue detenida y quedó a disposición de la Justicia en averiguación del hecho. La misma fue identificada como Celia S. (50).
Por su parte, los investigadores buscan establecer el destino de las botellas sustraídas, analizando si fueron consumidas, obsequiadas o comercializadas.
La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en el marco del expediente.
Un oficial subayudante de la Policía de Misiones fue detenido y separado de la fuerza luego de dos denuncias por hechos contra la integridad sexual radicadas por uniformadas que compartieron dependencias con él en la localidad de El Soberbio.
El implicado fue identificado como Emanuel K. (26), cuya detención fue ordenada por el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del magistrado Gerardo Casco, donde se tramita ambas presentaciones radicadas en su contra.
Según la información brindada por la propia fuerza, de las denuncias se desprende que uno de los hechos ocurrió en diciembre de 2023, cuando el apuntado presuntamente encerró a una camarada en una oficina e intentó someterla sexualmente.
El siguiente hecho tuvo lugar en septiembre de 2025, cuando el mismo uniformado se propasó con una agente con la que compartía lugar de trabajo y después de ello la amenazó para que no relevara lo que había sucedido.
Las denuncias fueron presentadas hace pocos días y después de ello el juzgado ordenó la detención del agente involucrado, al tiempo que la Jefatura de Policía inició una investigación administrativa a través de la Dirección de Asuntos Internos y ordenó el pase a disponibilidad del acusado.
El uniformado ahora se encuentra detenido y a disposición de las autoridades intervinientes en la causa, quienes decidirán los próximos pasos a seguir.
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