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Con agua hirviendo y plástico derretido mataron a un perro en Garupá

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GARUPÁ. El hecho de extremo maltrato animal sucedió en el barrio Nuevo Garupá, donde una mujer junto a sus hijos hirieron de gravedad a un perro hasta producirle una dolorosa muerte. El Refugio de Animales realizó una denuncia policial por el incidente y ya pasó a la Fiscalía.

Una mujer junto a sus hijos habrían matado ayer a un can que deambulaba en estado de abandono en proximidades a La Saladita de Garupá. Aparentemente esta mujer quemó al perro con agua hirviendo y plástico caliente hasta ocasionarle la muerte. Aunque en la denuncia figura el nombre de la que sería responsable de la muerte del perro, esta información no fue divulgada.

El caso salió a la luz luego que un denunciante informara mediante Facebook a la Asociación Civil El Refugio de Animales sobre el incidente de extrema violencia y maltrato animal. Sin embargo, cuando el personal policial llegó al lugar indicado, el animal ya había muerto debido a la gravedad de las heridas.

Desde la Asociación Civil explicaron que: “se trata una vez más un caso de crueldad sin límites en nuestra provincia. Todavía no podemos salirnos del asombro, impotencia y dolor para entender tanta maldad”. Asimismo resaltaron que el “perro fue quemado vivo, lamentablemente llegamos tarde. Si hubiera sido trasladado a una veterinaria enseguida, probablemente sería otro su triste final. Pero nadie lo ayudó”.

Por otro lado, desde las redes de la Asociación posadeña señalan que “buscamos testigos para el caso del perrito que fue quemado en Nuevo Garupá el día martes 20 de Noviembre, cualquier persona que haya presenciado el hecho o escuchado a la o las personas que participaron de este delito. Solicitamos se comuniquen con nosotros, lo más pronto posible por privado. Gracias!”.

Así fue encontrado el perrito asesinado en Garupá.

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Ecología constató 4 hectáreas de deforestación en la reserva El Saltito

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Personal de la Dirección General de Bosques Nativos y Control Forestal del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables realizó una recorrida de inspección en la reserva natural Alejandro Orloff, también conocida como El Saltito, ubicada en la localidad de Dos de Mayo, donde finalmente confirmaron el desmonte de un sector correspondiente al 1% de la superficie total.

Todo comenzó con un análisis de imágenes satelitales realizado por el Ministerio de Ecología. Al notar anomalías respecto a la densidad del monte, decidieron verificar el estado de situación en terreno el pasado viernes.

Durante el recorrido constataron la existencia de áreas afectadas por deforestación y volteo de bosque nativo, cuyas intervenciones se habrían dado en diferentes momentos a lo largo de los últimos tres años.

Finalmente, las autoridades de la cartera confirmaron que la superficie afectada es de aproximadamente 4 hectáreas, distribuidas en tres sectores diferentes dentro de la reserva que se extiende a lo largo de 315 hectáreas. 

En el lugar, también tomaron contacto con vecinos de la zona, quienes fueron notificados sobre las infracciones detectadas y advertidos acerca de las penalidades establecidas por la legislación vigente en materia de conservación del bosque nativo. Asimismo, informaron a los responsables sobre el inicio de las actuaciones sumariales.

Desde Ecología, recordaron que: “La categoría de conservación permite determinados usos, siempre y cuando se respeten las normativas ambientales vigentes”. 

Por este motivo, darán continuidad a los controles en la zona, dado que lo verificado en esta oportunidad corresponde únicamente a un sector de la extensa superficie protegida.

Denuncia

Días previos a la inspección, la Cooperativa de Agua, Energía y otros servicios comunitarios de Dos de Mayo, que administra el complejo hidroeléctrico de la reserva, emitió una alerta anticipando que la mencionada reserva “está siendo víctima de un desmonte ilegal que ha afectado a más del 50% de sus bosques nativos“.

Al mismo tiempo, advirtieron a las autoridades que las intervenciones provcarían un “riesgo inminente para el suministro de agua“, según publicaciones realizadas por el portal informativo San Vicente Informa.

La reserva

El Saltito es reconocida desde hace varias décadas como patrimonio ambiental e histórico del municipio.

Su valor radica en que alberga el complejo hidroeléctrico de las represas Saltito I, Saltito II y Saltito 0, pioneras en la provincia, construidas por el precursor Alejandro Orloff. Hoy continúan siendo la principal fuente de agua para la comunidad.

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Dos años de prisión para los cazadores que mataron un yaguareté en Formosa

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Dos años de prisión para los cazadores que mataron un yaguareté en Formosa

Este miércoles, el Juzgado Federal Uno de Formosa sentó jurisprudencia en el país al condenar por primera vez a cuatro hombres que mataron, carnearon y comieron a un yaguareté en julio del 2024 y ahora deberán pasar dos años en prisión efectiva. La especie fue declarada Monumento Natural Nacional en 2001 y se encuentra en peligro crítico de extinción por la caza furtiva y la deforestación de su hábitat.

Los acusados Máximo Cisneros (60), dueño del campo donde cazaron al ejemplar, y los tres peones rurales involucrados, Viterman Ponce De León (37), Walter Hugo Ponce De León (44) y Claudio Cisneros (29), admitieron la comisión del delito en la segunda audiencia de debate oral y firmaron un acuerdo de juicio abreviado que fue homologado por el magistrado Pablo Morán.

El magistrado formoseño impuso una pena de dos años de prisión efectiva a los cuatro imputados por cazar a un ejemplar de la especie, protegida por la Ley 25.463, y los condenados consiguieron un permiso especial para trabajar.

Con el veredicto del Juzgado Federal Uno de Formosa, los implicados fueron detenidos inmediatamente para comenzar el cumplimiento de la pena.

El caso

Los hechos ocurrieron a fines de julio del 2024 entre las localidades formoseñas Ibarreta y Estanislao del Campo, en la propiedad de Máximo Cisneros.

De acuerdo a la defensa de los ahora condenados, todo comenzó con la desaparición de una vaca lechera de la chacra que los cuatro salieron a buscar armados y con perros por la zona.

Cuando finalmente la hallaron, la vaca estaba muerta y cerca de su cuerpo se encontraba el yaguareté que, según el mismo testimonio de los acusados, “trituró” a dos de los perros que los acompañaban y en “defensa propia” Claudio Cisneros ejecutó el disparo que le quitó la vida al ejemplar.

Sin embargo, tras matar al yaguareté, los cazadores se fotografiaron sonrientes junto al cuerpo a punto de ser carneado para luego comérselo. En tanto, la Justicia nunca logró dar con la piel del animal, por lo que la principal hipótesis es que fue comercializada.

Las fotografías que se habían tomado los cuatro involucrados junto al animal llegaron a Ana Magdalena Gutiérrez, representante de la Subcomisión Chaqueña para la Conservación del Yaguareté y representante titular ante el Comité General de Gestión Yaguareté del Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté (PNCMNY), quien realizó la denuncia y dio inició a la investigación que resultó con la primera condena de su tipo en el país.

Se calcula que en Argentina quedan entre 200 y 300 ejemplares del felino más grande de América, de los cuales la mayoría se encuentran en la selva misionera.

En un juicio abreviado, los cuatro cazadores fueron condenados a dos años de prisión.

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Juzgan por primera vez en el país a cuatro hombres por cazar a un yaguareté

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Juzgan por primera vez en el país a cuatro hombres por cazar a un yaguareté

Un juicio oral y público sin precedentes en el país inició este martes en el Juzgado Federal Uno de Formosa contra cuatro hombres acusados de matar, carnear y comer a un yaguareté en julio del 2024. La especie está en peligro crítico de extinción en Argentina y se calcula que solo quedan entre 200 y 300 ejemplares.

Máximo Cisneros, Walter Hugo Ponce De León, Claudio Cisneros y Viterman Ponce De León son las primeras personas en ser juzgadas por la caza de un yaguareté en la Argentina y podrían ser condenados a una pena de hasta tres años de prisión.

Los hechos ocurrieron a fines de julio del 2024 entre las localidades formoseñas Ibarreta y Estanislao del Campo, en la propiedad de Máximo Cisneros. De acuerdo a lo relatado por los involucrados, todo comenzó por la desaparición de un animal vacuno de la chacra.

Armados y acompañados de perros, Máximo Cisneros junto a Walter Hugo Ponce De León, Claudio Cisneros y Viterman Ponce De León, tres changarines que trabajaban en la zona, salieron en busca de la vaca perdida.

Para cuando los cuatro hombres encontraron a la vaca, estaba muerta y cerca de sus restos se hallaba el ejemplar de yaguareté.

Según el testimonio de los acusados a la prensa, el yaguareté los empezó a “atacar” y “trituró” a dos de los perros. Fue en ese momento que, “en defensa propia”, Claudio Cisneros ejecutó el disparo que le quitó la vida al ejemplar.

Sin embargo, luego de matar al yaguareté, se fotografiaron sonriendo junto al cuerpo antes de ser carneado, para después comerlo. En tanto, la Justicia nunca pudo hallar la piel del ejemplar, por lo que la principal hipótesis es que fue comercializada.

Juicio histórico

Las fotografías que se habían tomado los cuatro involucrados junto al animal llegaron a Ana Magdalena Gutiérrez, representante de la Subcomisión Chaqueña para la Conservación del Yaguareté y representante titular ante el Comité General de Gestión Yaguareté del Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté (PNCMNY), quien realizó la denuncia.

En consecuencia, la Policía formoseña allanó el campo de Máximos Cisneros, quien ante la presencia de los uniformados intentó huir, pero fue detenido.

Un mes después, los otros tres señalados que tenían pedido de captura se presentaron ante la Justicia y permanecieron detenidos hasta que obtuvieron la prisión domiciliaria.

Finalmente, los cuatro imputados son juzgados por matar, carnear y comer a un yaguareté. La condena del tribunal podría sentar jurisprudencia y establecer un precedente clave en la protección de especies en peligro crítico de extinción.

El yaguareté está en peligro crítico de extinción desde el 2001 debido a la caza furtiva y la perdida de su hábitat. La especie está protegida por la Ley 25.463, que lo declaró Monumento Natural Nacional.

Se calcula que en Argentina quedan entre 200 y 300 ejemplares del felino más grande de América, de los cuales la mayoría se encuentran en la selva misionera.

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