Una red de trata y corrupción de menores fue desbaratada en San Javier, donde la Policía detuvo a tres sospechosos y rescató a una adolescente de 14 años que era obligada a mantener relaciones sexuales con clientes de la banda a cambio de estupefacientes.

De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, la investigación en contra de la banda comenzó a fines de mayo, tras una denuncia por delitos contra la integridad sexual radicada ante la Comisaría de la Mujer de San Javier.

Tras esa presentación, los investigadores intervinientes comenzaron a recabar información y cuando consideraron que los elementos recolectados eran suficientes para actuar pidieron autorización al Juzgado de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem.

Los encargados de dicha dependencia judicial firmaron las órdenes correspondientes y así fue como ayer por la tarde los uniformados provinciales irrumpieron en una vivienda del barrio Tironi, donde aprehendieron al principal sospechoso, identificado Idemar G.D. (59).

Las fuentes consultadas detallaron que en el lugar hallaron a una adolescente de 14 años que estaba desaparecida desde el miércoles y que se encontraba allí en contra de su voluntad y siendo obligada a prostituirse.

En la vivienda dieron con blísteres de fármacos, marihuana y otras sustancias.

En el mismo inmueble también encontraron 22 blísteres de diferentes fármacos, envoltorios con marihuana y sustancias blancas que se tratarían de pastillas en polvo, además de una balanza de precisión, un celular y un aire comprimido.

Sin embargo, los operativos no culminaron allí, dado que los pesquisas contaban con información que involucraba a otros sospechosos y hasta ellos avanzaron esta mañana.

Los voceros de la causa indicados que los otros dos detenidos son Alberto R. (34) y Emanuel P. (33), quienes fueron señalados como cómplices, cometiendo además delitos de abuso sexual en perjuicio de las mujeres captadas por la red, dado que no se descarta la existencia de más víctimas.

Los tres sospechosos quedaron detenidos y en las próximas horas serán trasladados a comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante las autoridades judiciales intervinientes.

Hoy cayeron otros dos involucrados, ambos de San Javier.

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Un número de teléfono entregado por campanas en la costa del río Paraná en Montecarlo marcó el principio del fin para Néstor Fabián “El Negro” Rojas. Así lo revelaron agentes de inteligencia criminal pertenecientes a la Prefectura Naval Argentina (PNA) al abrir esta mañana la etapa de testimoniales en el juicio oral que se lleva adelante en contra del sindicado narco-sicario acusado de asesinar a su socio Aldo Andrés Canteros y más tarde montar la organización Primer Comando de Frontera (PCF).

En total fueron cinco los uniformados federales que hoy declararon ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas. Lo hicieron en forma telemática y con la cámara apagada, por motivos de seguridad expresamente solicitados por la cartera que lidera Patricia Bullrich.

Para mediados de 2018, los cinco testigos eran parte de la Delegación Inteligencia Criminal Zona Alto Paraná de la PNA, con asiento en Eldorado, y ante las partes reconstruyeron la génesis de la investigación que volvió a poner bajo la lupa a Rojas, quien para ese entonces acumulaba más de tres años prófugo en el marco del doble homicidio de El Acuerdo, perpetrado en Posadas.

Todos los prefecturianos coincidieron al relatar que, luego de un procedimiento policial que culminó con la incautación de una tonelada de marihuana, decidieron adentrarse en la zona conocida como “Puerto Natural” o “Puerto Kimmich” de Montecarlo, a la vera del río Paraná.

Con la intención de detectar movimientos e identificar actores responsables de maniobras de contrabando, los investigadores comenzaron a realizar tareas de campo en la zona, con recorridas encubiertas y averiguaciones con lugareños. 

“Comenzamos con las tareas de campo e hicimos averiguaciones. Los lugareños nos brindaron información sobre un grupo delictivo que acopiaba estupefaciente para mandar a Buenos Aires después y nos hablaron sobre un paraguayo llamado Carlos Sosa como el organizador de todo. Nos pasaron su teléfono”, recordó sobre esas primeras labores Marcelo Álvez, uno de los agentes intervinientes que declaró hoy.

El juicio se desarrolla en el TOF de Posadas y tanto Rojas, como los magistrados y los testigos participan de manera telemática.

El mismo testigo añadió que en otra recorrida por la zona los mismos lugareños corrigieron la primera información brindada e indicaron que el encargado de todas las maniobras no era paraguayo, ni se apellidaba Sosa, sino que era argentino y se llamaba Néstor Rojas, más conocido como El Negro, aunque el teléfono brindado sí era el mismo y eso marcó el principio del fin del sindicado capo narco actualmente detenido en la cárcel federal de Marcos Paz.

“Nos brindaron el número pero no quisieron dar sus datos. Ellos tenían el número para avisar si habían fuerzas de seguridad en la zona. Cuando se consiguió el teléfono, se pidió su intervención y de las escuchas fueron surgiendo domicilios y personas. Nosotros identificamos a Rojas, a Aldo Canteros (luego asesinado) y otro llamado Eduardo Martínez”, detalló Álvez, tras una última pregunta efectuada por la fiscal Vivian Barbosa.

Los testigos de la jornada fueron claros al mencionar que ellos se dedicaban a realizar labores de campo, las cuales en su mayoría consistían en certificar datos que surgían gracias a la interceptación de la línea telefónica adjudicada a Rojas.

“Rojas le indicaba a Canteros y a Martínez los caminos y los modos de hacer todo. Ellos recibían indicaciones de él. Se presume que él era el organizador”, reveló a su turno Hernán Rodas, otro agente de inteligencia de PNA.

El uniformado recordó que, mediante el trabajo realizado, más tarde pudieron marcar un domicilio de Rojas en la localidad de Hipólito Yrigoyen y uno de Canteros en Gobernador Roca, puntos que formaban parte del itinerario de los traslados de estupefacientes desde Montecarlo, que era el lugar de recepción de los cargamentos.

La investigación fue tal que los agentes lograron realizar seguimientos encubiertos de al menos dos operatorias de traslado de droga. En uno de esos viajes participaron un Fiat Siena y una Ford Eco Sport, mientras que la segunda misión fue realizada por una caravana conformada por un Renault Clío, un Renault Logan y un Chevrolet Cobalt.

Según trazó el agente Álvez, la comitiva viajó hasta Montecarlo, ingresó a una zona de montes y al volver a la ruta los autos aparecieron “más planchados”, como cargados, y el camino de regreso culminó en la chacra de Canteros en Roca.

La descripción de los vehículos es otro punto clave de la pesquisa, dado que tanto Álvez como Rodas días más tarde ubicaron a Rojas dentro de ese Renault Logan en compañía de Canteros por las calles de Roca.

“Yo a Rojas lo vi una sola vez. Fue el 3 de agosto de 2018. Salieron de la chacra de Canteros en un Logan y fueron hasta el centro. Canteros se bajó a un kiosco y Rojas se quedó. Iba en el asiento del acompañante y tenía la ventanilla baja”, precisó Álvez.

Todos los testigos de hoy admitieron que con todos los elementos recolectados se solicitó una orden de allanamiento, aunque desconocen por qué la medida nunca se concretó, argumentando que esas decisiones correspondían a “la superioridad”.

El Renault Logan incautado por la Policía tras el asesinato de Canteros.

Asesinato y narcotráfico

Lo cierto es que, apenas dos días después, es decir, el 5 de agosto de 2018, se produjo el asesinato de Canteros en su chacra de Gobernador Roca. La hipótesis acusatoria sostiene que Rojas advirtió movimientos extraños en los alrededores de la finca y al sentirse traicionado decidió acabar con la vida de su colaborador, con quien poco antes había compartido un asado de cumpleaños.

Rojas fue atrapado ocho días después de aquel crimen. Fue ubicado en el complejo de cabañas La Aventura de Posadas, donde estaba a punto de concretar una venta de cocaína a compradores oriundos de Entre Ríos.

“Yo de mis delitos siempre me hice cargo, pero no me puedo hacer cargo de delitos que no cometí. En las fiscalías y juzgados de mi provincia me han perseguido durante mucho tiempo. Me hice cargo de la cocaína y me hice cargo de que estuve en el lugar, pero yo no maté a Canteros”, declaró Rojas al inicio del debate, que de ser hallado culpable del crimen de su antiguo socio puede ser condenado a prisión perpetua.

Tras ser detenido, el narco-sicario estuvo preso en la UP VI de Posadas y en la UP II de Oberá, aunque era considerado una “bomba de tiempo” para los penitenciarios y, en consecuencia, fue trasladado a la cárcel federal de Ezeiza, donde continuó cometiendo delitos, según tienen establecidos los fiscales que Vivian Barbosa, Diego Iglesias y Martín Uriona, estos últimos de la Procuración General de la Nación (Procunar), quienes intervienen en el juicio.

Esos delitos esta vez hacen referencia a la creación del PCF, una empresa criminal con la que Rojas pretendió emular a grandes bandas del crimen organizado brasileño como el Primer Comando Capital (PCC), Comando Vermelho (CV) o Bala Na Cara, grupos con los cuales en teoría tenía nexos activos y quienes además abastecía de droga.

En la causa del PCF había otros ocho imputados quienes ya firmaron un acuerdo de juicio abreviado por penas de entre 6 y 9 años de prisión. Al debate oral junto a Rojas solo llegó Pablo Antonio Campos Retamar (53), un hampón de Ciudadela que también estaba preso en Ezeiza por varios asaltos y desde ahí se encargaba de organizar la logística necesaria para recibir y almacenar la droga que la organización enviaba a Buenos Aires.

El debate oral continuará el 24 de junio. El tribunal que lleva adelante el juicio está íntegramente conformado por magistrados subrogantes: Víctor Alonso (Corrientes), Fermín Ceroleni (Corrientes) y Enrique Bosch (Chaco).

Como defensores intervienen Marco Racagni, en representación de Rojas, y Mariano Romero por Campos Retamar.

Rojas adelantó que en la próxima audiencia desea volver a tomar la palabra. En jornadas anteriores solicitó tener la posibilidad de interrogar a los testigos, aunque el planteo fue rechazado por el tribunal.

“Yo no voy a permitir que me tiren delitos encima para que me pudra en la cárcel. Acá se juega mi vida en la cárcel”, prometió en la primera audiencia.

Rojas está detenido en un pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Marcos Paz.

Juzgan a Rojas por homicidio y narcotráfico: “Se juega mi vida en la cárcel”

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El juez federal de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero, fue sancionado con una quita del 30% de su salario por única vez en el marco de una investigación interna por acoso y maltrato laboral en perjuicio de trabajadores de la dependencia a su cargo.

La sanción fue aplicada y comunicada hoy, tras una sesión de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación presidida por su presidente Héctor Recalde.

Uno de los temas tratados fue el expediente iniciado en 2021 contra el juez Guerrero luego de una serie de denuncias por acoso y maltrato laboral en contra de trabajadores del juzgado con asiento en Eldorado.

Allí, después de varias audiencias previas donde se expusieron las circunstancias de los hechos denunciados, el Consejo resolvió sancionar al magistrado con una quita del 30% de sus haberes por única vez.

“La verdad que fue bastante agobiante. El último testimonio de Adriana Agüero fue realmente una cosa conmocionante porque aparentemente los sufrimientos que padecieron quienes trabajaron bajo la conducción del doctor Guerrero, muchos terminaron con tratamiento psiquiátrico“, expuso Recalde.

El consejero Alberto Agustín Lugones, por su parte, expuso que “no es para mí grato promover la sanción de un magistrado, de un colega, pero también tenemos la obligación de tratar y conseguir que el Poder Judicial funcione mejor. No puede un magistrado trabajar sin respetar los derechos y las personas que están con él“.

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