Provinciales
Juez Federal alertó sobre avance del crimen organizado en la Triple Frontera
“Mucho se ha hablado y mencionado sobre el actuar de algunos comandos por el Primer Comando de Frontera (PCF), el Primer Comando Capital (PCC), el Comando Vermelho (CV) y Bala Na Cara. La presencia no es hipotética. De los 9 sujetos con extradición internacional que tenemos, las alertas rojas los vinculan directamente con una u otra de esas organizaciones”, alertó el juez Miguel Ángel Guerrero, titular del Juzgado Federal de Eldorado, con competencia en la zona de Triple Frontera, en encuentro nacional sobre narcotráfico realizado en la ciudad de Rosario el último jueves.
El magistrado fue el último en exponer en el marco del Encuentro Nacional de la Justicia Federal “El juzgamiento del narcotráfico”, organizado por la Asociación de Jueces y Juezas Federales de la República Argentina (Ajufe), y allí expuso la complejidad de las causas que se tramitan en su juzgado, alertó sobre el avance del crimen organizado en la región y también homenajeó al fiscal paraguayo Marcelo Pecci, recientemente asesinado en Colombia y con quien además de trabajar conjuntamente mantenía una relación de amistad.
“Mi idea era plantearles, no sé si lo voy a poder hacer en 3 minutos. un poco la realidad que se vive”, avisó Guerrero al comienzo de su alocución y luego se solidarizó con sus pares en Rosario por la permanente situación de violencia que se vive en esa ciudad santafesina, aunque sostuvo que “si no tomamos en cuenta lo que está pasando en la jurisdicción donde yo trabajo creo que en 10 años vamos a tener un problema muchísimo más grave que el que en este momento vive la ciudad de Rosario”.
Y eso fue tan solo la antesala de lo que el magistrado ahondaría en los pocos minutos de exposición. “En primer lugar, como para que tengan una idea, ese juzgado federal de primera instancia (por el de Eldorado) tiene competencia en la zona de la Triple Frontera, hasta tanto no se habilite el Juzgado Federal de Puerto Iguazú. En este momento, tenemos 27.000 causas en la secretaria de ejecuciones fiscales, 13.000 causas en la secretaria penal y 10.000 causas en la secretaria civil. El plantel técnico es de 22 personas”.
A partir de ello, reclamó que “ese juzgado federal multifuero fue diseñado en el año 1985 y habilitado en 1988, donde el curso anual de expedientes en las dos secretarias era de 300 expedientes. Actualmente, sólo en la secretaria penal, ingresan 1.300 expedientes por año”.
Desde ese punto, Guerrero problematizó sobre la cantidad de personal abocado al juzgado y la complejidad de las causas que se tramiten en los pasillos del Juzgado Federal de Eldorado. “Ese equipo que acabo de mencionar tramita causas de una complejidad que he intentado explicar en numerosos foros, la famosa causa del Clan Barakat, sobre financiamiento del terrorismo, lavado de activos con financiamiento del terrorismo en una casa de juegos de azar en la Triple Frontera. Esa causa jamás mereció la atención del Poder Judicial como para designar un equipo de especialistas que ayuden a los generalistas que somos todos los integrantes de un juzgado multifuero”, reclamó ante un auditorio repleto de autoridades judiciales y gubernamentales.
El magistrado señaló que la investigación trazada determinó, en 2016, unas 2.700 transacciones que importaron más de 3 millones de dólares y explicó que el 99% de esas transferencias salieron de una sola ciudad a puntos controlados por la organización terrorista a la que reportarían. Ese grupo terrorista al que hace referencia sería Hezbollah.
PCF, PCC, CV, Bala na Cara y más
Pero Guerrero no culminó allí y aprovechó al máximo su tiempo al frente del micrófono para continuar exponiendo la realidad de Misiones y, principalmente, de la Triple Frontera.
“El secuestro en los tres primeros meses del año 2022 de más de 45 toneladas de marihuana, de 10.000 pastillas de MDMA, de 180 kilogramos de cocaína, de 335 millones de pesos en mercadería en infracción al código aduanero. Todo ese caudal de causas es gestionada por una estructura que se diseñó y planificó para una realidad de 1985”, reclamó.
Y alertó que “la abrupta irrupción de organizaciones violentas con trágicas historias en los vecinos estados, asociados a grupos locales vinculados al narcotráfico. El lavado de activos con fines de financiamiento del terrorismo, el contrabando, el tráfico y la trata de personas, conforman una nueva realidad de ese juzgado. Nueve detenidos en los últimos 45 días son expedientes de extradiciones internacionales que son ciudadanos que registran alertas rojas con capturas ordenadas por jueces federales y locales de la República Federativa de Brasil vinculadas a la delincuencia organizada transnacional”.
A partir de allí, el juez, que en su momento también fue blanco del narco-sicario paraguayo Néstor Fabián “El Negro” Rojas, puso nombre a las organizaciones que acechan en la región tripartita.
“Mucho se ha hablado y mencionado sobre el actuar de algunos comandos por el Primer Comando de Frontera (PCF), el Primer Comando Capital (PCC), el Comando Vermelho (CV) y Bala Na Cara. La presencia no es hipotética. De los 9 sujetos con extradición internacional que tenemos, las alertas rojas los vinculan directamente con una u otra de esas organizaciones”, lanzó.
Por último, el magistrado aprovechó la oportunidad para rendir un breve homenaje al fiscal paraguayo Marcelo Pecci y pidió reflexionar sobre la realidad que se vive en esta región, reclamando al Estado por su seguridad y la de sus colegas.
“Reflexionar que en la Triple Frontera la lucha contra la delincuencia organizada transnacional no siempre resulta igual. Las organizaciones que operan al margen de la ley no en pocas oportunidades ostentan una mejor logística y mayor poder económico que las propias organizaciones de seguridad del Estado argentino. La integridad física y la vida de todos los jueces y fiscales debe ser responsabilidad del estado, ya que de esas magistraturas depende no solo la salud de la república sino su propia existencia y desarrollo”, culminó ante el auditorio colmado.
Provinciales
El Concejo de Iguazú aprobó la emergencia por consumos problemáticos
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
Provinciales
Piden mesa de diálogo con la provincia por conflicto territorial en San Pedro
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Provinciales
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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Manifestación tras detención de Ángel Rivero
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