Provinciales
Yerba mate: la brecha del nuevo precio está entre los 35 y 51 pesos
Los productores piden el máximo, que es el precio actual del mercado. Los industriales quieren el valor más bajo. El INyM habla de 42 pesos.
La brecha entre los valores propuestos para el nuevo precio de la yerba mate oscila entre los 35 y los 51 pesos, aunque el estudio de costos del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INyM) llega a 42 pesos para el kilo de hoja verde.
Tales diferencias volverán a la mesa de discusiones el lunes próximo, ocasión en que la cadena productiva intentará llegar a un acuerdo para evitar el laudo de la Nación, siempre contrario a los intereses de la zona productora.
El debate desembarcará con la postura casi irreductible de los productores ante la pulseada que proponen los industriales, quienes se sentaron con un valor de 30 pesos y ahora cedieron hasta los 35 pesos, y nadie asegura que aflojarían algo más.
El Instituto, con seguridad mantendrá en forma inflexible los 42 pesos de su propio estudio de costos, en una postura intermedia que podría servir para acercar a las partes, una tarea titánica a esta altura de las idas y vueltas.
Productores vs industriales
Los nuevos valores deben comenzar a regir desde octubre, pero como históricamente sucede, son casi nulas las posibilidades de llegar a un pacto, con lo cual se abrirá otra vez el camino a la intervención de Nación, como prevé el mecanismo.
Una razón pragmática que sostiene la producción, refiere que el ofrecimiento de los industriales se encuentra por debajo de los valores que en la actualidad se pagan en el mercado, de 52 pesos, y además ni siquiera se acerca a los 42 del INyM.
¿A que se debe la diferencia? Es un misterio, aunque los que pretenden pagar menos hablan con insistencia de la necesidad de no fomentar la inflación, teniendo en cuenta el puesto del paquete de yerba mate en la canasta familia.
Los industriales calificaron como una “ambición desmedida” la de los productores porque hacen “un pedido de incremento de la materia prima de 40 por ciento en seis meses y de 80 por ciento en doce meses”.
En ese crítico papel, remarcaron que se trata de “una estimación que no está en consonancia con lo que soporta el país y que repercutirá en el bolsillo de los consumidores”, en referencia al pedido de la producción.
Los productores rechazaron esa observación, desde otra esquina, al señalar los aumentos en el costo de la mano de obra; en los insumos que se estiman a valor dólar, como referentes del costo final de la hoja verde y la puesta en secadero.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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