Por medio del Decreto 2161, el gobernador Hugo Passalacqua instruyó al fiscal de Estado de Misiones, Fidel Duarte, a que ejecute todas las medidas y acciones judiciales que sean necesarias para “defender” los intereses y derechos de la provincia que pudieran estar siendo  afectados por “acciones u omisiones” de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

De acuerdo a lo que precisó en el documento el primer mandatario, la Ley I -158 estableció “el dominio público” de Misiones y “su responsabilidad” sobre las riberas naturales y “todas las porciones de tierra” que la EBY expropió y “que luego del recrecimiento del embalse a su cota definitiva no resulten inundadas y que no sean necesarias para el emplazamiento de obras e instalaciones correspondientes al emprendimiento hidroeléctrico”.

Seguidamente, Passalacqua enfatizó que “resulta necesario ejercer el legítimo derecho de
defensa de los intereses de esta provincia, a los fines de efectuar las pertinentes acciones judiciales que correspondieren”.

La medida del gobernador se enmarca en la intención de la EBY relocalizar a clubes náuticos de Posadas en torno a la Bahía de El Brete.

“Instrúyase al señor Fiscal de Estado de la Provincia de Misiones para que, en virtud de la representación que le compete por Ley, ejercite… las acciones y defensas que pudieran corresponder para hacer valer y defender los derechos e intereses del Estado Provincial, en pos del cumplimiento del objetivo de la Ley I – 158 y sus concordantes, relativas y/o cualquier norma que resulte aplicable a tal fin, y que pudiesen  encontrarse afectados por acciones u omisiones de la Entidad Binacional Yacyretá”, sostiene el documento.

El decreto 2161, con firma del 21 de octubre del 2025, lleva la firma del primer mandatario misionero y del ministro de Coordinación General de Gabinete, Héctor Ricardo Llera.

Instruí al Fiscal de Estado a que tome las medidas y acciones judiciales correspondientes para la defensa de los intereses públicos de la Provincia ante la EBY por los casos que son de conocimiento general, tal como indica la Ley I-N° 158. pic.twitter.com/W3jcKAjtny

— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) October 21, 2025

Clubes vs EBY: “Vamos a resistir hasta las últimas consecuencias”

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Julia Halbertad logró un principio de acuerdo con autoridades educativas el pasado viernes, por lo que decidió levantar la huelga de hambre y retomó actividades como personal de servicio en la Epet 11 de Montecarlo, en la jornada de ayer, mientras aguarda definiciones para acceder formalmente al cargo.

Halbertad se desempeñó como portera de la institución desde el año 2021 y en mayo pasado fue cesanteada luego de que el portero titular se jubilara. La situación generó gran revuelo entre docentes, directivos y padres de la institución, quienes buscaron respuestas -ante la caída del cargo- sin obtenerlas.

Por ese motivo, el jueves pasado Julia inició una huelga de hambre que se extendió poco más de 24 horas, hasta que se produjo el principio de acuerdo. Mientras tanto, desde el Consejo General de Educación alegaban a la “baja matrícula” de la casa de estudios que alberga alrededor de 300 estudiantes y, en segundo lugar, a una “pensión no contributiva nacional”, la cual finalmente fue dada de baja, según confirmó ella misma a La Voz de Misiones.

Fue por eso que, a primera hora de este lunes fue citada por Anses, donde analizó junto al organismo nacional la situación señalada recientemente como impedimento por el CGE, tras cuatro años de prestar servicios en escuelas de la zona.

Apoyo

El Movimiento Pedagógico de Liberación emitió un comunicado en el que exigió a las autoridades del CGE que “reconozca al personal de servicio como trabajadores de la Educación con derechos plenos y que discuta seriamente una Ley que termine con la precariedad del sector”.

A lo que añadieron: “Denunciamos públicamente que en ningún momento la titular del CGE se preocupó ni por la salud ni por establecer diálogos de resolución del conflicto, que sí lo hicieron otros funcionarios, acuerdos que esperamos se respeten”.

“La señora López jamás explicó, ni dialogó sobre este tema con la trabajadora, sí ejecutó prácticas que dilataron y que desembocaron en el lamentable hecho que le tocó vivir a ésta trabajadora”.

Y concluyeron: “Pese a lo anterior saludamos este esfuerzo y triunfo, esperemos sea ejemplo para otros personales de servicios que a lo largo y ancho de esta provincia pierden sus puestos de trabajo, de manera amañada, aplicando argumentos como baja matrícula que violan claramente -no solo el derecho de los trabajadores- sino también el derecho de niños y docentes a estar en un ambiente limpio y sano”.

El CGE explicó incompatibilidad en caso de portera cesanteada en Montecarlo

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Los caciques Francisco Ramos, de la comunidad Marangatú de Puerto Leoni, e Hilario Moreira de Tapé Mirí, ubicada en Garuhapé, fueron designados presidente y vicepresidente del Consejo de Caciques, organismo encargado de defender y representar las voces de la nación mbya guaraní frente a los gobiernos provincial y nacional.

La designación se dio durante la Asamblea General de las Comunidades Mbya Guaraní llevada a cabo en la aldea El Pocito de Capioví, del 14 al 16 de octubre pasado, con la participación de alrededor de 250 integrantes de al menos 100 comunidades mbya radicadas a lo largo y ancho de la provincia. 

En ese marco, enumeraron las demandas aún presentes que serán exigidas por el Consejo proximamente, entre ellas; la incorporación del derecho indígena a la Constitución provincial, regularización de territorios, servicios básicos, acceso a la salud y educación intercultural, mejora de caminos, viviendas, inversión, políticas públicas con perspectiva mbya guaraní y el cese de intrusiones y desmontes dentro del territorio indígena.

Frente a esto, adelantaron que el próximo lunes 20 de octubre presentarán un documento con cada una de las demandas al Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia de Misiones y a la Dirección de Asuntos Guaraníes.   

La asamblea general de comunidades se realizó durante tres días en Capioví

Otras consideraciones

De la asamblea desarrollada durante tres días en la localidad de Capioví participaron caciques, lideresas, jóvenes, docentes, mujeres, promotores de salud y estudiantes, como resultado de la manifestación con acampe encabezado por comunidades en la plaza 9 de Julio de Posadas del 15 al 19 de septiembre pasado.

La medida de fuerza fue levantada luego de una reunión con el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez, quien se había presentado en el lugar desde el primer día de acampe a fin de llegar a un acuerdo. Tras cinco días de debate, se comprometió a trasladarlos en colectivo hasta sus comunidades y facilitar los recursos necesarios para llevar a cabo la asamblea provincial que finalmente se concretó esta semana.

En esa oportunidad, la manifestación en la capital provincial contó con el acompañamiento de la sociedad en general. En tanto, el presidente de la Cámara de Rrepresentantes, Oscar Herrera Ahuad y la ministra de Derechos Humanos, Karina Aguirre, firmaron un acta de compromiso con la realización de la asamblea general, en la que garantizaban el traslado de todas las comunidades de la provincia, como así también el alimento para los días de duración, además de acordar la presencia de funcionarios al finalizar la asamblea.

Sin embargo, “varios compromisos no se cumplieron”, repudiaron los caciques, y aseguraron que el acompañamiento de la asamblea, por parte del gobierno provincial, “fue muy precario”.

Durante la asamblea los caciques también definieron el equipo técnico territorial de las comunidades en distintas zonas de la provincia, los cuales tienen la tarea de hacer relevamientos y llevar las demandas del territorio al Consejo de Caciques. Y decidieron que la misma se realice dos veces por año, como principal órgano de consulta para el Consejo.  

Para finalizar, lamentaron a través de un comunicado que: “La ausencia de funcionarios del gobierno provincial el jueves por la tarde en la asamblea, fue tomada por sus participantes, como falta de voluntad política, de interés y responsabilidad con sus funciones públicas”. 

Y concluyeron: “La asamblea de las comunidades busca seguir generando lazos entre las mismas, para tener mayor unidad y fuerza en sus acciones, así como también convoca al resto de la sociedad a acompañar y unir fuerzas en las luchas por los derechos humanos, hoy seriamente amenazados”.

Alrededor de 100 comunidades mbya presentes a lo largo y ancho de la provincia participaron de la asamblea general

Mbyas piden la regularización de tierras y servicios con acampe en la plaza 9 de Julio

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