Provinciales
Represor volvió a ser declarado “incapaz” de afrontar su juicio en Misiones
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En vísperas a un nuevo Día de la Memoria, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas volvió a declarar incapaz de afrontar su juicio a un represor de la última dictadura militar y suspendió el proceso por un plazo de diez meses, aunque no declaró extinguida la causa penal, por lo cual en el futuro se deberá ordenar nuevas pericias médicas para determinar si en algún momento el imputado, Héctor Leopoldo Flores, puede responder ante la Justicia por los hechos cometidos en la etapa más oscura del país.
Flores, actualmente domiciliado en Buenos Aires y con 90 años de edad, fue un teniente coronel que estuvo a cargo del Regimiento de Infantería de Monte 30 de Apóstoles, del Ejército Argentino, desde octubre de 1975 hasta octubre de 1977, período en el cual -según la investigación trazada- cometió delitos de lesa humanidad.
Se lo acusa, específicamente, de los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada, con imposición de tormentos, en concurso real (21 hechos) y homicidio calificado”. Dicho de otra manera, está imputado por el secuestro y tortura de 21 personas, y un asesinato, el de Carlos “Charly” Pérez Rueda, correntino fusilado en Cerro Moreno, San Ignacio. Sus víctimas fueron, en su mayoría, militantes e integrantes de las Ligas Agrarias de Misiones.
El expediente que se instruye en su contra fue elevado a juicio en 2011 y el represor estuvo tres años preso -bajo la modalidad de arresto domiciliario-, desde el 13 de agosto de 2009, hasta el 12 de diciembre de 2013.
Justamente, en 2013 el hombre debía sentarse en el banquillo de los acusados del TOF posadeño para enfrentar a la Justicia por los hechos atribuidos en su contra, pero una pericia médica impidió la realización del debate oral.
En aquel entonces, Flores tenía 82 años y una junta médica determinó que su estado de salud le impedía afrontar el proceso, ante lo cual se declaró la “incapacidad sobreviniente” del imputado, dispositivo contemplado en el artículo 77 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN).
En consecuencia, se suspendió el proceso por un plazo de seis meses hasta la realización de nuevos estudios.
Al borde la impunidad
Sin embargo, en el camino hubo otra resolución que estuvo al borde de dejar impune la causa contra Flores.
Es que el 13 de junio de 2019, argumentando que el estado de salud de Flores era irreversible, los jueces Eduardo Belforte y María Delfina Denogens, dictaminaron el sobreseimiento definitivo del imputado, con la consecuente declaración de la extinción de la causa penal. Además, se dispuso la inmediata libertad del acusado y el cese de su prohibición de salida del país.
La medida dejaba sin efecto la causa y los hechos imputados al represor quedarían impunes, pero la Fiscalía Federal, a cargo de Vivian Barbosa, y la querella del Ministerio de Derechos Humanos de la provincia de Misiones, representada por el abogado Juan Bautista Martínez, apelaron la resolución.
Esa apelación fue analizada por la Sala II de la Cámara Federal de Casación, cuyas autoridades hicieron lugar a los planteos de la fiscalía y la querella, ordenando que el expediente sea reenviado al TOF de Posadas para que el proceso continúe su curso hasta la celebración del correspondiente debate oral y público.
Nueva pericia médica
De esa forma, en 2021 se llegó a una nueva pericia médica (psicológica, psiquiátrica y clínica general), cuyos resultados ahora motivaron una nueva suspensión del proceso, aunque la misma no contempla posibilidad alguna de declarar extinguida la causa.
De acuerdo a los documentos obtenidos por La Voz de Misiones, de la pericia realizada por los profesionales del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) se desprende que las facultades mentales de Flores “no encuadran dentro de los parámetros considerados como normales”; que “se encuentra desorientado globalmente respecto a su persona, espacio, tiempo y estado; que “no se expresa en forma oral ni gestual”; con “movilidad restringida” -usa silla de ruedas-; y “sin control de esfínteres” -usa pañales permanentemente-.
En base a lo expuesto, la junta médica concluye -entre otras consideraciones-, que Flores “padece de un deterioro global de sus funciones psíquicas” y un “deterioro cognitivo grave que limita su autonomía en forma severa”.
Con estos informes sobre el tapete, el TOF de Posadas, esta vez integrado por los magistrados Fermín Amado Ceroleni, Juan Manuel Iglesias y Víctor Alonso González, resolvieron volver a declarar la incapacidad del imputado para afrontar su juicio y suspender el proceso por un plazo de diez meses.
Pero, los magistrados fueron claros al exponer que la situación analizada no contempla la posibilidad de la aplicación del artículo 336 del CPPN, que trata sobre la extinción de la causa penal en favor del imputado.
“Debemos considerar que, la resolución del caso en este tipo de cuestiones, tal como ya se ha señalado en autos, se encuentra asociada a la subsistencia de una situación de hecho mutable en el tiempo, que impone un análisis dinámico y continuo (art. 77 del C.P.P.N); sumado a que FLORES se encuentra imputado por la presunta comisión de delitos de Lesa Humanidad, respecto de los cuales el Estado Argentino ha asumido una responsabilidad en su juzgamiento, por lo que su tratamiento resulta de vital importancia, en razón de la repercusión social que acarrea”, argumentaron los magistrados en el documento firmado el último viernes.
Al mismo tiempo, resolvieron mantener el cese de la prisión preventiva, habida cuenta de que, al encontrarse completamente acabada la investigación, no existen riesgos de entorpecimiento de la causa, ni tampoco consideraron un latente peligro de fuga en virtud del delicado estado de salud del implicado.
Por lo tanto, dispusieron que Flores puede continuar en libertad, aunque sí volvieron a imponerle una prohibición de salida del país.
“Pero lo cierto es que en este caso en particular, disponer nuevamente una medida de restricción de la libertad ambulatoria de FLORES, cuyo único fundamento fuera la gravedad de los hechos imputados -crímenes de Lesa Humanidad-; la complejidad de la causa y la repercusión social que trae este tipo de Juicios; sin considerar siquiera sus condiciones personales y su desmejorado estado de salud, que lejos de revertirse se agrava con el tiempo -lo que impide en el mejor de los casos, que pueda ser juzgado en un plazo razonable-; implica un adelanto de pena y un ensañamiento que atentaría incluso contra la dignidad y la integridad física del nombrado, contrarios a todos los estándares de un estado de derecho”, explicaron los jueces en la resolución.
El fusilamiento de Pérez Rueda
Carlos Pérez Rueda era correntino. Jugaba al rugby en el club Aranduroga y formaba parte de la selección Unión de Rugby del Noreste (URNE).
En Corrientes fue fundador de la Juventud Peronista y también militó, tanto en el Frente Eva Perón como en las Juventudes Rurales.
Tras el golpe militar del cual mañana se cumplen 46 años, Pérez Rueda huyó a Misiones y se refugió en una chacra de Cerro Moreno, en San Ignacio, donde se ganaba la vida como chacrero. Era conocido como “Gringo”.
En la Tierra Colorada también fue parte de la creación del Partido Peronista Auténtico y se convirtió en oficial Montonero, pero el 25 de noviembre de 1976 fue fusilado por el Ejército en cercanías a su chacra. Tenía 26 años y dos hijas, según reconstruyó Socompa, periodismo de frontera, en 2020.
Su esposa, Gladys Claver Gallino y sus dos hijas, también fueron víctimas de la persecución del aparato represivo y secuestradas. La mujer estuvo detenida desde el 22 octubre de 1976, hasta el 27 de diciembre de 1983.
Durante su detención, Claver Gallino tuvo contacto con el ex policía Felipe Giménez, juzgado y condenado junto a Carlos Herrero, Julio Amarilla y Carlos Pombo, en un juicio oral celebrado en Posadas en 2012.
En Misiones se desarrollaron cuatro juicios por delitos de lesa humanidad. Resta el celebrar el debate oral contra Flores y Carlos Humberto Caggiano Tedesco -ya condenado en otros expedientes- también tiene una causa abierta que espera fecha de audiencia.
fallo - 2022-03-23T171505.706
Provinciales
Piden suspensión de la matrícula del abogado Gustavo Maldonado
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En un escrito dirigido al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Misiones (Cademis), el periodista Enrique Ortiz – víctima de lesiones y amenazas propinadas por el abogado Gustavo Maldonado el miércoles pasado-, solicitó la suspensión inmediata de la matrícula profesional de su agresor, por lo menos, hasta que se resuelva su situación procesal y jurídica.
El pedido para que suspendan a Maldonado del ejercicio de la abogacía fue realizado por Ortiz a través de su representante legal, Horacio Esquivel, y coincide con el sumario que, de oficio, el mismo órgano disciplinario de Cademis anunció el viernes, luego que declararan al matriculado violento como “prófugo de la justicia”.
Mientras Maldonado continúa evadiendo a las autoridades judiciales que solicitaron su comparecencia, un grupo especial de la policía intenta dar con el paradero del letrado en fuga quien, desde la clandestinidad, grabó un video en las últimas horas denunciando “persecución política y judicial”.
Gustavo Maldonado debe responder a la Justicia sobre una denuncia por el delito de “amenazas agravadas y lesiones leves” contra el periodista Enrique Ortíz. El Colegio de Abogados, a su vez, analizará su desempeño por presuntas vinculaciones con autoridades del gobierno provincial, lo que viola el código de ética de la mencionada institución en sus artículos 26 y 27.
LVM pudo acceder al documento que solicita la suspensión de la matrícula profesional de Maldonado. Fue presentado ante el Tribunal de Disciplina con material fotográfico, videos y testimoniales, a través de los cuales el denunciante aseguró que:
“Maldonado se maneja así, no solo con sus propios clientes, sino también con la contraparte, amedrentando tanto en sede de juzgados y comisarías, como en otros estamentos públicos, diciendo ser amigo del Ministro de Gobierno Marcelo Pérez y del mismo Gobernador, Hugo Passalacqua, imponiendo de esta forma poder, arrogancia y miedo con quien está tratando”.
A su vez, añade que el abogado en cuestión “tiene sendas denuncias públicas, de propios clientes, sobre este proceder temerario, donde deja a las claras su carácter contumaz y totalmente fuera de derecho, creando temor hacia sus propios clientes y contraparte”.
“Considero justo que se condene con una sanción ejemplar al abogado Maldonado, ya que vivimos en un estado de derecho y no en el “far west”, donde existen las leyes, la defensa en juicio y un juez competente quien debe garantizar y velar en todo momento por la justicia y el orden público”, concluye la denuncia.
Un tercer implicado
Fuentes policiales lograron establecer, mediante testigos, cámaras de seguridad y tareas de inteligencia previa, la participación de un tercer cómplice que sería un “entregador”. En estos momentos está siendo investigado por la Justicia y habría sido identificado.
Todo comenzó el pasado miércoles alrededor de las 19, cuando el periodista Enrique Ortíz fue agredido frente a su domicilio con golpes y empujones propiciados por el abogado Gustavo Maldonado, acompañado por Gastón Machado, quien habría estado portando un arma de fuego, por lo que logró ser capturado el pasado viernes en Posadas.
Mientras tanto, Gustavo Maldonado permanece prófugo de la Justicia y el viernes, tras un allanamiento realizado en su domicilio por la Policía, por orden del juez Pedro Piris, grabó y viralizó un video denunciando “persecución política y judicial”, haciendo responsable a la Justicia, las fuerzas de seguridad y al propio gobernador.
Por su parte, el letrado posadeño Federico Esquivel solicitó ante el Juzgado de Instrucción Cinco la querella en representación del periodista agredido, a fin de impulsar y colaborar en la investigación junto al juez que investiga la causa, Pedro Piris.
Desde la clandestinidad Maldonado denunció: “persecución política y judicial”
Provinciales
Cademis abrió sumario contra el abogado Maldonado para evaluar sanciones
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Tras la viralización de videos y la denuncia presentada por el periodista Enrique Ortíz, quien fue víctima de violencia física y amenazas en su domicilio por parte de Gustavo Maldonado, el Colegio de Abogados de Misiones (Cademis) emitió un comunicado en el que confirmó la apertura “de oficio” de un proceso contra el letrado acusado ante el Tribunal de Disciplina
De esta manera, comenzaron las investigaciones “a fin de que se determine la responsabilidad del matriculado, de conformidad al procedimiento aplicable y sanciones previstas en los arts. 26 y 27 del Estatuto”.
Consultado por LVM, Antonio Lopez Forastier, presidente del Colegio de Abogados de Misiones, explicó que los mencionados artículos establecen las sanciones que pueden ser de apercibimiento, suspensión y cancelación definitiva de la matrícula.
Cualquiera de ellas, será determinada por el tribunal que está integrado por tres miembros de la institución. De todas maneras, Forastier aclaró que “el proceso no implica la suspensión inmediata”.
A lo que agregó: “Primero se incorporan todas las pruebas, luego se le da un traslado a Maldonado y finalmente el tribunal integrado por tres colegas dicta sentencia aplicando la sanción”.
Situación actual
Por el momento se encuentra detenido Gastón Machado, quien logró ser capturado por la Policía de Misiones a primeras horas de este viernes en Posadas, por orden del magistrado Pedro Piris, actualmente titular subrogando del Juzgado de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem.
Machado había acompañado a Maldonado hasta la casa del periodista y habría estado portando un arma cuando se desataron las amenazas. Mientras tanto, los efectivos continúan realizando operativos de búsqueda en diferentes puntos, de manera abierta y encubierta, para dar con el principal acusado, quien permanece prófugo.
Por su parte, el periodista Enrique Ortíz continúa con custodia policial es su domicilio y exteriores.
Agresión a Ortíz: Maldonado continúa prófugo y detuvieron a su acompañante
Provinciales
La boda del año: Pedro Puerta y Karen Fiege darán el sí el 26 abril
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Un hotel en Puerto Iguazú es el lugar elegido para el evento que marcará la coronación de la historia de amor que los une hace siete años. Dos ceremonias religiosas y una fiesta con más de 300 invitados para sellar la unión entre Pedro Ramón Puerta y Karen Victoria Fiege, el sábado 26 de abril.
El dato trascendió una vez que la pareja de diputados provinciales -él, opositor con partido propio; ella, oficialista pura- enviaron recientemente las invitaciones a sus elegidos para la reserva de la fecha (save the date) de la gala, con tres únicos anuncios: casamiento, ciudad y fecha.
La Voz de Misiones indagó en el entorno de los futuros esposos para conseguir más detalles y logró declaraciones exclusivas de la novia, que no quiso develar secretos sobre lo que será, la boda del año.
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COMPLICES. La pareja se fortalece y convive en el ámbito de la política.
Pedro Ramón, -36 años, empresario, abogado y político nacido en Apóstoles- conoció a Karen Victoria, -32 años, abogada, técnica en turismo y periodista nativa de Jardín América- en medio de la vorágine de la política misionera, uno de los temas que apasiona y enlaza a la pareja.
“Nos conocimos en 2015, bardeándonos por Twitter, y en 2017, él me invitó a tomar algo”, recordó Karen sobre el inicio de la relación. “Fueron muchas idas y venidas. Éramos muy chicos, ahora estamos en otra etapa de nuestras vidas”, sintetizó.
– ¿Te casas enamorada?, preguntó LVM.
– “No, enamorada te casas a los dos meses conociendo a alguien, cuando no le encontrás defectos”, contestó y agregó: “Me caso amando a una persona, con defectos y virtudes como también tengo yo”.
“Pedro es único y nos reímos mucho”, dijo Karen y detalló: “Creo que, si tengo que elegir algo de él, es que tenemos el mismo humor”.
Jóvenes, en sintonía y con convicciones políticas aparentemente antagónicas, la pareja atravesó procesos internos y soportó las miradas de quienes cuestionaban la relación que se consolidó tanto, hasta que, desde julio del año pasado conviven en una casona de campo a siete kilómetros del casco urbano de Apóstoles.
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VIAJEROS. Los novios acumulan miles de kilómetros recorridos juntos.
300 invitados, dos ceremonias y cuatro ex presidentes
Puerto Iguazú, la ciudad que cobija una de las siete maravillas naturales del mundo, fue elegida para el evento y dos factores fueron determinantes: el acceso a un aeropuerto internacional y la capacidad hotelera de alto nivel, condiciones fundamentales para recibir y albergar a gran parte de la lista de alrededor de 300 invitados.
La convocatoria enviada de manera electrónica guarda en secreto el nombre del importantísimo hotel que será sede del encuentro que incluirá la unión civil y dos ceremonias religiosas. Un sacerdote oficiará una misa católica y un sheij -clérigo de la comunidad islámica- elevará sus oraciones para bendecir la unión nupcial, reforzando las tradiciones y orígenes de ambas familias.
“Se esperan cerca de 300 invitados”, remarcó una fuente cercana a los novios, que se mostró muy entusiasmada con el acontecimiento y reveló que “la lista incluye varios ex presidentes argentinos”.
Entre los ex mandatarios referidos, puede adivinarse al ex gobernador de la provincia y padre del novio, Ramón Puerta, y sus ex colegas que ocuparon la presidencia en la crisis del 2001, el bonaerense Eduardo Duhalde y el puntano Adolfo Rodríguez Saá; y también al ex presidente Mauricio Macri, padrino de Pedro y amigo íntimo de la familia.
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UNIDOS. La pareja eligió formalizar la relación y comenzar una nueva etapa.
Diseño, código y tradición
Sobre el vestido de la novia, la fuente reveló otra particularidad: “Está a cargo de Querida Muna”, adelantó, en referencia a la diseñadora argentino saudí que vistió en ocasiones a Zulemita Menem y Juliana Awada.
La elección no resulta para nada una extravagancia si se tiene en cuenta el árbol genealógico de la novia -orgullosa representante de la colectividad libanesa- y el hecho de que las creaciones de la diseñadora reflejan un espíritu árabe moderno, con reminiscencias mediterráneas.
Si bien todavía no está confirmado, el tenor del evento sugiere que los invitados recibirán una segunda invitación con detalles como el lugar exacto y un código de vestimenta (dress code) para la correcta elección de los atuendos, según el concepto pretendido por los organizadores.
La intensidad del año político y la fecha elegida para la boda, (poco antes de las elecciones de medio término en Misiones, donde se especula con el adelantamiento del llamado a las urnas para la primera quincena del mes de mayo) impedirán cumplir con la tradición del viaje de luna de miel. Es un hecho, la pareja, con varias millas compartidas y decenas de aeropuertos del mundo, se concentrará en una nueva etapa con muchas responsabilidades.
Y es que Pedro y Karen son actores de relevancia en la escena política misionera, y ahora deberán enfrentarse en la arena pública, cuando vuelvan las sesiones ordinarias en la Cámara de Representantes y compartan el Recinto.
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