Provinciales
Realizaron 202 abortos legales en Misiones en el primer semestre de 2021
A punto de cumplirse un año de la sanción de la Ley 27.610, que aprobó el aborto legal en la Argentina, en Misiones se realizaron 202 Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) en el primer semestre del 2021.
Es decir que, en 6 meses, se concretaron más de un aborto legal por día en la tierra colorada. Asimismo, en el país se realizaron 25.894 interrupciones voluntarias en centros de salud y hospitales.
Los datos se desprenden del proyecto Mirar, una iniciativa llevada a cabo por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) e Ibis Reproductive Health, quienes observaron la aplicación de la nueva Ley en el territorio nacional.
Un dato que se destaca del informe es que, desde la aplicación del derecho a interrumpir el embarazo a las personas gestantes, la tasa de fecundidad adolescente -entre 15 y 19 años- descendió 20 puntos.
De esta forma, del 62,6 por cada 1.000 adolescentes, la tasa de embarazos bajó a 40,6 por 1.000 mil jóvenes, a nivel nacional.
Por otra parte, desde el equipo que integra Mirar pudieron observar que la línea telefónica gratuita y confidencial de salud sexual y reproductiva 0800-222-3444, que habilitó el Ministerio de Salud de la Nación para facilitar el acceso a la IVE/ILE en todo el país, coordinando con las provincias y eliminando las barreras de acceso al derecho, no tuvo un incremento significativo.
Según argumentaron los investigadores, el motivo por el cual no se notaron aumentos en las consultas es la falta de difusión a la línea, que lleva un año de vigencia.
Además, destacaron que, de enero a junio, desde el organismo de salud que está cargo del canal de atención, se iniciaron seguimientos a partir de 10.529 contactos telefónicos realizados, que no necesariamente terminaron en abortos.
“Procesamos y analizamos información pública en materia de acceso a la IVE e ILE (interrupción legal del embarazo) en todo el país, y estudiamos el contexto sociosanitario y jurídico en el que se materializan las políticas públicas”, dijo a Télam la socióloga e investigadora de Cedes, Silvina Ramos.
Roles fundamentales
Quienes lideraron el proyecto Mirar resaltaron el rol que cumplen las Socorristas en Red en todo el territorio nacional, ya que, en el mismo período, 6.517 personas contactaron a las activistas para solicitar información de distintos puntos donde pudieran acceder al derecho.
Del total de las personas gestantes que se comunicó con las socorristas, 5.600 abortaron acompañadas por ellas. Además, seis de cada diez de quienes buscaron acompañamiento tenían entre 18 y 28 años, y el 4% eran adolescentes.
“Resulta fundamental continuar la difusión de lo que marca la ley en todas las jurisdicciones, y contar con la decisión política para sortear eventuales barreras que afecten el derecho de las personas a decidir sobre su propio cuerpo”, sostiene el proyecto.
Otro punto que se destaca en el seguimiento, a partir de la sanción de la ley, es que se iniciaron 36 acciones judiciales en contra de las personas que quisieron acceder a la interrupción del embarazo, bajo el alegato de inconstitucionalidad, la mayoría de las cuales fueron rechazadas.
De esta forma, los procesos judiciales siguieron su curso para garantizar el acceso a la IVE/ILE a las personas solicitantes y, además, exigieron explicaciones a los profesionales que obstaculizaron el acceso al aborto legal o violaron el derecho a la confidencialidad de las personas que interrumpieron su embarazo, expusieron desde Mirar.

Provinciales
Okä Porã en estado de “resistencia permanente” por conflicto con Arauco
Luego de que Asuntos Guaraníes se presentara en el predio donde reside la comunidad mbya Okä Porã a fin de “mediar” el conflicto territorial con Arauco -por lo que reclaman la defensa de sus derechos y el otorgamiento de personería jurídica- la tekoa reiteró su repudio a la multinacional tras un “nuevo acecho” y declaró “estado de resistencia permanente” en defensa de sus “tierras ancestrales” en Puerto Libertad.
A través de un comunicado, señalaron que la comunidad, ubicada en la zona del Lago Urugua-í, denuncia un “nuevo capítulo de hostigamiento y vulneración de derechos territoriales por parte de la empresa Arauco S. A. y fuerzas policiales”, por lo que, ante la falta de respuestas estatales, “la comunidad se declara en estado de resistencia permanente en defensa de sus tierras ancestrales”.
El conflicto inició a fines del año pasado, cuando trabajadores de la empresa forestal “incendiaron y amenazaron” en reiteradas oportunidades a las familias de la tekoa.
En el mismo sentido, señalaron que el pasado 6 de febrero, “agentes policiales junto a personal de la firma se presentaron en el territorio, alegando su propiedad e intentando forzar a las familias a reubicarse en una zona inundable, sin consulta previa ni garantías”.
Frente a este tipo de hostigamiento que, aseguran, continuó durante el mes, la comunidad siguió pidiendo apoyo de las organizaciones y la sociedad en general, solicitó que la provincia ponga en defensa los derechos por su preexistencia étnica, como también la “recomposición de todo el daño que el Estado y las empresas han hecho sobre la cultura mbya”.
El pasado 4 de marzo, la Dirección de Asuntos Guaraníes se presentó en el territorio ofreciendo una mesa de diálogo entre la comunidad y la empresa, instancia que hasta el momento no fue concretada. “En el acta dejamos constancia de que ofrecimos una mesa de diálogo, pero la comunidad hasta ahora no dio respuestas”, aclaró Francisco Rodríguez, titular del área estatal que se encarga de mediar los conflictos guaraníes.
Un territorio ancestral
Tal como explicó el cacique Javier Martínez en diálogo con La Voz de Misiones, el territorio en disputa antiguamente era ocupado por la tekoa Chéiro, dirigida por los caciques Julio Duarte y Elvio Benítez, y fue desplazada de manera forzada tras la construcción de la represa Urugua-í en la década del 90´, tras una inundación que afectó gran parte de la zona.
Actualmente son cinco familias con un total de 19 personas, entre ellas infancias y personas mayores que aguardan la tramitación de la personería jurídica que les permitirá permanecer en el predio sin el constante “asedio” de la empresa lindante.
“La tekoa pide respeto, exige recuperar el territorio indígena y que Arauco frene la violencia contra la comunidad en donde hay personas que necesitan la seguridad de vivir dignamente en un territorio del cual fueron expulsados y quieren volver porque no tienen a donde más”, solicitaron en el comunicado.
Para finalizar dejaron en manos de la provincia la voluntad de garantizar y cuidar su derecho al territorio, a la vivienda digna, la educación, energía eléctrica y demás servicios básicos.
En ese sentido, recordaron que, pese a la derogación de la ley 26.160 por el gobierno nacional, las comunidades indígenas y la posesión comunitaria aún se encuentran protegidas por la Constitución Nacional (Art. 75, inc. 17).
A su vez, el Convenio 169 de la OIT obliga al Estado a consultar a los pueblos originarios sobre cualquier medida que los afecte.
Mientras las comunidades luchan por parcelas vitales, la empresa Arauco S.A. concentra entre el 8% y el 10% del territorio de Misiones, llegando a controlar más del 70% de la zona forestal de Puerto Libertad. “Estas 230.000 hectáreas de monocultivos forestales no solo desplazan comunidades, sino que generan un daño ambiental irreversible en la selva paranaense”, señalaron las organizaciones acompañantes.
Ofrecen mesa de diálogo para conflicto territorial entre Arauco y Okä Porã
Provinciales
Suspenden la balsa de Panambí a Brasil por la bajante del río Uruguay
La Prefectura Naval Argentina (PNA) ordenó el bloqueo del paso fronterizo en la localidad de Panambí ante la imposibilidad de operar la balsa que conecta con Brasil, debido al bajo nivel del agua que impide la navegación segura.
La medida comenzó a regir a las 7,30 de este lunes mediante la suspensión temporal del servicio de transporte fluvial, el cual será rehabilitado cuando las condiciones del río permitan retomar la navegación con normalidad.
Desde tempranas horas de hoy, se apersonaron en el lugar efectivos de la Comisaría de Panambí, dependiente de la Unidad Regional II de Oberá, quienes realizaron un relevamiento en la zona costera para constatar el bloqueo del mencionado paso.
Por el momento no se registraron detalles sobre los niveles del río, pero a simple vista, el nivel fluvial dificulta la navegación y vuelve insegura la operatoria de la balsa que realiza el cruce entre Panambí y Porto Vera Cruz diariamente.
La reapertura del paso dependerá de la evolución del nivel del río en las próximas horas.

Histórica bajante del río Uruguay en Panambí.
Misiones y un 2026 con emergencia ígnea e hídrica todo el año
Provinciales
Realizan operativos para acercar servicios en comunidades mbya de Misiones
La Dirección de Asuntos Guaraníes, junto al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), iniciaron este lunes una serie de operativos que se extenderán hasta el viernes en comunidades mbya ubicadas en Bonpland, 25 de Mayo, Fracrán, San Pedro y Comandante Andresito.
Con el objetivo de “acercar servicios y garantizar derechos básicos”, Anses, Pami, el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Ministerio del Interior de la Nación y el Gobierno de Misiones, a través de Asuntos Guaraníes y el Inai, brindarán atención multiagencial en cinco comunidades.
De esta manera, sus integrantes podrán tramitar la emisión y renovación de su DNI, actualizaciones para menores y mayores, inscripciones tardías y reposiciones, tramitación de libreta AUH, acreditación de CUIL y certificación de escolaridad, carga de embarazo prenatal, asesoramiento jurídico y general, atención nutricional y orientación social.
Respecto a los días, este lunes estarán en la Tekoa Ivoty Okara de Bonpland, de 9 a 17, mañana martes en la Tekoa Tamandua de 25 de Mayo; durante el mismo horario, el miércoles en la comunidad Pai Antonio Martinez de Fracrán, el jueves en Alecrín de San Pedro y el viernes en Kagui Porá de Comandante Andresito.
Desde la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes destacaron que estas jornadas “permiten garantizar la presencia del Estado en los territorios, acercando herramientas concretas a las comunidades mbya guaraníes y promoviendo su inclusión integral”.
Comunidades mbya recibieron DNI, atención médica y nutricional
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