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Realizaron 202 abortos legales en Misiones en el primer semestre de 2021

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A punto de cumplirse un año de la sanción de la Ley 27.610, que aprobó el aborto legal en la Argentina, en Misiones se realizaron 202 Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) en el primer semestre del 2021.

Es decir que, en 6 meses, se concretaron más de un aborto legal por día en la tierra colorada. Asimismo, en el país se realizaron 25.894 interrupciones voluntarias en centros de salud y hospitales.

Los datos se desprenden del proyecto Mirar, una iniciativa llevada a cabo por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) e Ibis Reproductive Health, quienes observaron la aplicación de la nueva Ley en el territorio nacional.

Un dato que se destaca del informe es que, desde la aplicación del derecho a interrumpir el embarazo a las personas gestantes, la tasa de fecundidad adolescente -entre 15 y 19 años- descendió 20 puntos.

De esta forma, del 62,6 por cada 1.000 adolescentes, la tasa de embarazos bajó a 40,6 por 1.000 mil jóvenes, a nivel nacional.

Por otra parte, desde el equipo que integra Mirar pudieron observar que la línea telefónica gratuita y confidencial de salud sexual y reproductiva 0800-222-3444, que habilitó el Ministerio de Salud de la Nación para facilitar el acceso a la IVE/ILE en todo el país, coordinando con las provincias y eliminando las barreras de acceso al derecho, no tuvo un incremento significativo.

Según argumentaron los investigadores, el motivo por el cual no se notaron aumentos en las consultas es la falta de difusión a la línea, que lleva un año de vigencia.

Además, destacaron que, de enero a junio, desde el organismo de salud que está cargo del canal de atención, se iniciaron seguimientos a partir de 10.529 contactos telefónicos realizados, que no necesariamente terminaron en abortos.

“Procesamos y analizamos información pública en materia de acceso a la IVE e ILE (interrupción legal del embarazo) en todo el país, y estudiamos el contexto sociosanitario y jurídico en el que se materializan las políticas públicas”, dijo a Télam la socióloga e investigadora de Cedes, Silvina Ramos.

Roles fundamentales

Quienes lideraron el proyecto Mirar resaltaron el rol que cumplen las Socorristas en Red en todo el territorio nacional, ya que, en el mismo período, 6.517 personas contactaron a las activistas para solicitar información de distintos puntos donde pudieran acceder al derecho.

Del total de las personas gestantes que se comunicó con las socorristas, 5.600 abortaron acompañadas por ellas. Además, seis de cada diez de quienes buscaron acompañamiento tenían entre 18 y 28 años, y el 4% eran adolescentes.
“Resulta fundamental continuar la difusión de lo que marca la ley en todas las jurisdicciones, y contar con la decisión política para sortear eventuales barreras que afecten el derecho de las personas a decidir sobre su propio cuerpo”, sostiene el proyecto.

Otro punto que se destaca en el seguimiento, a partir de la sanción de la ley, es que se iniciaron 36 acciones judiciales en contra de las personas que quisieron acceder a la interrupción del embarazo, bajo el alegato de inconstitucionalidad, la mayoría de las cuales fueron rechazadas.

De esta forma, los procesos judiciales siguieron su curso para garantizar el acceso a la IVE/ILE a las personas solicitantes y, además, exigieron explicaciones a los profesionales que obstaculizaron el acceso al aborto legal o violaron el derecho a la confidencialidad de las personas que interrumpieron su embarazo, expusieron desde Mirar.

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Tras un mes sin agua, se restableció el servicio en comunidad mbya de San Ignacio

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La Dirección de Asuntos Guaraníes confirmó el restablecimiento del servicio de agua potable en la comunidad Ychongy Poty, luego de que, a más de un mes sin poder acceder al líquido vital, el municipio y la cooperativa afín resolvieran saldar la deuda de $1.800.000, correspondiente a la conexión del sistema hídrico. 

Al respecto, Francisco Rodríguez, director del área que funciona como nexo entre las comunidades mbya y el gobierno provincial, explicó a La Voz de Misiones que: “La comunidad estaba sin agua por una deuda de dicha conexión”, lo que afectaba a ocho familias integradas por alrededor de 35 personas.

También, detalló que la misma se encontraba a nombre del cacique y no de la comunidad, por lo que la provincia junto al municipio y la cooperativa acordaron saldar la deuda a fin de restablecer el servicio. 

Hoy ya cuentan con el agua correspondiente y está funcionando bien. Ya se le notificó al segundo cacique Gervacio Benítez porque el primero no se encontraba”, concluyó Rodríguez respecto a la última visita. 

Según consta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que Argentina adhirió, los Estados deben garantizar a los Pueblos Indígenas el acceso a servicios básicos que aseguren condiciones de vida dignas.

El caso

La faltante de agua potable en la comunidad Ychongy Poty se remonta al mes de febrero. Desde entonces, tanto niños como ancianos se vieron obligados a pasar días de calor extremo sin agua para beber, además de no poder realizar actividades básicas para la vida cotidiana, como cocinar o higienizarse en sus hogares, y debieron acudir a la solidaridad de sus vecinos. 

Desde un comienzo, el mburuvicha, Ariel Ramos, había reclamado que “el municipio debía hacerse cargo de afrontar el pago y, de un día para el otro, dejó de hacerlo sin previo aviso”, generando una deuda que les resultaba imposible saldar, por lo que realizó la denuncia correspondiente ante la Dirección de Asuntos Guaraníes.

La situación fue visibilizada por distintas organizaciones sociales y defensoras de los derechos indígenas, tal como el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y la abogada Roxana Rivas, quien coincidió en que la situación era irregular desde el punto de vista de que al contar con Personería Jurídica, el servicio debería estar a nombre de la comunidad y no del mburuvicha. 

La cooperativa tiene la obligación de garantizar un servicio mínimo a todos los ciudadanos, pero particularmente a las comunidades indígenas. Y es obligación del Estado atender esta situación desde una perspectiva comunitaria”, había señalado.

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Preparan actividades y marcha a la Legislatura por los 30 años del No a Corpus

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El próximo 14 de abril, en el marco del aniversario Nº 30 del plebiscito que frenó la construcción de la represa hidroeléctrica sobre el río Paraná en la localidad misionera de Corpus, la mesa provincial por el No a las Represas realizará una marcha hacia la Cámara de Representantes con el fin de “celebrar y reafirmar la voluntad de continuar defendiendo la libertad de nuestros ríos”. Previamente, el domingo 12, habrá distintas actividades en ese municipio.

Para dar a conocer la agenda movilizada por docentes, ambientalistas, organizaciones sociales, sindicales y la ciudadanía en general, la mesa provincial emitió un comunicado en el que recordó los últimos intentos por reactivar la propuesta.

“En nuestra provincia en los últimos tiempos se han escuchado voces de ex funcionarios provinciales y nacionales, diputados mandato cumplido, referentes de organismos nacionales, como la Comip, organizaciones como el colegio de ingenieros, tratando de promover un debate, ampliamente superado en nuestra provincia, acerca de la construcción de la represa de Corpus Christi”, resaltaron.

Lo que calificaron como “una clara actitud tendiente a desoír la voluntad de las misioneras y los misioneros expresada en el plebiscito de 1996 y no dar cumplimiento a la ley provincial que prohíbe avanzar en su construcción, sobre cualquier emplazamiento sobre el río Paraná”.

Por este motivo, convocaron a dos jornadas conmemorativas con el objetivo de “recordar que el próximo 14 de abril se cumplen 30 años de aquel histórico acontecimiento, en el que la ciudadanía misionera pudo libremente expresar su voluntad, rechazando la construcción del mencionado mega proyecto”.

El día domingo 12 de abril las actividades centrales se desarrollarán en la localidad de Corpus, lugar emblemático donde se llevó a cabo uno de los actos más recordados de la campaña por el NO. También habrá acciones en otras localidades a lo largo y ancho de la provincia, cuyos detalles se conocerán en los próximos días.

En tanto, el martes 14 de abril habrá una marcha desde el centro de Posadas hacia la Legislatura donde presentarán una nota exigiendo se avance con el tratamiento del proyecto de “Ley de Ríos Libres” ingresado el 15/07/2015 con expediente P.P. 2626/15 en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, el cual no logró tratamiento hasta el momento.

Para finalizar, exigieron públicamente “que las autoridades provinciales y legisladores, expresen de igual manera su voluntad de defender la Ley que ratifica el resultado del plebiscito con un 88 % de NO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA DE CORPUS”.

Por otro lado, instaron a las autoridades competentes a solicitar el “no apoyo a la reforma de la Ley de glaciares 26.639 y Ley de bosques 26.331, construidas, consensuadas y promulgadas con el acompañamiento amplio de la comunidad científica y los pobladores de los territorios de posible afectación siendo esto un motivo más que suficiente para que un legislador de nuestra provincia se oponga a semejante voluntad popular”.

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Yerbateros acordaron no vender el kilo de hoja verde por menos de $500

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Productores yerbateros de distintos puntos de la zona centro se reunieron en asamblea, a la altura del kilómetro 43 de la ruta 14 en Campo Grande, a fin de establecer un precio de referencia para la venta de hoja verde a secaderos e industrias.

El encuentro comenzó en horas de la mañana de este sábado con la presencia de un centenar de productores provenientes de esa localidad, como también de Itacaruaré, San Javier, San Vicente, Oberá, Campo Ramón, Campo Viera y El Soberbio.

En ese marco, el debate estuvo marcado por diversas cuestiones que hacen a la crisis del sector yerbatero, por lo que definieron ejes de acción como ser la venta de la hoja verde por un monto de $500 o superior.

“El cálculo contempla costos que rondan los $391 pesos por kilo de hoja verde y si se agrega un 30% de rentabilidad para el productor este número cerraría en no menos $500”, explicaron.

En este sentido, también recordaron el aumento de precios programados por el empresario yerbatero sirio, Omar Kassab, quien ofreció $350 por el kilo de hoja verde, lo cual consideraron insuficiente. “No obstante aplaudimos la predisposición de que un industrial plantee un precio de $350, aun así estamos trabajando por debajo de los costos de producción“, afirmaron.

Al mismo tiempo, señalaron: “Sumado a la merma en el rinde de la zona sur y Corrientes ante la sequía del verano, habrá una merma en la cosecha de este año, por lo tanto la definición del grupo de productores fue de no vender la hoja verde de yerba a valores inferiores a $500 puesto en secadero“.

Durante el encuentro que finalmente concluyó a las 16:30, vaticinaron que este año el mercado necesitará yerba ante el aumento de la demanda por consumo interno y el incremento de exportaciones.

Si bien aguardan que los productores cumplan con la medida de no entregar la hoja verde por menos de $500, continuarán exigiendo al gobierno provincial y a la Cámara de Representantes que se declare la emergencia yerbatera.

Asamblea de productores yerbateros en Campo Grande

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