Provinciales
Proyectan que no sea excarcelable el robo, hurto o abigeato en zona rural
Es por la proliferación de delitos en las chacras misioneras. La idea es modificar el Código Procesal Penal de la provincia.
Con el propósito de frenar las excarcelaciones de delincuentes vinculados con delitos cometidos en zonas rurales, en la Legislatura avanzó un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal de Misiones.
La iniciativa, que apunta frenar la liberación de los autores de tales ilícitos mientras dure la investigación, fue impulsada por los diputados Julio Petterson y Omar Olsson.
El objetivo, explicó Petterson, es modificar el artículo 139 “para frenar esta puerta giratoria que tenemos en la Justicia, donde la Policía hace su trabajo y en menos de 48 horas los jueces vuelven a liberar a los autores”.
De esa manera, “en menos de cuatro o cinco días (los acusados) están eligiendo un nuevo yerbal para el vandalismo”, dijo el legislador y detalló los alcances de la propuesta que ingresó en la Cámara de Representantes.
En particular señaló que el endurecimiento del proceso regirá para los delitos de hurto, robo y abigeato cometidos en zonas rurales, “pero que beneficiará a toda la sociedad misionera”, remarcó.
Sin salida
En los fundamentos del proyecto, los autores hicieron referencia a que “los imputados por delitos rurales, no podrán beneficiarse con la libertad de mientras dura el proceso de investigación penal”.
Señalaron que “cuando se cometa un delito de hurto agravado (artículo 163 Código Penal) o robo (164, del Código Penal) o abigeato simple (artículo 167 ter, del Código Penal) los jueces no podrán otorgar el beneficio de la libertad condicional al imputado mientras dura el proceso”.
Asociación ilícita y premeditación
Petterson puntualizó que “el robo en las chacras no es hurto ya que, para ingresar a la tierra de un productor, el delincuente tiene que haber premeditado, estudiado al menos cinco días para elegir el producto”.
Además, el o los autores de contratar “un transportista, conformar un grupo de cinco o seis personas”, con lo cual se configurarían las figuras de “asociación ilícita y hasta premeditación”, dijo el legislador.
En el curso del delito, es necesario también “un prestanombre que cobre y pague la yerba mal habida”, agregó el diputado y cuestionó que el Código “determina como hurto los robos en las chacras”.
Por ello, finalmente dijo: “No podemos seguir permitiendo que se encuadre así una asociación ilícita y la premeditación. Vamos a trabajar incansablemente para lograr que este artículo 319 se modifique”.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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Manifestación tras detención de Ángel Rivero
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