Las empresas mineras Compañía Minera y Mina Tierra Colorada realizaron cierres temporales de sus puertas durante este fin de semana como medida de protesta en reclamo a la Eco Tasa municipal que comenzó a cobrarse el mes pasado. 

“Cerramos”, informaba el flyer que las firmas hicieron circular. La imagen daba cuenta de que la medida se lleva adelante “por la Eco-Tasa Municipal” y agregaba dicho tributo “está matando el poco turismo que tenemos”.

En el comunicado, avalado por los logos de los mencionados yacimientos, se expresaba: “Lamentamos informar que ambas minas cerrarán debido a que no se puede seguir trabajando de esta manera”.

Patricia Busch, una de las propietarias de Mina Tierra Colorada, dialogó con La Voz de Misiones y confirmó la veracidad de la placa y sostuvo que mantendrán la postura de que “mientras que el municipio cobre, nosotros no vamos a seguir atendiendo a la gente”.

La empresaria explicó que la decisión fue tomada por dos de las tres firmas afectadas y que la medida está vinculada a la Tasa Ecoturística que, desde hace más de un mes, la Municipalidad de Wanda cobra a los visitantes que llegan a la localidad de las piedras preciosas.

“Tuvimos que rechazar empresas de viajes, remises, particulares porque cerramos al público por unos días. Cuando vieron que no tenían a quién cobrar, comenzamos y abrimos y ahora volvimos a cerrar”, relató, dejando en evidencia las dificultades operativas generadas por la medida.

La dueña de Mina Tierra Colorada también señaló que las denuncias cruzadas exponen cómo se generan beneficios desiguales dentro del sector. Además, aseguró que dada esta situación se finalizaron las operaciones que mantenían con una empresa de turismo que trabaja con ellos desde hace 23 años.

“Perdimos una empresa de turismo como Caracol porque la dueña está casada con el juez que lleva la causa que le iniciamos a la intendencia. A su vez, al magistrado también le hicimos una denuncia penal porque es cuñado del asesor legal del municipio y es por eso que necesitábamos que la causa pase a otro juzgado en Eldorado”, reclamó.

En cuanto a las pérdidas económicas, si bien aún no fueron cuantificadas con precisión, la empresaria advirtió a LVM que podrían ser millonarias. “Nosotros dependemos de la venta directa de los productos y en el promedio anual dado el año pasado podríamos perder hasta cien millones de pesos. Nuestro rubro es muy inestable y más con la economía como está en este momento”, explicó.

Finalmente, Patricia sostuvo que la única vía para resolver el conflicto es la judicial, debido al trasfondo político que, según indicó, sostiene la Tasa Ecoturística.

“Claro que no va a salir a favor la medida cautelar que pedimos. Si se genera un antecedente con la tasa de aquí de Wanda también deben declarar la ilegalidad en la tasa de Puerto Iguazú, aunque la de esa localidad es más aceptable dado que en esa ciudad el porcentaje de turistas que se quedan, pernoctan y hacen uso de la servicios es superior a los que llegan a Wanda solo de paso”.

Repercusión política por Eco tasa en Wanda: “Están espantando los turistas”

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En el marco de los 50 años del último golpe de Estado, el Partido Agrario y Social (Pays) presentó un proyecto de ley con el objetivo de prevenir, erradicar y sancionar, las conductas públicas de negación, justificación o reivindicación manifiesta del terrorismo de Estado, cometidas entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983 en la República Argentina.

Las penas serían alcanzadas por quienes presenten algunas de estas conductas en el ámbito de la función pública provincial, incluyendo también cualquier tipo de glorificación, apología, banalización, relativización o minimización de la violencia ejercida contra civiles durante la dictadura, la cual se tradujo en “genocidio, crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada, tortura, apropiación de niñas y niños y demás violaciones a los derechos humanos”. 

Titulada Memoria Democrática, Prevención del Negacionismo y Defensa de la Función Pública, la iniciativa fue impulsada por más de una treinta organizaciones de Derechos Humanos, movimientos sociales, partidos políticos, sindicatos, agrupaciones estudiantiles, colectivos universitarios, entre otros espacios del campo popular en Misiones.

A su vez, se enmarca en las leyes reparatorias vigentes en el país, como la 24.043 y 24.411, por lo que busca “proteger la memoria democrática, la dignidad de las víctimas, a sus familiares, los sitios y símbolos de memoria y las garantías de no repetición”.

En su artículo segundo, define una conducta negacionista como “toda manifestación pública, deliberada e inequívoca, realizada por cualquier medio oral, escrito, gráfico, sonoro, audiovisual, radial, televisivo, telefónico, digital o tecnológico, en forma presencial o remota, que niegue, justifique, reivindique, glorifique, apruebe, banalice, relativice o minimice de modo manifiesto estos hechos”.

En lo que refiere a “manifestación pública”, abarca toda expresión accesible a una pluralidad indeterminada o determinable de personas, o difundida a grupos, listas, canales, comunidades, cursos, aulas, foros, reuniones, medios de comunicación o espacios abiertos o cerrados, sitios web, blogs, foros, plataformas digitales, redes sociales, servicios de mensajería instantánea o equivalentes, tales como WhatsApp, Telegram u otros similares.

También hace referencia a la “simbología”, por lo que quedaría prohibida la exhibición, instalación, difusión, reproducción, utilización o circulación, en contextos institucionales u oficiales, de emblemas, imágenes, signos, inscripciones, objetos, vehículos, montajes, escenificaciones o referencias que, por su contexto, significado o modo de utilización, “resulten inequívocamente aptos para reivindicar, legitimar, humillar, intimidar o amenazar en relación con el terrorismo de Estado y sus perpetradores”.

Finalmente, hace referencia a los sitios protegidos de memoria, archivos, placas, señalizaciones, murales, monumentos, nombres, homenajes, emblemas, organismos y referentes individuales o colectivos vinculados a la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia en la Nación y en la Provincia de Misiones.

Al mencionado proyecto, adhirió la Asociación Nacional de Ex Presos Políticos de la República Argentina, el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género (EMIDH), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos – Misiones, Patria Grande – Misiones, Unidad Popular, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Partido Solidario, el Espacio Chacabuco, Libres del Sur, el Partido Comunista Revolucionario, entre otras organizaciones.

Al mismo tiempo, propone como obligatoria la capacitación, periódica y permanente en derechos humanos, memoria democrática, terrorismo de Estado, garantías de no repetición y memoria histórica misionera para todas las personas comprendidas dentro la administración pública. 

Según consta el documento, estas capacitaciones deberán incluir, como mínimo, el proceso argentino de Memoria, Verdad y Justicia; los juicios por crímenes de lesa humanidad y el derecho a la verdad; el marco constitucional y convencional de los derechos humanos; la historia provincial vinculada al terrorismo de Estado, sus víctimas, sobrevivientes, organizaciones sociales, agrarias, estudiantiles, religiosas y de derechos humanos, entre otros puntos. 

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En el mes de febrero fue denunciado un caso de abandono de persona contra el geriátrico San Francisco de Asis, en la localidad misionera de Corpus Christi, donde se encuentra albergado un hombre de 71 años que presenta un estado de “vulnerabilidad en salud y movilidad física”, según el denunciante.

La presentación policial fue radicada ese mismo mes en Jardín América, por lo que las autoridades correspondientes arribaron al hogar, ubicado sobre calle Francisco Gali, entre Padre Adolfo y Pedro Fontana, para constatar y notificar a las autoridades municipales, a cargo del jefe comunal, Manuel Benítez, y al área de Desarrollo Social, representado por Rosana Quintana.

Sin embargo, a un mes y medio de dar conocimiento de la situación, Luis Sanabria, titular de la Fundación Ayudanos a Ayudar, en diálogo con La Voz de Misiones, aseguró que “no hubo resultados positivos“.

Inicialmente, el hombre había sido “rescatado” por Sanabria, de una vivienda precaria situada a la vera del río Paraná, donde no contaba con ningún servicio. “Lo llevamos dos semanas a un taller mecánico mientras se conseguía un lugar estable, que es el geriátrico dónde ahora casi lo dejan morir”.

Y continuó: “Después de una semana se lo pudo visitar por insistencia y fue encontrado en un estado peor del que lo habíamos rescatado y por segunda vez procedimos a dar aviso al intendente, a la trabajadora social y a la comisaría del municipio, quienes se negaron a cooperar”.

Sobre lo que ahondó: “Terminaron poniendo mil excusas para no cumplir con sus deberes constitucionales, por lo cual procedimos nuevamente con intervención de Desarrollo Social y acceso a la Justicia de Posadas para resguardar la vida del ciudadano afectado”.

Por estas horas, desde la mencionada fundación solicitan que se hagan las investigaciones correspondientes y, de no tener respuesta favorable, elevarán la denuncia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “Esto no es solo un caso aislado. Sucede en distintos municipios de la provincia“, alertó Sanabria.

Ramón Benítez Ferreyra fue encontrado en un deplorable estado de salud dentro del hogar

Búsqueda de respuestas

A fin de resolver la problemática, el presidente de Ayudemos a Ayudar emitió una nota dirigida a la Cámara de Representantes, particularmente al diputado Ramón Amarilla, a fin de plantear la denuncia y solicitar “intervención en carácter de urgencia”. 

En el documento, alegó que los hechos registrados “podrían constituir delitos por parte del intendente Manuel Benítez y Rosana Quintana, directora de Desarrollo Social del municipio de Corpus Christi, en los actos de, (art.106) abandono de persona,( art.248 cp.) incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad, (art. 172) hostigamiento y (art. 212) incitación a la violencia colectiva“, según consta el Código Penal de la Nación Argentina.

Al mismo tiempo, sostiene que la institución “ha tomado intervención en diversas situaciones vinculadas a personas adultas mayores en estado de vulnerabilidad extrema, quienes se encontraban sin documentación, sin asistencia adecuada y en condiciones que ponían en riesgo su salud y su vida, habiendo sido alojado en este caso al ciudadano Ramón Benítez Ferreyra (71), en el establecimiento geriátrico San Francisco de Asís a cargo de Liliana diturbide”.

Sobre esta última, señala: “No sólo cometió el delito de abandono de persona violando el ( art.106) del Código Penal, sino también violando el (art.3 de la ley 23.592) por discriminación de personas”.

Finalmente, concluye: “Pese a haberse puesto en conocimiento de las autoridades municipales, y particularmente del intendente local, así como del personal de asistencia social y la comisaría dependiente del municipio; no se habrían adoptado en tiempo y forma las medidas necesarias para garantizar la protección de las personas afectadas, persistiendo situaciones de abandono, falta de atención médica adecuada y demoras en la gestión de traslados a centros de mayor complejidad, incluso en casos donde existía riesgo cierto para la vida”.

En este marco, la asociación civil solicitó la inmediata investigación de los hechos, la adopción de medidas urgentes para garantizar la atención médica, la protección de las personas afectadas y determinar la eventual responsabilidad de funcionarios públicos intervinientes, incluyendo autoridades municipales.  

Trasladaron a adultos mayores tras clausura de geriátrico en Posadas

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