Provinciales
Piden que la Justicia restituya a Antonella a sus papás del corazón
La abogada que los representa, Sandra Olcese, presentó una Cautelar de Protección a la niña. La medida debería resolverse de inmediato atento al daño psicológico: “Extraña su centro de vida”, se destaca en la presentación.
La situación judicial de la pequeña Antonella, la niña de 3 años y medio que fue arrancada de la familia que la crio desde recién nacida y buscaba adoptarla, está por estas horas en una exhaustiva revisión en las oficinas del Juzgado de Familia N°1 de la ciudad de Eldorado.
La presentación de una Medida Cautelar de Protección de Personas, que realizó al filo de la medianoche de ayer martes la representante legal de los padres del corazón de Antonella, – Ester Barreto y Luis Narciso-, la abogada Sandra Olcese, busca poner en una especie de “orden natural” la situación de la pequeña, en tanto la Justicia misionera resuelve la cuestión de fondo en la causa de adopción de la menor.
La reacción popular y la mediatización a nivel nacional de las imágenes desgarradoras de la pequeña tironeada por efectivos de la Policía de Misiones fueron un punto de inflexión. A partir del pasado viernes 4 de diciembre, todo se mide y evalúa de otra manera y las autoridades más encumbradas del poder político y judicial siguen de cerca cada paso de esta causa.
Para que Anto vaya a casa
Con la inmediata reacción del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones separando a la jueza Corina Jones de la causa, la magistrada subrogante, Lorena Toledo, quedó a cargo del expediente mediáticamente más importante de los últimos tiempos.
Entonces, la experimentada jueza Toledo puso paños fríos en el asunto otorgando la custodia provisoria a la hermana de sangre de Antonella, Luzmila Rodríguez, quien se presentó en la causa para obtener su custodia cuando se enteró que se la querían arrebatar a la familia que la crio.
A Luzmila Rodríguez, la hermana de Anto que tiene la custodia provisoria mientras se resuelve el conflicto, la representa el abogado Juan José Selva Andrade, quien presentó una recusación a la jueza Jones por Parcialidad, Subjetividad y Prevaricato.
Y es que, en aquel Juzgado de Familia, todas las partes involucradas hicieron lo posible para que Antonella nunca fuera separada de sus papás del corazón, Luis y Ester, una pareja de vecinos de Eldorado que no pudo concebir hijos, pero que buscaron uno para darle ese amor.
Ahora, basados plenamente en las recomendaciones del grupo de psicólogos que trabaja en torno a la niña y a su familia, la representante legal de Ester y Luis, la abogada Sandra Olcese, interpuso una Medida Cautelar para que pequeña abandone la situación de dudas y quede oficialmente en brazos de quien ella reconoce como mamá y papá.
“Extraña su centro de vida”, sentencia la presentación basada en informe de los psicólogos, que estaría siendo analizada por estas horas por la jueza subrogante del Juzgado de Familia N°1 de Eldorado, Lorena Toledo.
El informe de los profesionales, que se transcribe en el pedido al tribunal, es lapidario: “Antonella no imagina que nuevamente sea arrancada de al lado de mi papi y mami”.
Para que entiendan los responsables, les remarcan: “Necesita seguridad”.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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