Provinciales
Informe psicológico de Antonella: “Sus padres conforman una referencia fundamental e insustituible”
El documento se anexó al expediente en agosto, un mes antes que asumiera como jueza Corina Jones, quien separó arbitrariamente a la pequeña a pesar de la advertencia: “La interrupción de este lazo tendría huellas de consideración…”.
El caso de Antonella, la pequeña de 3 años y medio que fue separada de la familia que la cuidó desde sus 2 meses de vida, pasó a una nueva etapa en la que un equipo de psicólogos trabaja en la contención de la menor y de sus familiares.
El impacto psicológico en Antonella es el trabajo más importante que por estas horas realizan en el seno de las familias Barreto, Narciso, Rodríguez y Dávalos, todos de Eldorado, un clan enorme que rodea la vida de la niña.
Mientras, desde el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones analizan qué hacer con la recientemente nombrada jueza Corina Jones. Lo primero fue apartarla del expediente del caso luego del escándalo en la puerta del juzgado, dejando a cargo a la subrogante, Lorena Toledo, con la orden clara de resolver la controversia “con sentido común”.
Informe psicológico
El expediente de Antonella nunca terminó de resolverse en el Juzgado de Familia N° 1 de Eldorado. Los padres del corazón, quienes la criaron con amor desde sus primeras semanas de vida -la pareja de Esther Barreto y Luis Narciso-, se presentaron para resolver los papeles y concretar la adopción de la niña a la que criaron como su hija.
“El interés superior de la niña” invocado por cada profesional consultado en materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes, se hizo a un lado. La jueza Corina Jones, que asumió la titularidad de ese juzgado el pasado 7 de septiembre, decidió omitir todas las advertencias del último informe psicológico que se sumó al expediente de Antonella.
Con fecha 4 de agosto, el informe redactado y firmado por la psicóloga de la Oficina de Acceso a la Justicia, Derechos Humanos y Violencia Familiar del Poder Judicial, María Belén Vigil Mendoza, es contundente.
Sobre la relación de Anto con sus padres, describe: “Durante la audiencia se pudo visualizar la interacción entre los guardadores y la niña. Antonella se visualizaba en confianza, capacidad de nombrar familiares, objetos, colores con facilidad. Lo anterior mencionado tiene crucial relevancia para pensar cómo, a partir del vínculo establecido entre Antonella y la pareja de guardadores, la niña puede desarrollarse de una manera salubre, recibiendo estimulación apropiada y beneficiosa para su crecimiento”.
El informe de la licenciada Vigil Mendoza -al que accedió La Voz de Misiones- no podría ser más favorable para los papás del corazón. Párrafo seguido expresa: “Es evidente entonces, que la pareja Barreto-Narciso conforman una referencia afectiva fundamental e insustituible para la niña”.
Como si se tratara de una advertencia a las autoridades judiciales que decidieran sobre el futuro de la pequeña, la psicóloga escribió sobre el vínculo con sus papás: “La interrupción de este lazo tendría huellas de consideración en el desarrollo de la intelectualidad y afectividad de Antonella”.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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