Luego de que el gobierno libertario eliminara la última prórroga de la ley 26160 que regulaba el reconocimiento y otorgaba la personería jurídica a las comunidades que lo requerían, varias organizaciones defensoras de los derechos humanos e indígenas manifestaron su disconformidad poniéndose en estado de alerta. 

Sin embargo, en Misiones la situación pareciera ser distinta a la que atraviesa, por ejemplo, la comunidad mapuche en el sur del país. Al ser entrevistado por La Voz de Misiones, el Director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez hizo hincapié en la reglamentación de la ley provincial 2727 de acceso a la tierra para los pueblos originarios a lo largo y ancho de la provincia.

“Nosotros estamos trabajando en la reglamentación de esa ley para mejorar la personería jurídica. La actual debe otorgarse cuando tenés tres familias y más de diez integrantes, pero hoy está desactualizada, entonces queremos mejorarla”, aseguró.

El 10 de diciembre pasado, el gobierno nacional derogó la ley 26160 de Emergencia Territorial de las Comunidades Indígenas a través del Decreto 805/2021, lo que puso fin a casi dos décadas de protección frente a desalojos y la realización de relevamientos catastrales para la regularización de territorios a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai).

Al respecto, recordó que el relevamiento territorial realizado el año pasado de manera conjunta entre el Ministerio del Agro y el Inai “sirvió para organizar varias cuestiones porque hemos encontrado relevamientos muy desordenados con reservas naturales, terrenos con cinco dueños e incluso la falta de trabajo en equipo llevó a que sea todo más conflictivo”.

“Entonces, hemos trabajado en conjunto con el Inai y unificamos el trabajo con la Nación. Ahora sucede que Nación eliminó el registro nacional de personerías jurídicas con lo cual muchas provincias no cuentan con este registro y en Misiones nosotros ni pensamos en tocar esto”, garantizó.

Plan de contingencia ante posibles desalojos

Al hacer un recorrido comparativo sobre la situación por la que atraviesan las comunidades originarias del sur del país, Rodríguez descartó la posibilidad de medidas forzadas y violentas en Misiones, como también la existencia de desalojos recientes.

Si bien remarcó la importancia de profundizar los conocimientos sobre derecho indígena, aseguró que: “Nosotros vemos que en Misiones se vive otra realidad en torno a conflictos y acá hay una sintonía de los tres poderes del Estado, cuatro con los municipales”.

“Lo que nosotros no queremos es que las comunidades tengan miedo a los desalojos, por eso buscamos brindar un plan de contingencia con estrictos protocolos que incluirán una reunión de los actores intervinientes, el ejecutivo municipal y provincial”.

Para estas acciones habrá intervención del Gobierno de la Provincia, la Dirección de Asuntos Guaraníes, el Ministerio de Derechos Humanos, la Policía de Misiones, los gobiernos municipales y el Ministerio de Coordinación y Gabinete. 

Francisco Rodríguez ejerce el cargo de director de Asuntos Guaraníes desde el año 2021, previamente, de 2019 en adelante se desempeñó dentro del área de Conectividad y Servicios a comunidades guaraníes a través de Marandú Comunicaciones, aunque su primer contacto con ellas -desde ese organismo- se dio en el año 2015. 

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En un escrito dirigido al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Misiones (Cademis), el periodista Enrique Ortíz -víctima de lesiones y amenazas propinadas por el abogado Gustavo Maldonado el miércoles pasado-, solicitó la suspensión inmediata de la matrícula profesional de su agresor, por lo menos, hasta que se resuelva su situación procesal y jurídica.

El pedido para que suspendan a Maldonado del ejercicio de la abogacía fue realizado por Ortiz a través de su representante legal, Federico Esquivel, y coincide con el sumario que, de oficio, el mismo órgano disciplinario de Cademis anunció el viernes, luego que declararan al matriculado violento como “prófugo de la justicia”.

Mientras Maldonado continúa evadiendo a las autoridades judiciales que solicitaron su comparecencia, un grupo especial de la Policía intenta dar con el paradero del letrado en fuga quien, desde la clandestinidad, grabó un video en las últimas horas denunciando “persecución política y judicial”.

Gustavo Maldonado debe responder a la Justicia sobre una denuncia por el delito de “amenazas agravadas y lesiones leves” contra el periodista Enrique Ortíz.  El Colegio de Abogados, a su vez, analizará su desempeño por presuntas vinculaciones con autoridades del gobierno provincial, lo que viola el código de ética de la mencionada institución en sus artículos 26 y 27.

LVM pudo acceder al documento que solicita la suspensión de la matrícula profesional de Maldonado. Fue presentado ante el Tribunal de Disciplina con material fotográfico, videos y testimoniales, a través de los cuales el denunciante aseguró que:

“Maldonado se maneja así, no solo con sus propios clientes, sino también con la contraparte, amedrentando tanto en sede de juzgados y comisarías, como en otros estamentos públicos, diciendo ser amigo del ministro de Gobierno Marcelo Pérez y del mismo gobernador, Hugo Passalacqua, imponiendo de esta forma poder, arrogancia y miedo con quien está tratando”.

A su vez, añade que el abogado en cuestión “tiene sendas denuncias públicas, de propios clientes, sobre este proceder temerario, donde deja a las claras su carácter contumaz y totalmente fuera de derecho, creando temor hacia sus propios clientes y contraparte”.

“Considero justo que se condene con una sanción ejemplar al abogado Maldonado, ya que vivimos en un estado de derecho y no en el “far west”, donde existen las leyes, la defensa en juicio y un juez competente quien debe garantizar y velar en todo momento por la justicia y el orden público”, concluye la denuncia.

Un tercer implicado

Fuentes policiales lograron establecer, mediante testigos, cámaras de seguridad y tareas de inteligencia previa, la participación de un tercer cómplice que sería un “entregador”. En estos momentos está siendo investigado por la Justicia y habría sido identificado.

Todo comenzó el pasado miércoles alrededor de las 19, cuando el periodista Enrique Ortíz fue agredido frente a su domicilio con golpes y empujones propiciados por el abogado Gustavo Maldonado, acompañado por Gastón Machado, quien habría estado portando un arma de fuego, por lo que logró ser capturado el pasado viernes en Posadas.

Mientras tanto, Gustavo Maldonado permanece prófugo de la Justicia y el viernes, tras un allanamiento realizado en su domicilio por la Policía, por orden del juez Pedro Piris, grabó y viralizó un video denunciando “persecución política y judicial”, haciendo responsable a la Justicia, las fuerzas de seguridad y al propio gobernador.

Por su parte, el letrado posadeño Federico Esquivel solicitó ante el Juzgado de Instrucción Cinco la querella en representación del periodista agredido, a fin de impulsar y colaborar en la investigación junto al juez que investiga la causa, Pedro Piris.

Desde la clandestinidad Maldonado denunció: “Persecución política y judicial”

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Tras la viralización de videos y la denuncia presentada por el periodista Enrique Ortíz, quien fue víctima de violencia física y amenazas en su domicilio por parte de Gustavo Maldonado, el Colegio de Abogados de Misiones (Cademis) emitió un comunicado en el que confirmó la apertura “de oficio” de un proceso contra el letrado acusado ante el Tribunal de Disciplina 

De esta manera, comenzaron las investigaciones “a fin de que se determine la responsabilidad del matriculado, de conformidad al procedimiento aplicable y sanciones previstas en los arts. 26 y 27 del Estatuto”.

Consultado por LVM, Antonio Lopez Forastier, presidente del Colegio de Abogados de Misiones, explicó que los mencionados artículos establecen las sanciones que pueden ser de apercibimiento, suspensión y cancelación definitiva de la matrícula. 

Cualquiera de ellas, será determinada por el tribunal que está integrado por tres miembros de la institución. De todas maneras, Forastier aclaró que “el proceso no implica la suspensión inmediata”. 

A lo que agregó: “Primero se incorporan todas las pruebas, luego se le da un traslado a Maldonado y finalmente el tribunal integrado por tres colegas dicta sentencia aplicando la sanción”.

Situación actual

Por el momento se encuentra detenido Gastón Machado, quien logró ser capturado por la Policía de Misiones a primeras horas de este viernes en Posadas, por orden del magistrado Pedro Piris, actualmente titular subrogando del Juzgado de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem.

Machado había acompañado a Maldonado hasta la casa del periodista y habría estado portando un arma cuando se desataron las amenazas.  Mientras tanto, los efectivos continúan realizando operativos de búsqueda en diferentes puntos, de manera abierta y encubierta, para dar con el principal acusado, quien permanece prófugo.

Por su parte, el periodista Enrique Ortíz continúa con custodia policial es su domicilio y exteriores.

Agresión a Ortíz: Maldonado continúa prófugo y detuvieron a su acompañante

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