Provinciales
Lo denunció, le dieron 15 años por intento de femicidio y ahora ella dice que mintió
El 27 de mayo de este año, Javier Alejando Sanfilipo fue condenado por el Tribunal Penal de Oberá a 15 años de cárcel por “homicidio en grado de tentativa, agravado por el vínculo y por violencia de género”.
Raquel Kener, la víctima, dice ahora que le mintió a los jueces, que actuó por despecho y pide que se revise el caso.
Sanfilipo, de 40 años, estaba detenido desde el 11 febrero de 2019, cuando, según determinó la Justicia, en una casa de la localidad de Los Helechos, muy cerca de Oberá, intentó atacar con un cuchillo y luego quiso estrangular a su pareja, Raquel Kener, de 45 años. Los gritos alertaron a los vecinos, que llamaron a la Policía y tras derribar la puerta pudieron salvar a la mujer atacada.
Durante el juicio, la misma mujer agredida intentó desestimar el ataque sufrido. Sin embargo, la fiscal entendió que ella estuvo atrapada en un entorno de violencia que le impedía despegarse y entender que era víctima y solicitó condena para el acusado, quien no tenía denuncias previas por violencia de género.
La mujer sostuvo que: “Él es un hombre bueno, él no hizo nada, su único pecado fue ponerme los cuernos. Nunca me levantó ni siquiera la voz. Yo era la loca, ese día, cuando me enteré que me fue infiel, me puse a gritar y a romper toda la casa hasta que vino la Policía. Yo quería tener un hogar y una familia con él, por eso hice eso”.
“La única evidencia que hubo en el juicio es el testimonio de un policía, que vio un cuchillo tirado en el piso, que lo tiré yo misma cuando estaba desparramando todo, y la marca de un puntazo en una puerta, que hizo mi ex marido hace 15 años”, explicó Kener.
“Yo quise castigarlo para que vaya preso dos o tres días, pero cuando intenté retirar la denuncia ya era tarde. Las marcas del cuello que tenía era porque él me sujetó para que no siga rompiendo todo, y la del brazo no se cómo me hice. Yo siento culpa porque Sanfilipo está preso, si tengo que ir presa yo, no hay problema, voy, yo le arruiné vida”.
“Él cuidaba de mis hijos, él siempre se portó bien, yo era la que me enojaba y gritaba. Yo sufrí violencia de género por parte de mi ex marido, del papá de mis hijos. Sanfilipo nunca fue violento conmigo, ahora está solo, no tiene a nadie, la única que lo visita y habla todos los días con él soy yo”, remarcó Raquel en diálogo con el programa El Periodista, de Canal 12.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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