Provinciales
Misterio: nunca se supo quién apuñaló a Jorge Galeano en mayo de 2000. O si?
POSADAS. El ataque que sufrió el ex rector de la Universidad Católica de Santa Fe-Filial Misiones, Jorge Galeano, el 16 de mayo de 2000 nunca se aclaró, ya que las investigaciones avanzaron hasta un punto, donde misteriosamente se estancaron como a pedido de los mismos que debieron dar explicaciones.
Nadie supo nunca que pasó realmente ese día a la siesta, en la oficina que el rectorado de la UCSF ocupaba en la calle Junín, frente a la plaza San Martín de Posadas, adonde un ingresó un desconocido/a/as/os y le infligió una puñalada a Galeano en el pecho, muy cerca del corazón, con un cuchillo marca Tramontina.
Las crónicas de entonces hicieron referencia a un atentado por cuestiones políticas, a una divergencia profesional y también a un drama pasional, de acuerdo con las principales hipótesis que manejaron los investigadores en aquél momento ajetreado de la vida política de Misiones.
Los que se apoyaban en las conjeturas políticas recordaban que Galeano era número puesto como ministro de Gobierno del primer mandato de Carlos Rovira, pero su designación cayó en saco roto y él se aprestaba para lanzar su candidatura a senador en 2001.
En cuanto a las sospechas de cuestiones profesionales, éstas giraban en torno a que el hecho que casi le cuesta al vida podría haber sido una de tantas causas que llevaba adelante su estudio jurídico, algunas por montos millonarios que bien podrían afectar intereses poderosos de la época.
Por último, quienes descreían de las hipótesis anteriores se dedicaron a fogonear la tercera alternativa, pero movilizados más por suposiciones de alcoba que nunca fueron desmentidas, las que se acrecentaron con la falta de esclarecimiento del hecho.
SIESTA VIOLENTA
Según los reportes periodísticos de la época, Galeano fue atacado por un desconocido/a/as/os, alrededor de las 14:30, mientras se encontraba en su despacho y sufrió una puñalada en el pecho, tras lo cual fue hallado herido por un sobrino que circunstancialmente pasaba por el lugar y decidió entrar a saludarlo.
Al hallarlo con el puñal todavía incrustado en el tórax, el joven no dudó el requerir asistencia médica y rápidamente llegó una ambulancia y los paramédicos cargaron al herido en una camilla y recorrieron el tramo desde el interior al móvil, con la víctima que seguía con el arma en el pecho.
Los facultativos decidieron que el Instituto de Ortopedia y Traumatología (IOT), ubicado en Bolívar y Jujuy, era el lugar más adecuado para llevar al herido. En el medio, el sitio Misiones On Line señaló que se trató de “un atentado que casi acabó con su vida y se apunta a la motivación política como móvil del intento de asesinato”.
El diario porteño Clarín, citó declaraciones de Susana Micolis, esposa de la víctima, revelando que “desde hace varios días Jorge venía recibiendo amenazas de muerte vinculadas a su candidatura a senador”, mientras que el entonces obispo de Posadas, monseñor Alfonso Delgado, no descartó “el móvil político —que es una causa segura para su familia— pero no se apartó de la puerta del lugar donde Galeano era operado”, decía el diario.
Con respecto a la herida que sufrió Galeano, el ministro de Salud Pública de la época, Telmo Albrecht, señaló que “le afectó una parte del corazón y del hígado, los médicos que lo atendieron darán a conocer un parte próximamente”.
INVESTIGACIÓN INCLUSA?
En los días siguientes, los investigadores buscaron a una “persona desconocida. El atacante sería un hombre flaco, alto, morocho, que se movilizaba en un automóvil manejado por una mujer”, que abandonó el lugar raudamente una vez que se concretó el ataque.
Después de tres meses del hecho, Misiones On Line refirió que “la Policía sigue trabajando en algunas pistas que son cada vez más difusas”, ya que “los pocos testigos que declararon en la causa no aportaron elementos de importancia para esclarecer el caso”. El juez era Jorge Grinhauz.
Pero la “sociedad misionera todavía espera ver tras las rejas a los autores del hecho”, sostenía la publicación, mientras que la víctima, diez días después, señaló: “Fue un intento de robo con características muy especiales. Me dijeron que me iban a robar pero no me robaron. Probablemente hay mucho susto en el que lo hace”.
Por entonces las miradas se dirigieron hacia un colaborador y amigo de la familia de la víctima, de perfil moderado e importante nivel cultural, pero al final lo investigadores no investigaron más y ante cada consulta respondieron con fastidio, dejando entrever que las hipótesis más serias cayeron en saco roto y solamente sobrevivieron las sospechas de las relaciones con su entorno, donde todos habrían acordado no hablar y preservar la convivencia. un pacto de silencio.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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