Provinciales
Fondo Sojero: Misiones dará pelea en la mesa, en el Congreso y hasta en la Corte
POSADAS. El gobierno de Hugo Passalacqua parece dispuesto a agotar todos los caminos institucionales, antes de romper definitivamente la convivencia que pactó en diciembre de 2015 con el macrismo, frente a la decisión del Gobierno nacional de eliminar el Fondo Federal Solidario o Fondo Sojero.
La decisión de Macri fue definida como una “alta traición” en las filas de la Renovación misionera, donde hasta ahora se hacía alarde de la excelencia en la que navegaban las relaciones, aunque poco y nada se había cosechado en más de dos años de cercanía.
“Fue un mazazo”, graficó el mismo Gobernador, convaleciente aun de una operación de columna, cuando se refirió la supresión del beneficio, que para Misiones representaba 605 millones de pesos que se distribuían entre la Provincia y los municipios en momentos, en que arreciaban las críticas.
Los caciques comunales fueron los primeros en saltar a la arena porque saben que aquél empedrado, la red de agua o la compra de móviles para los arreglos de calles y caminos, ya no se derramará hacia sus respectivas comunidades, donde nunca sobra nada a pesar del esfuerzo.
Con la bronca desatada de los intendentes, Passalacqua prometió encarar “todas las gestiones que sean necesarias para que la Nación repiense, reflexione y vea cómo compensa” la quita del Fondo Sojero, enarbolando la fibra rebelde de los misioneros que siempre destaca.
Pero como contracara, apeló a la “relación respetuosa, como corresponde entre instituciones entre Provincia y Nación; no con este Gobierno, sino con cualquier Gobierno corresponde un diálogo constructivo, proactivo, de respeto mutuo”, cuando las expectativas estaban centradas en una reacción contundente.
Es posible que se trate de una estrategia, pero fue el diputado nacional Ricardo Wellbach el encargado de llevar a los medios de comunicación las correspondientes aclaraciones sobre los pasos a seguir, dado que la Nación “aprieta en el dedo, pero debería hacerlo en el brazo”.
El legislador dejó entrever que si bien la decisión de Macri de privar a las provincias del Fondo Sojero, siguiendo imposiciones del FMI, afectará a todas las provincias por igual, en el caso de Misiones significó una ruptura del diálogo.
No obstante, desde la tierra colorada habrá un margen para las negociaciones en busca de una compensación, a través de una mesa de tratativas, pero si no hay avances el camino siguiente será un pedido de derogación del decreto maldito por parte del Congreso y hasta el traslado de la cuestión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Todo ello en el terreno de la formalidad, pero en la Renovación misionera no se descarta una alianza, aun con actores impensados, si de lo que se trata es de recuperar recursos que hoy por hoy resultan imprescindibles, dejando de lado la máxima de que “gobernabilidad con gobernabilidad se paga”. Una de las partes no cumplió y lo que viene pocos se animan a vaticinar.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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