Provinciales
Ministro Benmaor denunció amenazas de muerte de una mafia de los comedores
POSADAS. El ministro de Desarrollo Social, Lisandro Benmaor, denunció que “constantemente recibimos amenazas, inclusive de muerte” de parte de responsables, encargados o allegados de comedores comunitarios que reciben fondos del organismo, pero no funcionan y se quedan con el dinero o la mercadería.
El funcionario señaló que recurrirán a la Justicia ya que “sufrimos amenazas telefónicas, constantemente. A todos, a mí, al subsecretario Llera, a la gente de Nutrición. Son muchas las amenazas” que surgieron después de una auditoría que reveló que “de 20 comedores solo uno estaba cocinando”, dijo.
Los 19 centros restantes “o son direcciones falsas o directamente no cocinan”, expresó el ministro al dar a conocer la situación planteada durante una entrevista con la emisora FM Show de Posadas, por ejemplo en casos que “solo comen cinco persona de una lista de 50” para los cuales se envían los fondos o mercaderías.
Benmaor comparó el cuadro que debe atender el Ministerio de Desarrollo Social con el de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) cuando, en su momento, de “76 comedores quedaron solo seis después de una auditoría”, pero debió afrontar “un piquete por varios meses en la calle”.
En cambio, en la cartera a su cargo “sufrimos amenazas cuando no es el Ministerio el que hizo la auditoria. Son muchas las amenazas” que se reciben a diario, dijo.
Añadió que ante la gravedad de las advertencias, “aunque tenemos los nombres de la mayoría” de los presuntos autores, “vamos a tener que tomar medias ya con la Justicia, para lo ya hicimos las denuncias penales” a fin de que se adopten las medidas de seguridad necesarias.
El ministro remarcó el caso de “la gente del equipo de nutrición, que no tiene seguridad. Vamos a los comedores a relevar peso y talla, los amenazaron, les sacaron fotos de sus casas, saben dónde trabajan sus maridos o esposas. Es lastimoso, por lo que hemos elevado denuncias penales”.
“Vamos a seguir para que esto se acabe”, expresó el funcionario que atribuyó las amenazas a “grupos de algunas asociaciones, aunque otras trabajan bien y dan de comer a la gente, como ‘Pancitas llenas’ donde había 50 o 60 chicos” que se estaban alimentando al momento del relevamiento.
Durante la entrevista, Benmaor apuntó a dos hermanos de apellido Delgado que tienen injerencia en el comedor y en la comisión vecinal del barrio San Gerardo, en Posadas, a través de la cooperativa “Pies descalzos”, al tiempo que aclaró que no tenía información acerca de la comercialización de pollos entregados por el Ministerio en parrillas callejeras.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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Manifestación tras detención de Ángel Rivero
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