De abril de 2023 al mismo período de este año, la Dirección de Salud Mental registró alrededor de 180 suicidios en distintas localidades misioneras, cuyas víctimas en su gran mayoría rondaban entre los 15 y 35 años, siendo los varones los más afectados. La cifra refleja un marcado incremento respecto al 2022, cuando hubo 147 fallecimientos por esa causa.  

El Programa Provincial de Prevención del Suicidio fue anunciado por el presidente del Instituto de Previsión Social de Misiones (IPS), Lisandro Benmaor, quien aseguró que la iniciativa “viene a solucionar una problemática preocupante que, al margen del número, que se habla de 180 casos de fallecimientos por esta causa en la provincia, por cada fallecimiento existen 30 intentos. Entonces, es una problemática de mucho impacto, no solo por los años de vida perdidos, sino que el impacto social y familiar que deja es muy drástico”, afirmó en diálogo con Canal 4. 

El mismo gobernador Hugo Passalacqua, había afirmado durante su discurso en la  apertura de sesiones de la Legislatura que, según las cifras del año pasado, se produce un suicidio cada dos días en la provincia: “Hubo 180 suicidios (uno cada dos días) en Misiones en los últimos 12 meses (de abril a abril). Este tema ocupará un lugar central en nuestras gestiones por abordarlo”. 

Por su parte, Benmaor también recordó que “Desde el instituto tenemos una línea para que el paciente o algún familiar de la víctima pueda llamar (107) y hacer una consulta que tenga una respuesta de índole ambulatoria o de urgencia en la que triangulamos con la 911 para el abordaje rápido y contundente de ese caso”.  

Para finales de mayo estaba previsto el lanzamiento y la puesta en funcionamiento de un número telefónico las 24 horas, pero luego se postergó para el mes de junio.

Abordaje integral entre ministerios para prevención de suicidios

El programa está articulado en red entre el Instituto de Previsión Social y los Ministerios de Salud Pública, Educación y Prevención de Adicciones, con abordaje integral. En este sentido, permitirá profundizar la prevención en las escuelas, con la capacitación de docentes y directivos, logrando así una mejor contención y formación desde edades tempranas.

Los expertos en salud mental reconocen como factores de riesgo el aislamiento, los cambios de conducta, el retraerse, la falta de sentido sobre la vida en general y el consumo excesivo de sustancias o alcohol. Por lo que, ante este tipo de situaciones, recomiendan acudir a la atención terapéutica para contener tanto a la víctima como a su entorno familiar.

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La cacique Gregoria Duarte, de la comunidad mbyá El Doradito, presentó una denuncia formal ante la Unidad Regional XV de la Policía de Misiones por “intrusiones en su territorio ancestral” y recientemente solicitó al Ministerio de Ecología frenar la actividad que dejó como saldo varios árboles cortados sin consulta previa.

En la denuncia explicaron que desde el 27 de mayo “se han estado extrayendo árboles, abriendo caminos y realizando actividades que dañan nuestro entorno y lugar de vida sin consulta previa ni autorización”.

Desde entonces el desmonte no cesó dentro del territorio que abarca la comunidad ubicada en Caraguatay, pese a los pedidos de sus miembros a quienes se encontraban allí trabajando y a la denuncia realizada ante la Policía de Misiones.

Solicitud de cese de la deforestación presentada ante el Ministerio de Ecología

En un comunicado emitido por el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen especificaron que “La mburuvichá expuso que los trabajadores aseguraron tener permiso del Ministerio de Ecología para estar allí, sin embargo no fue hecha la correspondiente consulta previa, libre e informada, por lo que se están vulnerando derechos constitucionales”. 

También, afirman que “la Comunidad fue relevada en el marco de la Ley 26160 y tiene Personería Jurídica, instrumento legal que obliga al Estado a garantizar la protección efectiva de sus derechos territoriales”.

“No estamos dispuestos a permitir que sigan afectando nuestros recursos de subsistencia material y espiritual con las actividades que referimos y nuestros derechos territoriales, autorizándose y tramitándose actos, proyectos o planes sin nuestra participación debida”, afirmaron a través del petitorio presentado a la cartera de Ecología.

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, solicitaron al organismo suspender toda actividad, como también tomar las medidas necesarias para evitar nuevas incursiones. 

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El Juzgado Federal de Oberá restituyó 69.920 kilogramos de soja a un colono de El Soberbio, sobre un total de 278 toneladas incautadas en abril por la Prefectura Naval Argentina (PNA) en un depósito en el paraje Martín Miguel de Güemes, ubicado a pocos metros de la frontera con Brasil.

Una investigación de la fuerza federal había arrojado que las toneladas de granos de soja y maíz acopiados en el galpón allanado presuntamente iban a ser cruzados al vecino país ilegalmente.

Luego de que la Justicia incautara la materia prima, agricultores nucleados en el Movimiento de Trabajadores del Alto Uruguay (TAU) protestaron frente al depósito exigiendo que “liberen los granos de los colonos”, argumentando que era producción local de al menos 15 vecinos que guardaban la mercadería en el lugar.

La movilización duró aproximadamente una semana, con cortes de ruta, quema de neumáticos y banderazos exigiendo la presencia del gobernador, Hugo Passalacqua, para destrabar el conflicto con la Justicia Federal. Además, durante la protesta, los manifestantes lograron que el Honorable Concejo Deliberante de El Soberbio declare a la localidad “zona productiva de soja y maíz”.

Por su parte, en ese momento, el juzgado federal a cargo del magistrado Alejandro Gallandat Luzuriaga abrió la subasta de la materia prima para evitar que se eche a perder y el dinero obtenido sería resguardado hasta tanto culmine la investigación. En tanto, según había podido saber LVM, si un tercero lograba acreditar la procedencia y destino de la mercadería, podría recuperar la plata obtenida de la subasta.

Finalmente, el pasado viernes el juez resolvió devolver un total 69.920 kilogramos a un colono que solicitó la restitución formal de los granos.

“Si bien en un principio se ordenó el secuestro del expeller de soja por considerarse que habría formado parte del objeto del delito, luego de haberse producido las medidas probatorias pertinentes, a la fecha- no se advierte vinculación alguna entre el requirente con los posibles implicados en el delito bajo investigación y siendo su presencia en el proceso innecesaria, por cuanto se han practicado los informes de rigor, a mi criterio no existe motivo para denegar la entrega a quien resultó ser el único que a la fecha ha solicitado su restitución presentando documentación que lo erige como propietario”, sostuvo el magistrado Alejandro Gallandat Luzuriaga en su resolución.

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