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Los ocupantes de casi 80 villas de Posadas serán propietarios por una ley del Senado

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BUENOS AIRES y POSADAS. Los ocupantes del alrededor de 80 villas de emergencia de Posadas, podrán acceder a la propiedad de las tierras que ocupan a través de la Ley de Regularización Dominial que fue sancionada anoche por el Senado de la Nación.

La norma, cuyo tratamiento pasó inadvertido por el macrismo a pesar de haber sido el impulsor, prevé la tramitación de la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de los espacios que actualmente ocupan 4.400 villas en todo el país, al 31 de diciembre de 2016.

También promueve la elaboración de proyectos de integración urbana para facilitar el acceso a la vivienda de los beneficiarios, además de la provisión de servicios básicos como agua, luz, transporte, hospitales. Y suspende los desalojos por cuatro años.

De acuerdo con un relevamiento realizado a través de ANSES, en Posadas los beneficiados por la norma serán los vecinos de Las Tacuaritas, barrio Faraón, chacra 159, Santa Clara 1, chacra 101, La Cantera, La Tablada, San Onofre, el Mangal, Lapachitos, Villa Cariño, Prosol 1, Ducón Olero, Miguel Lanús, Miguel Lanús Sector B, Prosol 2, Porvenir 2 y Santa Clara 3.

Asimismo, se incluirán Villa de la chacra 37, Villa del barrio Unidos, Sauer, San Lucas, Papa Francisco, Barrio Santa Cecilia, Altos de Bella Vista, 112 Yohazá, Santa Clara 2, chacra 120, San Onofre 2, San Lorenzo B, Cerro Pelón, Belén, barrio Latinoamérica, Itaberá, chacra 142, chacra 143 barrio Santa Rita, Horacio Quiroga, Treinta de Octubre, Villa del barrio Rocamora, Villa de la chacra 244 y Villa de la chacra 201.

De igual manera, El Mangal, La Guayabira, Villa de la chacra 17, chacra 26, Villa del barrio Irigoyen, dos sin nombre, chacra 181, chacra 190 del barrio Laurel, La chacra 187, Villa de la chacra 127, chacra 158, Gottchal, Los Potrillos, Piedras Blancas, chacra 96, chacra 244, Evita y El Piedral.

La nómina se completa con Aeroclub, Madariaga, Los Paraísos, Santa Clara, Néstor Kirchner, Los Patitos, Tablada Norte, San Cayetano, chacra 120, chacra 239, Estepa, Ex Manantiales, chacra 248, La Calandria, El Porvenir, Villa de la chacra 65, Vecinos Unidos, Las Tablitas y Villa Lanús.

Además, serán contemplados los casos de Montecarlo, Candelaria, Apóstoles, Aristóbulo del Valle, San Pedro, Puerto Libertad, Wanda, Iguazú, Leandro N. Alem, Puerto Rico, Puerto Esperanza, Jardín América e Irigoyen donde también hubo relevamientos.

La ley fue impulsada por la ministra de Desarrollo Social de la Nación,Carolina Stanley y consiste en extender título de propiedad a los habitantes de alrededor de 4.400 barrios populares, villas y asentamientos de todo el país, que les permitirá a sus ocupantes reclamar servicios y beneficios sociales.

Fue una propuesta de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), cuyo principal referente es Juan Grabois, cercano a Cristina Kirchner, que no estuvo en la votación de anoche, aunque unos 5 mil adherentes de organizaciones sociales se concentraron en los alrededores del Congreso, en la ciudad de Buenos Aires.

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Tras un mes sin agua, se restableció el servicio en comunidad mbya de San Ignacio

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La Dirección de Asuntos Guaraníes confirmó el restablecimiento del servicio de agua potable en la comunidad Ychongy Poty, luego de que, a más de un mes sin poder acceder al líquido vital, el municipio y la cooperativa afín resolvieran saldar la deuda de $1.800.000, correspondiente a la conexión del sistema hídrico. 

Al respecto, Francisco Rodríguez, director del área que funciona como nexo entre las comunidades mbya y el gobierno provincial, explicó a La Voz de Misiones que: “La comunidad estaba sin agua por una deuda de dicha conexión”, lo que afectaba a ocho familias integradas por alrededor de 35 personas.

También, detalló que la misma se encontraba a nombre del cacique y no de la comunidad, por lo que la provincia junto al municipio y la cooperativa acordaron saldar la deuda a fin de restablecer el servicio. 

Hoy ya cuentan con el agua correspondiente y está funcionando bien. Ya se le notificó al segundo cacique Gervacio Benítez porque el primero no se encontraba”, concluyó Rodríguez respecto a la última visita. 

Según consta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que Argentina adhirió, los Estados deben garantizar a los Pueblos Indígenas el acceso a servicios básicos que aseguren condiciones de vida dignas.

El caso

La faltante de agua potable en la comunidad Ychongy Poty se remonta al mes de febrero. Desde entonces, tanto niños como ancianos se vieron obligados a pasar días de calor extremo sin agua para beber, además de no poder realizar actividades básicas para la vida cotidiana, como cocinar o higienizarse en sus hogares, y debieron acudir a la solidaridad de sus vecinos. 

Desde un comienzo, el mburuvicha, Ariel Ramos, había reclamado que “el municipio debía hacerse cargo de afrontar el pago y, de un día para el otro, dejó de hacerlo sin previo aviso”, generando una deuda que les resultaba imposible saldar, por lo que realizó la denuncia correspondiente ante la Dirección de Asuntos Guaraníes.

La situación fue visibilizada por distintas organizaciones sociales y defensoras de los derechos indígenas, tal como el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y la abogada Roxana Rivas, quien coincidió en que la situación era irregular desde el punto de vista de que al contar con Personería Jurídica, el servicio debería estar a nombre de la comunidad y no del mburuvicha. 

La cooperativa tiene la obligación de garantizar un servicio mínimo a todos los ciudadanos, pero particularmente a las comunidades indígenas. Y es obligación del Estado atender esta situación desde una perspectiva comunitaria”, había señalado.

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Preparan actividades y marcha a la Legislatura por los 30 años del No a Corpus

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El próximo 14 de abril, en el marco del aniversario Nº 30 del plebiscito que frenó la construcción de la represa hidroeléctrica sobre el río Paraná en la localidad misionera de Corpus, la mesa provincial por el No a las Represas realizará una marcha hacia la Cámara de Representantes con el fin de “celebrar y reafirmar la voluntad de continuar defendiendo la libertad de nuestros ríos”. Previamente, el domingo 12, habrá distintas actividades en ese municipio.

Para dar a conocer la agenda movilizada por docentes, ambientalistas, organizaciones sociales, sindicales y la ciudadanía en general, la mesa provincial emitió un comunicado en el que recordó los últimos intentos por reactivar la propuesta.

“En nuestra provincia en los últimos tiempos se han escuchado voces de ex funcionarios provinciales y nacionales, diputados mandato cumplido, referentes de organismos nacionales, como la Comip, organizaciones como el colegio de ingenieros, tratando de promover un debate, ampliamente superado en nuestra provincia, acerca de la construcción de la represa de Corpus Christi”, resaltaron.

Lo que calificaron como “una clara actitud tendiente a desoír la voluntad de las misioneras y los misioneros expresada en el plebiscito de 1996 y no dar cumplimiento a la ley provincial que prohíbe avanzar en su construcción, sobre cualquier emplazamiento sobre el río Paraná”.

Por este motivo, convocaron a dos jornadas conmemorativas con el objetivo de “recordar que el próximo 14 de abril se cumplen 30 años de aquel histórico acontecimiento, en el que la ciudadanía misionera pudo libremente expresar su voluntad, rechazando la construcción del mencionado mega proyecto”.

El día domingo 12 de abril las actividades centrales se desarrollarán en la localidad de Corpus, lugar emblemático donde se llevó a cabo uno de los actos más recordados de la campaña por el NO. También habrá acciones en otras localidades a lo largo y ancho de la provincia, cuyos detalles se conocerán en los próximos días.

En tanto, el martes 14 de abril habrá una marcha desde el centro de Posadas hacia la Legislatura donde presentarán una nota exigiendo se avance con el tratamiento del proyecto de “Ley de Ríos Libres” ingresado el 15/07/2015 con expediente P.P. 2626/15 en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, el cual no logró tratamiento hasta el momento.

Para finalizar, exigieron públicamente “que las autoridades provinciales y legisladores, expresen de igual manera su voluntad de defender la Ley que ratifica el resultado del plebiscito con un 88 % de NO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA DE CORPUS”.

Por otro lado, instaron a las autoridades competentes a solicitar el “no apoyo a la reforma de la Ley de glaciares 26.639 y Ley de bosques 26.331, construidas, consensuadas y promulgadas con el acompañamiento amplio de la comunidad científica y los pobladores de los territorios de posible afectación siendo esto un motivo más que suficiente para que un legislador de nuestra provincia se oponga a semejante voluntad popular”.

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Yerbateros acordaron no vender el kilo de hoja verde por menos de $500

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Productores yerbateros de distintos puntos de la zona centro se reunieron en asamblea, a la altura del kilómetro 43 de la ruta 14 en Campo Grande, a fin de establecer un precio de referencia para la venta de hoja verde a secaderos e industrias.

El encuentro comenzó en horas de la mañana de este sábado con la presencia de un centenar de productores provenientes de esa localidad, como también de Itacaruaré, San Javier, San Vicente, Oberá, Campo Ramón, Campo Viera y El Soberbio.

En ese marco, el debate estuvo marcado por diversas cuestiones que hacen a la crisis del sector yerbatero, por lo que definieron ejes de acción como ser la venta de la hoja verde por un monto de $500 o superior.

“El cálculo contempla costos que rondan los $391 pesos por kilo de hoja verde y si se agrega un 30% de rentabilidad para el productor este número cerraría en no menos $500”, explicaron.

En este sentido, también recordaron el aumento de precios programados por el empresario yerbatero sirio, Omar Kassab, quien ofreció $350 por el kilo de hoja verde, lo cual consideraron insuficiente. “No obstante aplaudimos la predisposición de que un industrial plantee un precio de $350, aun así estamos trabajando por debajo de los costos de producción“, afirmaron.

Al mismo tiempo, señalaron: “Sumado a la merma en el rinde de la zona sur y Corrientes ante la sequía del verano, habrá una merma en la cosecha de este año, por lo tanto la definición del grupo de productores fue de no vender la hoja verde de yerba a valores inferiores a $500 puesto en secadero“.

Durante el encuentro que finalmente concluyó a las 16:30, vaticinaron que este año el mercado necesitará yerba ante el aumento de la demanda por consumo interno y el incremento de exportaciones.

Si bien aguardan que los productores cumplan con la medida de no entregar la hoja verde por menos de $500, continuarán exigiendo al gobierno provincial y a la Cámara de Representantes que se declare la emergencia yerbatera.

Asamblea de productores yerbateros en Campo Grande

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