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La viuda de Cabrera acusó a la defensa de la ex modelo de pedirle un monto “para arreglar”

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Fue la tercera propuesta de los allegados a la ex modelo Rocío Santa Cruz para evitar el juicio. Al principio fueron 400 mil pesos, después 200 mil más. El fallo fue condenatorio para la mujer por arrollar y matar a Cabrera.

 

POSADAS. Irene Paré, la viuda del trabajador municipal que murió atropellado por la ex modelo Rocío Santa Cruz, dijo que al final de una serie de ofrecimientos de dinero para evitar el juicio hasta “me dijeron que yo pusiera el monto”, al salir al cruce de un intento de acercamiento de aquella.

La mujer, visiblemente molesta por las últimas declaraciones de la condenada, señaló que las “únicas veces que se acercaron fue para decir que querían hablar”, pero en realidad se referían a la posibilidad de un acuerdo antes del debate.

Durante una entrevista con el canal Misiones Cuatro, Paré admitió que la llamaron desde el estudio que defendía a Santa Cruz “solo para ofrecerme plata. La primera vez ofrecieron 400 mil pesos; la segunda, 200 mil pesos más y al final me dijeron que yo pusiera el monto”.

Añadió que el último ofrecimiento “fue un viernes y el martes estaba previsto que comenzara el juicio”, como finalmente sucedió y la ex modelo y abogada fue condenada a cuatro de prisión efectiva por el siniestro en el que murió su esposo.

Paré dijo que los integrantes del grupo familiar estaban “muy indignados por lo que otra vez nos toca. Lo tenemos asumido, pero es muy difícil para nosotros”, dijo al referirse a la liberación de la acusada tras haber violado la prohibición de salir del país.

Santa Cruz, en libertad desde el sábado pasado, habló de que estaría dispuesta a encontrarse con los allegados de su víctima,  “no veo que tenga alguna amabilidad con mis hijos, como yo esperaba. Ya lo vi en el juicio”, expresó con relación a la entrevista de canal 12.

Le escuché y es muy caradura”, dijo al recordar que “en el juicio ni siquiera nos miró a la cara y ayer (durante la entrevista televisiva) no miraba a la cámara”, advirtió al describir una sospechosa sinceridad en sus palabras.

Recordó que la ex modelo “dijo que le teníamos bronca, pero nunca le tuvimos bronca a la señora Santa Cruz. Y ahora se digna en hablar, pero el tiempo con nosotros ya se terminó. No queremos hablar con ella”, dijo Paré.

Agregó que “ya pasaron tres años y medio de la muerte de Topo, sus abogados se quisieron acercar una semana antes del juicio y hablaron con mi abogado, pero después del juicio no supe más nada, hasta que el marido se acercó a hablar con mi hijo más chico”.

La viuda de Cabrera dijo que esos fueron los intentos de los allegados a Santa Cruz para mantener algún contacto con ellos, pero ahora “mi hijo tiene un dolor muy grande por lo que pasó con su papá y que ella (por la ex modelo) se acerque para contestar lo que quiere, no”, remarcó al descartar toda posibilidad de diálogo con la otra parte.

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Ordenan detener a Raúl Sidders, cura de Iguazú acusado de abuso sexual

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Luego del pedido de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) 11 de La Plata, a cargo de Álvaro Garganta, el juez de Garantías Carlos Agustín Crispó hizo lugar a la solicitud de detención del cura destinado en Puerto Iguazú, Raúl Anatoly Sidders, acusado por abusar sexualmente de una menor de edad.

El pedido de inmediata detención de garganta se dictó el pasado viernes 27 y, tras cumplirse los cinco días de plazo estipulados, la Justicia platense ordenó ayer que se cumpla con la medida.

La denuncia contra el cura fue radicada en agosto pasado por una joven, quien señaló que Sidders la abusó cuando tenía 13 años, “aprovechando la situación de guía espiritual como sacerdote y docente”, según se detalla en la presentación ante el Juzgado de Garantías 2 de ciudad de La Plata, cuando el religioso se desempeñaba como capellán del colegio San Vicente de Paul.

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Militar denunciado por abuso sexual de sus dos hijas en Irigoyen

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Luego de más de una década de abusos sexuales por parte de su padre, suboficial del Ejército Argentino, una joven se animó a contar el calvario que vivieron, desde niñas, ella y su hermana. Ahora, quiere que la Justicia actúe: “Toda mi vida con miedo y ahora que tomé valor para sacar toda esta mierda a luz, sigo teniendo miedo porque nuestro sistema judicial no nos apoya”, dijo en las redes sociales.

 

Oscar Alberto Suárez, de 48 años, fue denunciado por abuso sexual por parte de sus dos hijas, una joven de 23 años y una adolescente de 16. El imputado es suboficial del Ejército Argentino y presta servicio en la Compañía de Cazadores de Monte 18, de Bernardo de Irigoyen.

El pasado 7 de agosto, luego de enterarse por lo que pasaron sus hijas y en representación de la menor de ellas, la mamá denunció al militar ante la Comisaria de la Mujer de Irigoyen.

A su vez, la progenitora recomendó a la mayor que hiciera lo mismo, lo que llevó a la joven de 23 años a realizar la exposición policial, el pasado 13 de agosto, en la ciudad de Buenos Aires, donde se encuentra actualmente.

Luego de exponer los hechos por las vías legales, a casi cuatro meses de la denuncia policial, las jóvenes y su mamá temen por su integridad ya que la Justicia aún no tomó medidas contra el acusado.

Además, sobre él pesa una denuncia por violencia radicada por la madre de las chicas.

En el caso interviene el Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado, a cargo de la doctora Nuria Brunilda Allou.

Después de la denuncia, el miedo continúa

La Voz de Misiones habló con la mayor de las hermanas, quien reafirmó los sucesos que la atormentaron durante toda su niñez, y que también expuso públicamente en las redes sociales: “Desde mis 5 hasta mis 16 años sufrí abuso sexual por parte de él, mi progenitor. Los hechos ocurrían casi una vez por semana, cuando nadie estaba en la casa o por las noches, cuando todos dormían”.

Siempre fue en el mismo hogar, bajo el mismo techo en el que vivíamos, en Monte Caseros, Corrientes; Apóstoles y Bernardo de Irigoyen”, añadió la joven.

Ya lejos de su casa y de su verdugo, la muchacha decidió buscar ayuda en un psicólogo para, luego de años de terapia, tomar la decisión de confesarle a su mamá lo que la atormentaba desde pequeña.

“Recién a mis 23 años, estando lejos de mi casa, a fines de julio de este año, me animé y se lo conté a mi mamá”.

A raíz de ello, su progenitora le pidió que, en confianza con su hermana, le pregunte su padre también abusaba de ella, a lo que la adolescente le confesó que sí.

“Nunca imaginé que mi hermana menor también había sufrido de abuso sexual, ni que había padecido el mismo infierno que yo viví”, contó angustiada la víctima.

De acuerdo a lo que la adolescente de 16 años le confesó a su hermana, los ultrajes habrían comenzado en el 2017, y se detuvieron cuando se inició la cuarentena y su mamá comenzó a quedarse en el hogar. “A veces todos los días, a veces no, depende de si él estaba o no. Este año fueron pocas veces por la cuarentena”.

Inacción de la Justicia

“Oscar es suboficial del Ejército Argentino, preparado para matar”, relató la joven de 23 años y remarcó que: “Es una persona violenta e impulsiva, que abusó de mí y de mi hermana muchas veces, nos manipuló y amenazó durante toda nuestra niñez y adolescencia”.

“En agosto, inicié el proceso judicial. Nunca nos dieron la prisión preventiva, no le dieron la cámara Gesell a mi hermana, tampoco le aseguraron protección para ella y mi mamá, que siguen viviendo en Misiones”, enfatizó.

En este sentido, la joven criticó la falta de acción por parte de la Justicia: “Decido ahora, después de 7 años del último abuso y de casi 2 años de tratamiento psicológico, contar todo lo que viví, antes el miedo dominaba mi vida”, repasó.

“Viví toda mi vida con miedo y ahora que tomé valor para sacar toda esta mierda a luz sigo teniendo miedo porque nuestro sistema judicial no nos apoya”, sentenció.

El abogado querellante, Maximiliano Medina, en diálogo con La Voz de Misiones explicó: “Es un caso de abuso sexual simple sin acceso carnal, entonces, según la fiscalía, no pueden dictarle prisión preventiva sin que antes se ordene la Cámara Gesell”.

En una estrategia legal, el militar dilata la presentación de su defensa y retrasa el proceso: “Hasta que el imputado no ratifique su defensa, yo no puedo pedir la Cámara Gesell para la menor”, detalló el abogado Medina, que acompaña a las víctimas.

“En agosto la madre presentó la denuncia, tardaron más de 20 días en llevar la causa de la comisaría al Juzgado de Instrucción y desde ahí está parada, el acusado no se presenta para designar a su defensor”, insistió el letrado.

Las víctimas y su abogado quieren que la Justicia actué: “Lo que nosotros queremos es que la causa avance, que le den la Cámara Gesell a la hermana menor para lograr la detención del acusado, porque como el caso es abuso sexual simple, sin acceso carnal, la jueza no va a disponer su detención inmediata por ese motivo”.

“Entonces el acusado sigue libre y acosando por medios electrónicos a la madre y a la menor de las víctimas. Además, ambas se tuvieron que ir de la ciudad por ese motivo”, concluyó la defensa.

Por su parte, la joven de 23 años agregó: “Me aterra saber que Oscar está suelto y que yo y mi hermana podríamos no ser las únicas víctimas de este abusador. No quiero ser un número del montón ni una estadística más, pido solamente lo que me merezco por derecho, JUSTICIA”, concluyó la muchacha.

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Piden inmediata detención de cura de Puerto Iguazú acusado por abuso sexual

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El fiscal Álvaro Garganta, titular de la Unidad Fiscal de Investigación 11 de La Plata solicitó la detención del cura Raúl Anatoly Sidders, denunciado por abuso sexual en La Plata y quien desde principios de mayo fue trasladado a la Diócesis de Puerto Iguazú, donde comparte residencia con el obispo local Nicolás Baisi.

Según se informó, la solicitud del fiscal -que se expidió ayer- deberá ser resuelta en el plazo de cinco días por el juez Agustín Carlos Crispo.

La denuncia contra el cura fue radicada en agosto pasado por una joven, quien señaló a Sidders la abusó cuando tenía 13 años, “aprovechando la situación de guía espiritual como sacerdote y docente”, según se detalla en la presentación ante el Juzgado de Garantías 2 de ciudad de La Plata, cuando el religioso se desempeñaba como capellán del colegio San Vicente de Paul.

Tras la solicitud de detención originaria requerida por los patrocinantes de la víctima, Juan Pablo Gallego y Pía Garralda, salió a luz que el presbítero Raúl Anatolly Sidders se había trasladado al área de la Triple Frontera, en Puerto Iguazú, con grave riesgo de fuga, a entender de los letrados.

En este sentido, se supo que sobre Sidders recae la prohibición de salida del país.

Luego de conocida la primera denuncia y la llegada del religioso a la Ciudad de las Cataratas, el obispo local, Nicolás Baisi, sostuvo que los señalamientos se trataban de una “fake news”.

Los denunciantes señalaron en un comunicado que “el encubrimiento de la jerarquía eclesiástica se manifiesta en que, a pesar de la causa en su contra, Sidders mantiene tanto su cargo eclesiástico como público, ya que también es capellán de la Gendarmería Nacional”.

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