Provinciales
Jueza ordenó arrancar a bebé de su familia: “Vinieron a llevarse a mi hija a un orfanato”
Una pareja posadeña atraviesa momentos de angustia y desconcierto luego de que el Juzgado de Familia N° 3 ordenara retirar del seno familiar a una pequeña de casi 2 años, que Pablo Runke y Marina Fernández crían como hija propia desde su nacimiento.
Hoy, a las 14:30, en la ciudad de Posadas, un oficial de justicia enviado por la jueza Elizabeth Inés Kiczka, acompañado por dos patrullas de la policía de la provincia, llegó al domicilio de la familia Runke con la orden de llevarse a la niña.
La siesta se vio convulsionada en la vivienda de la avenida Ituzaingó, entre San Martin y Tomás Guido, hasta donde arribaron los funcionarios con el objetivo de llevarse a E. de los brazos de sus padres.
Según relató Runke a La Voz de Misiones, la bebé es fruto de una relación extramatrimonial con una chica del interior de la provincia. Por diferentes motivos, la madre biológica no pudo hacerse cargo de la criatura y por eso le entregó la tenencia a Pablo desde el mismo momento de su nacimiento.
De acuerdo con el relato de los papás, desde un principio, el matrimonio se hizo cargo de todas las responsabilidades y aseguró el bienestar de la pequeña, haciéndola sentir una más de la familia, ya que durante años, Runke y Fernández no lograron cumplir el anhelo de tener un hijo.
El hombre asumió que era su hija biológica y la inscribió con su apellido pero, un tiempo después, su esposa Marina inició los trámites para ser legalmente la madre de E.
Entonces, la Justicia ordenó realizar un análisis de ADN a Runke, el cual, sorpresivamente, comprobó que no existía vínculo de sangre entre padre e hija.
“Arbitraria e injusta”
Con el resultado del análisis, la jueza familiar ordenó a principios de febrero que la menor sea alojada en un orfanato hasta tanto se resuelva el proceso de adopción. Sin embargo, en aquel momento la familia lo impidió.
Durante la jornada de hoy, la jueza Kiczka insistió con la decisión, que no se pudo concretar porque la familia Runke no se encontraba en el domicilio del barrio Islas Malvinas de la capital provincial.
“La jueza tomó una medida apresurada, sin tener en cuenta el contexto de la menor”, aseguró a LVM el abogado de la familia, Miguel Cristaldo, y agregó: “No se hicieron estudios socioambientales de ningún tipo”. Asimismo, el letrado confirmó que mañana realizará una presentación en el Juzgado de Familia N° 3.
“La beba tiene una imagen de madre y padre conformada, su madre de sangre la entregó en forma voluntaria al padre, fue todo bien hecho, pero la Justicia está tomando medidas inhumanas, arbitrarias e injustas. Llama mucho la atención que la Justicia tome decisiones tan rápidas”, fustigó el representante de los Runke en una transmisión en vivo de La Voz de Misiones.
En cuanto a la madre biológica de la niña, Cristaldo expresó que “la progenitora está en Buenos Aires, está por venir, la estamos trayendo, está sabiendo la situación, pero los tiempos nos están ganando, esto se pudo resolver de otra manera”.
Para finalizar, el matriculado aclaró que no existe la figura de un padre biológico que reclame la tenencia de la niña, sino que se trata de una actuación de oficio de la Justicia misionera que, sin estudios pertinentes, decidió arrancar a la pequeña de quienes reconoce como sus padres: “Al igual de lo que pasó en Eldorado con el caso Antonella; están tomando medidas de manera apresuradas, para mi sentido y conocimiento del caso”.
“Es mi hija”
Por su parte, el padre de la pequeña E., Pablo Runke, sostuvo que “ella me entregó la nena y me dijo: ‘Es tu hija’. Yo en ningún momento me planteé que no era su papá”.
“Cuando me enteré que no era mi hija no me importó, nada cambia el amor y el vínculo que tenemos”, dijo emocionado a LVM. “Mi mujer también la aceptó y quiso adoptarla”, agregó.
Sobre las actuaciones de la Justicia, el padre cuestionó: “Vinieron a llevarse a mi hija a un orfanato”.
MARTILLO. La jueza ordenó que E. vaya a un hogar para niños y separarla de quienes conoce como sus padres.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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