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Impulsan ordenanza para resguardarse de operativos por soja en El Soberbio

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Productores de El Soberbio presentaron esta mañana un proyecto de ordenanza en el Honorable Concejo Deliberante local para exigir que la localidad sea declarada como “zona productiva de soja y maíz”, con el objetivo de resguardarse ante operativos de fuerzas federales que investigan el contrabando de granos hacía Brasil.

La solicitud de los colonos se da luego de un último procedimiento de Prefectura Naval Argentina (PNA) en el que se incautaron 278 toneladas de soja de un galpón en el paraje Martín Miguel de Güemes, lo cual además derivó el lunes en una masiva protesta realizada en la misma zona.

El documento ingresó este miércoles en el concejo de El Soberbio para que sea tratado por los ediles locales en la sesión ordinaria de mañana. La presentación formal fue realizada por Walter Kesterke, presidente del Movimiento de Trabajadores del Alto Uruguay (TAU).

“Con esto vamos a solucionar el problema a futuro, porque la gente va poder estoquear su mercadería, hacer su cosecha tranquila sin preocupación de ser víctima de algún allanamiento que nosotros consideramos ilegal”, argumentó Kesterke, en diálogo con La Voz de Misiones.

Y planteó que “si los concejales dicen que esta situación es real, que nosotros sí producimos, que somos parte importante de la producción, va a ser una resolución importante para la liberación de los granos”.

La productores nucleados en el TAU decidieron realizar una manifestación el lunes.

El proyecto

En el proyecto de ordenanza, los colonos sostienen que han sido víctimas de “constantes allanamientos” por parte de las “fuerzas de seguridad” en diferentes galpones de los agricultores locales y además plantean que sufren una “inhibición de circular libremente con materia agrícola” en la ciudad.

En esa línea, argumentan que son los concejales quienes deberían actuar como “mediadores” entre las fuerzas federales y los agricultores-comerciantes de granos de soja y maíz del Alto Uruguay, conflicto que se suscita hace varios años.

Además, respaldan su pedido en “la gran manifestación popular” realizada el lunes en el paraje Martín Miguel de Güemes, sobre la cual reclamaron que “ninguna autoridad local electa y en ejercicio de sus funciones se acercó para ponerse al tanto de tan preocupante y desgarradora situación que atraviesan los agricultores soberbianos”.

Ante esos considerandos, los trabajadores piden a los concejales que El Soberbio sea declarada como “zona productiva de soja, maíz y de alimentos en general, para animales de granja”, como así también se instaure la “libre circulación de materia agrícola” en la toda la ciudad.

En otro artículo, solicitan que también se “garantice el libre almacenamiento ‘stock’ de lo que se produce en las chacras de los agricultores y de todo material agrícola que se necesita para producir y que tenga procedencia legal”.

Allanamiento y causa abierta

El operativo que desató la reacción del grupo de productores nucleados en el TAU se registró el último fin de semana, cuando efectivos de la PNA irrumpieron en un galpón ubicado en la zona costera al río Uruguay e incautaron un total de 278 toneladas de soja que presuntamente estaban a la espera de ser cruzadas de contrabando a Brasil.

Según consignaron fuentes consultadas por este medio, el operativo fue solicitado por PNA tras varios meses de investigación y fue autorizado por el Juzgado Federal de Oberá, a cargo del magistrado Alejandro Gallandat Luzuriaga.

La pesquisa plantea que los granos serían almacenados en ese depósito para luego ser enviadas a Brasil transgrediendo las normativas de exportación vigentes, mientras que los productores en protesta argumentan que la mercadería incautada es producida, utilizada y comercializada en manera legal dentro del país.

En el allanamiento que desató la reacción de los productores la PNA incautó 278 toneladas de soja. 

Todo ello deberá ser esclarecido en el marco de la instrucción del expediente iniciado. Las mismas fuentes detallaron que durante el allanamiento habían dos personas en el lugar, quienes permanecen en libertad supeditada y en las próximas horas serán citados a prestar declaración indagatoria.

Respecto a lo incautado, los voceros consultados indicaron que la mercadería será subastada para evitar que se eche a perder y el dinero de allí obtenido será resguardado hasta tanto culmine la investigación.

En caso de que algún tercero involucrado pueda acreditar la titularidad de lo incautado y se determine que no hubo ninguna ilegalidad en el hecho, podrá solicitar el reintegro del dinero obtenido en la subasta.


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El gobierno declaró emergencia ígnea por seis meses en Misiones

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Por decreto, el gobernador de la provincia Hugo Passalacqua declaró emergencia ígnea por el término de 180 días, con posibilidad de prórroga, ante la continuidad de la alerta extrema por incendios a raíz de una fuerte sequía y la ausencia de lluvias abundantes.

La medida fue oficializada en el día de hoy mediante una publicación en el Boletín Oficial donde detallan que la adopción de medidas y acciones técnicas necesarias para la prevención y el combate de incendios urbanos, rurales y forestales, serán encomendadas a los ministerios de Hacienda, Gobierno, Agro y Producción, Salud Pública, Gabinete y Ecología, además de las secretarías de Cambio climático, Agricultura Familiar y el Instituto Misionero de Biodiversidad (IMIBIO).

A su vez, el Ministerio de Hacienda deberá efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten pertinentes para atender el gasto que demande la implementación de las acciones a adoptar.

Situación alarmante

La Dirección de Alerta Temprana confirmó que Misiones continúa en alerta “extrema” y “muy alta” debido al alto índice de peligro de incendios que afecta a todo el territorio provincial. 

Según relevamientos de la Policía de Misiones, en sólo 12 horas (desde las 18 del 12 de enero hasta las 6 del 13 de enero), los Bomberos realizaron 21 intervenciones para sofocar incendios en diferentes puntos de la provincia, situación que se viene replicando diariamente. 

Los operativos incluyeron incendios en malezas, basura y montículos de aserrín, incendios en viviendas, plantaciones, entre otros. 

En este marco, recordaron que las altas temperaturas y la escasez de lluvias son dos factores que potencian aún más la probabilidad de incendios, por lo que remarcaron la importancia de no tirar colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en pastizales o áreas boscosas; evitar quemas de cualquier tipo; mantener limpios los alrededores de viviendas y comunidades, retirando hojas secas, ramas y otros materiales que son consumidores rápidamente por las llamas. 

En caso de detectar columnas de humo o llamas, además de llamar al 911 o las líneas 105 (Emergencia Ambiental), 100 (Bomberos) y 103 (Defensa Civil).

Misiones y trece provincias en alerta por temperaturas que alcanzarían los 40°


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Sin acuerdo de precios, productores yerbateros continúan el paro de cosecha

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Ayer en horas de la tarde, alrededor de 300 productores de yerba mate provenientes de Eldorado, Andresito, San Vicente y San Pedro, se reunieron en la “Capital de las Araucarias” junto a referentes del gobierno provincial y el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), a quienes volvieron a insistir sobre el cumplimiento de los $450 por el kilo de hoja verde para volver a cosechar. 

A mediados de diciembre, el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, firmó un acta de compromiso que planteaba “realizar todas las acciones pertinentes para lograr un precio justo”, valor fijado en $450 por los productores.

A casi un mes de ese encuentro, las autoridades no lograron avanzar sobre el pedido y los productores continúan sin cosechar la yerba, medida que en la asamblea de ayer fue ratificada de cara a las próximas semanas de no resolverse la petición:

Acordamos continuar con el cese de cosecha que se lleva a cabo en toda la provincia desde el 2 de diciembre. La medida consiste en no entregar la yerba hasta que no tengan un precio acordado”, confirmó el productor Omar Tabaczuk en diálogo con LVM.

Asamblea de productores yerbateros en San Pedro

Por su parte, desde el Inym recordaron que “no tienen ninguna herramienta para fijar un precio”, lo cual es consecuencia de la desregulación del organismo iniciada tras la puesta en marcha del primer Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el presidente Javier Milei en diciembre de 2023, apenas asumido.

A su vez, desde el gobierno provincial “no tienen nada como para garantizar un precio a los productores”. En palabras de Tabaczuk, “los productores estamos desamparados de los dos lados, de parte del Inym y del gobierno provincial”.

De todas maneras, las autoridades del Inym -presentes durante la asamblea de ayer- se comprometieron en controlar la calidad de la hoja verde en las distintas acopiadoras y trabajar en una grilla de costos que podría favorecer a los productores.

Al respecto, Julio Petterson, expuso una de las propuestas del Gobierno referida al Sistema de Trazabilidad de la actividad yerbatera: “Estamos trabajando con el Sistema de Trazabilidad para poder avanzar con la quita de Rentas y beneficios impositivos para secaderos y cooperativas que cumplen con el precio de referencia, es el único beneficio que podemos darle”.

Sin embargo, reconoció que para lograrlo será necesario contar con una ley que permita crear el Instituto Provincial de la Yerba Mate.

 


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Protesta por maltratos en el Pami de Montecarlo: “Con los abuelos no”

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En la mañana de hoy, un grupo conformado por alrededor de 20 afiliados Pami de Montecarlo se apostó en inmediaciones a la agencia local con reclamos y carteles que exigen “basta de maltratos a los abuelos” y apuntan a una empleada: “Mónica, con los abuelos no”. 

“Nosotros nos juntamos para manifestarnos porque sacaron al doctor Falcón y pusieron a una mujer que es bastante maltratadora. Queremos que vuelva el doctor y que a esta mujer la pasen a otro lado”, con esas palabras uno de los afiliados se refirió a la trabajadora social Mónica Barrios.

Según pudo saber LVM, la medida de fuerza se replicará todos los viernes “hasta que sea restituido el doctor Ramón Falcón”, mientras que el martes 14 de enero uno de los pensionados se presentará en la agencia de Pami de Posadas con más de 100 firmas para exigir la destitución de Barrios.

Antecedentes

Todo comenzó durante la primera semana de octubre pasado cuando comenzó a circular, a través de WhatsApp, un video con el sello de Pami junto al rótulo “corrupción”, el cual fue filmado por una agente del organismo en complicidad con el gremio UTI que responde a la comisión directiva. El video exponía al médico Ramón Falcón, de la agencia de Montecarlo, en una situación que fue “sacada de contexto” a fin de “llevarse puesta su reputación”, indicaron fuentes de sindicado Sutepa a LVM.

El material en cuestión fue judicializado por circulación de “información falsa” y en el se lo podía ver a Falcón efectuando el cobro de 5.000 pesos que “nada tienen que ver con el cobro por trámites” a un supuesto afiliado, como reflejó el material viralizado.

“La idea era embarrar el terreno y apuntarle al doctor Falcón. Ese video involucra a una persona que no es afiliada de Pami y se acercó a la agencia de Montecarlo a rellenar un carnet de sanidad, porque la Municipalidad la derivó a este médico a quien puede ubicar en el Pami. Entonces, el doctor a modo de dar una mano y hacerle un favor a esta persona termina completando un formulario y le cobra un dinero de 5000 pesos, pero que nada tiene que ver con Pami”, explicó la fuente.

Justamente, el médico Falcón es dirigente de Sutepa, sindicato que a lo largo del 2024 realizó asambleas en reclamo de irregularidades en el funcionamiento de la prestación social, además de exponer cinco despidos injustificados en la provincia, la quita de medicamentos, traslados y precarización en agencias del interior, reparto de cargos sin respetar carrera administrativa y el repudio de “persecución política” a los trabajadores y afiliados que deciden alzar su voz ante estas situaciones.

Empleados del Pami repudian despidos y persecución política e ideológica


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