Provinciales
Guerra de taxistas: Gamarra mandó a Barrios a su casa y ésta lo acusó por violencia
El detonante fue una supuesta ayuda económica para los trabajadores del sector. Lo anunció Sandra y Alfredo salió a desmentir. El gremialista dijo que su colega debería dedicarse a “ser ama de casa”. Y ella advirtió que lo denunciará penalmente.
Los referentes de dos gremios de taxistas de Misiones, Alfredo Gamarra y Sandra Barrios, se cruzaron a través de los medios de comunicación acerca de un supuesto beneficio para sus afiliados, aunque sacaron a la luz una antigua rivalidad sindical.
Gamarra, como histórico dirigente del Sindicato de Peones de Taxis de Misiones, acusó a Barrios de hacer anuncios sobre cuestiones que no están confirmadas, además de pedir información a los trabajadores del sector con fines inciertos, según dijo.
Y fue más allá el gremialista cuando, a través de la FM Express de Posadas, le aconsejó a su camarada que dejara de “hacer payasadas y que se dedique a lo mejor que puede hacer, que es ser ama de casa”, al relativizar su condición de titular del Sindicato de Taxis, Remises y Afines.
La mujer contestó con su decisión de no responder “a mensajes y audios que circulan sobre mi persona”, pero anticipó que impulsará una denuncia penal contra Gamarra por “violencia de género, violencia laboral, calumnias e injurias, violencia psicológica”, entre otros cargos.
Una ayuda en la mesa
El detonante de las divergencias que hasta ahora eran subterráneas, fue el anuncio de una ayuda económica que dispondría el Gobierno nacional en el marco de la paralización de actividades por la emergencia económica, cuyo impacto es importante entre los trabajadores del volante.
Barrios fue la autora del anticipo y, al parecer, hasta hizo mención de un supuesto acuerdo que se habría alcanzado en la órbita de ANSES, para lo cual desde su organización comenzó un censo de futuros beneficiarios que debían inscribirse previamente.
Al respecto Gamarra dijo que “esta señora (por Barrios) se jacta de haber firmado y con lo único que nos encontramos es que todavía está en estudio, que no se sabe ni la fecha ni el monto que se va a pagar y si se va a fijar. Lo que está haciendo es jugar con la necesidad de los taxistas”.
Lo cierto es que en el fondo del duro intercambio subyace una histórica puja entre los referentes de las dos organizaciones, que comparten la representación del sector con la Asociación de Propietarios de Taxis a cargo de Jorge Starik, como presidente.
Así planteados los alineamientos, por un lado se ubican los taxistas que trabajan con el vehículo de otro; los taxistas en igual condición pero también los remiseros, y los dueños de los vehículos, aunque las divergencias están centradas entre los dos primeros, en tonos irreconciliables.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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