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Gendarme pide no ser trasladado para cuidar una hija con discapacidad

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Un fiscal porteño consideró legítimo un amparo presentado por un efectivo de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) que pidió no ser trasladado de Puerto Iguazú a Buenos Aires para no interrumpir el vínculo familiar con una hija con retraso madurativo que requiere contención.

La resolución judicial fue dictaminada por el titular de la Fiscalía Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal N° 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fabián Canda, a fines de diciembre del año pasado y ahora se espera la decisión de la jueza María Alejandra Biotti, del Juzgado N° 5 del mismo fuero, que previamente ya había hecho lugar a una medida cautelar que suspendió el traslado del uniformado.

Según consignaron en el portal oficial del Ministerio Público Fiscal de la Nación, la historia comenzó cuando la GNA dispuso el traslado a Capital Federal de un gendarme que prestaba servicios en el Escuadrón 13 de Puerto Iguazú, localidad en la cual la familia del uniformado “adquirió estabilidad y vivienda propia”.

Sin embargo, en esa instancia el hombre pidió no ser trasladado en virtud de poseer una niña que padece retraso madurativo con una discapacidad del 76% y para quien los médicos prescribieron contención familiar, con la expresa recomendación a sus padres de “no generar cambios en lo ligado a la movilidad del grupo familiar a otra localidad, debido que esta situación sería otra fuente de estrés que tendría implicancia negativa en su salud y desempeño escolar”.

Con estos argumentos, el gendarme solicitó una excepción a su traslado y continuar cumpliendo funciones en Puerto Iguazú, pero la fuerza no lo aceptó y ante ello el uniformado acudió a la Justicia, trabando un acción de amparo que ahora el fiscal Canda dictaminó como legítimo, lo cual puede ser la antesala a una resolución favorable por parte de la jueza interviniente.

A la hora de fallar a favor del efectivo de GNA, el fiscal Canda tuvo en cuenta dos cuestiones elementales. En primer lugar la atención especial que debe recibir la niña y la obligación que tiene el Estado de garantizar acciones para que los niños con discapacidad accedan a sus derechos fundamentales, mientras que por el otro citó normativas institucionales que avalaban el pedido del gendarme.

Sobre esto último, Canda refirió que “se verifica una urgencia que justifica la procedencia” del recurso y sostuvo que el reclamo está amparado por el mismo Reglamento de Asignación de Cargos y Destinos del Personal de Gendarmería con Estado Militar”.

Por ello, citó el artículo 2003 del reglamento, el cual establece que “serán consideradas las solicitudes por cambio de destino”, entre otros supuestos, cuando se acredite enfermedad del titular, de familiar directo y/o familiar legalmente a cargo ante la institución.

Además, mencionó el artículo 2004, que indica que “es intención de la conducción mantener al personal en destinos que reúnan las mejores condiciones de asistencia y/o cobertura sanitaria tendientes a mitigar los efectos del problema sanitario” y que “las solicitudes de cambio de destino por cuestiones sanitarias del titular o familiar legalmente a cargo, serán consideradas en cualquier época del año”.

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Atienden denuncias por enfermeros sin matrícula y advierten: “Es un delito”

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En los últimos días el Colegio de Profesionales de Enfermería de Misiones emitió un comunicado solicitando a todos los centros de salud y geriátricos, presentes en la provincia, la nómina detallada de quienes ejercen funciones de enfermería en sus establecimientos, a fin de verificar la titulación y matriculación correspondiente. 

La medida fue implementada tras una serie de denuncias recepcionadas por la colegiatura, respecto a la detección de “casos graves” de mala praxis, protagonizados por personal que realizaba tareas de enfermería sin contar con la formación y capacitación correspondiente que avala la profesión en la provincia.  

En este sentido, también justificaron el procedimiento con la búsqueda de seguridad sanitaria al “garantizar que la salud de la comunidad esté en manos de profesionales habilitados”.

Finalmente, consideraron “inadmisible” que existan enfermeros graduados sin empleo “mientras los puestos son ocupados sin la debida matrícula”, por lo que exigen la nómina completa del personal que se desempeñe en tareas propias de enfermería en  sanatorios, clínicas y establecimientos de salud, tanto de Posadas como en otras localidades misioneras.

De esta manera, el Colegio de Profesionales de la Enfermería se pronunció en contra del presunto ejercicio ilegal de la profesión, en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley Nacional N° 24.004 y la provincial N° 1-82.

Consultado por La Voz de Misiones, Sergio Román Ulrich, presidente del mencionado espacio señaló: “Nosotros recibimos dos denuncias formales contra personas que ejercían la enfermería y es un delito hacerlo sin estar matriculado. En este momento nos encontramos en la etapa de constatación y solicitud de pruebas para evaluar cada caso en particular”.

Sobre esto, agregó: “Muchas veces la gente por miedo o temor a represalias no realiza la denuncia. Yo personalmente estoy muy preocupado por la salud de la población porque tenemos casos en localidades como Alem y Oberá, donde hay personas ejerciendo la enfermería sin tener el título habilitante”. 

“En los geriátricos, sanatorios y clínicas privadas hay muchos que ejercen de esta manera y es obligatorio contar con la Tecnicatura Superior en Enfermería”, afirmó y resaltó que actualmente, además de la Escuela de Enfermería en Posadas, existen nueve institutos de formación en Enfermería distribuídos en distintas localidades como ser: San Vicente, Iguazú, Oberá, Apóstoles, entre otras. 

Sergio Román Ullrich, presidente del Colegio de Profesionales de la Enfermería de Misiones

Desde el año 2024 a la fecha, el padrón institucional del mencionado colegio se compone por 2.984 matriculados activos, con matrícula vigente y habilitación profesional plena. Mientras que 1.484 profesionales permanecen con baja temporal solicitada, ya que han comunicado formalmente la suspensión provisoria por encontrarse sin ejercicio laboral al momento.

A su vez, existen 920 matriculados que no realizaron el proceso de rematriculación, por lo cual su carnet profesional se encuentra actualmente fuera de vigencia y ejercen de forma irregular. La grilla concluye con una baja por fallecimiento y otras dos por jubilación.

Sobre el ejercicio profesional en geriátricos y clínicas privadas, Ulrich fue contundente: “El que no cuente con la matrícula deberá dedicarse a otra cosa, porque nosotros tenemos muchísimos enfermeros que no tienen trabajo y la posibilidad de estudiar se le dio de forma gratuita a la gente. Posibilidades de estudiar, hay. Sin matrícula no podrán ejercer”.

Al mismo tiempo, hizo hincapié en otras situaciones en las que existen profesionales con título, pero no realizaron la rematriculación: “Un tiempo la colegiatura funcionó mal y la gente no volvió a actualizar sus papeles. Hoy tendrán que hacerlo, tienen que acercarse al colegio y haremos una rematriculación. De lo contrario, no podrán ejercer y la idea es que podamos trabajar bien porque apuntamos a una enfermería avanzada, trabajando fuertemente en la capacitación del personal de enfermería y la posibilidad de licenciarlos”.  

“Lo que pasa es que los pacientes van a un sanatorio donde la persona no es enfermera, le hace una práctica y esa mala praxis termina en el hospital generando un gasto millonario que debe enfrentar el Estado, habiendo enfermeros capacitados”, añadió.

Actualmente el Colegio se encuentra trabajando en una base de datos para Bolsa de Trabajo destinado a los profesionales de la enfermería: “Con esto pretendemos cuidar el trabajo que hoy en día cuesta tanto de nuestros enfermeros. Por el poco pago que le pueden dar a un auxiliar de enfermería, se pone en riesgo el trabajo de un enfermero profesional”. 

Para finalizar, aclaró que el colegio ya no matricula a auxiliares de enfermería, sino solamente a quienes cuenten con la Tecnicatura Superior en Enfermería o bien la licenciatura correspondiente. 

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Eco tasa en Wanda: intendenta faltó a mesa de diálogo abierta por el Concejo

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Tras el reciente conflicto provocado por la entrada en vigencia de la Tasa Ecoturística en Wanda, el Concejo Deliberante tomó la iniciativa de convocar a los distintos sectores sociales implicados en una Mesa de Diálogo con el objetivo de “escuchar las distintas voces para aclarar inquietudes y avanzar en un consenso”.

El encuentro buscó acercar a las partes y abrir una instancia de diálogo ante la controversia generada por la implementación del nuevo tributo. Sin embargo, la Municipalidad de Wanda fue una de las partes que no se hizo presente en esta primera convocatoria. Ni la intendenta Romina Faccio, ni representantes del Ejecutivo se acercaron en esta primera instancia, lo que al respecto esperan desde el organismo deliberante, que para el segundo llamado sea revertido.  

Del encuentro sí participaron cuatro concejales: Jorge Vier por La Libertad Avanza, Silvia Lutz del PRO y Víctor Cabrera junto a Mirta Berent por el Frente Renovador. También asistieron el abogado del Concejo y representantes de las Minas de Piedras preciosas y de Yacimientos Tierra Colorada, sectores directamente alcanzados por la medida.

En diálogo con La Voz de Misiones, el concejal Vier informó que se resolvió convocar a una nueva reunión conciliatoria para este viernes 27, con la intención de continuar el diálogo y sumar a las partes ausentes.

Vier, además, expresó su postura personal respecto a la tasa: “De mi parte rechazo totalmente la implementación de este impuesto. Creo que es totalmente arbitrario poner un puesto de cobro frente al ingreso a una actividad privada, siendo que ya pagan todos los impuestos que les corresponden, como tasa de comercio y tasa de minería”.

El Concejal sostuvo que desde el Concejo se continuará insistiendo en una instancia de conciliación entre las partes hasta alcanzar un acuerdo que resulte satisfactorio para toda la comunidad de Wanda.

La Tasa Ecoturística, impulsada por la intendenta Romina Faccio, fue reestablecida con la firma del Concejo Deliberante mediante la Ordenanza N° 22/2025 del 25 de noviembre del 2025. La medida vigente desde 2015 se hizo efectiva tras la aplicación del cobro a los turistas en el acceso a los predios mineros, en febrero de 2026.

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Tasa municipal y multa por $264 millones enfrenta a San Vicente con Cotavi

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La Oficina de Rentas de la Municipalidad de San Vicente intimó a la Cooperativa Tabacalera San Vicente Ltda. (Cotavi) a regularizar una deuda que supera los 264 millones de pesos en concepto de Derecho de Inspección, Registro y Servicio de Controlador, correspondiente a los períodos fiscales 2024 y 2025.

Según se informó, la multa aplicada es del 200%, conforme al artículo 87 del Código Fiscal Municipal (Ordenanza 89/2020), y se calcula sobre operaciones de ventas al exterior gravadas por la tasa municipal, deducidas del monto de facturación.

Desde la cooperativa emitieron un comunicado interno dirigido a los socios en el que denunciaron el embargo de su cuenta en el Banco Macro, al que calificaron como “ilegítimo”. “Nos vemos obligados a suspender la compra”, señala la circular firmada ayer por la comisión directiva.

Circular que se compartió a los socios.

El presidente de Cotavi, Julián Dos Santos, hermano del ex intendente Valdomiro Dos Santos, sostuvo que el municipio históricamente cobraba el tributo sobre la facturación interna, pero que en esta oportunidad se aplicó también sobre las ventas al exterior. “Este año se les ocurrió cobrar sobre la facturación que exportamos. Nos embargaron la cuenta y quedamos sin poder pagar lo del viernes, por eso suspendimos la compra”, afirmó.

El titular de la cooperativa señaló que Cotavi exporta cerca del 80% del tabaco que compra y que el municipio aplicó una alícuota del uno por mil sobre lo facturado en los dos años.

Dos Santos consideró que el cobro es “inconstitucional” al entender que la municipalidad no tiene potestad para aplicar tasas sobre operaciones de exportación. “Para eso ya se pagan impuestos nacionales”, indicó.

Asimismo, explicó que tras negociaciones se alcanzó un plan de pagos en ocho cuotas para destrabar el conflicto y reactivar la actividad en los próximos días. Según precisó, la deuda no se encuentra judicializada.

En el plano político, el diputado provincial Cristian Castro cuestionó la medida y la calificó de arbitraria. “Un municipio no puede cobrar derechos de exportación”, afirmó, y citó el artículo 75 inciso 1 de la Constitución Nacional, que establece que el Congreso tiene competencia exclusiva en materia aduanera y de comercio exterior, incluyendo derechos de importación y exportación.

“El comercio exterior es materia federal. Los municipios no tienen potestad tributaria sobre las exportaciones”, sostuvo el legislador, quien además señaló que “la Nación ahoga a la provincia con la coparticipación, la provincia a los municipios y estos salen a cobrar tasas que no devuelven una contraprestación”.

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