Provinciales
Garupá: familia denuncia que la municipalidad se quiere quedar con su casa
Ángel Lovera vive en una propiedad ubicada sobre calle Manuel Dorrego, finca 944, del municipio de Garupá. La propiedad fue adquirida por su padre en el año 1982 y cedida a él por boleto de compraventa en el año 2006 , mediante la inmobiliaria Posadas SA, aunque nunca pudo formalizar su título.
A comienzos del año 2020, inició los trámites para realizar la prescripción adquisitiva de su terreno, en donde tiene su casa, y solicitó a la Municipalidad de Garupá que se le emita la deuda de impuestos por tasas municipales, emitieron la deuda y ordenaron que se realice el convenio de pago, pero desde ese momento comenzó un calvario para él y su familia.
La Municipalidad comenzó a negarle el derecho que le asiste como dueño de su inmueble. La Voz de Misiones se acercó a la casa del damnificado y, a través de un video en vivo, dialogó con su esposa y los abogados que los asesoran.
Dalma Lovera explicó que “mi suegro compró la casa hace 40 años, vivió toda su vida acá y antes de fallecer se la cedió a mi marido. Para tener todos los papeles en regla fuimos a la Municipalidad para regularizar todo, pero ahí comenzaron a trabarnos todo, es por eso que tuvimos que recurrir a los abogados”.
Por su parte, el letrado de la familia, Hugo Orlando Díaz, detalló que “iniciamos una prescripción adquisitiva porque esta gente vive acá en forma permanente, pacífica y pública hace 40 años, pero desde la comuna tienen otros intereses sobre esta propiedad”.
“Ellos se niegan a realizar el cobro de las tasas. entonces, Lovera realizó igualmente el plano de mensura de su inmueble y el agrimensor solicitó a través de correspondientes notas al intendente el visado municipal del plano de mensura, pero la asesora legal se negó a dar ingreso al trámite agotando la vía administrativa sin respuesta; además nos retienen, hasta hoy, la documentación presentada como lo es el plano de mensura para ser visado”, explicó el abogado.
Y agregó: “El próximo paso que dimos fue una acción de amparo, a fines que se les reconozca el derecho a la propiedad a la familia y obtuvimos una medida cautelar de anotación de Litis, oportunamente también promovimos ante el Superior Tribunal de Justicia la correspondiente demanda contenciosa administrativa por denegación tácita, que hasta la fecha no tiene resolución”.
La Municipalidad dice que es suyo
Desde la intendencia contestaron que esa finca le corresponde hace dos décadas, a lo que el letrado Hugo Orlando Díaz detalló que “en la actualidad, la Muni sólo se ha limitado a contestar la acción de amparo y se opone al derecho que asiste a Ángel Lovera, en razón de adjudicarse los mismos la posesión del bien inmueble hace más de 20 años durante la gestión del anterior intendente, Armando ‘Tito’ Ripoll”.
“De esta forma nos hicieron saber que las tierras de Lovera, son un banco de tierra municipal, donde existe un plan de loteo con nombre y trazado de calles”, comentó.
“Pedido falso a un diputado de un plan de urbanización”
“Además, nos informaron que el actual intendente, Luis Ripoll, se ha dirigido mediante nota al diputado provincial Roque Gervasoni, requiriéndole financiación y ejecución de un plan de urbanización en el inmueble propiedad del señor Lovera, manifestando urgencia y necesidad de dar solución a las viviendas precarias e irregulares asentadas en el lugar, lo cual es absolutamente falso”, adujo el letrado.
“Hacemos pública esta situación de avasallamiento de los derechos constitucionales a la propiedad, actualmente vulnerados, pedimos ayuda del señor gobernador y al Poder Judicial de la provincia de Misiones”, concluyó.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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