Provinciales
Garupá: familia denuncia que la municipalidad se quiere quedar con su casa
Ángel Lovera vive en una propiedad ubicada sobre calle Manuel Dorrego, finca 944, del municipio de Garupá. La propiedad fue adquirida por su padre en el año 1982 y cedida a él por boleto de compraventa en el año 2006 , mediante la inmobiliaria Posadas SA, aunque nunca pudo formalizar su título.
A comienzos del año 2020, inició los trámites para realizar la prescripción adquisitiva de su terreno, en donde tiene su casa, y solicitó a la Municipalidad de Garupá que se le emita la deuda de impuestos por tasas municipales, emitieron la deuda y ordenaron que se realice el convenio de pago, pero desde ese momento comenzó un calvario para él y su familia.
La Municipalidad comenzó a negarle el derecho que le asiste como dueño de su inmueble. La Voz de Misiones se acercó a la casa del damnificado y, a través de un video en vivo, dialogó con su esposa y los abogados que los asesoran.
Dalma Lovera explicó que “mi suegro compró la casa hace 40 años, vivió toda su vida acá y antes de fallecer se la cedió a mi marido. Para tener todos los papeles en regla fuimos a la Municipalidad para regularizar todo, pero ahí comenzaron a trabarnos todo, es por eso que tuvimos que recurrir a los abogados”.
Por su parte, el letrado de la familia, Hugo Orlando Díaz, detalló que “iniciamos una prescripción adquisitiva porque esta gente vive acá en forma permanente, pacífica y pública hace 40 años, pero desde la comuna tienen otros intereses sobre esta propiedad”.
“Ellos se niegan a realizar el cobro de las tasas. entonces, Lovera realizó igualmente el plano de mensura de su inmueble y el agrimensor solicitó a través de correspondientes notas al intendente el visado municipal del plano de mensura, pero la asesora legal se negó a dar ingreso al trámite agotando la vía administrativa sin respuesta; además nos retienen, hasta hoy, la documentación presentada como lo es el plano de mensura para ser visado”, explicó el abogado.
Y agregó: “El próximo paso que dimos fue una acción de amparo, a fines que se les reconozca el derecho a la propiedad a la familia y obtuvimos una medida cautelar de anotación de Litis, oportunamente también promovimos ante el Superior Tribunal de Justicia la correspondiente demanda contenciosa administrativa por denegación tácita, que hasta la fecha no tiene resolución”.
La Municipalidad dice que es suyo
Desde la intendencia contestaron que esa finca le corresponde hace dos décadas, a lo que el letrado Hugo Orlando Díaz detalló que “en la actualidad, la Muni sólo se ha limitado a contestar la acción de amparo y se opone al derecho que asiste a Ángel Lovera, en razón de adjudicarse los mismos la posesión del bien inmueble hace más de 20 años durante la gestión del anterior intendente, Armando ‘Tito’ Ripoll”.
“De esta forma nos hicieron saber que las tierras de Lovera, son un banco de tierra municipal, donde existe un plan de loteo con nombre y trazado de calles”, comentó.
“Pedido falso a un diputado de un plan de urbanización”
“Además, nos informaron que el actual intendente, Luis Ripoll, se ha dirigido mediante nota al diputado provincial Roque Gervasoni, requiriéndole financiación y ejecución de un plan de urbanización en el inmueble propiedad del señor Lovera, manifestando urgencia y necesidad de dar solución a las viviendas precarias e irregulares asentadas en el lugar, lo cual es absolutamente falso”, adujo el letrado.
“Hacemos pública esta situación de avasallamiento de los derechos constitucionales a la propiedad, actualmente vulnerados, pedimos ayuda del señor gobernador y al Poder Judicial de la provincia de Misiones”, concluyó.
Provinciales
Mesa yerbatera pasó a cuarto intermedio y espera acordar un precio de referencia
Este jueves, productores, representantes de cooperativas, industriales y secaderos, mantuvieron un encuentro con autoridades provinciales a fin de responder a la necesidad de generar un espacio de diálogo frente a la ausencia de definiciones sobre la crisis yerbatera en el escenario nacional.
La reunión, protagonizada por quienes integran la denominada “mesa yerbatera” se desarrolló en la sede del ministerio del Agro de Misiones y, pese a los intentos, no lograron destrabar la crisis de precios que golpea al eslabón primario.
En ese marco, los productores consideraron que en el escenario actual, “pagar entre $500 y $700 por kilo de hoja verde resulta inviable”, mientras que los cooperativistas señalaron que el precio en góndola debería ascender a $8.000 para mejorar el ingreso de los productores.
Consultado por La Voz de Misiones, Jorge Skripsczuk, productor y presidente de la asociación civil Impulso Yerbatero, consideró: “A mi particularmente me pareció buena la reunión, por ser la primera. Estuvo muy concurrida, con todos los sectores, desde el cosechero hasta el industrial”.
De cara al próximo encuentro que se desarrollará dentro de dos semanas, expresó: “Ojalá se pueda llegar a un acuerdo como para descomprimir esta situación que se está viviendo actualmente. Más que nada por las familias de productores y tareferos que no la estamos pasando nada bien”.
Tras el encuentro, el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, señaló que la provincia se encuentra evaluando una estructura de costos de la cadena yerbatera para fortalecer su rol de mediador institucional y contribuir a la construcción de acuerdos en ausencia de herramientas nacionales vigentes.
Por su parte, el subsecretario de Asuntos Yerbateros, Ricardo Maciel, recordó que este tipo de instancias de diálogo tienen antecedentes previos a la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), y remarcó que, más allá de los desafíos, la existencia de ese organismo “permitió durante años dotar de mayor previsibilidad al sector”.
Luego del intercambio, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio de quince días, período en el cual el sector industrial y molinero analizará alternativas para acercar una propuesta que pueda ser discutida en conjunto en torno a un precio de referencia.
Provinciales
Comunidades mbya se retiran de la Plaza 9 de Julio tras acuerdo con el gobierno
A cuatro días del acampe que reunió a caciques mbya de diferentes puntos de la provincia en la Plaza 9 de Julio de Posadas, el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez confirmó la firma de un acuerdo que incluye un aumento del 100% en tarjetas sociales, relevamientos en comunidades que no cuentan con acceso al agua y mejora de caminos, entre otros puntos.
La reunión concretada en la tarde de hoy, entre representantes del gobierno de la provincia y referentes mbya guaraní, junto al cacique Hilario Moreira, quien preside el Consejo de Caciques, tuvo como objetivo “dar respuesta a las inquietudes y requerimientos oportunamente planteados por los referentes y caciques de las comunidades Mbya Guaraní”.
Según consta el acta al que tuvo acceso La Voz de Misiones, a partir del mes próximo “las tarjetas sociales tendrán un incremento del cien por ciento (100%)”. La medida fue adoptada por el gobierno provincial con el fin de fortalecer la asistencia a las familias de las comunidades, manteniendo el compromiso de dar continuidad a la regularidad de los pagos.
Por su parte, el cacique Moreira, propuso realizar una revisión del padrón actual de beneficiarios de las tarjetas sociales, a fin de analizar la situación existente y, de corresponder, proceder a las bajas pertinentes y en su caso determinar nuevas altas, garantizando una distribución justa y actualizada del beneficio.
Del mismo modo, propuso que se evalúe una nueva modalidad de implementación de las tarjetas sociales, mediante la cual las mujeres de las comunidades sean consideradas titulares y beneficiarias directas de dicho instrumento social, para su correspondiente análisis por las áreas competentes.
En relación con la problemática vinculada al acceso al agua, solicitaron a los representantes comunitarios la presentación de un relevamiento detallado que contemple las comunidades afectadas, ubicación geográfica, prioridades existentes y necesidades puntuales, a efectos de canalizar las respuestas correspondientes mediante los organismos competentes.
Respecto a lo educativo, resolvieron establecer una reunión con el ministro de Educación, Ramiro Aranda, y la titular del Consejo General de Educación, Daniela López, para exponer las problemáticas específicas.
Otras demandas
En cuanto a la salud indígena, propusieron la realización de una reunión con las autoridades principales del ministerio de Salud Pública y responsables del área pertinente, con el objetivo de abordar las problemáticas específicas de las comunidades y conocer los requerimientos particulares de cada una de ellas.
Con relación a la transitabilidad de caminos, la Dirección de Asuntos Guaraníes informó que “ya se ha avanzado con el Intendente de Garuhapé para que se efectivice el arreglo del camino de acceso a la comunidad Tape Miri”.
Asimismo, asumieron el compromiso de gestionar ante Vialidad Provincial obras de reparación y mejoramiento de caminos correspondientes a las siguientes comunidades: Takuapi Miri, Lote 8, Ruiz de Montoya (Comunidad Ñamandú) e Yvy mara” (Pozo Azul).
Finalmente, acordaron trabajar de manera articulada con los organismos competentes en relación con las vertientes protegidas, a fin de avanzar sobre propuestas concretas que permitan su preservación y aprovechamiento en beneficio de las comunidades.
También, se comprometieron a trabajar en conjunto en cuanto a la emergencia habitacional que transcurre hoy en el país en búsqueda de soluciones habitacionales para las Comunidades Guaraníes de nuestra provincia, como así también realizar un orden de prioridades para brindar soluciones integrales.
Por último, acordaron una reunión con el Ministerio de Ecología a fin de abordar temas varios.
El acta que fue firmada por la ministra de Derechos Humanos Karina Aguirre y el cacique Hilario Moreira, sostiene que las acciones y mesas de trabajo deberán ser ejecutadas dentro de los próximos 60 días para dar solución a los problemas planteados.
Piden declarar la Emergencia Hídrica por falta de agua en comunidades mbya
Foto: agencia de noticias Tierra Viva
Provinciales
Piden declarar la Emergencia Hídrica por falta de agua en comunidades mbya
Caciques, líderes y representantes de distintas comunidades Mbya Guaraní se manifiestan de forma pacífica en la Plaza 9 de Julio de Posadas, en reclamo de asistencia ante múltiples problemáticas sociales, habitacionales, educativas y sanitarias. Sin embargo, la principal preocupación que atraviesa a las comunidades es la falta de acceso al agua potable.
El reclamo, que lleva varios días de visibilización en el centro posadeño, comenzó a canalizarse en el ámbito legislativo a partir de la intervención del bloque del Partido Agrario y Social (Pays). En ese marco, el diputado Cristian Castro presentó un proyecto de ley en la Legislatura provincial para declarar la Emergencia Hídrica por el término de 24 meses en todo el territorio de Misiones.
La iniciativa ya tomó estado parlamentario en la Cámara de Diputados de Misiones y cuenta con el acompañamiento de bloques como la UCR, Algo Nuevo y Por la Vida y los Valores. En paralelo, las 43 comunidades con problemas de acceso al agua adhirieron al Proyecto de Ley.
La propuesta legislativa plantea como objetivo central la planificación, evaluación y ejecución prioritaria de obras de infraestructura hídrica que permitan garantizar un acceso regular, suficiente y seguro al agua en las comunidades relevadas. Asimismo, establece que la aplicación estará a cargo del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, en coordinación con el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (Imas), la Dirección Provincial de Vialidad con la participación de representantes de las comunidades involucradas, quienes deberán ser consultados previamente a la ejecución de las obras.
“El principal problema es el acceso al agua. Las comunidades no cuentan con una red de agua potable. La idea es que, entre el Imas y Asuntos Guaraníes, se pueda elaborar un plan que garantice el acceso al agua segura en cada comunidad”, señaló Castro.
El proyecto de la emergencia hídrica contempla, en una primera etapa, el mejoramiento de vertientes naturales cercanas a las aldeas, como una solución inmediata ante la urgencia. Para ello, se prevé la realización de estudios de factibilidad técnica, ambiental y sanitaria que determinen la viabilidad de las intervenciones.
Según datos relevados, son 43 las comunidades afectadas, con un promedio estimado de 902 familias. Entre las zonas más comprometidas se encuentran Puerto Iguazú, Puerto Leoni, El Soberbio, Aristóbulo del Valle, San Ignacio y Jardín América.
En cuanto al financiamiento, el proyecto prevé la utilización de fondos del Tesoro Provincial, así como aportes nacionales o créditos internacionales destinados al saneamiento ambiental, mediante las correspondientes reasignaciones presupuestarias.
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