Provinciales
Fin de una etapa: intervienen el cuartel de bomberos de Itaembé Miní
La disposición tiene la firma del ministro de gobierno Marcelo Pérez. La comisión directiva desplazada contabilizó hasta seis móviles de los cuales hoy sólo hay uno en el lugar.
El cuartel de bomberos voluntarios del barrio Itaémbé Miní de Posadas finalmente fue intervenido luego de que se conocieran una serie de irregularidades por las que eran señalados los integrantes de la Asociación Civil que los nuclea.
El escándalo creció más aun cuando una investigación de La Voz de Misiones descubrió que quien era jefe de bomberos del cuerpo activo del cuartel, Miguel Ángel Yuszczeczyn, tenía una deuda con la Justicia Federal, porque pesaba sobre él una condena de ocho años de cárcel por transportar ocultos en una ambulancia, poco más de 240 kilos de marihuana y 3.973 pastillas de éxtasis.
Para mitad del mes de agosto, el jefe Yuszczeczyn fue separado del cargo en medio de acusaciones cruzadas con la comisión directiva que incluyeron serios señalamientos por desmanejos administrativos.
A Yuszczeczyn finalmente lo capturó Gendarmería la semana pasada para que cumpla la condena al que el Tribunal Federal de Corrientes lo sentenció en junio de 2016 y por el cual nunca estuvo detenido.
Decisión oficial
Con el cuartel envuelto en un escándalo, no sólo por el desmanejo interno, sino por el antecedente narco del ex jefe -del que nadie se percató-, el ente gubernamental responsable de la Asociación Civil, resolvió la intervención.
La resolución 643, con fecha 21 septiembre, firmada por el ministro de Gobierno Marcelo Pérez, determinó el nombramiento de Alejandro Ciuccio como interventor, otorgándole “todas las atribuciones de la Comisión Directiva a efecto que se proceda a normalizar la situación de la asociación intervenida y convocar a Asamblea para elección de autoridades”.
La resolución determina un plazo inicial de doce meses que podrá ser prorrogado “cuando las circunstancias lo ameriten y el pedido sea debidamente fundado por el interventor”.
El designado interventor Ciuccio, propuesto por el mismo ministro de Gobierno, asumió esta tarde la responsabilidad presentándose al frente del escuadrón. Los antecedentes lo avalan ampliamente como apto. Es integrante de la Asociación Civil Seamos Libres y suma además experiencia en la administración y gestión de organizaciones sociales.
Ciuccio es actualmente coordinador de voluntarios de Cascos Blancos, dependiente de Cancillería Argentina y del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Autobombo
Entre las principales irregularidades, se encuentra la falta de al menos cinco móviles que declaró tener la entidad, ya que en el cuartel de la avenida 131, hay solo uno.
En octubre de 2016, por ejemplo, el cuartel compró a sus pares de Oberá una autobomba Fiat Iveco modelo 83 por un monto de 225.000 pesos. Sin embargo, por estos días se desconoce el paradero de ese vehículo, el cual aducen que “está en reparación hace unos ocho meses”.
Así también, en el balance de 2019 presentado ante el Ministerio de Seguridad de la Nación, consta que se gastaron 400.000 pesos -un 38% del poco más de 1 millón de pesos recibidos como subsidios- en materiales de construcción.
Sin embargo, en el predio del barrio Terrazas de Itaembé Miní no se detecta una gran infraestructura. De hecho, aún no se ha levantado el muro perimetral y se utiliza un viejo colectivo como depósito y albergue para el cuerpo activo.

DOCUMENTO. La autobomba modelo 83 adquirida al cuartel de Oberá constó en actas, pero no aparece.

OFICIAL. La decisión del ministro de gobierno.

OFICIAL 2. El nuevo interventor , trabajador social con experiencia en administración.
Provinciales
Tras un mes sin agua, se restableció el servicio en comunidad mbya de San Ignacio
La Dirección de Asuntos Guaraníes confirmó el restablecimiento del servicio de agua potable en la comunidad Ychongy Poty, luego de que, a más de un mes sin poder acceder al líquido vital, el municipio y la cooperativa afín resolvieran saldar la deuda de $1.800.000, correspondiente a la conexión del sistema hídrico.
Al respecto, Francisco Rodríguez, director del área que funciona como nexo entre las comunidades mbya y el gobierno provincial, explicó a La Voz de Misiones que: “La comunidad estaba sin agua por una deuda de dicha conexión”, lo que afectaba a ocho familias integradas por alrededor de 35 personas.
También, detalló que la misma se encontraba a nombre del cacique y no de la comunidad, por lo que la provincia junto al municipio y la cooperativa acordaron saldar la deuda a fin de restablecer el servicio.
“Hoy ya cuentan con el agua correspondiente y está funcionando bien. Ya se le notificó al segundo cacique Gervacio Benítez porque el primero no se encontraba”, concluyó Rodríguez respecto a la última visita.
Según consta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que Argentina adhirió, los Estados deben garantizar a los Pueblos Indígenas el acceso a servicios básicos que aseguren condiciones de vida dignas.
El caso
La faltante de agua potable en la comunidad Ychongy Poty se remonta al mes de febrero. Desde entonces, tanto niños como ancianos se vieron obligados a pasar días de calor extremo sin agua para beber, además de no poder realizar actividades básicas para la vida cotidiana, como cocinar o higienizarse en sus hogares, y debieron acudir a la solidaridad de sus vecinos.
Desde un comienzo, el mburuvicha, Ariel Ramos, había reclamado que “el municipio debía hacerse cargo de afrontar el pago y, de un día para el otro, dejó de hacerlo sin previo aviso”, generando una deuda que les resultaba imposible saldar, por lo que realizó la denuncia correspondiente ante la Dirección de Asuntos Guaraníes.
La situación fue visibilizada por distintas organizaciones sociales y defensoras de los derechos indígenas, tal como el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y la abogada Roxana Rivas, quien coincidió en que la situación era irregular desde el punto de vista de que al contar con Personería Jurídica, el servicio debería estar a nombre de la comunidad y no del mburuvicha.
“La cooperativa tiene la obligación de garantizar un servicio mínimo a todos los ciudadanos, pero particularmente a las comunidades indígenas. Y es obligación del Estado atender esta situación desde una perspectiva comunitaria”, había señalado.
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Provinciales
Preparan actividades y marcha a la Legislatura por los 30 años del No a Corpus
El próximo 14 de abril, en el marco del aniversario Nº 30 del plebiscito que frenó la construcción de la represa hidroeléctrica sobre el río Paraná en la localidad misionera de Corpus, la mesa provincial por el No a las Represas realizará una marcha hacia la Cámara de Representantes con el fin de “celebrar y reafirmar la voluntad de continuar defendiendo la libertad de nuestros ríos”. Previamente, el domingo 12, habrá distintas actividades en ese municipio.
Para dar a conocer la agenda movilizada por docentes, ambientalistas, organizaciones sociales, sindicales y la ciudadanía en general, la mesa provincial emitió un comunicado en el que recordó los últimos intentos por reactivar la propuesta.
“En nuestra provincia en los últimos tiempos se han escuchado voces de ex funcionarios provinciales y nacionales, diputados mandato cumplido, referentes de organismos nacionales, como la Comip, organizaciones como el colegio de ingenieros, tratando de promover un debate, ampliamente superado en nuestra provincia, acerca de la construcción de la represa de Corpus Christi”, resaltaron.
Lo que calificaron como “una clara actitud tendiente a desoír la voluntad de las misioneras y los misioneros expresada en el plebiscito de 1996 y no dar cumplimiento a la ley provincial que prohíbe avanzar en su construcción, sobre cualquier emplazamiento sobre el río Paraná”.
Por este motivo, convocaron a dos jornadas conmemorativas con el objetivo de “recordar que el próximo 14 de abril se cumplen 30 años de aquel histórico acontecimiento, en el que la ciudadanía misionera pudo libremente expresar su voluntad, rechazando la construcción del mencionado mega proyecto”.
El día domingo 12 de abril las actividades centrales se desarrollarán en la localidad de Corpus, lugar emblemático donde se llevó a cabo uno de los actos más recordados de la campaña por el NO. También habrá acciones en otras localidades a lo largo y ancho de la provincia, cuyos detalles se conocerán en los próximos días.
En tanto, el martes 14 de abril habrá una marcha desde el centro de Posadas hacia la Legislatura donde presentarán una nota exigiendo se avance con el tratamiento del proyecto de “Ley de Ríos Libres” ingresado el 15/07/2015 con expediente P.P. 2626/15 en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, el cual no logró tratamiento hasta el momento.
Para finalizar, exigieron públicamente “que las autoridades provinciales y legisladores, expresen de igual manera su voluntad de defender la Ley que ratifica el resultado del plebiscito con un 88 % de NO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA DE CORPUS”.
Por otro lado, instaron a las autoridades competentes a solicitar el “no apoyo a la reforma de la Ley de glaciares 26.639 y Ley de bosques 26.331, construidas, consensuadas y promulgadas con el acompañamiento amplio de la comunidad científica y los pobladores de los territorios de posible afectación siendo esto un motivo más que suficiente para que un legislador de nuestra provincia se oponga a semejante voluntad popular”.
Provinciales
Yerbateros acordaron no vender el kilo de hoja verde por menos de $500
Productores yerbateros de distintos puntos de la zona centro se reunieron en asamblea, a la altura del kilómetro 43 de la ruta 14 en Campo Grande, a fin de establecer un precio de referencia para la venta de hoja verde a secaderos e industrias.
El encuentro comenzó en horas de la mañana de este sábado con la presencia de un centenar de productores provenientes de esa localidad, como también de Itacaruaré, San Javier, San Vicente, Oberá, Campo Ramón, Campo Viera y El Soberbio.
En ese marco, el debate estuvo marcado por diversas cuestiones que hacen a la crisis del sector yerbatero, por lo que definieron ejes de acción como ser la venta de la hoja verde por un monto de $500 o superior.
“El cálculo contempla costos que rondan los $391 pesos por kilo de hoja verde y si se agrega un 30% de rentabilidad para el productor este número cerraría en no menos $500”, explicaron.
En este sentido, también recordaron el aumento de precios programados por el empresario yerbatero sirio, Omar Kassab, quien ofreció $350 por el kilo de hoja verde, lo cual consideraron insuficiente. “No obstante aplaudimos la predisposición de que un industrial plantee un precio de $350, aun así estamos trabajando por debajo de los costos de producción“, afirmaron.
Al mismo tiempo, señalaron: “Sumado a la merma en el rinde de la zona sur y Corrientes ante la sequía del verano, habrá una merma en la cosecha de este año, por lo tanto la definición del grupo de productores fue de no vender la hoja verde de yerba a valores inferiores a $500 puesto en secadero“.
Durante el encuentro que finalmente concluyó a las 16:30, vaticinaron que este año el mercado necesitará yerba ante el aumento de la demanda por consumo interno y el incremento de exportaciones.
Si bien aguardan que los productores cumplan con la medida de no entregar la hoja verde por menos de $500, continuarán exigiendo al gobierno provincial y a la Cámara de Representantes que se declare la emergencia yerbatera.

Asamblea de productores yerbateros en Campo Grande
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