Provinciales
En Misiones separarían a hermanitos que esperan una adopción para que sea más fácil el trámite
Pasó casi un año de la puesta en marcha del programa ‘Buscamos Familias’, que nació ante la necesidad de encontrar un hogar para tantos niños que así lo necesitan. La convocatoria se publica en la página web del Registro Único de Aspirantes a guarda con fines adoptivos, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y se espera que los interesados, desde cualquier punto del país, den el primer paso.
En la provincia, en 2017 hubo varias convocatorias. A principios de junio eran dos: por un lado, una de dos hermanos de 11 y 12 años; y por otro, cinco hermanos cuyas edades son 15, 13, 11, 9 y 7 años. La falta de respuestas en estos meses dejó en evidencia el nivel de complejidad para hallar una familia para niños en estado de vulnerabilidad. De manera que, en algunos casos, se evalúa separar a los hermanos para ampliar las chances de que sean adoptados.
En una entrevista, María Elena Quelas, secretaria a cargo del Registro Único de Aspirantes a la Adopción de Misiones (Ruaam) del Superior Tribunal de Justicia (STJ), sostuvo: “Generalmente llegan a una convocatoria, grupos de hermanos o niños mayores de 13 años. O niños con problemas de salud física o psíquica producto de la historia de vida de cada uno. Es por ello que es tan difícil plantearla y luego sentarse a esperar que las personas llamen y se interesen”.
“Si me pregunta si hemos encontrado familias para cada una de las publicadas pertenecientes a la provincia de Misiones, debo decirle que no es así. Las publicadas el año pasado siguen en pantalla; algunas han sufrido modificaciones por decisión del juez. Producto de la realidad y la economía del país, se está intentando en algunos casos separar grupos de hermanos, con el compromiso de que mantengan el vínculo”, explicó al tiempo que detalló una situación particular: “En otros casos, como una de las primeras del año pasado, un hermano ha vuelto al Hogar por no poder adaptarse a la situación por su propia historia de vida, mientras que el otro hermano rogó quedarse con la familia con la que se estaban vinculando”.
“Aunque la decisión es dura, en muchas ocasiones la reticencia de un niño dentro del grupo de hermanos, o la patología de alguno o las grandes diferencias de edades entre algunos, generan con el tiempo la necesidad de darle por lo menos a algunos, la posibilidad de tener un hogar, de educarse y tal vez en el futuro ser sostén de otro hermano. Hay situaciones muy complejas. O hermanos que han sido devueltos por los aspirantes en el período de vinculación, y que al volver al hogar que los cobija, no quieren volver a ir con otra familia, porque ya no toleran la frustración que esa situación genera”, confesó la funcionaria del STJ.
“Sí debo decir, que de igual modo, si a través de este programa logramos una familia para un niño, ello ya nos permite retomar fuerzas para ir por más”, subrayó.
Otro dato que desalienta bastante las oportunidades de conformar una familia adoptiva, es la baja de aspirantes en el Ruaam teniendo en cuenta que no renovaron sus papeles; hasta el año pasado había unos 70 en la lista. De ese total, había 19 solteros inscriptos, un masculino y el resto femenino. Si bien Quelas no estableció un número concreto se lamentó que hubiera tanta gente que haya quedado fuera del sistema.
Las trabas
“Recientemente se levantó una convocatoria que duró muy poco publicada, y a la que han llamado más de una veintena de personas interesadas en formar un hogar. No se debe perder de vista que la legislación de este país es muy pobre aún, cuando de adopción se trata. Las distancias que hay que hacer para conocer al niño por el cual es llamado, los costos de comida y alojamiento que hay que cubrir por cada aspirante, los días sin trabajar que hay que poder soportar mientras dura la vinculación con ese niño; y luego volver a la casa con todas las modificaciones que deban hacer más los tratamientos aconsejados normalmente para estar a la altura de las necesidades, imposibilitan que más aspirantes puedan decir ‘sí’ ante el llamado de un Juzgado de otras provincias”, reconoció.
“El salario, las vacaciones, el período de vinculación con los menores, los costos de pasajes ida y vuelta más el alojamiento, son en general rubros que no son tenidos en cuenta por la ley. Por otro lado, debe verse también en qué condiciones se trabaja a nivel judicial. Hay registros y juzgados en el país que cuentan con equipo multidisciplinario que colabora desde el inicio con el estado de los menores y de los aspirantes; es decir, con el antes, el durante y el pos proceso. No es el caso de Misiones. Actualmente estamos solicitando un equipo de psicólogos que además de las funciones específicas, puedan atender al menor que ha pasado por un período de vinculación y luego es devuelto a los hogares convivenciales de la provincia, y que a veces ni es del mismo hogar donde ha salido”, aseveró Quelas.
“El Registro a mi cargo tiene muy poquitas personas, pero intentamos trabajar con compromiso personal y moral; y de esa forma comunicarnos con los juzgados y brindarles nuestra colaboración porque sabemos que ningún juzgado da a basto”.
Para ver las convocaatorias
La titular del Registro recomendó: “Ingrese a www.jusmisiones.gov.ar.; de allí bien abajo clickee en Ruaam, escrito en colores. Puede obtener información acerca del procedimiento, de la normativa, de los requisitos, de las direcciones dónde dirigirse, o de teléfonos y cuentas de correo electrónico para comunicarse. Hay muchas preguntas que frecuentemente nos hacen y además donde está la figura del niñito que dice ‘Buscamos Familia’, puede encontrar las Convocatorias”.
El Territorio
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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Manifestación tras detención de Ángel Rivero
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