Ayer en horas de la tarde, alrededor de 300 productores de yerba mate provenientes de Eldorado, Andresito, San Vicente y San Pedro, se reunieron en la “Capital de las Araucarias” junto a referentes del gobierno provincial y el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), a quienes volvieron a insistir sobre el cumplimiento de los $450 por el kilo de hoja verde para volver a cosechar. 

A mediados de diciembre, el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, firmó un acta de compromiso que planteaba “realizar todas las acciones pertinentes para lograr un precio justo”, valor fijado en $450 por los productores.

A casi un mes de ese encuentro, las autoridades no lograron avanzar sobre el pedido y los productores continúan sin cosechar la yerba, medida que en la asamblea de ayer fue ratificada de cara a las próximas semanas de no resolverse la petición:

“Acordamos continuar con el cese de cosecha que se lleva a cabo en toda la provincia desde el 2 de diciembre. La medida consiste en no entregar la yerba hasta que no tengan un precio acordado”, confirmó el productor Omar Tabaczuk en diálogo con LVM.

Asamblea de productores yerbateros en San Pedro

Por su parte, desde el Inym recordaron que “no tienen ninguna herramienta para fijar un precio”, lo cual es consecuencia de la desregulación del organismo iniciada tras la puesta en marcha del primer Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el presidente Javier Milei en diciembre de 2023, apenas asumido.

A su vez, desde el gobierno provincial “no tienen nada como para garantizar un precio a los productores”. En palabras de Tabaczuk, “los productores estamos desamparados de los dos lados, de parte del Inym y del gobierno provincial”.

De todas maneras, las autoridades del Inym -presentes durante la asamblea de ayer- se comprometieron en controlar la calidad de la hoja verde en las distintas acopiadoras y trabajar en una grilla de costos que podría favorecer a los productores.

Al respecto, Julio Petterson, expuso una de las propuestas del Gobierno referida al Sistema de Trazabilidad de la actividad yerbatera: “Estamos trabajando con el Sistema de Trazabilidad para poder avanzar con la quita de Rentas y beneficios impositivos para secaderos y cooperativas que cumplen con el precio de referencia, es el único beneficio que podemos darle”.

Sin embargo, reconoció que para lograrlo será necesario contar con una ley que permita crear el Instituto Provincial de la Yerba Mate.

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En la mañana de hoy, un grupo conformado por alrededor de 20 afiliados Pami de Montecarlo se apostó en inmediaciones a la agencia local con reclamos y carteles que exigen “basta de maltratos a los abuelos” y apuntan a una empleada: “Mónica, con los abuelos no”. 

“Nosotros nos juntamos para manifestarnos porque sacaron al doctor Falcón y pusieron a una mujer que es bastante maltratadora. Queremos que vuelva el doctor y que a esta mujer la pasen a otro lado”, con esas palabras uno de los afiliados se refirió a la trabajadora social Mónica Barrios.

Según pudo saber LVM, la medida de fuerza se replicará todos los viernes “hasta que sea restituido el doctor Ramón Falcón”, mientras que el martes 14 de enero uno de los pensionados se presentará en la agencia de Pami de Posadas con más de 100 firmas para exigir la destitución de Barrios.

Antecedentes

Todo comenzó durante la primera semana de octubre pasado cuando comenzó a circular, a través de WhatsApp, un video con el sello de Pami junto al rótulo “corrupción”, el cual fue filmado por una agente del organismo en complicidad con el gremio UTI que responde a la comisión directiva. El video exponía al médico Ramón Falcón, de la agencia de Montecarlo, en una situación que fue “sacada de contexto” a fin de “llevarse puesta su reputación”, indicaron fuentes de sindicado Sutepa a LVM.

El material en cuestión fue judicializado por circulación de “información falsa” y en el se lo podía ver a Falcón efectuando el cobro de 5.000 pesos que “nada tienen que ver con el cobro por trámites” a un supuesto afiliado, como reflejó el material viralizado.

“La idea era embarrar el terreno y apuntarle al doctor Falcón. Ese video involucra a una persona que no es afiliada de Pami y se acercó a la agencia de Montecarlo a rellenar un carnet de sanidad, porque la Municipalidad la derivó a este médico a quien puede ubicar en el Pami. Entonces, el doctor a modo de dar una mano y hacerle un favor a esta persona termina completando un formulario y le cobra un dinero de 5000 pesos, pero que nada tiene que ver con Pami”, explicó la fuente.

Justamente, el médico Falcón es dirigente de Sutepa, sindicato que a lo largo del 2024 realizó asambleas en reclamo de irregularidades en el funcionamiento de la prestación social, además de exponer cinco despidos injustificados en la provincia, la quita de medicamentos, traslados y precarización en agencias del interior, reparto de cargos sin respetar carrera administrativa y el repudio de “persecución política” a los trabajadores y afiliados que deciden alzar su voz ante estas situaciones.

Empleados del Pami repudian despidos y persecución política e ideológica

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El empresario misionero Marcelo Américo Ghione aparece en el listado de protegidos de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) difundido este martes por el gobierno, que denunció un presunto mecanismo para ralentizar las auditorías a empresas y ejecutivos ligados al kirchnerismo.

Según un informe publicado por el diario porteño Clarín, el esquema comenzó a operar en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri y continuó en la administración de Alberto Fernández.

Ghione, aparece en la lista de protegidos del organismo, que el gobierno de Javier Milei rebautizó como Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), junto a empresas y empresarios conocidos, como Cristóbal López, Lázaro Báez, preso por corrupción en la causa Vialidad que condenó también a la ex presidenta Cristina Fernández (CFK); y Alejandro Vandenbroele, sentenciado por el caso Ciccone.

Según la información periodística, la primera pista se detectó el 17 de diciembre pasado, cuando funcionarios de la actual Arca, que encabeza el abogado macrista Juan Pazo, buscaron información sobre una empresa específica y encontraron que los datos estaban bloqueados.

A partir de este episodio, comenzó la investigación revelada hoy, que encontró más de 50 empresas y empresarios bajo el mismo régimen de protección tributaria sin una justificación objetiva.

La lista completa cierra con: Alucom Austral B.R.L, Martín Antonio Báez, Lázaro Antonio Báez, Kank y Costilla SA, Don Francisco Sociedad Anónima, La Estación Sociedad Anónima Loscalzo y Del Curto Construcciones SRL, Badial SA, Austral Construcciones SA, Valle Mitre, IDEA SA, Los Sauces SA, Hotesur, Co Ma, Alcalis de la Patagonia, Oil Combustibles, Casino Buenos Aires, Kamus SRL, Gotti SA, Sucesión de Biancalani Adelmo, Estrellas del Sur SA, Alternativa SA, M&P SA, Diagonal Sur Comunicaciones SA, Servicio Integral Alem SRL, Top Air SA. OIL M&S SA, Inversora M&S SA, Báez Luciana Sabrina, Ghione Marcelo Américo, Cabrera Pablo Horacio, Organización Turística Sur SRL, Gutiérrez Víctor Fabián, Electroingeniería SA, Herrera Daniel Osmar, Sanfelice Osvaldo José, Negocios Inmobiliarios SA, Hotel Waldorf SA, Negocios Patagónicos SA, Carnero Santiago, Cifuentes Mario Víctor, Ciccone Nicolás Tadeo, Vandenbroele Alejandro Paul, Forcieri César Guido, Resnick Brenner Ezequiel, Kirchner Florencia, Mercado Romina de los Ángeles, Manzanares Víctor Alejandro y Lakaut SA.

Inolvidable

Miembro, actualmente, de la comisión ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (Ahtra), el misionero Marcelo Américo Ghione exhibe una trayectoria con puestos gerenciales en establecimientos de lujo, entre los que se cuenta uno de los hoteles de la familia Kirchner de la denominada causa Hotesur, reactivada hace tres semanas, que investiga a la ex presidenta CFK.

En su perfil de Linkedin, Ghione se presenta como gerente general del Iguazú Jungle Lodge, un complejo turístico ubicado en la ciudad de las Cataratas que, en su página web, ofrece a sus visitantes “un entorno ideal para experiencias inolvidables”.

En su historial profesional, Ghione fue gerente del hotel Cataratas, antes de que se agregara la extensión “Exe” a la marca; y ocupó también un puesto ejecutivo de relevancia en el Sheraton Iguazú, durante la administración del fallecido Uli Mieth, que dejó el establecimiento para asumir la gerencia de un hotel en la capital mexicana en 2007.

Hotesur

En 2017, el misionero Ghione apareció involucrado en una denuncia que se incorporó a la causa Hotesur y que lo ubica junto al empresario Pablo Horacio Cabrera, como socio en la firma Organización Turística del Sur SRL, creada en marzo de ese año, que asumió la administración del hotel Las Dunas, de El Calafate, propiedad de la ex presidenta.

Según la denuncia, que en su momento canalizó la diputada nacional Margarita Stolbizer, el cambio de administradores del establecimiento hotelero estuvo dirigido a “burlar las medidas ordenadas por la Justicia” en el marco de la investigación que en aquel entonces llevaba adelante el juez federal Julián Ercolini.

Stolbizer recordó que según el dictamen de los fiscales de la causa Hotesur, “el Hotel Las Dunas fue adquirido por la familia Kirchner con el objetivo de ser utilizado para el lavado de activos”.

A mediados de diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso extraordinario presentado por la ex presidenta y su hijo Máximo Kirchner, y confirmó el juicio oral para CFK y los más de 20 imputados en la causa Hotesur.

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