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Demandan sanciones al Poder Judicial de la Provincia por “múltiples arbitrariedades”

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El planteo fue realizado por el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género. Como observatorio, criticó las “judicializaciones y prisionizaciones” en varios casos. También la “condena errada” Cristina Vázquez y Cecilia Rojas.

POSADAS. El Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género demandó la aplicación de sanciones al Poder Judicial de la Provincia de Misiones por “las múltiples arbitrariedades que venimos observando en diferentes causas que consideramos paradigmáticas”, señaló.

El planteo fue realizado en el Palacio de Justicia por Ana María Gorosito Kramer, profesora emérita de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS) de la UNaM; los abogados Roxana Rivas y Eduardo Paredes, además de las periodistas Cecilia Rodríguez y Alicia Rivas Zelaya (foto).

Al describir los casos en que la Justicia se extralimitó, el equipo mencionó en su denuncia “las prisionizaciones y judicializaciones de Librada Figueredo, María Ovando, Victoria Aguirre, Mirian Bogado y la condena ‘errada’ a prisión perpetua a Cristina Vázquez y Cecilia Rojas”.

Por el tratamiento de estos casos, el Equipo expresó “preocupación por las sistemáticas prácticas judiciales violatorias de derechos fundamentales de nuestros ciudadanos y ciudadanas, especialmente el de las mujeres, reflejadas en fallos y medidas judiciales que han significado la criminalización y encarcelamiento de manera arbitraria, en algunos casos por más de una década”.

Caso paradigmático

En particular, se citó “el caso Cristina Vázquez y Cecilia Rojas, es solo un ejemplo alarmante de causas armadas y/o en el mejor de los casos con condenas erradas. Además, requieren a este Cuerpo Judicial informe qué medidas concretas llevarán adelante para la reparación integral del daño sufrido por quienes han sido víctimas de este accionar”.

Frente a ello, “queremos saber qué acciones o medidas impulsará para reparar, resarcir los daños ocasionados a Cristina Vázquez y Cecilia Rojas encarceladas y condenadas de manera arbitraria, tal como lo marca el fallo histórico de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación”, remarcaron.

El pedido se fundamenta en la sentencia del máximo órgano que “pone en evidencia ‘una vez más’ la estructural deficiencia de nuestro sistema de justicia provincial en materia de derechos humanos y de género”.

Políticas claras

Además, solicitaron “políticas claras, concretas para prevenir la reiteración de estos casos, los cuales consideramos no son aislados sino sistemáticos en nuestro sistema de justicia penal, vinculados, según entendemos a la falta de formación jurídica y en particular, en derechos humanos y género de los operadores judiciales, especialmente de los jueces penales, lo que hoy constituye una abierta desobediencia de la legislación vigente”.

Al final de la presentación, el Equipo reclamó “medidas ejemplificantes, sancionatorias contra los jueces que sin poder oponer buena fe ni alguna razón justificativa, han llevado adelante el juicio contra la joven Cristina Vázquez y Cecilia Rojas, las han encarcelado preventivamente, las han condenado en varias instancias, sin ninguna prueba material de cargo que lo pudiera fundamentar, sin que respecto a esto último pueda alegarse criterio judicial, sana crítica ni ningún otro argumento tras los cuales acostumbran los jueces esconder sus arbitrariedades.

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La Mesa No a las Represas cuestionó la “promoción” de Corpus en la Unam

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El movimiento social y ambiental de Misiones, que se opone a la construcción de grandes represas hidroeléctricas en la región, se expresó luego de que se presentara el proyecto hidroeléctrico Corpus Pindo-í durante las XVI Jornadas de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Extensión y Vinculación (JIDeTEV 2026), en la Facultad de Ingeniería de Oberá.

El evento fue concretado en el marco de las actividades por los 52 años de la Unam, el pasado 25 de agosto, junto a la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná (Comip).

En un comunicado al que tuvo acceso este medio, la Mesa Provincial No a las Represas manifestó “preocupación” por el accionar de las autoridades de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones, al “promocionar la construcción de la mega represa de Corpus Christi” junto a las autoridades de la Comip.

En ese sentido, recordaron que dicha represa se encuentra prohibida por la ley provincial XI – Nº 5, que refrenda el resultado del plebiscito de 1996, en el que el electorado misionero rechazó la construcción de cualquier emplazamiento sobre el río Paraná con el 88,63 % de los votos, el 14 de abril de 1996.

Seguidamente, cuestionaron el contenido del nuevo proyecto hidroeléctrico, al considerar que se presenta “erróneamente como generador de energía renovable, siendo que en octubre de 2015 se promulgó en nuestro País la Ley 27191 que en su capítulo 1, artículo 2, inciso b, establece como límite a las hidroeléctricas para ser consideradas renovables los 50 Mw”.

Para finalizar, recordaron que el interés por reflotar la iniciativa no solo proviene de sectores políticos y empresariales de Argentina, sino también del vecino país: “La obra se presenta como un proyecto para el desarrollo de Misiones, cuando en realidad hemos podido corroborar que desde Paraguay existe una fuerte campaña de presión para la construcción de nuevas hidroeléctricas sobre el río Paraná ante la necesidad de energía que les ocasionarían las instalaciones de gigantescos centros de datos para IA acordados con Taiwán”.

De esta manera, enfatizaron “el No a Corpus sigue vigente”.

Presentaron el proyecto Corpus Pindo-í en jornadas de investigación de la Unam

 

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Instalaron un pozo perforado y paneles solares en Puente Quemado II

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Luego de la mesa de diálogo realizada el 31 de julio pasado, en la que Arauco Argentina S.A. se comprometió a invertir en un pozo perforado y la instalación de paneles solares, esta semana las obras fueron concretadas en el predio que habita la comunidad mbya guaraní Puente Quemado II en Garuhapé.

En ese contexto, la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes y Arauco visitaron la comunidad con la presencia del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), como representantes legales, e hicieron efectivas las instalaciones mediante un pozo de 166 metros de profundidad y la distribución y conexión de ocho paneles solares, los cuales garantizarían el funcionamiento de la bomba de extracción de agua. 

Seguidamente, procedieron a capacitar al cacique, Santiago Ramos, y a integrantes de la comunidad para el correcto uso del sistema que beneficiará a un total de 46 personas distribuídas en 7 familias.

“En el marco del proceso de diálogo y articulación institucional para acompañar a la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones continúa acompañando las acciones y acuerdos alcanzados entre las instituciones involucradas”, expresó la cartera de Derechos Humanos a través de un comunicado institucional.

Y añadió: “En las últimas horas se realizó una nueva prueba del equipamiento, constatándose su correcto funcionamiento y un buen caudal de agua, lo que representa un avance significativo para mejorar el acceso a este recurso esencial para las familias de la comunidad”.

“Estos avances forman parte del trabajo iniciado tras la convocatoria a una mesa de diálogo interinstitucional, con la participación de organismos provinciales y nacionales, autoridades locales e integrantes de la comunidad”, aseguraron.

Al ser consultado sobre la obra, Ramos se mostró agradecido, pero aseguró que aún quedan detalles por ultimar: “Hicieron la obra y ya está funcionando. Pero todavía faltan los tanques y las torres para que el agua llegue a las viviendas”, cuyas tareas se realizarían próximamente bajo la órbita del municipio.

Según consta el mismo comunicado emitido por DDHH, “la Municipalidad de Garuhapé avanzará en las próximas etapas con el relevamiento y posterior instalación de la red de distribución interna, que incluirá tanques y mangueras para garantizar la llegada del agua a los distintos sectores de la comunidad”.

“El acceso al agua constituye uno de los compromisos concretos surgidos de este espacio de trabajo conjunto. El Ministerio de Derechos Humanos de Misiones reafirma su compromiso de continuar acompañando a Puente Quemado II, promoviendo el diálogo, el respeto y la construcción de soluciones que garanticen y protejan los derechos de las comunidades”, concluyeron.

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Intendentes rechazan proyecto de nuevo peaje sobre ruta 12: “Es inconstitucional”

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Ayer miércoles, intendentes y autoridades de distintos municipios misioneros se reunieron en la localidad de Puerto Rico, donde firmaron un documento en rechazo a la iniciativa del gobierno nacional que busca instalar una casilla de peaje sobre la ruta 12, a la altura de Capioví y recientemente cambió la ubicación a Garuhapé, sobre la misma arteria.

En el escrito, apuntaron contra el gobierno nacional por la falta de inversiones en rutas nacionales: “El gobierno nacional, que no invierte en las rutas los recursos que recauda para esas obras vía ‘Impuesto a los Combustibles’, decidió instalar una nueva casilla de peaje sobre la ruta 12, inicialmente en Capioví, kilómetro 1462, pero luego optó por colocarla en Garuhapé, kilómetro 1483, a solo 68 kilómetros de la casilla que ya opera en Colonia Victoria, kilómetro 1551”.

Seguidamente, remarcaron la “inconstitucionalidad” del sistema proyectado, al considerar la inexistencia de otras arterias en la zona: “no existen caminos alternativos libres de pago y se configura una doble imposición, atento a que los usuarios ya contribuyen mediante el Impuesto a los Combustibles”.

Al mismo tiempo, consideraron desventajas para el traslado de la producción: “El cobro sin base legal ni contraprestación adecuada implica una restricción ilegítima. De persistir con un método de financiamiento vial inadecuado como es el cobro de peaje directo en ruta, claramente inconstitucional e inviable técnicamente y que ha sido y es un fracaso y una estafa, la producción no podrá trasladarse con eficiencia, la circulación interna se verá restringida y el acceso a los mercados será cada vez menos competitivo”. 

En ese contexto, respaldaron su rechazo en el Artículo 75 de la Constitución Nacional Argentina, que atribuye al Congreso la potestad exclusiva de establecer contribuciones, y recordaron la vulneración del derecho a transitar libremente, tal como lo expresa el Artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina, y con esto el derecho de propiedad detallado en el Artículo 17.

Es inconcebible que el Estado nacional abandone su obligación de mantener en buen estado de transitabilidad la Red Vial Nacional, más aún cuando se mal administran los miles de millones de pesos que se recaudan anualmente del Impuesto a los Combustibles, que son malversados y desviados a otros fines que no tienen nada que ver para cual fue creado”, concluyeron. 

Del encuentro participaron los intendentes de Puerto Rico, Carlos Gustavo Koth; de El Alcázar, Eduardo Vázquez; de Garuhapé, Gerardo Schmied; de Capioví, Ramón Arrua; de Ruiz de Montoya, Victor Vogel y de Puerto Leoni, Elvio Vázquez, con sus respectivos equipos y junto a integrantes de los Honorables Concejos Deliberantes de los municipios de Puerto Rico, Puerto Leoni, El Alcázar, Ruiz de Montoya, el diputado provincial Arnhold Alejandro, como así integrantes de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo, Producción y Servicios del departamento Libertador General San Martín, representada por su presidente Luis Stefens.

A fin de llegar a un consenso, solicitaron a los funcionarios y legisladores nacionales “que reflexionen y acuerden la revisión de esta iniciativa, que profundiza el clima de malestar e incertidumbre que aqueja a los vecinos de la zona y a los misioneros en general”.

Se trata de un nuevo pronunciamiento tras el cuestionamiento realizado días atrás por el gobernador Hugo Passalacquaquien también reclamó la necesidad de obras, mantenimiento e inversión vial, y rechazó nuevas cargas que castiguen aún más “el bolsillo de las familias”.

Passalacqua cuestionó el nuevo peaje que Nación proyecta en Puerto Rico

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