Provinciales
Crisis : a pesar del “Ahora pan”, la gente pide “pan de ayer” para pagar menos
Lo mismo pasa con las facturas y medialunas. Pero en el caso del pan, es un nuevo método que trajo la crisis. La costumbre fue variando desde la reducción de la compra hasta el menudeo. La bolsa de harina llegó a losa 1.000 pesos para el industrial.
POSADAS. La crisis que afecta a los bolsillos de los argentinos, en Misiones tuvo paliativos con los programas “Ahora”, pero éste ya no es suficiente para la compra del pan diario y la gente prefiere el producto del día anterior para pagar menos.
El nuevo mecanismo de compra se incorporó a la realidad de los misioneros que pasaron de la compra por kilo a los 750 gramos, a los 500 y a los 250 gramos, siguiendo con el regateo por 5, 7, 10, 15 25 pesos, hasta la compra del “pan de ayer” llevar más por menos dinero.
El dato fue revelado histórico directivo de los industriales panaderos de Misiones, José Manzur, fundador y propietario del grupo “Tacuarí”, al dar a conocer los pormenores de las dificultades que afronta el sector en una entrevista con Canal 6 Noticias.
Con respecto al panorama que se avecina, Manzur dijo que “es incierto. Pero en otras provincias la situación es mucho más grave, según me comentaron varios colegas industriales”, al hacerse eco de las constantes comunicaciones que mantienen entre sí.
En el caso específico de Posadas, reveló que en su empresa elaboran facturas y medialunas, “y las que sobran estamos vendiendo a mitad de precio, lo hago yo y todos”, en referencia a otros industriales del medio del sector de los productos panificados.
Añadió lo que sucede con el kilo de pan, que por efecto del plan “Ahora Pan” está a 60 pesos, “si es del día anterior lo vendemos a 40 pesos”, como una forma de evitar pérdidas y para satisfacer los pedidos de la gente que no puede acceder ni siquiera al producto subsidiado.
El programa en cuestión, que consiste en una bonificación de la tarifa eléctrica del 50 por ciento, siempre que sea la única actividad, por consumo hasta 10.000 Kw y quienes tengan un consumo mayor a 10.000 kw tienen una bonificación de 35 por ciento, por igual concepto.
Manzur al abundar en detalles, comentó que la bolsa de harina “hoy ya pagué 1.000 pesos por el tipo triple 0, pero la de cuatro 0 está en 1.200, 1.400 o 1.600 pesos”, remarcó, aunque en las ventas es notorio que “llega el 15 de cada mes y la gente ya compra por monto” de 5 pesos, 10, 15 0 20 pesos.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
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Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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