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Caso Ifrán: los que hallaron los restos cobrarían la recompensa de 250 mil pesos

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POSADAS. Los operarios que hallaron los restos que serían de Manuel Ifrán, podrían acceder a la recompensa de 250 mil pesos en el caso de que las pruebas de ADN confirmen que pertenecen al hombre desaparecido el 12 de abril del año pasado, según confirmaron fuentes judiciales.

El monto en cuestión fue establecido por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación una vez que transcurrió un tiempo prudencial de la desaparición y sin que se obtuvieran datos fehacientes del paradero del hombre de 72 años, afectado por el Mal de Alzheimer.

La posibilidad de acceder a la recompensa surgió después del 17 de mayo pasado entre los operarios que hallaron los restos óseos de una persona, ante la posibilidad de que se tratara de Ifrán, pero todavía no hubo ningún planteo formal al respecto.

De acuerdo con los informes periodísticos, los nombres de un topógrafo y de al menos tres operarios que protagonizaron el hallazgo pasaron a un segundo plano frente a las conjeturas en torno a la búsqueda del desaparecido, cuya ropa y otros vestigios ya fueron reconocidos por familiares como de propiedad de éste.

En caso que los estudios científicos corroboren la identidad, los cuatro hombres que realizaban un relevamiento para el montaje de torres de transmisión de energía eléctrica en el lugar, conocido como Cocomarola Este y “Barrio Prat”, estarían  en condiciones de acceder al monto mencionado.

La suma de 250 mil pesos fijada como recompensa está dirigida a “quienes aporten datos que ayuden a encontrar a: Manuel Ifrán”, por lo que se deduce que el aporte realizado por aquéllos, en forma accidental, se encuadraría entre los requisitos establecidos por el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia “BUSCAR”.

Dicho programa tiene como objetivo aportar información al Poder Judicial, a través de los ofrecimientos de recompensa, garantizando una absoluta reserva de la identidad.

Según los antecedentes del mecanismo en cuestión, BUSCAR fue transferido, mediante Resolución Conjunta M.J y D.H. N°445 y M.S. N°271, al ámbito de la Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad con el objeto de planificar, coordinar y supervisar el cumplimiento de las acciones fijadas en las leyes Nº 26.375 y Nº 26.538.

A través del programa, el Estado Nacional dispone del marco legal necesario para que los ciudadanos aporten datos que permitan colaborar con la justicia en la captura de prófugos, búsqueda de personas extraviadas y en la resolución de casos.

A nivel nacional existe un fondo permanente de recompensas que funciona bajo el ala del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, para personas que ayuden a esclarecer delitos, capturar prófugos o encontrar personas desaparecidas.

El monto de la recompensa se fija “de acuerdo a la complejidad del hecho y a las dificultades que existan para la obtención de la información” para esclarecer un delito.

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La Mesa No a las Represas cuestionó la “promoción” de Corpus en la Unam

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El movimiento social y ambiental de Misiones, que se opone a la construcción de grandes represas hidroeléctricas en la región, se expresó luego de que se presentara el proyecto hidroeléctrico Corpus Pindo-í durante las XVI Jornadas de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Extensión y Vinculación (JIDeTEV 2026), en la Facultad de Ingeniería de Oberá.

El evento fue concretado en el marco de las actividades por los 52 años de la Unam, el pasado 25 de agosto, junto a la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná (Comip).

En un comunicado al que tuvo acceso este medio, la Mesa Provincial No a las Represas manifestó “preocupación” por el accionar de las autoridades de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones, al “promocionar la construcción de la mega represa de Corpus Christi” junto a las autoridades de la Comip.

En ese sentido, recordaron que dicha represa se encuentra prohibida por la ley provincial XI – Nº 5, que refrenda el resultado del plebiscito de 1996, en el que el electorado misionero rechazó la construcción de cualquier emplazamiento sobre el río Paraná con el 88,63 % de los votos, el 14 de abril de 1996.

Seguidamente, cuestionaron el contenido del nuevo proyecto hidroeléctrico, al considerar que se presenta “erróneamente como generador de energía renovable, siendo que en octubre de 2015 se promulgó en nuestro País la Ley 27191 que en su capítulo 1, artículo 2, inciso b, establece como límite a las hidroeléctricas para ser consideradas renovables los 50 Mw”.

Para finalizar, recordaron que el interés por reflotar la iniciativa no solo proviene de sectores políticos y empresariales de Argentina, sino también del vecino país: “La obra se presenta como un proyecto para el desarrollo de Misiones, cuando en realidad hemos podido corroborar que desde Paraguay existe una fuerte campaña de presión para la construcción de nuevas hidroeléctricas sobre el río Paraná ante la necesidad de energía que les ocasionarían las instalaciones de gigantescos centros de datos para IA acordados con Taiwán”.

De esta manera, enfatizaron “el No a Corpus sigue vigente”.

Presentaron el proyecto Corpus Pindo-í en jornadas de investigación de la Unam

 

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Instalaron un pozo perforado y paneles solares en Puente Quemado II

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Luego de la mesa de diálogo realizada el 31 de julio pasado, en la que Arauco Argentina S.A. se comprometió a invertir en un pozo perforado y la instalación de paneles solares, esta semana las obras fueron concretadas en el predio que habita la comunidad mbya guaraní Puente Quemado II en Garuhapé.

En ese contexto, la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes y Arauco visitaron la comunidad con la presencia del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), como representantes legales, e hicieron efectivas las instalaciones mediante un pozo de 166 metros de profundidad y la distribución y conexión de ocho paneles solares, los cuales garantizarían el funcionamiento de la bomba de extracción de agua. 

Seguidamente, procedieron a capacitar al cacique, Santiago Ramos, y a integrantes de la comunidad para el correcto uso del sistema que beneficiará a un total de 46 personas distribuídas en 7 familias.

“En el marco del proceso de diálogo y articulación institucional para acompañar a la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones continúa acompañando las acciones y acuerdos alcanzados entre las instituciones involucradas”, expresó la cartera de Derechos Humanos a través de un comunicado institucional.

Y añadió: “En las últimas horas se realizó una nueva prueba del equipamiento, constatándose su correcto funcionamiento y un buen caudal de agua, lo que representa un avance significativo para mejorar el acceso a este recurso esencial para las familias de la comunidad”.

“Estos avances forman parte del trabajo iniciado tras la convocatoria a una mesa de diálogo interinstitucional, con la participación de organismos provinciales y nacionales, autoridades locales e integrantes de la comunidad”, aseguraron.

Al ser consultado sobre la obra, Ramos se mostró agradecido, pero aseguró que aún quedan detalles por ultimar: “Hicieron la obra y ya está funcionando. Pero todavía faltan los tanques y las torres para que el agua llegue a las viviendas”, cuyas tareas se realizarían próximamente bajo la órbita del municipio.

Según consta el mismo comunicado emitido por DDHH, “la Municipalidad de Garuhapé avanzará en las próximas etapas con el relevamiento y posterior instalación de la red de distribución interna, que incluirá tanques y mangueras para garantizar la llegada del agua a los distintos sectores de la comunidad”.

“El acceso al agua constituye uno de los compromisos concretos surgidos de este espacio de trabajo conjunto. El Ministerio de Derechos Humanos de Misiones reafirma su compromiso de continuar acompañando a Puente Quemado II, promoviendo el diálogo, el respeto y la construcción de soluciones que garanticen y protejan los derechos de las comunidades”, concluyeron.

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Intendentes rechazan proyecto de nuevo peaje sobre ruta 12: “Es inconstitucional”

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Ayer miércoles, intendentes y autoridades de distintos municipios misioneros se reunieron en la localidad de Puerto Rico, donde firmaron un documento en rechazo a la iniciativa del gobierno nacional que busca instalar una casilla de peaje sobre la ruta 12, a la altura de Capioví y recientemente cambió la ubicación a Garuhapé, sobre la misma arteria.

En el escrito, apuntaron contra el gobierno nacional por la falta de inversiones en rutas nacionales: “El gobierno nacional, que no invierte en las rutas los recursos que recauda para esas obras vía ‘Impuesto a los Combustibles’, decidió instalar una nueva casilla de peaje sobre la ruta 12, inicialmente en Capioví, kilómetro 1462, pero luego optó por colocarla en Garuhapé, kilómetro 1483, a solo 68 kilómetros de la casilla que ya opera en Colonia Victoria, kilómetro 1551”.

Seguidamente, remarcaron la “inconstitucionalidad” del sistema proyectado, al considerar la inexistencia de otras arterias en la zona: “no existen caminos alternativos libres de pago y se configura una doble imposición, atento a que los usuarios ya contribuyen mediante el Impuesto a los Combustibles”.

Al mismo tiempo, consideraron desventajas para el traslado de la producción: “El cobro sin base legal ni contraprestación adecuada implica una restricción ilegítima. De persistir con un método de financiamiento vial inadecuado como es el cobro de peaje directo en ruta, claramente inconstitucional e inviable técnicamente y que ha sido y es un fracaso y una estafa, la producción no podrá trasladarse con eficiencia, la circulación interna se verá restringida y el acceso a los mercados será cada vez menos competitivo”. 

En ese contexto, respaldaron su rechazo en el Artículo 75 de la Constitución Nacional Argentina, que atribuye al Congreso la potestad exclusiva de establecer contribuciones, y recordaron la vulneración del derecho a transitar libremente, tal como lo expresa el Artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina, y con esto el derecho de propiedad detallado en el Artículo 17.

Es inconcebible que el Estado nacional abandone su obligación de mantener en buen estado de transitabilidad la Red Vial Nacional, más aún cuando se mal administran los miles de millones de pesos que se recaudan anualmente del Impuesto a los Combustibles, que son malversados y desviados a otros fines que no tienen nada que ver para cual fue creado”, concluyeron. 

Del encuentro participaron los intendentes de Puerto Rico, Carlos Gustavo Koth; de El Alcázar, Eduardo Vázquez; de Garuhapé, Gerardo Schmied; de Capioví, Ramón Arrua; de Ruiz de Montoya, Victor Vogel y de Puerto Leoni, Elvio Vázquez, con sus respectivos equipos y junto a integrantes de los Honorables Concejos Deliberantes de los municipios de Puerto Rico, Puerto Leoni, El Alcázar, Ruiz de Montoya, el diputado provincial Arnhold Alejandro, como así integrantes de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo, Producción y Servicios del departamento Libertador General San Martín, representada por su presidente Luis Stefens.

A fin de llegar a un consenso, solicitaron a los funcionarios y legisladores nacionales “que reflexionen y acuerden la revisión de esta iniciativa, que profundiza el clima de malestar e incertidumbre que aqueja a los vecinos de la zona y a los misioneros en general”.

Se trata de un nuevo pronunciamiento tras el cuestionamiento realizado días atrás por el gobernador Hugo Passalacquaquien también reclamó la necesidad de obras, mantenimiento e inversión vial, y rechazó nuevas cargas que castiguen aún más “el bolsillo de las familias”.

Passalacqua cuestionó el nuevo peaje que Nación proyecta en Puerto Rico

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