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Areneros piden a Rovira modificación de la guía minera para reparar caminos

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El empresario arenero Jorge Daniel Muniagurria pidió al presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, el diputado provincial Carlos Rovira, la modificación de la legislación sobre la guía minera, para destinar parte de la tasa que abona el sector a la reparación de los caminos que conducen a los establecimientos areneros y utilizados para sacar la producción a los puntos de distribución.

Según explica Muniagurria en la nota dirigida al ingeniero Rovira, la idea es modificar parcialmente la Ley 1.572/82 que crea la guía minera para poder redirigir los fondos del tributo provincial.

“La ley tuvo como objetivo terminar con la extracción de minerales sin pagar impuestos a la provincia. Logró un gran éxito por la regulación del transporte de minerales por la guía, 40 años hemos pagado la tasa”, sostiene Muniagurria, también propietario de un astillero, en el texto.

“No pedimos reducción”, aclara el empresario, solicitando que “parte de la tasa” vaya a la reparación de los caminos que utiliza el sector, y el “mejoramiento de la conectividad en las zonas de trabajo”.

“Nuestros emprendimientos se ubican en zonas apartadas de centros urbanos y son de difíciles accesos debido al estado de los caminos, que hace que los medios de transporte de las empresas sufran constantes roturas”, argumenta.

Precisa que los establecimientos areneros “no cuentan con servicios como agua potable, cloacas, energía y la mentada conectividad”.

En concreto, el empresario reclama que “un porcentaje de lo recaudado por guías de transporte sea destinado para arreglos de los caminos y la dotación de conectividad a los establecimientos”.

Muniagurria explica que, junto al resto de las areneras ubicadas en la zona de Nemesio Parma, pidieron en reiteradas oportunidades al Poder Ejecutivo provincial, pero que no obtuvieron respuestas positivas.

El empresario adjunta tres notas del mismo tenor, firmadas por el grupo de areneros de Nemesio Parma: una, del 17 de noviembre de 2021, dirigida al ministro de Industria, Nicolás Trevisán; otra, de junio de 2022, para el director de Minas y Geología, Fernando Crivello; y una última, de julio del mismo año, en que le reclaman a este último una respuesta a la presentación anterior.

Muniagurria le relata a Rovira que el ministro Trevisán les rechazó el mismo pedido, con argumentos basados en apreciaciones sobre la ausencia de sedimento arenoso en el río Paraná y, prácticamente, responsabilizando al sector arenero de la desaparición de las playas naturales de las costas posadeñas.

“Esto ocurrió por no tener en cuenta la suba de la cota en el río Paraná en esta zona de Yacyretá”, explica Muniagurria en su nota.

“También nos expresa que los sedimentos que provienen del río Paraguay, Pilcomayo y Bermejo deben ser dragados para la navegación fluvial, pero ello no tiene nada que ver ni afecta a esta provincia en cuanto a la explotación minera”, relata sobre la respuesta de Trevisán a los areneros.

“A ello, debemos añadir que la mayoría de los lugares de extracción de la provincia son pozos que continuamente se rellenan diariamente de arena, no son bancos de arena, salvo Santa Ana y San Ignacio”, explica Muniagurria, contradiciendo al ministro.

Huella minera

Fernando Crivello, director de Minas y Geología, autoridad de aplicación de la ley que los empresarios areneros quieren modificar, culpa al sector de “la explotación intensiva, que generó un impacto ambiental negativo”, con la consecuente “disminución del recurso”, que llevó a la “desaparición de las playas naturales que se observaban a lo largo de nuestras costas”.

Sobre la reparación de los caminos, recomienda a los areneros gestionar algunas de las líneas de crédito, “a tasas accesibles”, del programa “Huella Minera”, del Ministerio de Producción de la Nación, que es puntualmente para construcción y recuperación de caminos.

Respecto del fondo compensador para la construcción de buques, creado como resarcimiento por el aporte que el sector considera hace a la canalización de la hidrovía al extraer los sedimentos de los cauces navegables, el ministro Trevisán les contestó que consideraba “inconsistente” lo solicitado, argumentando que “el aporte de arena del río Paraná como sedimento de la hidrovía es escaso”, y que, en todo caso, “los sedimentos por dragar” son de los ríos Paraguay y Pilcomayo, que “están en etapa juvenil de desarrollo y transportan gran cantidad de arcilla”.

Además, los areneros solicitan evitar la doble inspección para la habilitación de la industria naval, tanto por parte del Ministerio de Industria, como en la Municipalidad, quienes sí tienen el poder de definir el lugar de la ubicación industrial.

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Tras un mes sin agua, se restableció el servicio en comunidad mbya de San Ignacio

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La Dirección de Asuntos Guaraníes confirmó el restablecimiento del servicio de agua potable en la comunidad Ychongy Poty, luego de que, a más de un mes sin poder acceder al líquido vital, el municipio y la cooperativa afín resolvieran saldar la deuda de $1.800.000, correspondiente a la conexión del sistema hídrico. 

Al respecto, Francisco Rodríguez, director del área que funciona como nexo entre las comunidades mbya y el gobierno provincial, explicó a La Voz de Misiones que: “La comunidad estaba sin agua por una deuda de dicha conexión”, lo que afectaba a ocho familias integradas por alrededor de 35 personas.

También, detalló que la misma se encontraba a nombre del cacique y no de la comunidad, por lo que la provincia junto al municipio y la cooperativa acordaron saldar la deuda a fin de restablecer el servicio. 

Hoy ya cuentan con el agua correspondiente y está funcionando bien. Ya se le notificó al segundo cacique Gervacio Benítez porque el primero no se encontraba”, concluyó Rodríguez respecto a la última visita. 

Según consta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que Argentina adhirió, los Estados deben garantizar a los Pueblos Indígenas el acceso a servicios básicos que aseguren condiciones de vida dignas.

El caso

La faltante de agua potable en la comunidad Ychongy Poty se remonta al mes de febrero. Desde entonces, tanto niños como ancianos se vieron obligados a pasar días de calor extremo sin agua para beber, además de no poder realizar actividades básicas para la vida cotidiana, como cocinar o higienizarse en sus hogares, y debieron acudir a la solidaridad de sus vecinos. 

Desde un comienzo, el mburuvicha, Ariel Ramos, había reclamado que “el municipio debía hacerse cargo de afrontar el pago y, de un día para el otro, dejó de hacerlo sin previo aviso”, generando una deuda que les resultaba imposible saldar, por lo que realizó la denuncia correspondiente ante la Dirección de Asuntos Guaraníes.

La situación fue visibilizada por distintas organizaciones sociales y defensoras de los derechos indígenas, tal como el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y la abogada Roxana Rivas, quien coincidió en que la situación era irregular desde el punto de vista de que al contar con Personería Jurídica, el servicio debería estar a nombre de la comunidad y no del mburuvicha. 

La cooperativa tiene la obligación de garantizar un servicio mínimo a todos los ciudadanos, pero particularmente a las comunidades indígenas. Y es obligación del Estado atender esta situación desde una perspectiva comunitaria”, había señalado.

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Preparan actividades y marcha a la Legislatura por los 30 años del No a Corpus

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El próximo 14 de abril, en el marco del aniversario Nº 30 del plebiscito que frenó la construcción de la represa hidroeléctrica sobre el río Paraná en la localidad misionera de Corpus, la mesa provincial por el No a las Represas realizará una marcha hacia la Cámara de Representantes con el fin de “celebrar y reafirmar la voluntad de continuar defendiendo la libertad de nuestros ríos”. Previamente, el domingo 12, habrá distintas actividades en ese municipio.

Para dar a conocer la agenda movilizada por docentes, ambientalistas, organizaciones sociales, sindicales y la ciudadanía en general, la mesa provincial emitió un comunicado en el que recordó los últimos intentos por reactivar la propuesta.

“En nuestra provincia en los últimos tiempos se han escuchado voces de ex funcionarios provinciales y nacionales, diputados mandato cumplido, referentes de organismos nacionales, como la Comip, organizaciones como el colegio de ingenieros, tratando de promover un debate, ampliamente superado en nuestra provincia, acerca de la construcción de la represa de Corpus Christi”, resaltaron.

Lo que calificaron como “una clara actitud tendiente a desoír la voluntad de las misioneras y los misioneros expresada en el plebiscito de 1996 y no dar cumplimiento a la ley provincial que prohíbe avanzar en su construcción, sobre cualquier emplazamiento sobre el río Paraná”.

Por este motivo, convocaron a dos jornadas conmemorativas con el objetivo de “recordar que el próximo 14 de abril se cumplen 30 años de aquel histórico acontecimiento, en el que la ciudadanía misionera pudo libremente expresar su voluntad, rechazando la construcción del mencionado mega proyecto”.

El día domingo 12 de abril las actividades centrales se desarrollarán en la localidad de Corpus, lugar emblemático donde se llevó a cabo uno de los actos más recordados de la campaña por el NO. También habrá acciones en otras localidades a lo largo y ancho de la provincia, cuyos detalles se conocerán en los próximos días.

En tanto, el martes 14 de abril habrá una marcha desde el centro de Posadas hacia la Legislatura donde presentarán una nota exigiendo se avance con el tratamiento del proyecto de “Ley de Ríos Libres” ingresado el 15/07/2015 con expediente P.P. 2626/15 en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, el cual no logró tratamiento hasta el momento.

Para finalizar, exigieron públicamente “que las autoridades provinciales y legisladores, expresen de igual manera su voluntad de defender la Ley que ratifica el resultado del plebiscito con un 88 % de NO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA DE CORPUS”.

Por otro lado, instaron a las autoridades competentes a solicitar el “no apoyo a la reforma de la Ley de glaciares 26.639 y Ley de bosques 26.331, construidas, consensuadas y promulgadas con el acompañamiento amplio de la comunidad científica y los pobladores de los territorios de posible afectación siendo esto un motivo más que suficiente para que un legislador de nuestra provincia se oponga a semejante voluntad popular”.

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Yerbateros acordaron no vender el kilo de hoja verde por menos de $500

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Productores yerbateros de distintos puntos de la zona centro se reunieron en asamblea, a la altura del kilómetro 43 de la ruta 14 en Campo Grande, a fin de establecer un precio de referencia para la venta de hoja verde a secaderos e industrias.

El encuentro comenzó en horas de la mañana de este sábado con la presencia de un centenar de productores provenientes de esa localidad, como también de Itacaruaré, San Javier, San Vicente, Oberá, Campo Ramón, Campo Viera y El Soberbio.

En ese marco, el debate estuvo marcado por diversas cuestiones que hacen a la crisis del sector yerbatero, por lo que definieron ejes de acción como ser la venta de la hoja verde por un monto de $500 o superior.

“El cálculo contempla costos que rondan los $391 pesos por kilo de hoja verde y si se agrega un 30% de rentabilidad para el productor este número cerraría en no menos $500”, explicaron.

En este sentido, también recordaron el aumento de precios programados por el empresario yerbatero sirio, Omar Kassab, quien ofreció $350 por el kilo de hoja verde, lo cual consideraron insuficiente. “No obstante aplaudimos la predisposición de que un industrial plantee un precio de $350, aun así estamos trabajando por debajo de los costos de producción“, afirmaron.

Al mismo tiempo, señalaron: “Sumado a la merma en el rinde de la zona sur y Corrientes ante la sequía del verano, habrá una merma en la cosecha de este año, por lo tanto la definición del grupo de productores fue de no vender la hoja verde de yerba a valores inferiores a $500 puesto en secadero“.

Durante el encuentro que finalmente concluyó a las 16:30, vaticinaron que este año el mercado necesitará yerba ante el aumento de la demanda por consumo interno y el incremento de exportaciones.

Si bien aguardan que los productores cumplan con la medida de no entregar la hoja verde por menos de $500, continuarán exigiendo al gobierno provincial y a la Cámara de Representantes que se declare la emergencia yerbatera.

Asamblea de productores yerbateros en Campo Grande

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