Provinciales
Antonella: la causa pasó a la Cámara de Apelaciones y demoran la vuelta a casa
Todos los expedientes relacionados a la adopción de la pequeña de Eldorado serán analizados en la instancia superior. Presión social para que la niña vuelva con sus papás del corazón.
El escándalo judicial en torno a la fallida adopción de Antonella, la niña de tres años y medio arrebatada de la pareja que la cuidó y deseaba adoptarla, resuena fuerte en el Juzgado de Familia N°1 de Eldorado. A partir de ahora, todas las actuaciones relacionadas a la causa fueron elevadas a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Familia de la Tercera Circunscripción Judicial.
Los tres jueces que integrarán la Cámara de Apelaciones intentarán poner punto final a la seguidilla de decisiones contrarias a las recomendaciones de los psicólogos que, desde el principio, aconsejaron a los magistrados no separar a Antonella de sus papás Ester Barreto y Luis Narciso.
Luego que la jueza titular del Juzgado de Familia N°1, Corina Jones, dictara una orden para apartar a la niña de quienes la cuidaron desde sus primeras semanas de vida, la magistrada fue separada de la causa que pasó a manos de su subrogante, Lorena Toledo, quien determinó que Antonella permanezca provisoriamente bajo el cuidado de su hermana de sangre, Luzmila Rodríguez.
Parte de los asuntos judiciales de Antonella también fueron tratados por un tercer juez, Juan José Antonio Palacio. Sin embargo, la actuación de los tres magistrados, fundamentada en artículos de leyes, códigos y reformas, parecieran estar lejos de resolver la causa de Antonella.
Mientras los camaristas trabajarán sobre cada detalle del expediente, vecinos de Eldorado se autoconvocan a diario a través de las redes sociales para manifestarse frente al Juzgado o cortando la Ruta Nacional 12, para pedir la restitución de Antonella.
La presión social en este caso es, como en pocos, un factor clave para retomar el sentido común y devolver a la niña al hogar que la había cobijado desde sus primeros días de vida.
Sin embargo, todavía ningún juez se animó a contradecir de lleno la decisión de la jueza Jones, y así restituir a la niña a la familia que la crio.
Sin demasiadas precisiones sobre el tiempo que podría demorar una decisión judicial que devuelva a Antonella a los brazos de sus padres del corazón; abogados, familiares y la comunidad en general esperan que se resuelva, en principio, la Medida Cautelar para Protección de Personas presentada por la abogada Sandra Olcese, representante legal de Ester Barreto y Luis Narciso, mediante la cual se plantea que la niña vuelva a vivir con quienes ella misma reconoce como mamá y papá.
La jueza María Carla Bergottini es la presidenta de la Cámara de Familia y se espera un sorteo para conocer quiénes más la acompañarán para conformar la terna de magistrados quienes tendrán la posibilidad inmediata de reponer a Antonella junto a sus padres del corazón.
Jueza en apuros
La presentación de la Recusación con Expresión de Causa a la jueza Corina Jones planteada por el abogado Juan José Selva Andrade, que representa legalmente a la hermana de sangre de Antonella, Luzmila Rodríguez, dejaría en evidencia más de un error cometido por la magistrada que asumió la titularidad del juzgado el pasado 8 de septiembre, hace poco más de tres meses.
Corina Jones estaba al tanto de la situación de Antonella. En los años previos a ser nombrada jueza, ella estuvo a cargo de una de las secretarías del juzgado que ahora conduce. “Conocía el expediente desde hace mucho tiempo. Este caso no es nuevo para ella”, confesó a La Voz de Misiones una fuente de esa dependencia judicial de calle Dinamarca, en la Capital del Trabajo.
Sin embargo, y a pesar de la defensa corporativa que ensayan los círculos más cercanos a la jueza Jones, la Recusación presentada por Selva Andrade por parcialidad, subjetividad y hasta prevaricato -un delito del que se lo puede acusar a un juez por dictar una resolución arbitraria- hacen que los próximos días sean clave para el futuro de la carrera judicial de Jones.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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