Provinciales
Abogados piden a la Justicia que investigue lo sucedido en el IFAI
El Colegio de Abogados de Misiones (Cademis) repudió lo sucedido recientemente en el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI), y pidió que la Justicia provincial investigue de oficio los hechos expuestos en los chats filtrados del entonces titular del organismo, Marcelo “Turco” Rodríguez, que lo ubican intercambiando contratos laborales por favores sexuales con un número indeterminado de mujeres.
“El Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones, expresa su más enérgico repudio y consternación frente a los hechos que de público conocimiento se han ventilado en el ámbito de la Administración Pública Provincial”, dice el encabezado del comunicado difundido este viernes por la organización de letrados misioneros.
En el pronunciamiento, que llamativamente no menciona de forma explícita al IFAI ni a Rodríguez, el Cademis pide “una investigación integral que esclarezca los hechos ocurridos y los responsables”.
“Exhortamos al Poder Judicial de la Provincia de Misiones, que investigue de oficio todos y cada uno de los posibles delitos cometidos en referencia al caso”, señalan los abogados misioneros.
El comunicado advierte que, de ser ciertos, los hechos expuestos en los mensajes filtrados “demuestran la constante cosificación de la mujer y el menoscabo de su dignidad en situaciones de evidente abuso de poder y de utilización del erario público para su comisión, que requieren desde la órbita judicial y administrativa una activa investigación para su esclarecimiento”.
Posibles delitos
“Por lo que uno conoce por los medios, habría más de un delito configurado”, señaló el doctor Fernando Orbe, presidente del Cademis, consultado por La Voz de Misiones.
Según el letrado, el ex titular del IFAI podría ser procesado por los delitos de malversación de fondos públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“La utilización de recursos del Estado para la contratación de gente con finalidades que no tienen que ver con el objeto de la institución, se encuadra en la figura de la malversación de fondos públicos; también tenemos lo relacionado con el abuso de autoridad, por aprovechar de su posición para obtener favores, y el incumplimiento de los deberes de funcionario público”, explicó Orbe.
El presidente del Cademis indicó que la Justicia está plenamente facultada para investigar de oficio, y que “tiene la obligación de hacerlo”.
“Los fiscales tienen la obligación de investigar ante la sospecha de un delito; tienen la obligación de investigar cuando trasciende información sobre un acto delictivo, sea de la manera que sea, por las redes o de forma anónima”, afirmó.
Orbe cree que una investigación judicial entraña, además, una obligación moral, independientemente de si hubo delito o no, porque “estamos ante una situación que mancilla una institución pública y a muchas personas vinculadas a ella”.
“Si hubo delitos hay que llegar a una condena investigando con todas las garantías del debido proceso y garantizando el derecho a la defensa. Y si no se cometieron es importante también para reparar el honor de las personas y de la institución”, argumentó Orbe.
Instalaciones
El último en sugerir una investigación judicial de lo que exponen los chats filtrados de Rodríguez, fue precisamente quien lo reemplazó en el IFAI en la mañana misma del escándalo, el ex diputado provincial Roque Gervasoni, que el jueves hizo pública una carta donde advierte que “por única vez” iba a referirse a los hechos que desembocaron en su nombramiento en el organismo.
“En principio condeno y rechazo las prácticas de acoso laboral; condeno y rechazo el uso de los recursos del Estado con el fin de obtener favores sexuales; condeno y rechazo cualquier acto de violencia en cualquiera de sus formas contra la mujer”, escribió Gervasoni en su cuenta de Facebook.
El ex legislador se pronunció sobre el tratamiento que los medios hicieron de la noticia, cargando contra lo que denominó “generalización periodística”, y “banalización de la función pública”. “No podes meter a todos en la misma bolsa”, afirmó.
“Han instalado la idea de que en el IFAI no se trabaja, encontré un equipo de compañeras y compañeros de gran valía, que trabajan en los 77 municipios y no en oficinas justamente, haciendo territorio, donde están las necesidades reales; quieren instalar que la administración pública es un Jolgorio o un Prostíbulo”, escribió.
“No voy a permitir que instalen que todos los funcionarios somos iguales, que cada uno se haga cargo de su error; delito, promiscuidad, etc., etc.; yo, Roque Gervasoni, no soy igual y sé que somos muchos los que protegemos y respetamos a nuestras compañeras trabajadoras; no es lo mismo Juan que Pedro”, continuó.
“Seguramente la justicia deberá echar luz a todo esto y se pondrán los nombres que correspondan”, indicó.
La semana pasada, la diputada provincial Anazul Centeno había pedido también una investigación judicial de los sucedido, prácticamente en los mismos términos que Gervasoni, y con el foco puesto en el respeto a la perspectiva de género y los derechos vulnerados.
Provinciales
El Niño en Misiones: iniciaron censo de familias para coordinar evacuaciones
Esta semana comenzó el relevamiento preventivo de las familias que viven en zonas vulnerables en diferentes puntos de la provincia, mediante un mapeo sectorizado que permitirá saber de antemano a quién asistir, cómo evacuar y hacia dónde trasladar a las personas ante lluvias intensas, tormentas, crecidas o inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño.
Los lineamientos fueron impartidos por el Ministerio de Gobierno y la Jefatura de Policía hacia las 15 Unidades Regionales. De esta manera, la fuerza tendrá un rol central como primer respondedor debido a que posee la mayor estructura operativa y despliegue territorial, lo que permite articular directamente con los comités de crisis municipales y los demás organismos del Estado.
“La planificación apunta a que una eventual evacuación no comience cuando el agua ya ingresó a las viviendas”, indicaron las autoridades, por lo que efectivos recorren y sectorizan zonas bajas, barrios próximos a arroyos, áreas ribereñas, alcantarillas, caminos que podrían quedar comprometidos y otros puntos susceptibles a anegamientos.
En cada sector se releva cuántas familias viven, cómo están conformadas y si existen niños, adultos mayores o personas que puedan requerir asistencia prioritaria. A su vez, se establecen previamente los lugares destinados a recibir evacuados y también las viviendas de familiares a las que algunas personas podrían trasladarse, permitiendo conocer con anticipación el destino de cada grupo familiar.
En paralelo, se desarrolla un trabajo de concientización con los vecinos para que mantengan preparado lo indispensable ante una eventual salida del hogar. Documentación, medicamentos, ropa y elementos esenciales deberán estar accesibles para que, si las condiciones obligan a evacuar, el traslado pueda concretarse en el menor tiempo posible.
En las zonas rurales y ribereñas, el relevamiento contempla además animales, vehículos, herramientas y otros bienes vinculados con la vida y el trabajo familiar, incorporándolos a la planificación de cada jurisdicción.
Toda esa información conformará un mapa preventivo actualizado. Así, ante una emergencia, la Policía podrá conocer rápidamente qué sectores requieren intervención prioritaria, cuántas personas deben ser movilizadas, qué recursos y vehículos serán necesarios, cuáles son las vías seguras de ingreso y egreso y hacia dónde será trasladada cada familia.
Articulación entre áreas y municipios
“La premisa del Gobierno es anticiparnos y tener organizada la respuesta antes de que ocurra una emergencia. Sabemos que la Policía es el primer respondedor y la estructura con mayor presencia territorial de la provincia. Por eso estamos bajando los lineamientos junto con la Jefatura para articular previamente con los municipios y los demás organismos del Estado”, señaló el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez.
Los comités de crisis de cada municipio serán parte central de esa coordinación junto con Protección Civil, Salud, Bomberos y las demás áreas provinciales y municipales involucradas. Cada jurisdicción podrá establecer anticipadamente sus recursos, movilidad, lugares de alojamiento y prioridades de intervención.
El jefe de Policía, comisario general Sandro Martínez, remarcó que el esquema alcanza tanto al interior como a las ciudades, donde también existen arroyos, zonas bajas y sectores susceptibles a anegamientos. Por ello, cada dependencia deberá conocer y mantener actualizada la situación de su territorio.
De esta manera, si las condiciones obligan a evacuar, la respuesta comenzará sobre un escenario previamente organizado: sectores mapeados, familias censadas, destinos definidos, recursos coordinados y vecinos preparados para salir en poco tiempo.
La prevención es clave para reducir el impacto de El Niño en las chacras
Provinciales
Iprodha: titulares con hijos a cargo tendrán descuentos por 2 años tras divorcio
El Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) estableció una bonificación de hasta el 40% de la cuota durante 24 meses para familias con hijos menores de edad que atraviesen la separación de los convivientes y en las que uno de los progenitores o tutores quede a cargo del cuidado de los niños.
La medida fue formalizada mediante la Resolución Reglamentaria Iprodha Nº 00242/26, firmada el 10 de agosto y publicada este martes en el Boletín Oficial de Misiones.
La normativa crea el “Procedimiento Administrativo Especial de Readjudicación y Sostenimiento Habitacional”, destinado a garantizar la permanencia en la vivienda de quien, tras la disolución del vínculo convivencial, ejerza el cuidado efectivo de los menores que integraban el grupo familiar declarado.
Según establece la resolución, el mecanismo busca que la separación de los convivientes no implique la pérdida de la vivienda para los hijos menores. En los fundamentos, el organismo señala que resulta necesario reglamentar la readjudicación “a los fines de asegurar la continuidad” en el inmueble “de quien ejerza el cuidado efectivo de los menores”, teniendo en cuenta además la carga económica que puede generar la ausencia del otro integrante de la pareja.
La medida alcanza a “todas las configuraciones familiares”, ya que el artículo 2º establece que se aplicará “sin distinción de género u orientación sexual”, siempre que se acredite la presencia de menores a cargo en el hogar.
Beneficio
Uno de los principales puntos de la resolución es la posibilidad de acceder a una bonificación de hasta el 40% de la cuota durante un período de 24 meses consecutivos.
El beneficio se aplicará sobre el monto resultante de la sumatoria de la cuota neta, el interés de financiación y el Fondo Solidario de Desarrollo Habitacional, siempre que el organismo provincial corrobore la veracidad de la situación declarada.
La resolución establece que la bonificación tendrá como finalidad “facilitar la transición económica del hogar tras la separación de los convivientes”.
De esta manera, la persona que resulte nueva titular podrá acceder al descuento durante dos años para afrontar el cambio en la composición y en los ingresos del grupo familiar.
Además, el nuevo titular podrá optar por el “descuento directo por planilla de sueldos”, en caso de ser agente público, o por el sistema de débito automático.
Trámite
Para iniciar el proceso de readjudicación, la persona que permanezca en la vivienda deberá presentar una serie de documentos ante el Iprodha.
La resolución exige una nota formal por duplicado dirigida al presidente del instituto, en la que se declare que se habita el inmueble. También deberá presentarse la sentencia de divorcio o, en caso de corresponder, la renuncia de condominio realizada ante escribano público.
A esto se suma la “acreditación judicial de la tenencia o del cuidado personal de los hijos menores”, además de documentación que permita demostrar los ingresos y las garantías necesarias para continuar afrontando el pago de la vivienda.
Una vez iniciado el trámite, la Dirección de Trabajo de Campo, dependiente de la Gerencia Social del organismo, deberá realizar un informe socioeconómico. El objetivo será verificar que los menores residan efectivamente en la vivienda y determinar quién ejerce su cuidado, además de evaluar las condiciones económicas del grupo familiar.

La resolución fue publicada en el Boletín Oficial.
Provinciales
Diez docentes en huelga de hambre frente a un banco en el Eldorado
Ayer lunes, docentes que integran el Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL) se dirigieron a la sede bancaria ubicada en avenida Córdoba 69 de Eldorado para visibilizar el pedido de una mesa de diálogo y recomposición salarial en carácter “urgente” al gobierno, mientras que diez de ellos iniciaron una huelga de hambre que ya superó las 24 horas.
“Hay docentes que deben pedir préstamos para comprar medicamentos”, reclamó esta mañana un referente de la protesta consultado por La Voz de Misiones, respecto a la medida que inició ayer y continuará durante la jornada de hoy ante la “falta de respuestas” por parte del gobierno y la suspensión de una reunión que estuvo prevista para las 8.30.
“Nosotros en ningún momento bloqueamos el acceso al banco. Lo que hacemos es sentarnos en el hall, la gente puede ingresar tranquilamente al cajero y el banco puede funcionar tranquilamente”, aclaró respecto a los docentes concentrados, provenientes de Andresito, Iguazú, Puerto Esperanza, Wanda, Eldorado, Montecarlo, Puerto Rico, Jardín América y Posadas.
Luego, añadió: “Hay diez docentes en huelga de hambre y muchos otros apoyando la medida de fuerza que iniciamos ayer con una protesta pacífica en la planta baja. Elegimos este lugar por el alto endeudamiento al que llegó el sector público, sobre todo gran parte de la docencia, porque los sueldos no alcanzan, no se llega a fin de mes y muchos de ellos están enfermos, necesitan comprar medicamentos y usan los préstamos para eso”.
De esta manera, más allá del reclamo salarial, los docentes apuntaron a los “intereses que implementan las entidades bancarias y financieras en los préstamos solicitados” por los clientes y “la falta de política provincial y nacional por desendeudamiento”.
“Estamos ahorcados, el 80% del sueldo se va en préstamos. El gobierno ahora supuestamente está analizando qué hacer con eso, pero mientras tanto seguiremos acá visibilizando la problemática”, concluyó el docente integrante del MPL.

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