Provinciales
Abogados piden a la Justicia que investigue lo sucedido en el IFAI
El Colegio de Abogados de Misiones (Cademis) repudió lo sucedido recientemente en el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI), y pidió que la Justicia provincial investigue de oficio los hechos expuestos en los chats filtrados del entonces titular del organismo, Marcelo “Turco” Rodríguez, que lo ubican intercambiando contratos laborales por favores sexuales con un número indeterminado de mujeres.
“El Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones, expresa su más enérgico repudio y consternación frente a los hechos que de público conocimiento se han ventilado en el ámbito de la Administración Pública Provincial”, dice el encabezado del comunicado difundido este viernes por la organización de letrados misioneros.
En el pronunciamiento, que llamativamente no menciona de forma explícita al IFAI ni a Rodríguez, el Cademis pide “una investigación integral que esclarezca los hechos ocurridos y los responsables”.
“Exhortamos al Poder Judicial de la Provincia de Misiones, que investigue de oficio todos y cada uno de los posibles delitos cometidos en referencia al caso”, señalan los abogados misioneros.
El comunicado advierte que, de ser ciertos, los hechos expuestos en los mensajes filtrados “demuestran la constante cosificación de la mujer y el menoscabo de su dignidad en situaciones de evidente abuso de poder y de utilización del erario público para su comisión, que requieren desde la órbita judicial y administrativa una activa investigación para su esclarecimiento”.
Posibles delitos
“Por lo que uno conoce por los medios, habría más de un delito configurado”, señaló el doctor Fernando Orbe, presidente del Cademis, consultado por La Voz de Misiones.
Según el letrado, el ex titular del IFAI podría ser procesado por los delitos de malversación de fondos públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“La utilización de recursos del Estado para la contratación de gente con finalidades que no tienen que ver con el objeto de la institución, se encuadra en la figura de la malversación de fondos públicos; también tenemos lo relacionado con el abuso de autoridad, por aprovechar de su posición para obtener favores, y el incumplimiento de los deberes de funcionario público”, explicó Orbe.
El presidente del Cademis indicó que la Justicia está plenamente facultada para investigar de oficio, y que “tiene la obligación de hacerlo”.
“Los fiscales tienen la obligación de investigar ante la sospecha de un delito; tienen la obligación de investigar cuando trasciende información sobre un acto delictivo, sea de la manera que sea, por las redes o de forma anónima”, afirmó.
Orbe cree que una investigación judicial entraña, además, una obligación moral, independientemente de si hubo delito o no, porque “estamos ante una situación que mancilla una institución pública y a muchas personas vinculadas a ella”.
“Si hubo delitos hay que llegar a una condena investigando con todas las garantías del debido proceso y garantizando el derecho a la defensa. Y si no se cometieron es importante también para reparar el honor de las personas y de la institución”, argumentó Orbe.
Instalaciones
El último en sugerir una investigación judicial de lo que exponen los chats filtrados de Rodríguez, fue precisamente quien lo reemplazó en el IFAI en la mañana misma del escándalo, el ex diputado provincial Roque Gervasoni, que el jueves hizo pública una carta donde advierte que “por única vez” iba a referirse a los hechos que desembocaron en su nombramiento en el organismo.
“En principio condeno y rechazo las prácticas de acoso laboral; condeno y rechazo el uso de los recursos del Estado con el fin de obtener favores sexuales; condeno y rechazo cualquier acto de violencia en cualquiera de sus formas contra la mujer”, escribió Gervasoni en su cuenta de Facebook.
El ex legislador se pronunció sobre el tratamiento que los medios hicieron de la noticia, cargando contra lo que denominó “generalización periodística”, y “banalización de la función pública”. “No podes meter a todos en la misma bolsa”, afirmó.
“Han instalado la idea de que en el IFAI no se trabaja, encontré un equipo de compañeras y compañeros de gran valía, que trabajan en los 77 municipios y no en oficinas justamente, haciendo territorio, donde están las necesidades reales; quieren instalar que la administración pública es un Jolgorio o un Prostíbulo”, escribió.
“No voy a permitir que instalen que todos los funcionarios somos iguales, que cada uno se haga cargo de su error; delito, promiscuidad, etc., etc.; yo, Roque Gervasoni, no soy igual y sé que somos muchos los que protegemos y respetamos a nuestras compañeras trabajadoras; no es lo mismo Juan que Pedro”, continuó.
“Seguramente la justicia deberá echar luz a todo esto y se pondrán los nombres que correspondan”, indicó.
La semana pasada, la diputada provincial Anazul Centeno había pedido también una investigación judicial de los sucedido, prácticamente en los mismos términos que Gervasoni, y con el foco puesto en el respeto a la perspectiva de género y los derechos vulnerados.
Provinciales
Colonos de San Pedro en Posadas: “Las vidas con Arauco están en riesgo”
Luego de la escalada de violencia que derivó en el incendio de viviendas, golpizas y detenciones el fin de semana pasado, los colonos de San Pedro que enfrentan un conflicto territorial con Arauco, viajaron esta mañana a Posadas donde presentaron una denuncia en la Jefatura de Policía y asistieron a una reunión con el titular de la Subsecretaría de Tierras, Daniel Behler.
En representación de las familias afectadas por los incendios e intentos de desalojo, estuvo presente Diego Antúnez, presidente de la Comisión de Vecinos Unidos por las Chacras, quien anticipó a La Voz de Misiones que durante la reunión se planteó realizar un relevamiento de familias para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno.
“No llegamos a nada concreto, simplemente seguir trabajando. Lamentablemente sin poder volver a cultivar tranquilos por estar en el acampe”, expresó en referencia a los acampes que emplazaron semanas atrás frente a la Municipalidad de San Pedro y la comisaría local para visibilizar la situación.
El arribo a la capital provincial en busca de respuestas se dio luego de varias semanas de tensión entre efectivos de seguridad, que responderían a la empresa Arauco, quienes ingresaron a los predios donde residen las familias , provocaron incendios, y con ello la pérdida de viviendas, plantaciones y animales de hombres y mujeres que viven de lo que producen.
“Estamos en tierras que dicen ser de Arauco, pero nosotros decimos que son nuestras porque hay colonos que están hace más de doce años, algunos de mínimamente seis y se dedican a producir alimentos en las colonias Puerto Argentino I, II y III, San Juan Bosco y Las Chacritas, donde sí o sí las familias necesitan entre 5 a 15 hectáreas para los cultivos anuales, además de criar gallinas, cerdos y vacas”, añadió Antúnez.
Además del reclamo territorial, también señalaron la falta de servicios básicos que padecen desde hace años: “Nadie tiene servicio de luz, agua y caminos. En mi zona -que es San Juan Bosco- estamos obligados a pasar por los caminos de Arauco. La municipalidad no nos hace caminos porque asegura que es propiedad privada, que no es parte del casco urbano y que él no tiene nada que ver en eso. Ahora finalmente pareciera estar más abierto al diálogo, pero por el momento seguimos sin caminos, sin luz y Arauco nunca nos mostró los papeles”.
“Como hay zonas desfavorables para la instalación de un pozo perforado, nos sugirieron una relocalización, pero son mínimamente unas 164 familias, entonces no podemos ir todos a un mismo lugar porque vamos a tener que talar árboles de vuelta y volver a hacer una chacra. Nosotros le pedimos quedarnos en la franja donde estamos, desde el empalme La Boca hasta San Juan Bosco, y a medida que necesitemos más tierra pediremos permiso para agrandar la chacra”, puntualizó sobre la reunión.
Durante el encuentro, César Fariña, quien también estuvo presente como dirigente de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), responsabilizó al gobierno por las situaciones de violencia sufridas días atrás, cuando efectivos dispararon con armas de fuego contra dos colonos, entre los que se encontraba un menor.
“Las vidas con Arauco están en riesgo y yo responsabilizo al gobierno de la provincia de cualquier muerte o desaparición que pueda haber en San Pedro. Estamos muy preocupados y vamos a encargarnos de las cuestiones técnicas, pero la violencia no vamos a tolerar más”, enfatizó.
Paralelamente, otro grupo de colonos, que residen en las colonias mencionadas, se dirigió a la Jefatura de Policía para presentar la denuncia que días atrás acercaron -sin resultados positivos- ante la Fiscalía de Instrucción Uno, con asiento en San Pedro, correspondiente a cuatro detenciones arbitrarias y episodios de violencia que incluyeron disparos contra un menor el último sábado.
San Pedro: incendios, golpizas y demorados por conflicto entre Arauco y colonos
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San Pedro: incendios, golpizas y demorados por conflicto entre Arauco y colonos
El conflicto territorial de colonos de San Pedro sumó un nuevo capítulo este fin de semana cuando, luego del incendio de viviendas de madera registrado días atrás, efectivos de la Unidad Regional XIV demoraron a cuatro hombres en sus chacras, por lo que vecinos responsabilizaron a la empresa forestal Arauco.
Según atestiguan los afectados, efectivos de seguridad que responden a la forestal “entraron a las chacras, quemaron las casas, mataron a los animales y detuvieron a los colonos ilegalmente”. Sobre ese mismo momento, ampliaron: “Fueron torturados por la Policía”.
El último viernes fue Cristian Marcelo Dos Santos quien encontró su casa quemada y las pertenencias que tenía en su chacra de Puerto Argentino 3. Según su relato, todo comenzó el martes, cuando “la Policía ingresó junto a personal de Arauco para exigir que dejara de trabajar en la chacra y sin ninguna orden judicial me amenazaron con seis meses de prisión”.
En tanto, el último sábado en horas de la tarde, cuatro colonos fueron despojados de las chacras donde se encontraban trabajando y trasladados por la fuerza a la comisaría local.
Sobre el procedimiento, uno de los vecinos del lugar expresó a través de un video difundido por la cuenta XR Misiones, que los uniformados “entraron sin ninguna orden a dispararles con armas calibre 12, los tiraron al piso boca abajo, les patearon en la espalda, pisaban en la nuca y con la escopeta siguieron disparando”.
A lo que añadieron: “Dispararon a un menor de 16 años, hijo de Juan Ramón Ostapiuck, y lo secuestraron hasta las 12 de la noche mientras al padre le pegaban por preguntar por su hijo”.
En la mañana del domingo la Comisión de Vecinos Unidos por las Chacras se acercó a la comisaría para exigir la liberación de Julio Ayala, Julián Ayala y Juan Ramón, quienes finalmente fueron liberados.
Sin embargo, aseguran que estos episodios “se repiten” diariamente, por lo que solicitaron respuestas por parte de las autoridades competentes, así como también “a todos los organismos de Derechos Humanos que intercedan en situaciones como esta”.
En la mañana de este lunes, uno de los vecinos que residen en la colonia San Juan Bosco, presentó ante la Fiscalía de Instrucción Uno, con asiento en San Pedro, la denuncia correspondiente sobre las detenciones y los episodios de violencia que incluyeron disparos contra un menor el sábado.

Colonos tras su liberación en la comisaría de San Pedro.
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Antecedentes
Este conflicto territorial en San Pedro sumó varias semanas de creciente conflictividad en las colonias rurales. El 19 de agosto, fue detenido el colono Ángel Rivero, quien también se encontraba trabajando en su chacra al momento de la captura.
Por su parte, las organizaciones que acompañan a las familias denunciaron que el hecho se produjo en el marco de una causa por presunta usurpación. En ese momento, los vecinos decidieron realizar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro para pedir la liberación de Rivero.
También se vieron afectadas las familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3, Palmera Boca, La Chacrita y San Juan Bosco, entre otros parajes desde donde denunciaron una sucesión de procedimientos policiales y situaciones de violencia que podría alcanzar a unas 300 familias.
Piden mesa de diálogo con la provincia por conflicto territorial en San Pedro
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Caravana de yerbateros llegó a Puerto Iguazú
Cerca de las 13.30, una extensa caravana de camiones, camionetas y colectivos conducidos por productores y trabajadores yerbateros, arribó a la intersección de las rutas 101 y 12 en Puerto Iguazú.
“Estamos al frente de la caravana y son muchísimos los que vienen detrás, entre camiones cargados con los tractores, camionetas y colectivos que trasladan a productores y tareferos. Es muy larga la caravana”, confirmó a LVM Jorge Skripczuk, productor oriundo de Aristóbulo del Valle, quien decidió hacerse presente junto a un grupo de productores que viajó en colectivo.
El objetivo de la movilización a la que bautizaron “Tractorazo”, fue protestar contra la desregulación del sector, logrando mayor visibilidad ante la llegada del presidente Javier Milei, quien participará de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en el hotel Loi Suites de esa ciudad.
Se trata de quienes sostienen una de las principales economías regionales de la provincia y cuyos reclamos se remontan a los últimos tres años, cuando el DNU 70/2023, impulsado por el mandatario nacional, desreguló el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y provocó la caída del precio de la hoja verde a un valor mínimo de $70, cuando hasta ese año rondaba los $400.
De esa manera, la medida modificó el equilibrio dentro de la cadena productiva en la que conviven alrededor de 12 mil productores, con secaderos y grandes industrias que concentran la mayor capacidad de compra.
Los productores reconocen que la desregulación debilitó a los eslabones más bajos de la cadena productiva, ante la caída del precio de la materia prima, el incremento de los costos de producción y los plazos de pago por parte de los secaderos.
A las protestas en la ciudad de las Cataratas también se sumaron sindicatos y gremios que nuclean a los trabajadores del Estado, ATE y CTA, como también organizaciones sociales, políticas y estudiantiles.

Productores llegaron a Iguazú/ Fotos: Marcos Otaño
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