Provinciales
Abogados piden a la Justicia que investigue lo sucedido en el IFAI
El Colegio de Abogados de Misiones (Cademis) repudió lo sucedido recientemente en el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI), y pidió que la Justicia provincial investigue de oficio los hechos expuestos en los chats filtrados del entonces titular del organismo, Marcelo “Turco” Rodríguez, que lo ubican intercambiando contratos laborales por favores sexuales con un número indeterminado de mujeres.
“El Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones, expresa su más enérgico repudio y consternación frente a los hechos que de público conocimiento se han ventilado en el ámbito de la Administración Pública Provincial”, dice el encabezado del comunicado difundido este viernes por la organización de letrados misioneros.
En el pronunciamiento, que llamativamente no menciona de forma explícita al IFAI ni a Rodríguez, el Cademis pide “una investigación integral que esclarezca los hechos ocurridos y los responsables”.
“Exhortamos al Poder Judicial de la Provincia de Misiones, que investigue de oficio todos y cada uno de los posibles delitos cometidos en referencia al caso”, señalan los abogados misioneros.
El comunicado advierte que, de ser ciertos, los hechos expuestos en los mensajes filtrados “demuestran la constante cosificación de la mujer y el menoscabo de su dignidad en situaciones de evidente abuso de poder y de utilización del erario público para su comisión, que requieren desde la órbita judicial y administrativa una activa investigación para su esclarecimiento”.
Posibles delitos
“Por lo que uno conoce por los medios, habría más de un delito configurado”, señaló el doctor Fernando Orbe, presidente del Cademis, consultado por La Voz de Misiones.
Según el letrado, el ex titular del IFAI podría ser procesado por los delitos de malversación de fondos públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“La utilización de recursos del Estado para la contratación de gente con finalidades que no tienen que ver con el objeto de la institución, se encuadra en la figura de la malversación de fondos públicos; también tenemos lo relacionado con el abuso de autoridad, por aprovechar de su posición para obtener favores, y el incumplimiento de los deberes de funcionario público”, explicó Orbe.
El presidente del Cademis indicó que la Justicia está plenamente facultada para investigar de oficio, y que “tiene la obligación de hacerlo”.
“Los fiscales tienen la obligación de investigar ante la sospecha de un delito; tienen la obligación de investigar cuando trasciende información sobre un acto delictivo, sea de la manera que sea, por las redes o de forma anónima”, afirmó.
Orbe cree que una investigación judicial entraña, además, una obligación moral, independientemente de si hubo delito o no, porque “estamos ante una situación que mancilla una institución pública y a muchas personas vinculadas a ella”.
“Si hubo delitos hay que llegar a una condena investigando con todas las garantías del debido proceso y garantizando el derecho a la defensa. Y si no se cometieron es importante también para reparar el honor de las personas y de la institución”, argumentó Orbe.
Instalaciones
El último en sugerir una investigación judicial de lo que exponen los chats filtrados de Rodríguez, fue precisamente quien lo reemplazó en el IFAI en la mañana misma del escándalo, el ex diputado provincial Roque Gervasoni, que el jueves hizo pública una carta donde advierte que “por única vez” iba a referirse a los hechos que desembocaron en su nombramiento en el organismo.
“En principio condeno y rechazo las prácticas de acoso laboral; condeno y rechazo el uso de los recursos del Estado con el fin de obtener favores sexuales; condeno y rechazo cualquier acto de violencia en cualquiera de sus formas contra la mujer”, escribió Gervasoni en su cuenta de Facebook.
El ex legislador se pronunció sobre el tratamiento que los medios hicieron de la noticia, cargando contra lo que denominó “generalización periodística”, y “banalización de la función pública”. “No podes meter a todos en la misma bolsa”, afirmó.
“Han instalado la idea de que en el IFAI no se trabaja, encontré un equipo de compañeras y compañeros de gran valía, que trabajan en los 77 municipios y no en oficinas justamente, haciendo territorio, donde están las necesidades reales; quieren instalar que la administración pública es un Jolgorio o un Prostíbulo”, escribió.
“No voy a permitir que instalen que todos los funcionarios somos iguales, que cada uno se haga cargo de su error; delito, promiscuidad, etc., etc.; yo, Roque Gervasoni, no soy igual y sé que somos muchos los que protegemos y respetamos a nuestras compañeras trabajadoras; no es lo mismo Juan que Pedro”, continuó.
“Seguramente la justicia deberá echar luz a todo esto y se pondrán los nombres que correspondan”, indicó.
La semana pasada, la diputada provincial Anazul Centeno había pedido también una investigación judicial de los sucedido, prácticamente en los mismos términos que Gervasoni, y con el foco puesto en el respeto a la perspectiva de género y los derechos vulnerados.
La Secretaría de Prevención de Adicciones y la Secretaría de Cultura crearon un Programa de Atención y Prevención de Consumos Problemáticos que propone abordar situaciones de crisis y pedidos de asistencia dirigidos a los trabajadores de la cultura en toda la provincia.
Roberto Padilla y Joselo Schuap, a cargo de ambas carteras, explicaron la ventaja del trabajo en conjunto. “Siempre estamos asistiendo en casos puntuales de los que tomamos conocimiento, con ayuda de diversas áreas del Estado. Pero queremos abrir un paraguas más amplio, que pueda contener a todos los trabajadores de la cultura que lo necesiten. Y también a su entorno y sus familias”.
En ese sentido, señalaron que el objetivo de la iniciativa es visibilizar una problemática que viene en aumento, relacionada con los consumos problemáticos y otras enfermedades que afectan a la salud mental, en un contexto adverso de crisis económica y social.
En segundo lugar, la iniciativa apunta a ofrecer canales de comunicación directa para que aquellas personas que se sientan vulnerables, familiares y al entorno cercano. “Sabemos que es desesperante encontrarse con este problema en el círculo familiar, o en el ámbito de trabajo artístico y no tener a quien recurrir”.
En términos operativos, el programa brindará espacios de escucha, contención y conversatorios. Por un lado, con la habilitación de una línea telefónica (3765-061344), y por otro, una dirección de correo electrónico ([email protected]) para solicitar acompañamiento, además de un ciclo de charlas destinadas tanto a trabajadores de la cultura, como también a familiares, amigos y personas interesadas en la temática.
De esta manera, el centro de tratamiento de adicciones Cambios Muy Buenos (CMB) acompañará el primer conversatorio abierto destinado a brindar contención a quienes lo necesiten. Será el próximo miércoles 26 de agosto a las 19 en el Auditorio Tierra Sin Mal, ubicado en el Centro Cultural la Estación, en el cuarto tramo de la costanera de Posadas.
La charla estará a cargo de profesionales del centro CMB, quienes además responderán consultas de 8 a 19 al 3764 893727 / 3765 014328.
Tras el regreso a la comunidad, el pasado domingo 2 de agosto, integrantes de Puente Quemado II denunciaron públicamente reiterados hostigamientos por parte de un grupo de personas que responderían al empresario forestal Alfredo Ruff, y en las últimas horas emplazaron un campamento en la zona.
El cacique Santiago Ramos grabó un video en el que alertó: “Estoy muy amenazado por Alfredo Ruff”.
De esta manera, acudió a las redes sociales para denunciar públicamente la situación que atraviesan diariamente “antes de que pase algo grave a los niños y niñas que están dentro del territorio”.
Y continuó: “El domingo Alfredo Ruff llegó con toda la gente, con todos sus matones que están cerca, por eso tengo miedo”, y en pos de llegar a una solución frente a esta disputa, añadió: “También le exigimos al gobierno provincial que solucione la situación de nuestro territorio relevado por la ley 26.160”.
Días atrás, se hizo viral un video en el que Ruff y Roberto Bonetti intercambiaron posiciones respecto a la “propiedad privada”, e incitaron a realizar un “ataque armado” para “desalojar” a los miembros de la comunidad por la fuerza.
“Si vamos por mano propia, vos imaginate que yo agarre un arma y dispare y dañe a algunas personas, en un momento de… ¿Qué consecuencias tengo yo dentro de mi propiedad con este avasallamiento?”, sostiene Ruff.
A esto, Bonetti respondió: “Hoy terminás vos preso, estás dentro de tu propiedad y se te cagan de risa. Totalmente invertido. Yo soy partidario de que nosotros tenemos que defendernos, si tiene que ser a los tiros, a los tiros tiene que ser“.
Anteriormente, en el año 2024 Bonetti, dueño de la reserva Monte Adentro, también estuvo envuelto en acusaciones públicas contra la comunidad Mbokajaty II de San Ignacio, a quienes calificó de “violentos” y “usurpadores”, al residir en una zona aledaña al lote donde él decidió emplazar un emprendimiento turístico.
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Mbokajaty protesta en la 9 de Julio tras agresión y avance de empresa privada
Hilario Moreira, mburuvicha de la comunidad Tapé Mirí de Garuhapé e integrante del Consejo de Caciques, señaló que “Misiones no reconoce al pueblo preexistente como pueblo mbya guaraní”, por lo que exigió a los gobernantes y legisladores respeto y garantías para el ejercicio de sus derechos.
Estas declaraciones las hizo ayer por la tarde sobre el escenario de la plaza 9 de Julio de Posadas en el marco de la movilización contra la Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada, que finalmente obtuvo media sanción en el Senado de la Nación con la quita del articulado sobre extranjerización de tierras y las modificaciones a la Ley de Manejo de Fuego.
En este contexto, recordó: “En Misiones casi el 60% de las comunidades no tiene título de propiedad. Pedimos que se regularice la situación indígena porque somos los que más sufrimos desde el siglo pasado. Nos ponen a Andresito como prócer, pero en la actualidad tampoco hay garantías de derechos, no somos respetados como pueblo, somos expulsados de nuestra propia casa”.
De esta manera, apuntó contra la falta de garantías en la aplicación de derechos fundamentales: “Queremos el respeto como pueblo y no solamente como pueblo originario, sino como pueblo misionero. Esta casa grande pertenece a todos, no solamente a los mbya. En Argentina, los pueblos originarios venimos sufriendo el atropello y avasallamiento hace muchísimo tiempo. Los derechos indígenas fueron reconocidos desde 1994 a nivel nacional, Misiones todavía ni siquiera reconoce al pueblo preexistente como pueblo mbya guaraní”.
“Exijo respeto y garante de nuestros derechos como pueblo para que ninguna comunidad mbya sea desalojada, porque en la historia, en el pasado, en el presente y en el futuro, vamos a seguir siendo mbya y a defender nuestro territorio cueste lo que cueste. Queremos que el Estado acompañe y que no haya más desalojos en ninguna comunidad, exigimos respeto por nuestro pueblo y soberanía”, enfatizó.
Puente Quemado II
Seguidamente, refirió al desalojo que sufrió la comunidad mbya Puente Quemado II el 28 de julio pasado, medida judicial ordenada por el juez Roberto Sena y que -a 48 horas de su aplicación- fue suspendido por la Fiscalía de Instrucción de Puerto Rico, encabezada por Héctor Simón.
“Esta unidad es indispensablemente importantísima y me siento orgulloso de ser parte. Somos nosotros los responsables y tenemos la obligación como pueblo, persona y ciudadano de defender nuestro territorio y nuestra tierra que tanto queremos. Nuestros ancestros la han defendido antiguamente de los extranjeros para que por lo menos tengamos paz y tranquilidad. Agradezco este espacio y pido que el territorio de Puente Quemado II sea devuelto“, ponderó.
El desalojo de Puente Quemado II, en respuesta a una denuncia presentada por el empresario forestal Alfredo Ruff, fue repudiado por organizaciones locales, nacionales e internacionales, quienes recordaron que los pueblos originarios deben ser respaldados por la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17; el Convenio 169 de la OIT; la Ley 24.071, instrumento que obliga al Estado a garantizar la consulta previa, libre e informada ante medidas que los afecten-; la Declaración ONU (2007), así como también convenios y tratados internacionales de jerarquía constitucional.
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