Provinciales
Abogados piden a la Justicia que investigue lo sucedido en el IFAI
El Colegio de Abogados de Misiones (Cademis) repudió lo sucedido recientemente en el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI), y pidió que la Justicia provincial investigue de oficio los hechos expuestos en los chats filtrados del entonces titular del organismo, Marcelo “Turco” Rodríguez, que lo ubican intercambiando contratos laborales por favores sexuales con un número indeterminado de mujeres.
“El Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones, expresa su más enérgico repudio y consternación frente a los hechos que de público conocimiento se han ventilado en el ámbito de la Administración Pública Provincial”, dice el encabezado del comunicado difundido este viernes por la organización de letrados misioneros.
En el pronunciamiento, que llamativamente no menciona de forma explícita al IFAI ni a Rodríguez, el Cademis pide “una investigación integral que esclarezca los hechos ocurridos y los responsables”.
“Exhortamos al Poder Judicial de la Provincia de Misiones, que investigue de oficio todos y cada uno de los posibles delitos cometidos en referencia al caso”, señalan los abogados misioneros.
El comunicado advierte que, de ser ciertos, los hechos expuestos en los mensajes filtrados “demuestran la constante cosificación de la mujer y el menoscabo de su dignidad en situaciones de evidente abuso de poder y de utilización del erario público para su comisión, que requieren desde la órbita judicial y administrativa una activa investigación para su esclarecimiento”.
Posibles delitos
“Por lo que uno conoce por los medios, habría más de un delito configurado”, señaló el doctor Fernando Orbe, presidente del Cademis, consultado por La Voz de Misiones.
Según el letrado, el ex titular del IFAI podría ser procesado por los delitos de malversación de fondos públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“La utilización de recursos del Estado para la contratación de gente con finalidades que no tienen que ver con el objeto de la institución, se encuadra en la figura de la malversación de fondos públicos; también tenemos lo relacionado con el abuso de autoridad, por aprovechar de su posición para obtener favores, y el incumplimiento de los deberes de funcionario público”, explicó Orbe.
El presidente del Cademis indicó que la Justicia está plenamente facultada para investigar de oficio, y que “tiene la obligación de hacerlo”.
“Los fiscales tienen la obligación de investigar ante la sospecha de un delito; tienen la obligación de investigar cuando trasciende información sobre un acto delictivo, sea de la manera que sea, por las redes o de forma anónima”, afirmó.
Orbe cree que una investigación judicial entraña, además, una obligación moral, independientemente de si hubo delito o no, porque “estamos ante una situación que mancilla una institución pública y a muchas personas vinculadas a ella”.
“Si hubo delitos hay que llegar a una condena investigando con todas las garantías del debido proceso y garantizando el derecho a la defensa. Y si no se cometieron es importante también para reparar el honor de las personas y de la institución”, argumentó Orbe.
Instalaciones
El último en sugerir una investigación judicial de lo que exponen los chats filtrados de Rodríguez, fue precisamente quien lo reemplazó en el IFAI en la mañana misma del escándalo, el ex diputado provincial Roque Gervasoni, que el jueves hizo pública una carta donde advierte que “por única vez” iba a referirse a los hechos que desembocaron en su nombramiento en el organismo.
“En principio condeno y rechazo las prácticas de acoso laboral; condeno y rechazo el uso de los recursos del Estado con el fin de obtener favores sexuales; condeno y rechazo cualquier acto de violencia en cualquiera de sus formas contra la mujer”, escribió Gervasoni en su cuenta de Facebook.
El ex legislador se pronunció sobre el tratamiento que los medios hicieron de la noticia, cargando contra lo que denominó “generalización periodística”, y “banalización de la función pública”. “No podes meter a todos en la misma bolsa”, afirmó.
“Han instalado la idea de que en el IFAI no se trabaja, encontré un equipo de compañeras y compañeros de gran valía, que trabajan en los 77 municipios y no en oficinas justamente, haciendo territorio, donde están las necesidades reales; quieren instalar que la administración pública es un Jolgorio o un Prostíbulo”, escribió.
“No voy a permitir que instalen que todos los funcionarios somos iguales, que cada uno se haga cargo de su error; delito, promiscuidad, etc., etc.; yo, Roque Gervasoni, no soy igual y sé que somos muchos los que protegemos y respetamos a nuestras compañeras trabajadoras; no es lo mismo Juan que Pedro”, continuó.
“Seguramente la justicia deberá echar luz a todo esto y se pondrán los nombres que correspondan”, indicó.
La semana pasada, la diputada provincial Anazul Centeno había pedido también una investigación judicial de los sucedido, prácticamente en los mismos términos que Gervasoni, y con el foco puesto en el respeto a la perspectiva de género y los derechos vulnerados.
Provinciales
Invitan a charla sobre el proyecto Corpus-Pindoí en Montecarlo y Jardín América
Luego del encuentro realizado en mayo, en el hotel Julio César de Posadas, la Comisión Mixta del Río Paraná (Comip) convocó a una nueva charla informativa junto a la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Montecarlo (Cacim), prevista para el miércoles 1 de julio a las 18:30 en el salón de usos múltiples, ubicado en El Libertador 2713 y el jueves 2 de julio a las 20 en el salón de la cooperativa de servicios públicos de Jardín América.
Al igual que en la capital provincial, ambos encuentros proponen brindar información sobre el estado actual del proyecto hidroeléctrico Corpus-Pindoí, sus principales características, junto a otros ejes como: energía, producción, desarrollo y ambiente.
Desde la Comip sostienen que “hoy existen condiciones distintas” para discutir el proyecto. En la anterior charla informativa, el delegado argentino de ese organismo, José Antonio López, aludió al escenario para el avance de Corpus-Pindoí, haciendo un paralelismo con Yacyretá y las obras complementarias realizadas en la región.
“Hoy, Posadas es una maravilla; Encarnación es una maravilla. Toda la costa recibió obras: el bypass carretero, servicios sanitarios, el puente, el aeropuerto. Todo eso quedó con la definición de Yacyretá”, sostuvo López desde el histórico hotel céntrico de la capital provincial.
De esa manera, remarcó que las obras hidroeléctricas “traen beneficios”, aunque aclaró que “el tema es que sean oportunos y ajustados a lo que la gente necesita”.
Esta iniciativa cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental y Social elaborado específicamente para el emplazamiento Pindo-í, desarrollado por un consorcio internacional integrado por Harza Engineering (Estados Unidos), IATASA (Argentina) y TECMA (Paraguay), con participación de instituciones académicas regionales, entre ellas la Universidad Nacional de Misiones y la Universidad Nacional de Itapúa.
En Jardín América
Para el jueves 2 de julio a las 20, la charla informativa lleva el nombre: “Alternativas a la problemática energética para el desarrollo de la región”, y tendrá lugar en el salón de la cooperativa servicios públicos, ubicado por calle Brasil 675.
Allí, la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Jardín América y Zona de influencia, Parque Tecnológico Zona Centro Río Paraná y la municipalidad, invitan a participar de este espacio de análisis, intercambio y reflexión sobre los desafíos energéticos actuales y las oportunidades de desarrollo para nuestra región.
La actividad reunirá a representantes del sector público, privado, instituciones, profesionales y actores vinculados al desarrollo productivo y energético, con el objetivo de abordar distintas perspectivas relacionadas al futuro energético regional y su impacto en el crecimiento económico, social e industrial.
La participación es gratuita, con inscripción previa al siguiente link: https://forms.gle/PM3k7vBKx1nQ3U7q9

Sobre los estudios ambientales del Proyecto Multipropósito Corpus Christi
Provinciales
Parques Nacionales: alertan por retiro voluntario y posible vaciamiento
El gobierno nacional, mediante la Resolución 191/2026 publicada en el Boletín Oficial, puso en marcha un régimen de retiro voluntario exclusivo para el personal de planta permanente de la Administración de Parques Nacionales (APN).
El programa se enmarca en las políticas oficiales orientadas a la reorganización y reducción de la estructura estatal y alcanza a los trabajadores comprendidos en el artículo 8° de la Ley 25.164 del Régimen de Empleo Público Nacional.
A partir de la resolución, sectores sindicales que nuclean a los trabajadores se hicieron eco de lo dispuesto y salieron al cruce del régimen. En este sentido, Natalia Duarte, secretaria adjunta de la seccional Iguazú del gremio ATE, del área de conservación y educación ambiental, en comunicación con La Voz de Misiones, expresó su preocupación.
La iniciativa, publicada el pasado 23 de junio, no está dirigida exclusivamente al cuerpo de guardaparques, sino a todo el personal de planta permanente de Parques Nacionales.
“A lo largo y ancho del país contamos con importantes parques nacionales y lo que se plantea es una reducción cercana al 20% de la planta, supuestamente para optimizar, pero nosotros no lo vemos así. Es una forma de despido”, sostuvo Duarte.
En Misiones, las dos áreas afectadas son, el Parque Nacional Iguazú y el Parque Federal Campo San Juan. Allí trabajan 21 agentes de planta permanente, 22 contratados, además de 33 guardaparques y aproximadamente 10 brigadistas.
Según explica la dirigente sindical, el proceso de vaciamiento de la APN no comenzó ahora, sino que se viene profundizando desde el 2024.
“Con este gobierno hemos perdido a más de 120 compañeros y compañeras a nivel nacional. Algunos se fueron incorporando nuevamente, pero con estos llamados ‘retiros voluntarios’ se encubre otra forma de despido”, afirmó.
Para la secretaria adjunta, la iniciativa representa un “vaciamiento del organismo” que afecta la soberanía, la protección de los bienes comunes y la conservación del ambiente y el patrimonio natural y cultural.
“No podemos permitir estos vaciamientos en la administración pública. Cada trabajador cumple un rol muy importante. Si bien este retiro no alcanza al cuerpo de guardaparques, dentro de la planta permanente también hay científicos, técnicos y administrativos que son fundamentales para la protección de los parques nacionales”, señaló.
Duarte también cuestionó el objetivo de la medida: “Van a decir que la administración pública no es eficiente o que es deficiente, pero para abrir una ruta o realizar una obra se hacen estudios de impacto ambiental. Ahí entra nuestra labor. Con este vaciamiento, claramente vamos a perder capacidad técnica”.
El proceso administrativo prevé la intervención de áreas centrales del Estado, como la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público y la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía, que deberán intervenir en las actas de desvinculación.
La Administración de Parques Nacionales, organismo encargado de la conservación de las áreas protegidas del país bajo la Ley 22.351, podría verse afectada en su capacidad operativa ante una eventual reducción de su planta de trabajadores.
“Nos preocupa qué va a pasar si no se alcanza ese 20% de adhesión. ¿Quiénes van a completar ese porcentaje? ¿Los contratados o el resto del personal?”, planteó.
En el Parque Nacional Iguazú, uno de los sectores más sensibles es el área de conservación, donde —según señaló— ya se registran dificultades en la evaluación de estudios de impacto ambiental.
“La quita de funciones es otra de las preocupaciones. Es importante que cada departamento cumpla su rol. Si eso se debilita, el funcionamiento general del organismo se ve afectado”, advirtió.
Finalmente, la dirigente consideró que el plan implica una pérdida significativa de recursos humanos con experiencia: “Son trabajadores con años en la administración pública, en edad activa y con una trayectoria valiosa. Es una pérdida irreparable para el Estado”.
El programa quedó a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos de la APN, que deberá gestionar las adhesiones, confeccionar la documentación correspondiente y coordinar los circuitos internos de desvinculación.
“El problema es que con este gobierno vamos a seguir perdiendo trabajadores y el vaciamiento va a continuar profundizándose”, concluyó Duarte.
Reestructuración y 40 retiros voluntarios en Inta: “Es un despido encubierto”
Provinciales
Asistieron con abrigos y alimentos a doce comunidades mbya de San Ignacio
Con temperaturas de un dígito, este martes la Dirección de Asuntos Guaraníes de Misiones encabezó el primer operativo Yro’y -o de invierno- en comunidades mbya de la localidad de San Ignacio y planifica nuevas reuniones con intendentes para trasladar el beneficio a otros puntos de la provincia.
La actividad consistió en la entrega de abrigos, calzados, frazadas y porciones de comida caliente, lo que alcanzó a doce aldeas y alrededor de 150 personas, durante una jornada que contó con el acompañamiento de funcionarios municipales y efectivos de la Policía de Misiones.
“El trabajo en conjunto, la prevención y la asistencia en épocas de frío extremo son fundamentales”, reconocieron desde el organismo que funciona como nexo entre comunidades originarias y el gobierno provincial, a través del Ministerio de Derechos Humanos.
“Con la llegada del invierno y las temperaturas extremas, reafirmamos nuestro compromiso de prevenir y proteger a quienes más lo necesitan. Nos unimos en un operativo territorial para cuidar a nuestras comunidades mbya guaraníes ante el inicio del frío”, añadieron.
Respecto al despliegue de la asistencia ante el frío, el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez detalló: “Primero hicimos un punto central con los caciques para explicarles el trabajo a realizar y después, junto a ellos, fuimos comunidad por comunidad, donde desplegamos la logística y asistimos a las familias en cada aldea”.
De esa manera, visitaron las aldeas Chapa’i, Ychongy Poty, Andresito, Tacuaral, Tava Mirĩ, Yvy Poty, Tapé Põrã, Mbokajaty II, Kokuere’i I, Kokuere’i II, katupyry, Mbokajaity I y Pindoty.
Por estas horas, los organismos implicados se encuentran planificando, junto a otros intendentes, las fechas para arribar con el beneficio a otros puntos de la geografía provincial que alberga a más de 130 comunidades actualmente.

Entrega de comunida caliente en 12 comunidades mbya de San Ignacio
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