Provinciales
Abogados piden a la Justicia que investigue lo sucedido en el IFAI
El Colegio de Abogados de Misiones (Cademis) repudió lo sucedido recientemente en el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI), y pidió que la Justicia provincial investigue de oficio los hechos expuestos en los chats filtrados del entonces titular del organismo, Marcelo “Turco” Rodríguez, que lo ubican intercambiando contratos laborales por favores sexuales con un número indeterminado de mujeres.
“El Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones, expresa su más enérgico repudio y consternación frente a los hechos que de público conocimiento se han ventilado en el ámbito de la Administración Pública Provincial”, dice el encabezado del comunicado difundido este viernes por la organización de letrados misioneros.
En el pronunciamiento, que llamativamente no menciona de forma explícita al IFAI ni a Rodríguez, el Cademis pide “una investigación integral que esclarezca los hechos ocurridos y los responsables”.
“Exhortamos al Poder Judicial de la Provincia de Misiones, que investigue de oficio todos y cada uno de los posibles delitos cometidos en referencia al caso”, señalan los abogados misioneros.
El comunicado advierte que, de ser ciertos, los hechos expuestos en los mensajes filtrados “demuestran la constante cosificación de la mujer y el menoscabo de su dignidad en situaciones de evidente abuso de poder y de utilización del erario público para su comisión, que requieren desde la órbita judicial y administrativa una activa investigación para su esclarecimiento”.
Posibles delitos
“Por lo que uno conoce por los medios, habría más de un delito configurado”, señaló el doctor Fernando Orbe, presidente del Cademis, consultado por La Voz de Misiones.
Según el letrado, el ex titular del IFAI podría ser procesado por los delitos de malversación de fondos públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“La utilización de recursos del Estado para la contratación de gente con finalidades que no tienen que ver con el objeto de la institución, se encuadra en la figura de la malversación de fondos públicos; también tenemos lo relacionado con el abuso de autoridad, por aprovechar de su posición para obtener favores, y el incumplimiento de los deberes de funcionario público”, explicó Orbe.
El presidente del Cademis indicó que la Justicia está plenamente facultada para investigar de oficio, y que “tiene la obligación de hacerlo”.
“Los fiscales tienen la obligación de investigar ante la sospecha de un delito; tienen la obligación de investigar cuando trasciende información sobre un acto delictivo, sea de la manera que sea, por las redes o de forma anónima”, afirmó.
Orbe cree que una investigación judicial entraña, además, una obligación moral, independientemente de si hubo delito o no, porque “estamos ante una situación que mancilla una institución pública y a muchas personas vinculadas a ella”.
“Si hubo delitos hay que llegar a una condena investigando con todas las garantías del debido proceso y garantizando el derecho a la defensa. Y si no se cometieron es importante también para reparar el honor de las personas y de la institución”, argumentó Orbe.
Instalaciones
El último en sugerir una investigación judicial de lo que exponen los chats filtrados de Rodríguez, fue precisamente quien lo reemplazó en el IFAI en la mañana misma del escándalo, el ex diputado provincial Roque Gervasoni, que el jueves hizo pública una carta donde advierte que “por única vez” iba a referirse a los hechos que desembocaron en su nombramiento en el organismo.
“En principio condeno y rechazo las prácticas de acoso laboral; condeno y rechazo el uso de los recursos del Estado con el fin de obtener favores sexuales; condeno y rechazo cualquier acto de violencia en cualquiera de sus formas contra la mujer”, escribió Gervasoni en su cuenta de Facebook.
El ex legislador se pronunció sobre el tratamiento que los medios hicieron de la noticia, cargando contra lo que denominó “generalización periodística”, y “banalización de la función pública”. “No podes meter a todos en la misma bolsa”, afirmó.
“Han instalado la idea de que en el IFAI no se trabaja, encontré un equipo de compañeras y compañeros de gran valía, que trabajan en los 77 municipios y no en oficinas justamente, haciendo territorio, donde están las necesidades reales; quieren instalar que la administración pública es un Jolgorio o un Prostíbulo”, escribió.
“No voy a permitir que instalen que todos los funcionarios somos iguales, que cada uno se haga cargo de su error; delito, promiscuidad, etc., etc.; yo, Roque Gervasoni, no soy igual y sé que somos muchos los que protegemos y respetamos a nuestras compañeras trabajadoras; no es lo mismo Juan que Pedro”, continuó.
“Seguramente la justicia deberá echar luz a todo esto y se pondrán los nombres que correspondan”, indicó.
La semana pasada, la diputada provincial Anazul Centeno había pedido también una investigación judicial de los sucedido, prácticamente en los mismos términos que Gervasoni, y con el foco puesto en el respeto a la perspectiva de género y los derechos vulnerados.
Ayer por la tarde, productores y empresas acopiadoras con representación en la provincia se reunieron en Leandro N. Alem, donde acordaron elevar el valor del tabaco Burley tipo B1F en un 30% respecto al año anterior, lo que se traduce a $4.062 por kilo de materia prima, monto que superaría la inflación del último año y marca el inicio de la cosecha anual.
El cónclave se desarrolló en la sede de la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM), en horas de la tarde, donde además de fijar el precio, consensuaron el inicio formal del acopio en la provincia previsto para el lunes 2 de febrero en todos los centros habilitados, según confirmó el presidente de la Cooperativa Agroindustrial de Misiones (CTM) Jorge Kappaum.
Durante el mismo encuentro, el sector productivo destacó que el acuerdo permite dar previsibilidad a la campaña 2026/2027 y sostener la actividad en las chacras, en un contexto de aumento de costos y dificultades económicas para los pequeños productores.
Por su parte, Gustavo Piñero, presidente de la Cámara de Tabaco de Misiones, compartió la conformidad con el acuerdo alcanzado, al señalar que la suba del 30% supera el índice inflacionario del último año en el NEA.
De la reunión participaron el ministro Agro y la Producción de Misiones, Facundo López Sartori; el subsecretario de Tabaco, Carlos Federico Pereira; el presidente de la Asociación Plantadores de Tabaco de Misiones, Carlos Knoll; el presidente de la Cámara del Tabaco de Misiones, Gustavo Piñeiro; el presidente de la Asociación Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones (A.C.T.I.M.), Isidro Villalba; junto a representantes de empresas y cooperativas tabacaleras: Jorge Kappaun (Cooperativa Agroindustrial de Misiones Ltda.), Julián Dos Santos (Cooperativa Tabacalera de San Vicente Ltda.), Marcos Krysrczuk (C.I.M.A.), Omar Lacerda (Cooperativa Panambí), José Fernández (Alliance One), Luis Gutiérrez (Massalin Particulares) y Ramón Insaurralde.
Reunión entre productores y empresas acopiadoras misioneras
Pedido de una mesa de diálogo amplia
Mientras productores y acopiadoras acordaron un precio para este año, la Comisión de Tabacaleros Autoconvocados de Misiones realizó un reclamo junto a la presentación de un escrito dirigido al gobernador Hugo Passalacqua y a la Legislatura misionera.
En el documento solicitaron “que se establezca un precio de referencia claro y sostenido”, y reclamaron explicaciones sobre el incumplimiento de valores previamente anunciados en campañas anteriores, al considerar que “la falta de un valor definido durante el acopio genera incertidumbre extrema” para los productores, que deben entregar su producción sin conocer el precio real de venta.
En ese sentido, recordaron que en febrero de 2025 se había anunciado un valor oficial que luego no fue respetado en los pagos efectivos, lo que generó perjuicios económicos directos.
Por este motivo, solicitaron la conformación de una mesa de diálogo con participación de productores, gremios, autoridades provinciales y legisladores, con el objetivo de garantizar reglas claras y sostenibilidad para los eslabones más bajos de la cadena productiva tabacalera.
Colono perdió su tabaco valuado en 27 millones de pesos tras un incendio
Una fuerte tormenta que desató esta tarde en Colonia Aurora causó destrozos en edificaciones, voladuras de techos y caída de tendidos eléctricos.
El fenómeno meteorológico, que entremezcló intensas lluvias con fuertes ráfagas de viento, se registró después del mediodía de hoy, provocando múltiples daños en distintos puntos de la localidad.
Según reportaron vecinos del pueblo, como consecuencia del temporal hubo daños en la estructura de una iglesia luterana, como así también voladura de chapas en algunos barrios y caída de tendido eléctrico y árboles sobre una de las principales arterias con boulevard.
La tormenta de Colonia Aurora se da en un contexto de inestabilidad climática que afecta a toda la provincia, con advertencia de lluvias y más fenómenos meteorológicos como ráfagas de viento, actividad eléctrica y la eventual caída de granizo.
De acuerdo al reporte actualizado del servicio de Alerta Temprana de la Municipalidad de Posadas, para la capital provincial se espera un día con “nubosidad variable y caluroso”, con “chaparrones aislados por la tarde, que pueden ser fuertes”, mientras que el jueves la alerta pasa de celeste a amarilla con “chaparrones y tormentas” pronosticadas.
El Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones suspendió preventivamente y sin goce de haberes a Romina Paola Enríquez (42), empleada administrativa en el área de emergencias del hospital Samic de Eldorado, acusada de montar una estafa con la recaudación de dinero para una fiesta de egresados.
La medida, con una duración inicial de 30 días, se formalizó mediante la Resolución 14/2026 y tomó trascendencia pública a través de un edicto publicado en el Boletín Oficial de la provincia el pasado viernes.
Enríquez, quien se encontraba en licencia médica desde el 16 de diciembre de 2025, fue apartada de su cargo en el marco de una investigación judicial por presunta estafa, donde se la acusa de haber desviado fondos recaudados por padres y egresados de la Escuela Provincial de Comercio N° 19 de Eldorado, destinados a la organización de la fiesta de graduación del curso de su hija.
Según denuncias radicadas por familias afectadas, la suma involucrada rondaría los 2o millones de pesos, dinero que Enríquez habría destinado a apuestas en un casino local. En mensajes de Whastapp que le atribuyen, la mujer reconoció haber incurrido en el hecho por problemas con el juego, justificando que intentó recuperar el monto pero profundizó las pérdidas.
La suspensión administrativa se tomó a pesar del estado de salud de la empleada, quien presentó certificados médicos y psiquiátricos durante el proceso judicial para solicitar eximición de prisión y reposo.
El Ministerio adoptó la medida preventiva en respuesta a las denuncias y al avance de la causa penal a cargo del Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado.
El edicto con la medida resulta fue publico el viernes pasado en el Boletín Oficial.
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