Provinciales
Abogados piden a la Justicia que investigue lo sucedido en el IFAI
El Colegio de Abogados de Misiones (Cademis) repudió lo sucedido recientemente en el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI), y pidió que la Justicia provincial investigue de oficio los hechos expuestos en los chats filtrados del entonces titular del organismo, Marcelo “Turco” Rodríguez, que lo ubican intercambiando contratos laborales por favores sexuales con un número indeterminado de mujeres.
“El Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones, expresa su más enérgico repudio y consternación frente a los hechos que de público conocimiento se han ventilado en el ámbito de la Administración Pública Provincial”, dice el encabezado del comunicado difundido este viernes por la organización de letrados misioneros.
En el pronunciamiento, que llamativamente no menciona de forma explícita al IFAI ni a Rodríguez, el Cademis pide “una investigación integral que esclarezca los hechos ocurridos y los responsables”.
“Exhortamos al Poder Judicial de la Provincia de Misiones, que investigue de oficio todos y cada uno de los posibles delitos cometidos en referencia al caso”, señalan los abogados misioneros.
El comunicado advierte que, de ser ciertos, los hechos expuestos en los mensajes filtrados “demuestran la constante cosificación de la mujer y el menoscabo de su dignidad en situaciones de evidente abuso de poder y de utilización del erario público para su comisión, que requieren desde la órbita judicial y administrativa una activa investigación para su esclarecimiento”.
Posibles delitos
“Por lo que uno conoce por los medios, habría más de un delito configurado”, señaló el doctor Fernando Orbe, presidente del Cademis, consultado por La Voz de Misiones.
Según el letrado, el ex titular del IFAI podría ser procesado por los delitos de malversación de fondos públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“La utilización de recursos del Estado para la contratación de gente con finalidades que no tienen que ver con el objeto de la institución, se encuadra en la figura de la malversación de fondos públicos; también tenemos lo relacionado con el abuso de autoridad, por aprovechar de su posición para obtener favores, y el incumplimiento de los deberes de funcionario público”, explicó Orbe.
El presidente del Cademis indicó que la Justicia está plenamente facultada para investigar de oficio, y que “tiene la obligación de hacerlo”.
“Los fiscales tienen la obligación de investigar ante la sospecha de un delito; tienen la obligación de investigar cuando trasciende información sobre un acto delictivo, sea de la manera que sea, por las redes o de forma anónima”, afirmó.
Orbe cree que una investigación judicial entraña, además, una obligación moral, independientemente de si hubo delito o no, porque “estamos ante una situación que mancilla una institución pública y a muchas personas vinculadas a ella”.
“Si hubo delitos hay que llegar a una condena investigando con todas las garantías del debido proceso y garantizando el derecho a la defensa. Y si no se cometieron es importante también para reparar el honor de las personas y de la institución”, argumentó Orbe.
Instalaciones
El último en sugerir una investigación judicial de lo que exponen los chats filtrados de Rodríguez, fue precisamente quien lo reemplazó en el IFAI en la mañana misma del escándalo, el ex diputado provincial Roque Gervasoni, que el jueves hizo pública una carta donde advierte que “por única vez” iba a referirse a los hechos que desembocaron en su nombramiento en el organismo.
“En principio condeno y rechazo las prácticas de acoso laboral; condeno y rechazo el uso de los recursos del Estado con el fin de obtener favores sexuales; condeno y rechazo cualquier acto de violencia en cualquiera de sus formas contra la mujer”, escribió Gervasoni en su cuenta de Facebook.
El ex legislador se pronunció sobre el tratamiento que los medios hicieron de la noticia, cargando contra lo que denominó “generalización periodística”, y “banalización de la función pública”. “No podes meter a todos en la misma bolsa”, afirmó.
“Han instalado la idea de que en el IFAI no se trabaja, encontré un equipo de compañeras y compañeros de gran valía, que trabajan en los 77 municipios y no en oficinas justamente, haciendo territorio, donde están las necesidades reales; quieren instalar que la administración pública es un Jolgorio o un Prostíbulo”, escribió.
“No voy a permitir que instalen que todos los funcionarios somos iguales, que cada uno se haga cargo de su error; delito, promiscuidad, etc., etc.; yo, Roque Gervasoni, no soy igual y sé que somos muchos los que protegemos y respetamos a nuestras compañeras trabajadoras; no es lo mismo Juan que Pedro”, continuó.
“Seguramente la justicia deberá echar luz a todo esto y se pondrán los nombres que correspondan”, indicó.
La semana pasada, la diputada provincial Anazul Centeno había pedido también una investigación judicial de los sucedido, prácticamente en los mismos términos que Gervasoni, y con el foco puesto en el respeto a la perspectiva de género y los derechos vulnerados.
El jueves 23 de julio, 41 familias debieron ser evacuadas luego de que el río Uruguay alcanzara 15 metros de altura como resultado de las copiosas lluvias registradas en la región. Desde entonces, debieron permanecer en el centro de evacuados de El Soberbio y en las casas de familias. Finalmente este viernes lograron regresar a sus viviendas.
Ayer jueves la Policía de Misiones y el Comité de Crisis realizaron evaluaciones en las zonas afectadas, para poder concretar las tareas de mudanza y el traslado de la totalidad de las familias que habían sido evacuadas hace tres semanas.
El regreso fue confirmado en la mañana de hoy por las autoridades, quienes afirmaron: “Los vecinos retornaron con sus pertenencias básicas, mientras se mantiene el monitoreo ante la posibilidad de nuevas crecidas”.
De esta manera, las familias, provenientes de los barrios Unión, Santa María, Galeano y Chivilcoy, retornaron con sus muebles y elementos básicos, aunque decidieron no trasladar la totalidad de sus pertenencias.
La medida de evacuación había sido adoptada de manera preventiva ante la crecida del río Uruguay y el riesgo que representaba para las familias ubicadas en las zonas más vulnerables. Durante ese período, la Policía trabajó junto al Comité de Crisis y los organismos locales en el relevamiento, acompañamiento y asistencia de los vecinos.
Si bien las familias ya se encuentran nuevamente en sus domicilios, se mantiene el monitoreo preventivo de las zonas cercanas al río ante la posibilidad de nuevas crecidas. En tanto, los efectivos continúan con recorridas y relevamientos para detectar cualquier situación que pueda requerir una nueva intervención.
Crecida del Uruguay: 41 familias evacuadas en El Soberbio y alerta en Panambí
La Secretaría de Prevención de Adicciones y la Secretaría de Cultura crearon un Programa de Atención y Prevención de Consumos Problemáticos que propone abordar situaciones de crisis y pedidos de asistencia dirigidos a los trabajadores de la cultura en toda la provincia.
Roberto Padilla y Joselo Schuap, a cargo de ambas carteras, explicaron la ventaja del trabajo en conjunto. “Siempre estamos asistiendo en casos puntuales de los que tomamos conocimiento, con ayuda de diversas áreas del Estado. Pero queremos abrir un paraguas más amplio, que pueda contener a todos los trabajadores de la cultura que lo necesiten. Y también a su entorno y sus familias”.
En ese sentido, señalaron que el objetivo de la iniciativa es visibilizar una problemática que viene en aumento, relacionada con los consumos problemáticos y otras enfermedades que afectan a la salud mental, en un contexto adverso de crisis económica y social.
En segundo lugar, la iniciativa apunta a ofrecer canales de comunicación directa para que aquellas personas que se sientan vulnerables, familiares y al entorno cercano. “Sabemos que es desesperante encontrarse con este problema en el círculo familiar, o en el ámbito de trabajo artístico y no tener a quien recurrir”.
En términos operativos, el programa brindará espacios de escucha, contención y conversatorios. Por un lado, con la habilitación de una línea telefónica (3765-061344), y por otro, una dirección de correo electrónico ([email protected]) para solicitar acompañamiento, además de un ciclo de charlas destinadas tanto a trabajadores de la cultura, como también a familiares, amigos y personas interesadas en la temática.
De esta manera, el centro de tratamiento de adicciones Cambios Muy Buenos (CMB) acompañará el primer conversatorio abierto destinado a brindar contención a quienes lo necesiten. Será el próximo miércoles 26 de agosto a las 19 en el Auditorio Tierra Sin Mal, ubicado en el Centro Cultural la Estación, en el cuarto tramo de la costanera de Posadas.
La charla estará a cargo de profesionales del centro CMB, quienes además responderán consultas de 8 a 19 al 3764 893727 / 3765 014328.
Tras el regreso a la comunidad, el pasado domingo 2 de agosto, integrantes de Puente Quemado II denunciaron públicamente reiterados hostigamientos por parte de un grupo de personas que responderían al empresario forestal Alfredo Ruff, y en las últimas horas emplazaron un campamento en la zona.
El cacique Santiago Ramos grabó un video en el que alertó: “Estoy muy amenazado por Alfredo Ruff”.
De esta manera, acudió a las redes sociales para denunciar públicamente la situación que atraviesan diariamente “antes de que pase algo grave a los niños y niñas que están dentro del territorio”.
Y continuó: “El domingo Alfredo Ruff llegó con toda la gente, con todos sus matones que están cerca, por eso tengo miedo”, y en pos de llegar a una solución frente a esta disputa, añadió: “También le exigimos al gobierno provincial que solucione la situación de nuestro territorio relevado por la ley 26.160”.
Días atrás, se hizo viral un video en el que Ruff y Roberto Bonetti intercambiaron posiciones respecto a la “propiedad privada”, e incitaron a realizar un “ataque armado” para “desalojar” a los miembros de la comunidad por la fuerza.
“Si vamos por mano propia, vos imaginate que yo agarre un arma y dispare y dañe a algunas personas, en un momento de… ¿Qué consecuencias tengo yo dentro de mi propiedad con este avasallamiento?”, sostiene Ruff.
A esto, Bonetti respondió: “Hoy terminás vos preso, estás dentro de tu propiedad y se te cagan de risa. Totalmente invertido. Yo soy partidario de que nosotros tenemos que defendernos, si tiene que ser a los tiros, a los tiros tiene que ser“.
Anteriormente, en el año 2024 Bonetti, dueño de la reserva Monte Adentro, también estuvo envuelto en acusaciones públicas contra la comunidad Mbokajaty II de San Ignacio, a quienes calificó de “violentos” y “usurpadores”, al residir en una zona aledaña al lote donde él decidió emplazar un emprendimiento turístico.
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