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Abogados piden a la Justicia que investigue lo sucedido en el IFAI

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El Colegio de Abogados de Misiones (Cademis) repudió lo sucedido recientemente en el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI), y pidió que la Justicia provincial investigue de oficio los hechos expuestos en los chats filtrados del entonces titular del organismo, Marcelo “Turco” Rodríguez, que lo ubican intercambiando contratos laborales por favores sexuales con un número indeterminado de mujeres.

“El Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones, expresa su más enérgico repudio y consternación frente a los hechos que de público conocimiento se han ventilado en el ámbito de la Administración Pública Provincial”, dice el encabezado del comunicado difundido este viernes por la organización de letrados misioneros.

En el pronunciamiento, que llamativamente no menciona de forma explícita al IFAI ni a Rodríguez, el Cademis pide “una investigación integral que esclarezca los hechos ocurridos y los responsables”.

“Exhortamos al Poder Judicial de la Provincia de Misiones, que investigue de oficio todos y cada uno de los posibles delitos cometidos en referencia al caso”, señalan los abogados misioneros.

El comunicado advierte que, de ser ciertos, los hechos expuestos en los mensajes filtrados “demuestran la constante cosificación de la mujer y el menoscabo de su dignidad en situaciones de evidente abuso de poder y de utilización del erario público para su comisión, que requieren desde la órbita judicial y administrativa una activa investigación para su esclarecimiento”.

Posibles delitos

“Por lo que uno conoce por los medios, habría más de un delito configurado”, señaló el doctor Fernando Orbe, presidente del Cademis, consultado por La Voz de Misiones.

Según el letrado, el ex titular del IFAI podría ser procesado por los delitos de malversación de fondos públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“La utilización de recursos del Estado para la contratación de gente con finalidades que no tienen que ver con el objeto de la institución, se encuadra en la figura de la malversación de fondos públicos; también tenemos lo relacionado con el abuso de autoridad, por aprovechar de su posición para obtener favores, y el incumplimiento de los deberes de funcionario público”, explicó Orbe.

El presidente del Cademis indicó que la Justicia está plenamente facultada para investigar de oficio, y que “tiene la obligación de hacerlo”.

“Los fiscales tienen la obligación de investigar ante la sospecha de un delito; tienen la obligación de investigar cuando trasciende información sobre un acto delictivo, sea de la manera que sea, por las redes o de forma anónima”, afirmó.

Orbe cree que una investigación judicial entraña, además, una obligación moral, independientemente de si hubo delito o no, porque “estamos ante una situación que mancilla una institución pública y a muchas personas vinculadas a ella”.

“Si hubo delitos hay que llegar a una condena investigando con todas las garantías del debido proceso y garantizando el derecho a la defensa. Y si no se cometieron es importante también para reparar el honor de las personas y de la institución”, argumentó Orbe.

Instalaciones

El último en sugerir una investigación judicial de lo que exponen los chats filtrados de Rodríguez, fue precisamente quien lo reemplazó en el IFAI en la mañana misma del escándalo, el ex diputado provincial Roque Gervasoni, que el jueves hizo pública una carta donde advierte que “por única vez” iba a referirse a los hechos que desembocaron en su nombramiento en el organismo.

“En principio condeno y rechazo las prácticas de acoso laboral; condeno y rechazo el uso de los recursos del Estado con el fin de obtener favores sexuales; condeno y rechazo cualquier acto de violencia en cualquiera de sus formas contra la mujer”, escribió Gervasoni en su cuenta de Facebook.

El ex legislador se pronunció sobre el tratamiento que los medios hicieron de la noticia, cargando contra lo que denominó “generalización periodística”, y “banalización de la función pública”. “No podes meter a todos en la misma bolsa”, afirmó.

“Han instalado la idea de que en el IFAI no se trabaja, encontré un equipo de compañeras y compañeros de gran valía, que trabajan en los 77 municipios y no en oficinas justamente, haciendo territorio, donde están las necesidades reales; quieren instalar que la administración pública es un Jolgorio o un Prostíbulo”, escribió.

“No voy a permitir que instalen que todos los funcionarios somos iguales, que cada uno se haga cargo de su error; delito, promiscuidad, etc., etc.; yo, Roque Gervasoni, no soy igual y sé que somos muchos los que protegemos y respetamos a nuestras compañeras trabajadoras; no es lo mismo Juan que Pedro”, continuó.

“Seguramente la justicia deberá echar luz a todo esto y se pondrán los nombres que correspondan”, indicó.

La semana pasada, la diputada provincial Anazul Centeno había pedido también una investigación judicial de los sucedido, prácticamente en los mismos términos que Gervasoni, y con el foco puesto en el respeto a la perspectiva de género y los derechos vulnerados.

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Mesa yerbatera pasó a cuarto intermedio y espera acordar un precio de referencia

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Este jueves, productores, representantes de cooperativas, industriales y secaderos, mantuvieron un encuentro con autoridades provinciales a fin de responder a la necesidad de generar un espacio de diálogo frente a la ausencia de definiciones sobre la crisis yerbatera en el escenario nacional. 

La reunión, protagonizada por quienes integran la denominada “mesa yerbatera” se desarrolló en la sede del ministerio del Agro de Misiones y, pese a los intentos, no lograron destrabar la crisis de precios que golpea al eslabón primario.

En ese marco, los productores consideraron que en el escenario actual, “pagar entre $500 y $700 por kilo de hoja verde resulta inviable”, mientras que los cooperativistas señalaron que el precio en góndola debería ascender a $8.000 para mejorar el ingreso de los productores.

Consultado por La Voz de Misiones, Jorge Skripsczuk, productor y presidente de la asociación civil Impulso Yerbatero, consideró: “A mi particularmente me pareció buena la reunión, por ser la primera. Estuvo muy concurrida, con todos los sectores, desde el cosechero hasta el industrial”.

De cara al próximo encuentro que se desarrollará dentro de dos semanas, expresó: “Ojalá se pueda llegar a un acuerdo como para descomprimir esta situación que se está viviendo actualmente. Más que nada por las familias de productores y tareferos que no la estamos pasando nada bien”.

Tras el encuentro, el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, señaló que la provincia se encuentra evaluando una estructura de costos de la cadena yerbatera para fortalecer su rol de mediador institucional y contribuir a la construcción de acuerdos en ausencia de herramientas nacionales vigentes.

Por su parte, el subsecretario de Asuntos Yerbateros, Ricardo Maciel, recordó que este tipo de instancias de diálogo tienen antecedentes previos a la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), y remarcó que, más allá de los desafíos, la existencia de ese organismo “permitió durante años dotar de mayor previsibilidad al sector”.

Luego del intercambio, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio de quince días, período en el cual el sector industrial y molinero analizará alternativas para acercar una propuesta que pueda ser discutida en conjunto en torno a un precio de referencia.

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Comunidades mbya se retiran de la Plaza 9 de Julio tras acuerdo con el gobierno

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A cuatro días del acampe que reunió a caciques mbya de diferentes puntos de la provincia en la Plaza 9 de Julio de Posadas, el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez confirmó la firma de un acuerdo que incluye un aumento del 100% en tarjetas sociales, relevamientos en comunidades que no cuentan con acceso al agua y mejora de caminos, entre otros puntos.

La reunión concretada en la tarde de hoy, entre representantes del gobierno de la provincia y referentes mbya guaraní, junto al cacique Hilario Moreira, quien preside el Consejo de Caciques, tuvo como objetivo “dar respuesta a las inquietudes y requerimientos oportunamente planteados por los referentes y caciques de las comunidades Mbya Guaraní”.

Según consta el acta al que tuvo acceso La Voz de Misiones, a partir del mes próximo “las tarjetas sociales tendrán un incremento del cien por ciento (100%)”. La medida fue adoptada por el gobierno provincial con el fin de fortalecer la asistencia a las familias de las comunidades, manteniendo el compromiso de dar continuidad a la regularidad de los pagos.

Por su parte, el cacique Moreira, propuso realizar una revisión del padrón actual de beneficiarios de las tarjetas sociales, a fin de analizar la situación existente y, de corresponder, proceder a las bajas pertinentes y en su caso determinar nuevas altas, garantizando una distribución justa y actualizada del beneficio.

Del mismo modo, propuso que se evalúe una nueva modalidad de implementación de las tarjetas sociales, mediante la cual las mujeres de las comunidades sean consideradas titulares y beneficiarias directas de dicho instrumento social, para su correspondiente análisis por las áreas competentes.

En relación con la problemática vinculada al acceso al agua, solicitaron a los representantes comunitarios la presentación de un relevamiento detallado que contemple las comunidades afectadas, ubicación geográfica, prioridades existentes y necesidades puntuales, a efectos de canalizar las respuestas correspondientes mediante los organismos competentes. 

Respecto a lo educativo, resolvieron establecer una reunión con el ministro de Educación, Ramiro Aranda, y la titular del Consejo General de Educación, Daniela López, para exponer las problemáticas específicas. 

Otras demandas

En cuanto a la salud indígena, propusieron la realización de una reunión con las autoridades principales del ministerio de Salud Pública y responsables del área pertinente, con el objetivo de abordar las problemáticas específicas de las comunidades y conocer los requerimientos particulares de cada una de ellas.

Con relación a la transitabilidad de caminos, la Dirección de Asuntos Guaraníes informó que “ya se ha avanzado con el Intendente de Garuhapé para que se efectivice el arreglo del camino de acceso a la comunidad Tape Miri”.

Asimismo, asumieron el compromiso de gestionar ante Vialidad Provincial obras de reparación y mejoramiento de caminos correspondientes a las siguientes comunidades: Takuapi Miri, Lote 8, Ruiz de Montoya (Comunidad Ñamandú) e Yvy mara” (Pozo Azul).

Finalmente, acordaron trabajar de manera articulada con los organismos competentes en relación con las vertientes protegidas, a fin de avanzar sobre propuestas concretas que permitan su preservación y aprovechamiento en beneficio de las comunidades.

También, se comprometieron a trabajar en conjunto en cuanto a la emergencia habitacional que transcurre hoy en el país en búsqueda de soluciones habitacionales para las Comunidades Guaraníes de nuestra provincia, como así también realizar un orden de prioridades para brindar soluciones integrales. 

Por último, acordaron una reunión con el Ministerio de Ecología a fin de abordar temas varios. 

El acta que fue firmada por la ministra de Derechos Humanos Karina Aguirre y el cacique Hilario Moreira, sostiene que las acciones y mesas de trabajo deberán ser ejecutadas dentro de los próximos 60 días   para dar solución a los problemas planteados.

Piden declarar la Emergencia Hídrica por falta de agua en comunidades mbya

Foto: agencia de noticias Tierra Viva

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Piden declarar la Emergencia Hídrica por falta de agua en comunidades mbya

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Caciques, líderes y representantes de distintas comunidades Mbya Guaraní se manifiestan de forma pacífica en la Plaza 9 de Julio de Posadas, en reclamo de asistencia ante múltiples problemáticas sociales, habitacionales, educativas y sanitarias. Sin embargo, la principal preocupación que atraviesa a las comunidades es la falta de acceso al agua potable.

El reclamo, que lleva varios días de visibilización en el centro posadeño, comenzó a canalizarse en el ámbito legislativo a partir de la intervención del bloque del Partido Agrario y Social (Pays). En ese marco, el diputado Cristian Castro presentó un proyecto de ley en la Legislatura provincial para declarar la Emergencia Hídrica por el término de 24 meses en todo el territorio de Misiones.

La iniciativa ya tomó estado parlamentario en la Cámara de Diputados de Misiones y cuenta con el acompañamiento de bloques como la UCR, Algo Nuevo y Por la Vida y los Valores. En paralelo, las 43 comunidades con problemas de acceso al agua adhirieron al Proyecto de Ley.

La propuesta legislativa plantea como objetivo central la planificación, evaluación y ejecución prioritaria de obras de infraestructura hídrica que permitan garantizar un acceso regular, suficiente y seguro al agua en las comunidades relevadas. Asimismo, establece que la aplicación estará a cargo del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, en coordinación con el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (Imas), la Dirección Provincial de Vialidad con la participación de representantes de las comunidades involucradas, quienes deberán ser consultados previamente a la ejecución de las obras.

“El principal problema es el acceso al agua. Las comunidades no cuentan con una red de agua potable. La idea es que, entre el Imas y Asuntos Guaraníes, se pueda elaborar un plan que garantice el acceso al agua segura en cada comunidad”, señaló Castro.

El proyecto de la emergencia hídrica contempla, en una primera etapa, el mejoramiento de vertientes naturales cercanas a las aldeas, como una solución inmediata ante la urgencia. Para ello, se prevé la realización de estudios de factibilidad técnica, ambiental y sanitaria que determinen la viabilidad de las intervenciones.

Según datos relevados, son 43 las comunidades afectadas, con un promedio estimado de 902 familias. Entre las zonas más comprometidas se encuentran Puerto Iguazú, Puerto Leoni, El Soberbio, Aristóbulo del Valle, San Ignacio y Jardín América.

En cuanto al financiamiento, el proyecto prevé la utilización de fondos del Tesoro Provincial, así como aportes nacionales o créditos internacionales destinados al saneamiento ambiental, mediante las correspondientes reasignaciones presupuestarias.

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