A raíz de una nota periodística sobre el pedido que empresarios y productores presentaron al obispo de la Diócesis de Iguazú, Nicolás Baissi, para que gestione ante el Gobierno Nacional que se revean los programas sociales, porque “la gente prefiere contar con un plan social y no trabajar”, el diputado provincial Martín Sereno, de Bloque Tierra, Techo y Trabajo, respondió afirmando que “los beneficiarios de programas sociales sí trabajan. Sólo basta con entrar a la página del Renatep y ver que cuatro millones de argentinos y argentinas están registrados por rama, rubro y por actividad”.

Recordó que hace unos días se conoció un informe acerca de que el 40% del empleo rural es irregular y sin patrón, y el 50% que está en la construcción corresponde a los mismos índices. “Entonces, estos empresarios hablan sin datos ni lógica. Y lo que es peor, sin ningún respeto por otros misioneros y misioneras que trabajan. Pretenden continuar la línea de explotación histórica que tuvieron a su disposición abusando de la necesidad del pueblo”, enfatizó.

El legislador señaló que si a un tarefero o trabajador rural se le paga lo que indica la ley, con sus aportes jubilatorios, la obra social y un salario digno, indudablemente irían a trabajar en esa tarea. “El argumento de que no consiguen empleados se sostiene sólo por los salarios paupérrimos que ofrecen. Por eso creo que esa discusión es insostenible. Lo que sí hay que destacar es la impunidad, sin el menor análisis y alejado de la realidad con que expresan estas mentiras”, enfatizó Sereno, referente del Movimiento Evita Misiones.

“Quieren justificar los miserables salarios que ofrecen”

La movida de un grupo encabezado por Sergio Delapierre, sorprendió al arco político, donde algunos referentes salieron a responder la acción que difundió Misiones Plural.

“Este es el mismo argumento de los que siempre explotan a la gente, que pagan jornales por fuera de la ley, que no registran a sus trabajadores y que históricamente, abusando de las necesidades, pretenden conseguir mano de obra barata para sus actividades agropecuarias”, reiteró el diputado de TTT.

Hizo la salvedad de que “no todos los comerciantes, industriales, empleadores ni las Pyme, tienen esta mirada de explotación hacia los trabajadores y trabajadoras. Pero hay muchos empresarios y productores que pretenden aumentar sus ganancias a costa del salario de las personas a las que emplean. Son los que representan la línea del anterior gobierno macrista, que pregonaba que el sueldo del trabajador es un costo que se debe reducir”.

Sereno recordó que la misma reacción generó la implementación de la Asignación Universal por Hijo, cuando decía: “No quieren trabajar porque cobran la AUH”.

Insistió en que esos argumentos inválidos e insostenibles, pretenden desmerecer el trabajo que realizan los argentinos y argentinas que tienen programas sociales. “Trabajan en unidades productivas, en jardines maternales, generan alimentos; sostienen escuelitas de deporte, producciones textiles, de carpintería, de reciclados y de mantenimiento, entre otras actividades”, detalló.

Los programas sociales promueven empleos

En la misma línea, el dirigente social del Movimiento Nacional Campesino Indígena, de la Coordinadora de Trabajadores Rurales de Misiones y actual delegado del Inaes, Jorge Páez rechazó las apreciaciones del grupo de empresarios y productores yerbateros que cuestionaron los programas sociales.

“Estos planteos se basan en apreciaciones equivocadas, sesgadas y con desconocimiento. Creo que se dejan llevar por prejuicios y falsa información”, manifestó.

Señaló que los programas sociales son asistencias del Estado que buscan sostener y promover empleos, ya sean autogestionados o agrupados en unidades productivas, y aún cuando muchas de ellas todavía son informales; otras están conformadas como cooperativas, tanto en el ámbito agrario como en el urbano.

Para Páez, la realidad es que ante la falta de pagos de salarios, hay mucha gente que opta por trabajar en forma autónoma.

“Quienes digan que un programa como el Potenciar Trabajo de 23 mil pesos, puede evitar que alguien se niegue a trabajar, desconocen el precio de los alimentos, de las vestimentas, de lo que le cuesta a una familia cubrir sus necesidades básicas. Ahí hay un error de apreciación”, indicó este dirigente que trabaja con organizaciones sociales, campesinas y aborígenes a quienes acompaña en procesos de desarrollo, a través de autogestionar trabajos, conformar cooperativas o unidades productivas dentro de lo que se conoce como economía popular.

Muchas familias agricultoras se sostienen produciendo

El delegado del Inaes destacó que las miles de familias con las que trabajan e integran las organizaciones, al contrario de lo que plantea este grupo de empresarios, provienen de las chacras y lograron recuperar sus producciones y vivir de ellas. “Podemos mostrar los resultados de las unidades productivas, las cooperativas donde se ve el enorme esfuerzo que hacen sólo con el apoyo del Potenciar Trabajo, produciendo verduras de calidad, agroecológicas, o carnes de pollo y cerdo y abastecen con alimentos sanos y a precios económicos, a muchísimas familias de Misiones de sectores populares y también a las clases medias de las ciudades”, especificó.

En ese sentido -opinó- los productores encabezados por Sergio Delapierre que reclaman que el Estado revea la entrega de planes porque ellos no consiguen mano de obra, se manejan con “un error de apreciación” porque los trabajadores a los que menciona, pudieron sostenerse en sus chacras sin salir a buscar trabajo en otros ámbitos.

Páez sostuvo que a diferencia de la mayoría de los empresarios que denostan las ayudas sociales, estas organizaciones colaboran con comedores populares donde las familias de las barriadas más humildes, mandan a sus chicos para que puedan reforzar su alimentación.

“Es un esfuerzo solidario de colaboración con alimentos, asistencia, con un esfuerzo que desde los sectores empresarios no se ven, ya que sólo piensan en sus márgenes de ganancias, aún cuando no les va nada mal. Esta es una realidad, y hay que ver si el salario que ofrecen permite a una familia con dedicación al trabajo, sostenerse y vivir dignamente. Sabemos que la crisis que atravesamos primero con el neoliberalismo macrista y después con la pandemia empobreció a muchos estratos sociales; pero sobre todo, a los más débiles, a los más frágiles ante el empleo y las actividades de producción”, remarcó.

Proteger al sector más débil de la cadena productiva

El dirigente propuso que para resolver tanto la situación de los sectores más empobrecidos, “podemos pensar en recomponer y discutir en cada cadena productiva, cómo se distribuyen los recursos que generan, y que quienes concentran más ganancias ganen menos. De esta manera muchos productores medianos y chicos tendrían el ingreso que corresponde y podrían pagar salarios dignos a los trabajadores rurales”.

También rechazó la intención de que los beneficiarios de programa sociales tengan contraprestaciones en empresas privadas. “No pueden pretender que se convierta en un subsidio indirecto para beneficio de los empresarios privados. Ellos deben pagar esa mano de obra; de lo contrario es un abuso y está fuera de lugar”.

Con esos reclamos -empresarios como Delapierre y otros productores- buscan la respuesta en el sector más débil de la cadena productiva. “Pero no es por ahí. La respuesta está en quienes más concentran las ganancias y las rentas en esa cadena. Creo que tenemos que debatir seriamente y en profundidad este tema, porque el prejuicio de que no quieren trabajar porque cobran un magro incentivo, es absolutamente falso y hay muchas evidencias que lo demuestran”, subrayó Páez.

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