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Viernes, 25 de septiembre de 2026- Posadas, Misiones, AR
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La directora nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Gabriela Carpineti, estuvo en la provincia para inaugurar la sede del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) en Posadas, y presentar al Superior Tribunal de Justicia de Misiones, un Amicus Curiae, junto al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, la legisladora porteña, Ofelia Fernández, acompañada por colectivos feministas, para pedir la libertad de María Ovando -condenada a 20 años- hasta que se dicte la sentencia definitiva.
En la presentación, que califica las vulneraciones que sufrió la víctima, Carpineti reclama que se incorpore la perspectiva de género al análisis del caso de Ovando a quien visitó en la unidad penitenciaria de Villa Lanús, donde está presa.
En su recorrida por la provincia, la funcionaria nacional y su equipo estuvieron en la sede del CAJ de Eldorado, en la que mantuvieron un encuentro con diversos actores sociales de esa localidad.
Posteriormente, la directora nacional del CAJ viajó a Corpus para interiorizarse sobre el desalojo compulsivo que sufrieron tres generaciones de familias campesinas de Colonia Isolina, acompañada por el diputado Martín Sereno (Tierra, Techo y Trabajo); el coordinador del NEA del CAJ, José Luis "Cachorro" Fuentes, y la concejal de Roca, Nidia Pintos (TTT), quien fue denunciada por acompañar a familias expulsadas, y fue imputada por violencia a la autoridad.
Aunque Carpineti estaba al tanto de la situación a través del abogado Fuentes, ahora pudo conocer de primera mano las consecuencias que dejó en las familias el violento desalojo perpetrado el 17 de agosto pasado.
"La primera mirada que tenemos luego de hablar con las familias, es que nuevamente hay una doble vara judicial respecto a este proceso. Supe que la primera denuncia que aparece como un conflicto de familias agricultoras, en realidad es una pantalla que cubre un entramado más complejo, turbio y mafioso. Este es el diagnóstico inicial que me llevo, y sobre el cual vamos a investigar y trabajar con el equipo".
Agregó que le llama la atención que la denuncia que realizaron estas familias como víctimas de una usurpación es del año 2003 y ningún magistrado ni funcionario provincial se ocupó de impulsar.
"Sin embargo sí se ocuparon cuando a partir del 2015, aparece un supuesto dueño y hace una denuncia que deriva en el terrible desalojo con destrucción de viviendas en manos de las fuerzas de seguridad contra campesinos y campesinas, hostigadas de manera recurrente por el Municipio de Corpus, y por jueces que resuelven desalojar sin investigar el problema real", advirtió Carpineti.
Relató que en este caso hay más de 50 años de residencia de estas personas en el lote, con adultos mayores, entre ellos Lidia Villagra que es ciega, y su esposo que no sabe leer ni escribir, además de niños y niñas "cuyos derechos fueron vulnerados", cuestionó la funcionaria nacional.
La funcionaria pública nacional de Acceso a la Justicia, señaló que después de haber hablado con la jueza a cargo de la causa, y con las familias agricultoras, "me preocupa lo que está pasando en Misiones. Vamos a tomar cartas en el asunto bajo la línea de investigación de que no se trata de un simple conflicto vecinal, sino que hay otros intereses más", sostuvo.
Carpineti se comprometió a impulsar el diálogo con la provincia para que el conflicto se resuelva de manera distinta a cómo entiende se quiere solucionar hasta el momento a través de jueces, policías y funcionarios comunales.
"Espero que las autoridades provinciales en la mesa de diálogo que se reunirá el viernes con la Secretaría de Tierras, la coordinación de gabinete, Derechos Humanos, el CAJ, diputados y la Safci Misiones, propongan una resolución alternativa en defensa de las familias, que por lo que vimos en registros audiovisuales y escuchamos sus relatos, son las verdaderas víctimas", manifestó la funcionaria nacional.
El diputado Sereno expresó su satisfacción por la disposición de Gabriela Carpineti de acercarse hasta Corpus, interiorizarse e involucrarse en un proceso de hostigamiento que sufren las familias agricultoras que fueron desalojadas de sus tierras por orden judicial, y trabajan en el lugar desde hace más de 50 años.
Después de ser expulsados tuvieron que distribuirse en varias viviendas de familiares, y ya no pueden trabajar porque el predio donde están sus plantaciones y criaderos quedó cercado por orden del Juzgado Civil y Comercial 4, de Posadas, a cargo de la jueza Nélida S. de Méndez.
"Le transmitimos a Gabriela (Carpineti) nuestra preocupación por este hecho y fuimos a Corpus a reunirnos con las y los damnificados. Al final del encuentro, coincidió con nosotros en que se trata de un gravísimo hecho de injusticia hacia estas agricultoras y agricultores, y se comprometió a trabajar en consecuencia, como lo está haciendo la Dirección de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Safci), a cargo de la abogada María José Castillo", indicó.
El legislador también le planteó a la funcionaria nacional, el caso de una mujer 48 años del barrio Ñu Porá, de Garupá, víctima de violencia de género que desde su espacio Tierra, Techo y Trabajo, están acompañando tratando de evitar que sea desalojada.
"Se trata de una madre que hizo la denuncia y logró que expulsen del hogar al violento y padre de uno de sus hijos de 12 años. En represalia, el hombre vendió la propiedad y la Justicia en vez de priorizar los derechos de la víctima y sus hijos, emitió un mandamiento de desalojo".
Es un problema que "nos preocupa porque vemos la lentitud en algunos jueces que todavía no actuaron en defensa de esta víctima, que vive con sus hijas, hijos y nietos pequeños y que corren el riesgo de quedarse en la calle si son desalojados, porque no tienen otro lugar donde vivir. Estamos a la espera de que se revierta esta injusta situación", destacó Sereno.
Fotos: Gentileza Julián Athos