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Temor por el futuro en inversores de Generación Zoe en Posadas

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Decenas de personas desfilaron este viernes por las oficinas de Zoe Coach, la filial de Generación Zoe en Posadas, luego que la justicia cordobesa pidiera la detención internacional del CEO de la compañía, Leonardo Cositorto, acusado de estafa y defraudación.

“Vine a ver qué está pasando, me dijeron que espere que me va a atender el gerente”, dijo a La Voz de Misiones un joven que pidió no ser identificado, e indicó que tiene dinero invertido en el sistema de trading que administra la compañía.

“Yo estoy hace rato ya y estoy preocupado por las noticias que salieron hoy; ella está más preocupada que yo porque recién está ingresando en el sistema”, apuntó, señalando a una joven que efectivizó hace poco la inversión inicial de U$S 500 ($110.000), y esperaba empezar a retirar los jugosos retornos que ofrece la empresa, del 7,5% y 10% mensual.

“Hasta ahora veníamos bien, hasta enero pagaron normalmente; en febrero es que dijeron que tenían problemas para pagar”, contó un señor mayor que llegó también a la puerta de la calle San Luis, donde un empleado lo hizo pasar junto a los otros dos jóvenes.

Según señaló el empleado a LVM, el gerente de la filial Posadas de Generación Zoe, el coach Diego Martínez, dedicó la jornada del viernes a recibir a los inversionistas movilizados por las malas noticias.

“Mucha gente vino hoy, y él estuvo todo el día atendiendo a cada uno y explicándole la situación, que no es de la gravedad que está saliendo en los medios”, indicó.

Sin retorno

LVM intentó contactar con Martínez, pero hasta el final de la tarde el coach misionero no dio retorno a las llamadas y los mensajes.

Hace un mes, cuando la organización Bitcoin Argentina denunció a Zoe ante la Procuración General de la Nación (Procelac) por los mismos delitos por los que buscan a Cositorto ahora, Martínez relativizó las denuncias contra el grupo, y las ubicó como parte de una campaña para sacar a la empresa del negocio de las criptomonedas y el trading.

La denuncia de Bitcoin en la Procelac se agregaba al sumario administrativo de la Comisión Nacional de Valores (CNV) a Generación Zoe S.A., y a Cositorto, por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el ámbito del mercado de capitales.

“Nosotros somos los representantes locales, no hay ningún secreto, la empresa es un fideicomiso inscripto en la Inspección General de Justicia”, había señalado Martínez en aquella ocasión, en sintonía con lo que declaraba el mismo Cositorto, desentendiéndose de las denuncias, y apuntando a supuestos competidores.

En Posadas no se registraron las escenas de desesperación que se vivieron en la sede central de Zoe en el barrio porteño de Núñez, donde incluso hubo episodios de violencia y debió intervenir la policía, según informaron los medios nacionales.

Aquí, las oficinas de San Luis 1321 permanecieron cerradas al público este viernes, luego de conocerse los procedimientos judiciales en Córdoba, y el pedido de captura de Cositorto, que se encuentra fuera del país y fue declarado prófugo.

La chispa cordobesa

Nueve allanamientos realizó este viernes la fiscalía de la localidad cordobesa de Villa María, ocho en domicilios particulares de referentes de la firma, y uno en la sede local, que extrañamente estaba cerrada desde el jueves, como si ya estuvieran al tanto de lo que se venía.

A la par, hubo cinco detenidos, y según el diario porteño La Nación, la fiscalía pidió también la captura de la mano derecha de Cositorto, Maximiliano Javier Batista, que estaría con él en Colombia o República Dominicana, y de otras seis personas.

A media tarde, Cositorto, que ya había sido imputado la semana pasada por estafa por la justicia federal porteña, difundió un video desde donde se encuentra, lugar que tampoco ubicó, en que volvió a apuntar contra el sistema financiero y prometió que no decepcionará a los inversores de Zoe.

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Fin del acampe de ex policías: “Tuvimos un acercamiento con el gobierno”

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acampe casa de gobierno

Diego Correa, uno de los ex policías que acampaba frente a la Casa de Gobierno, explicó que la medida de protesta se levantó este jueves tras “un acercamiento con el gobierno” que permitió entablar un diálogo para avanzar en soluciones a los reclamos que mantienen.

Mediante un intermediario tuvimos un acercamiento con el gobierno. No logramos el fin deseado, pero en los próximos días se nos liberará los sueldos retenidos”, indicó Correa tras la consulta de La Voz de Misiones.

El ex uniformado además señaló que también “se evaluarán las causas judiciales” y precisó que “de no ser posible volver a la institución policial se evaluará la posibilidad de ingresar a la administración pública”.

Por último, agradeció el apoyo y el acompañamiento recibido, al tiempo que pidió disculpas por no contestar a tiempo las consultas.

“No fue fácil la decisión, además nuestras familias con el transcurso de los días más sufren”, cierra el mensaje que también lleva los nombres de Adolfo Guirula, Gerardo Marín, Juan Méndez y Néstor Zarza como firmas.

El acampe había iniciado el 6 de abril, cuando Correa y Guirula se encadenaron a una de las ventanas próximas al principal acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.

Correa y Guirula son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.

En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.

Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno

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Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno

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Después de casi cinco meses, los ex policías Diego Correa y Adolfo Guirula, exonerados de la fuerza como consecuencia de la causa por intento de sedición y conspiración que los tuvo encarcelados en la Unidad Penal VII de Cerro Azul, levantaron el acampe que efectuaban frente a la Casa de Gobierno como medida de protesta para reclamar la reincorporación de ambos.

La protesta comenzó el pasado 6 de abril, cuando ambos se encadenaron a una de las ventanas próximas a la puerta de acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas. 

Durante esos primeros días también se sumaron los otros ex policías Gerardo Martín y Juan Méndez, aunque fueron Correa y Guirula los que permanecieron hasta el final de la medida.

Ellos son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.

En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.

El 10 de agosto, en uno de sus últimos videos en Instagram, Correa ratificó la continuidad de la protesta y afirmó que “de acá la única forma que nos vayamos o que nos saquen es con un desalojo ilegal, con la devolución de nuestros puestos de trabajo o muertos”.

Cumplen un mes en carpa los seis policías que reclaman volver a la fuerza

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Padres marcharon para pedir al Iprodha la culminación de la Escuela 76 en Posadas

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La Escuela Provincial Nº 76 “Marina Argentina” tiene 110 años y en los últimos seis comenzó a construir su nuevo edificio en la intersección de las avenidas Crisantemos y Yacaré, del barrio Itaembé Guazú, donde un grupo de padres se reunió esta mañana para exigir respuestas al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) ante la falta de avances.

Con un cartel sobre el que se pudo leer: “Queremos escuela propia”, desde las 8 de la mañana de este lunes, los padres alzaron sus voces para exigir la culminación de las obras a fin de poder brindar mejores condiciones a más de 100 estudiantes que acuden a la institución debiendo utilizar aulas satélites distribuidas en la zona. 

Anteriormente, la escuela se encontraba en Luchessi 2599, hasta que en el año 2023 dejaron de alquilar el espacio: “Por la suba del precio el Consejo General de Educación no tenía más presupuesto para alquilar en aquella dirección. El dueño ofreció vender al CGE, pero según las autoridades pedían mucho y no podían o no era negocio comprarlo”, explicó a La Voz de Misiones, Noelia, madre de uno de los estudiantes.

Paralelamente, en el año 2020 iniciaron las obras del nuevo edificio en Itaembé Guazú: “Supuestamente iban a habilitar la nueva sede a mediados del año pasado, una obra que lleva casi seis años en construcción, tenía fecha de finalización en el 2022, estamos en 2026 y todavía nada”.

Según indicó, la demora respondería a la falta de envío de fondos por parte del Iprodha: “Pereira terminó en un año la Escuela Secundaria de Innovación en este mismo barrio y esta otra hace seis años está en construcción”, reclamó. 

En ese sentido, detalló las condiciones en que los niños deben transitar los procesos de aprendizaje: “Hoy tienen clases en un depósito, viven enfermos, no gozan de recreos dignos, ni actividades en áreas especiales, ya hace casi dos años venimos esperando la apertura de dicha escuela”.

Y añadió: “Los actos tienen en un Neni, no saben lo que es un acto de escuela primaria ni tampoco qué es la fiesta de la educación física, no tienen áreas especiales y todo debido a que no está finalizada la escuela”.

Frente a esta situación, los padres continuarán tomando medidas de fuerza a fin de agilizar las gestiones pertinentes para lograr la obtención de fondos y concluir las obras para finalmente inaugurar el espacio. 

 

Movilización de padres para exigir la habilitación de la Escuela 76 en el barrio Itaembé Guazú.

 

La baja natalidad y sus efectos: 29% menos de niños en escuelas misioneras

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