Provinciales
Denuncian por estafa a holding de coaching que también opera en Misiones
La organización Bitcoin Argentina denunció este miércoles ante la Procuración General de la Nación (Procelac) a los principales responsables del holding empresarial Generación Zoe, Universidad del Trading SA, entre los que se destaca el coach Leonardo Cositorto, por la posible comisión de los delitos de estafa, captación de ahorro público no autorizado y manipulación del mercado.
La firma, que asegura tener presencia en 21 países, tiene también una representación en Posadas, Zoe Coach, con oficinas en la calle San Luis 1321, donde realizan charlas, talleres, seminarios sobre distintas modalidades del coaching.
“Hay elementos suficientes para que la justicia investigue y compruebe si es que a través del coaching coercitivo, la formación educativa y las finanzas, quienes llevan adelante este grupo empresarial realizaron un fraude conocido como esquema ponzi o estafa piramidal, además de otros posibles delitos como captación de ahorro no autorizado y manipulación del mercado”, se señaló desde Bitcoin.
“Uno de nuestros objetivos como organización es promover el desarrollo saludable de una industria que tiene un potencial enorme para el país y los argentinos, como es el de las criptomonedas y la tecnología blockchain”, argumentó la organización.
“Este tipo de estafas, que venimos detectando en el último tiempo, producen un daño muy grande no solo a quienes depositan sus ahorros y confianza sino también al ecosistema en general, que por sus características permite la absoluta trazabilidad de la información, así como la seguridad y privacidad de sus usuarios”, agregó.
La denuncia en la Procelac presenta a Cositorto como un “individuo que hasta hace muy poco tiempo era completamente desconocido en el mundo de los negocios”. “Es menester destacar y no nos parece una simple casualidad que las empresas que constituyó y suscribió el Sr. Cositorto, son en su mayoría rubros en el cual se manejan grandes cantidades de dinero fiduciario”, argumenta.
Monedas de oro
La oenegé apunta especialmente contra Zoe Cash, la critomoneda del holding que se lanzó en mayo pasado mediante el sistema conocido como ICO, un proceso donde se captan fondos del público inversor para iniciar un proyecto de criptoactivos, y que Bitcoin sospecha que se realizó de “manera irregular”.
De hecho, Zoe publicita su criptomoneda como “respaldada en oro”, en teoría de unas minas que administra en las provincias de Jujuy y San Juan, cuyos gobiernos salieron a negar en las últimas horas.
La denuncia en la Procelac se agrega al sumario administrativo iniciado por la Comisión Nacional de Valores a Generación Zoe S.A., y a Cositorto, por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el ámbito del mercado de capitales.
La CNV informó que además emitirá una alerta internacional en el portal de IOSCO –organización internacional que agrupa a todos los reguladores del mercado de capitales del mundo- y comunicaciones específicas a reguladores de Colombia, España y Paraguay, países donde se han detectado operaciones del grupo.
Las sospechas se dispararon a la par del exponencial crecimiento del holding en segmentos tan dispares como las comidas rápidas y el mundo del fútbol, y fundamentalmente porque en términos financieros ofrece retornos de entre 7% y 8%, que para los analistas económicos son inconsistentes con la realidad de los mercados.
Generación Misiones
El gerente de la oficina local de Generación Zoe, el coach Diego Javier Martínez, relativizó las denuncias contra el grupo, y las ubicó como parte de una campaña orquestada por Bitcoin para sacar a la empresa del negocio de las criptomonedas.
“Nosotros somos los representantes locales, no hay ningún secreto, la empresa es un fideicomiso inscripto en la Inspección General de Justicia”, señaló Martínez a La Voz de Misiones, en sintonía con lo que declaró el mismo Cositorto, desentendiéndose de las denuncias.
Explicó que el grupo básicamente es “una plataforma de educación, donde la gente invierte para estudiar coaching, mentor coach, y una carrera de coach social, entre otros 30 cursos y diplomados que tenemos”.
“Las personas invierten para estudiar y lo que Zoe hace es darle una ayuda económica por lo que invierte a lo largo del tiempo”, agregó.
Martínez precisó que la inversión inicial es de U$S 500, que habilita para cursar online tres carreras con títulos oficiales y certificaciones internacionales, y dos diplomados, en un período de tres años.
El gerente de Zoe Misiones explicó que la “ayuda económica” consiste en un “reembolso del fideicomiso” de “entre el 5 y el 7%, equivalente a unos $8.000 y $10.000 por mes.
Martínez apuntó contra Bitcoin y disparó: “Qué raro que después de decir que no iban a permitir disrupciones en el mercado de las criptomonedas, ahora sea Bitcoin la que las provoca cuando se siente amenazada por la aparición de un serio competidor como Zoe Cash”.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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