Mediante una nota elevada al gobernador, Oscar Herrera Ahuad, el sindicato bancario de Misiones solicitó la aplicación del pasaporte sanitario para la concurrencia de personas a los bancos de la provincia debido al exponencial crecimiento de contagios que se registra desde comienzos de año.

La carta lleva la firma del secretario general del sindicato, José Luis Ruiz Moreno, en la cual se menciona la implementación del pase sanitario en Misiones pero advierte que en el artículo que establece los alcances de la medida “no se ha enumerado una actividad que es de fundamental importancia para el desenvolvimiento de toda ciudadanía en general como es la concurrencia a los bancos de la provincia, en los cuales los contagios están incrementando día a día, tanto es así que ya se produjo inclusive el cierre de algunas sucursales”.

En esa línea, la nota, fechada el 7 de enero, agrega que “solicito con carácter urgente y atento a la situación sanitaria imperante que se incluya a través de una nueva resolución ministerial que para el ingreso a las distintas entidades bancarias de la provincia de Misiones sea obligatorio para todos los ciudadanos contar con el esquema de vacunación completo contra COVID-19 aplicado al menos catorce (14) días antes de la asistencia al banco, acreditándose ello  a través de la exhibición del carnet sanitario físico o por medio de las aplicaciones web disponibles y vigentes”.

Ruiz Moreno dialogó ayer con varios medios de comunicación y expresó que “todavía no tenemos respuestas. Esperemos que nos den respuestas, sino vamos a pedir la intervención del secretariado nacional o del Ministerio de Trabajo para que nos ayude, porque tenemos muchos contagios en las empresas bancarias, hay muchas plataformas comerciales que se han quedado con poca gente, así que el tema sanitario nos está preocupando”.

Respecto a la vacunación del personal bancario, el gremialista afirmó que el porcentaje de aplicación es alto, aunque agregó que “nos está faltando la tercera dosis en algún sector, estamos buscando la información para que la gente tenga la tercera dosis, pero hemos logrado hace un tiempo que todos se vacunen”.

Comentarios

La Municipalidad de Leandro N. Alem declaró la emergencia hídrica en la localidad y fijó multas que van desde los 19.540 hasta los 977.000 mil pesos, por usos no esenciales del agua.

A través de la resolución 015/2022, el Ejecutivo sostuvo que la medida fue tomada por la “necesidad de implementar acciones relativas a la concientización ciudadana, para eliminar cualquier accionar que signifique el derroche de un recurso fundamental como lo es el agua potable”.

Asimismo, señalaron que, por la emergencia hídrica, comunal y provincial, así como también la sequía que está sufriendo la cuenca del río Paraná, es necesario tomar medidas con el fin de evitar que “se vea afectado el normal funcionamiento del servicio de provisión de agua potable de nuestra ciudad”.

Por ello, la Municipalidad prohibió a los lugareños que se utilice el líquido vital para: Lavados de veredas con mangueras conectadas directamente de la red o a tanques de reserva o cisternas conectadas a éstas; llenados de piletas; lavado de vehículos automotores en domicilios; uso de agua de red en lavaderos de rodados; lavados de frentes de inmuebles; limpieza de tanques; riego de calles y jardines; construcciones o cualquier tipo de consumo que no sea necesario.

En caso de que se registren infractores, en su artículo quinto, la resolución facilita a agentes del Ejecutivo Municipal a “imponer una multa de 20 U.F. como mínimo y 1.000 U.F. como máximo- (entiéndase por unidad fija U.F el equivalente a 10 litros de nafta súper)”.

La medida de carácter “extraordinario y excepcional” está vigente hasta que se disponga el cese de la emergencia hídrica.

Emergencia provincial

Debido a la histórica bajante del río Paraná e Iguazú por la falta de las lluvias, que se registraron a mediados del año pasado, el gobernador, Oscar Herrera Ahuad, declaró la emergencia hídrica en todo el territorio provincial hasta el 31 de diciembre 2021.

Sin embargo, la crisis hídrica se agudizó en la tierra colorada y se sumaron las altas temperaturas, las cuales ponen en vilo a las cooperativas de agua y a los misioneros. Ante ese panorama, el primer mandatario prorrogó el decreto hasta junio de este año.

Además de Alem, las municipalidades de Jardín América y Aristóbulo del Valle también declararon la emergencia hídrica en sus comunas, debido a la falta de lluvias que abastezcan los caudales y por la demanda de los usuarios de las redes distribuidoras, a raíz de las altas temperaturas que superan los 40 grados.

Otras localidades como Santa Rita, 25 de Mayo, Colonia Aurora, Santo Pipó y Apóstoles también sufren la falta de agua, y las autoridades locales insisten con el uso racional del líquido vital.

La Municipalidad de Alem declaró emergencia hídrica.

Comentarios

El juez Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, pero actualmente a cargo del Juzgado Civil, Comercial y Laboral por subrogancia legal, rechazó el recurso de habeas corpus presentado por dos vecinos de Puerto Esperanza que se manifestaron en contra del pasaporte sanitario impuesto en forma conjunta por los ministerios de Gobierno y Salud de Misiones, el cual rige desde el 1 de enero.

En su resolución, firmada el viernes, el juez Brites dictaminó rechazar “in limine”, es decir, sin más trámites, la presentación de los vecinos de Puerto Esperanza “por no darse ninguno de los supuestos contemplados”.

El recurso de habeas corpus fue presentado el miércoles de la semana pasada, bajo el patrocinio del abogado particular y además concejal de Montecarlo por Juntos por el Cambio (PRO), Lucas Vega.

En el documento, los accionantes se manifestaron en contra de la aplicación del pasaporte sanitario, argumentando que la medida era abusiva, arbitraria, que limita el derecho a la libertad, que viola los principios de confidencialidad y que transforma a los ciudadanos misioneros sin el permiso en virtuales “muertos civiles”.

Además, agregan que ninguna declaración de emergencia sanitaria puede pasar por alto a la Constitución Nacional, ni privar de la libertad.

La presentación fue analizada por el juez Brites, que el viernes firmó el rechazo del habeas corpus al considerar, entre otros puntos, que “el planteo formulado no logra demostrar que la normativa impugnada implique una injustificada o impertinente afectación a los derechos individuales y colectivos”.

En esa línea, el magistrado añade en su resolución que “cabe remarcar que, el Estado provincial funda su decisión en virtud de la emergencia epidemiológica y sanitaria, con el objetivo de proteger la salud pública -clara obligación indeclinable del Estado-“.

En su planteo, al cual La Voz de Misiones tuvo acceso, Brites sostiene que el pase sanitario debe ser analizado en el marco de que las medidas fueron dispuestas con el objetivo de proteger la salud pública evitando la propagación del Covid-19 y permitiendo un proceso de re-apertura de las actividades, adhiriendo además a disposiciones del Ejecutivo nacional, siguiendo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y considerando los efectos de la nueva variante Ómicron.

“(…) Las medidas fueron dictadas por el Ministerio de Gobierno y de Salud con motivo de una emergencia, siendo adoptadas dentro de un prudente marco de discrecionalidad, pero en base a motivaciones objetivas, plasmadas en los informes epidemiológicos del Ministerio de Salud -como autoridad sanitaria con competencia técnica específica en la materia. En ese contexto, debo guardar deferencia respecto de la decisión del Poder Administrador, pues resultaría ajeno a mi competencia, en el marco de una acción de habeas corpus, decidir sobre el acierto o desacierto, la mayor o menor conveniencia de dichas medidas”, se sostiene en el fallo.

Y continúa: “A ello, debemos sumar que el derecho a la libertad -como todo derecho- no es absoluto. Es decir, existen otros valores que el ordenamiento jurídico también protege, tal como ocurre con la cuestión vinculada a la salud pública de la población en general. En otras palabras, la libertad individual “supuestamente afectada” (tal y como lo alegan los accionantes), no pueden excluir el legítimo derecho de la sociedad de adoptar todas las medidas necesarias para poner fin a una situación de pandemia que tanto daño y sufrimiento a causado a lo largo y ancho del planeta”.

En base a todo lo expuesto es que Brites concluye que “por estos argumentos, considero es que lo solicitado por los accionantes -se preserva- en lo que a su presentación respecta, de ningún modo cumplen con los supuestos establecidos en el artículo 3 contemplada en la ley 23.098, amén de ello los accionantes no han especificado tampoco limitación o amenaza actual a la libertad ambulatoria de persona determinada/s, por la que la presente acción carece de la individualización de beneficiario, por ello escapa a un supuesto de restricción ambulatoria a remediar por medio del hábeas corpus; una razón más, para el rechazo in limine de la acción, con costas al accionante”.

Otro habeas corpus con similares características fue presentado en paralelo por una vecina de Montecarlo, ante el recientemente creado juzgado universal de esa localidad.

Rechazo nacional

Sandra Pitta, investigadora y ex candidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio, presentó a comienzos de enero un recurso similar y también fue rechazado.

La presentación se trató de un recurso de habeas corpus colectivo en el cual pidió que se declare la inconstitucionalidad del pase sanitario aplicado por Decisión Administrativa 1198/2021.

La científica sostuvo que se trata de una medida que “condiciona os derechos de movilidad de las personas ya que le exigen la vacunación -cuando no es obligatoria- para ingresar a eventos masivos”.

La presentación fue analizada por el juez nacional de instrucción Alfredo Godoy, que finalmente terminó rechazando el habeas corpus y, por consiguiente, avalando la medida del Gobierno.

Según consignó Infobae, primero el juez “explicó que en tres oportunidades citó a Pitta a una audiencia para ratificar la presentación pero la investigadora no se presentó”.

“La normativa cuestionada se ha dictado con la evidente intención de evitar la propagación de una enfermedad catalogada como pandemia, en miras de salvaguardar intereses superiores, por lo que el fin perseguido por la norma, en tanto el bien jurídico que se pretende proteger la salud pública es legítimo, los medios utilizados son razonables y prudentes”, sostuvo el juez Godoy en su fallo, según el mismo portal porteño.

Desde Republicanos Unidos, agrupación liderada por Ricardo López Murphy y que actualmente pertenece Pitta, iban a apelar el fallo para que la cuestión sea analizada por la Cámara del Crimen.

En Corrientes y La Plata también se rechazaron recursos similares, en tanto que recientemente la Corte Suprema de Justicia de Nación rechazó habilitar la feria judicial para tratar planteos contra la aplicación del pasaporte sanitario.

Comentarios