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Pequeños Gigantes: en 2021 un juez había pedido protección para los niños

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El 30 de marzo de 2021, semanas después de la primera denuncia radicada contra el jardín Pequeños Gigantes por parte de una joven maestra jardinera, un juez de Violencia Familiar ordenó que diferentes organismos del Estado tomen “medidas de urgencia” para garantizar la protección de los niños que allí asistían, pero el lugar continuó funcionando normalmente y ahora el establecimiento fue blanco de otra severa acusación por maltrato infantil.

De acuerdo a la información recabada y a los documentos obtenidos por La Voz de Misiones, la primera denuncia que apuntaba contra el establecimiento por atar en sillas a niños con discapacidad durante toda la mañana, ingresó al Juzgado de Violencia Familiar Uno de Posadas, a cargo del magistrado Alfredo Cesar Olmo Herrera, que si bien consideró que la problemática excedía su competencia, libró una resolución solicitando medidas urgentes para la protección integral de los niños que asistían a Pequeños Gigantes.

En la resolución, Olmo Herrera ordenó la intervención en el caso de todos los organismos del Estado que pudieran tener competencia en la materia a fin de garantizar la seguridad, el bienestar y la preservación de los derechos de la niñez.

En esa línea, la primera medida fue correr vista del expediente al Ministerio Público Pupilar para que “tome razón de la presente” y “proceda en consecuencia”, pero además libró un oficio dirigido al Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) para que también tome conocimiento de la situación.

Pero eso no fue todo. En otro punto de su dictamen, el magistrado también libró oficio al Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud para que, a través de la Dirección de Infancia, se tome intervención en el caso y se “adopten en forma urgente las medidas que correspondan” para salvaguardar a los niños que asistían a Pequeños Gigantes en el marco de la Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En ese mismo punto, se dispone que ese organismo debía “realizar tareas tendientes a brindar orientación, ayuda, incluso apoyo económico, con miras a la sustentación y fortalecimiento de los vínculos del grupo familiar en crisis, y demás medidas contempladas en la normativa, en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de ley”.

El cuarto ítem de la resolución señala que se debía dar intervención a la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para que se arbitren los medios necesarios para dar protección y asistencia a los niños que asistían al jardín apuntado.

Por último, Olmo Herrera dispuso que “atendiendo el alto riesgo en el que se encuentran los niños y niñas que asisten al Jardín Maternal Pequeños Gigantes,  considero pertinente dar intervención al Consejo Provincial de Discapacidad de Vicegobernación”.

Después de disponer de todas estas medidas, el juez se inhibió y el expediente fue remitido al Juzgado de Familia Uno, al tiempo que la causa penal se instruyó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos.

Respecto a la causa penal, las fuentes consultadas por LVM señalaron que se recabaron varias testimoniales a maestras de la institución, quienes negaron los hechos de violencia denunciados y el expediente avanzaría hacia el sobreseimiento de los acusados.

Sin embargo, no se descarta que a partir de los elementos surgidos de la nueva denuncia radicada recientemente, se pueda realizar un entrecruzamiento de información que permita realizar otras medidas de prueba para culminar la investigación de la primera causa.

Sin ir más lejos, tras la publicación de la última denuncia, al menos tres madres más tomaron nota del asunto en las redes sociales y recordaron otros episodios de violencia padecidos por niños que asistían al establecimiento.

“Es bastante raro que ese lugar no haya sido clausurado o intervenido porque ya el hecho del año pasado fue gravísimo, estamos hablando de chicos con diversa problemática que requieren de cuidados sumamente especiales. Este nuevo hecho demuestra que acá el Estado tiene que entrar pisando fuerte”, reflexionó una de las tantas fuentes judiciales consultadas por LVM.

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Fin del acampe de ex policías: “Tuvimos un acercamiento con el gobierno”

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Diego Correa, uno de los ex policías que acampaba frente a la Casa de Gobierno, explicó que la medida de protesta se levantó este jueves tras “un acercamiento con el gobierno” que permitió entablar un diálogo para avanzar en soluciones a los reclamos que mantienen.

Mediante un intermediario tuvimos un acercamiento con el gobierno. No logramos el fin deseado, pero en los próximos días se nos liberará los sueldos retenidos”, indicó Correa tras la consulta de La Voz de Misiones.

El ex uniformado además señaló que también “se evaluarán las causas judiciales” y precisó que “de no ser posible volver a la institución policial se evaluará la posibilidad de ingresar a la administración pública”.

Por último, agradeció el apoyo y el acompañamiento recibido, al tiempo que pidió disculpas por no contestar a tiempo las consultas.

“No fue fácil la decisión, además nuestras familias con el transcurso de los días más sufren”, cierra el mensaje que también lleva los nombres de Adolfo Guirula, Gerardo Marín, Juan Méndez y Néstor Zarza como firmas.

El acampe había iniciado el 6 de abril, cuando Correa y Guirula se encadenaron a una de las ventanas próximas al principal acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.

Correa y Guirula son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.

En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.

Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno

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Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno

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Después de casi cinco meses, los ex policías Diego Correa y Adolfo Guirula, exonerados de la fuerza como consecuencia de la causa por intento de sedición y conspiración que los tuvo encarcelados en la Unidad Penal VII de Cerro Azul, levantaron el acampe que efectuaban frente a la Casa de Gobierno como medida de protesta para reclamar la reincorporación de ambos.

La protesta comenzó el pasado 6 de abril, cuando ambos se encadenaron a una de las ventanas próximas a la puerta de acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas. 

Durante esos primeros días también se sumaron los otros ex policías Gerardo Martín y Juan Méndez, aunque fueron Correa y Guirula los que permanecieron hasta el final de la medida.

Ellos son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.

En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.

El 10 de agosto, en uno de sus últimos videos en Instagram, Correa ratificó la continuidad de la protesta y afirmó que “de acá la única forma que nos vayamos o que nos saquen es con un desalojo ilegal, con la devolución de nuestros puestos de trabajo o muertos”.

Cumplen un mes en carpa los seis policías que reclaman volver a la fuerza

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Padres marcharon para pedir al Iprodha la culminación de la Escuela 76 en Posadas

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La Escuela Provincial Nº 76 “Marina Argentina” tiene 110 años y en los últimos seis comenzó a construir su nuevo edificio en la intersección de las avenidas Crisantemos y Yacaré, del barrio Itaembé Guazú, donde un grupo de padres se reunió esta mañana para exigir respuestas al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) ante la falta de avances.

Con un cartel sobre el que se pudo leer: “Queremos escuela propia”, desde las 8 de la mañana de este lunes, los padres alzaron sus voces para exigir la culminación de las obras a fin de poder brindar mejores condiciones a más de 100 estudiantes que acuden a la institución debiendo utilizar aulas satélites distribuidas en la zona. 

Anteriormente, la escuela se encontraba en Luchessi 2599, hasta que en el año 2023 dejaron de alquilar el espacio: “Por la suba del precio el Consejo General de Educación no tenía más presupuesto para alquilar en aquella dirección. El dueño ofreció vender al CGE, pero según las autoridades pedían mucho y no podían o no era negocio comprarlo”, explicó a La Voz de Misiones, Noelia, madre de uno de los estudiantes.

Paralelamente, en el año 2020 iniciaron las obras del nuevo edificio en Itaembé Guazú: “Supuestamente iban a habilitar la nueva sede a mediados del año pasado, una obra que lleva casi seis años en construcción, tenía fecha de finalización en el 2022, estamos en 2026 y todavía nada”.

Según indicó, la demora respondería a la falta de envío de fondos por parte del Iprodha: “Pereira terminó en un año la Escuela Secundaria de Innovación en este mismo barrio y esta otra hace seis años está en construcción”, reclamó. 

En ese sentido, detalló las condiciones en que los niños deben transitar los procesos de aprendizaje: “Hoy tienen clases en un depósito, viven enfermos, no gozan de recreos dignos, ni actividades en áreas especiales, ya hace casi dos años venimos esperando la apertura de dicha escuela”.

Y añadió: “Los actos tienen en un Neni, no saben lo que es un acto de escuela primaria ni tampoco qué es la fiesta de la educación física, no tienen áreas especiales y todo debido a que no está finalizada la escuela”.

Frente a esta situación, los padres continuarán tomando medidas de fuerza a fin de agilizar las gestiones pertinentes para lograr la obtención de fondos y concluir las obras para finalmente inaugurar el espacio. 

 

Movilización de padres para exigir la habilitación de la Escuela 76 en el barrio Itaembé Guazú.

 

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