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Pequeños Gigantes: en 2021 un juez había pedido protección para los niños

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El 30 de marzo de 2021, semanas después de la primera denuncia radicada contra el jardín Pequeños Gigantes por parte de una joven maestra jardinera, un juez de Violencia Familiar ordenó que diferentes organismos del Estado tomen “medidas de urgencia” para garantizar la protección de los niños que allí asistían, pero el lugar continuó funcionando normalmente y ahora el establecimiento fue blanco de otra severa acusación por maltrato infantil.

De acuerdo a la información recabada y a los documentos obtenidos por La Voz de Misiones, la primera denuncia que apuntaba contra el establecimiento por atar en sillas a niños con discapacidad durante toda la mañana, ingresó al Juzgado de Violencia Familiar Uno de Posadas, a cargo del magistrado Alfredo Cesar Olmo Herrera, que si bien consideró que la problemática excedía su competencia, libró una resolución solicitando medidas urgentes para la protección integral de los niños que asistían a Pequeños Gigantes.

En la resolución, Olmo Herrera ordenó la intervención en el caso de todos los organismos del Estado que pudieran tener competencia en la materia a fin de garantizar la seguridad, el bienestar y la preservación de los derechos de la niñez.

En esa línea, la primera medida fue correr vista del expediente al Ministerio Público Pupilar para que “tome razón de la presente” y “proceda en consecuencia”, pero además libró un oficio dirigido al Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) para que también tome conocimiento de la situación.

Pero eso no fue todo. En otro punto de su dictamen, el magistrado también libró oficio al Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud para que, a través de la Dirección de Infancia, se tome intervención en el caso y se “adopten en forma urgente las medidas que correspondan” para salvaguardar a los niños que asistían a Pequeños Gigantes en el marco de la Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En ese mismo punto, se dispone que ese organismo debía “realizar tareas tendientes a brindar orientación, ayuda, incluso apoyo económico, con miras a la sustentación y fortalecimiento de los vínculos del grupo familiar en crisis, y demás medidas contempladas en la normativa, en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de ley”.

El cuarto ítem de la resolución señala que se debía dar intervención a la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para que se arbitren los medios necesarios para dar protección y asistencia a los niños que asistían al jardín apuntado.

Por último, Olmo Herrera dispuso que “atendiendo el alto riesgo en el que se encuentran los niños y niñas que asisten al Jardín Maternal Pequeños Gigantes,  considero pertinente dar intervención al Consejo Provincial de Discapacidad de Vicegobernación”.

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Después de disponer de todas estas medidas, el juez se inhibió y el expediente fue remitido al Juzgado de Familia Uno, al tiempo que la causa penal se instruyó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos.

Respecto a la causa penal, las fuentes consultadas por LVM señalaron que se recabaron varias testimoniales a maestras de la institución, quienes negaron los hechos de violencia denunciados y el expediente avanzaría hacia el sobreseimiento de los acusados.

Sin embargo, no se descarta que a partir de los elementos surgidos de la nueva denuncia radicada recientemente, se pueda realizar un entrecruzamiento de información que permita realizar otras medidas de prueba para culminar la investigación de la primera causa.

Sin ir más lejos, tras la publicación de la última denuncia, al menos tres madres más tomaron nota del asunto en las redes sociales y recordaron otros episodios de violencia padecidos por niños que asistían al establecimiento.

“Es bastante raro que ese lugar no haya sido clausurado o intervenido porque ya el hecho del año pasado fue gravísimo, estamos hablando de chicos con diversa problemática que requieren de cuidados sumamente especiales. Este nuevo hecho demuestra que acá el Estado tiene que entrar pisando fuerte”, reflexionó una de las tantas fuentes judiciales consultadas por LVM.

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El concejal Zarza solicitó extender el horario de Transferencia hasta las 23

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El concejal posadeño Fernando Zarza presentó un proyecto de comunicación para solicitar la ampliación del horario de atención hasta las 23 de las terminales de Transferencias Unam y Quaranta. 

En comunicación con La Voz de Misiones,Zarza explicó que la presentación del proyecto fue el pasado 7 de abril y este jueves, en la última sesión ordinaria del HCD, se aprobó el pase a Comisión.

El edil comentó que “la iniciativa responde a una inquietud de distintos vecinos, trabajadores que salen muy tarde de sus puestos, y de estudiantes de la Unam que tienen que retirarse antes de las clases para no perder el colectivo”.  

El horario de atención actualmente es hasta las 22:00 y, según contó, esto resulta una complicación para un gran porcentaje de ciudadanos que son usuarios de las líneas de transporte público.

“Hay una necesidad de extender la atención de las terminales como mínimo hasta las 23, por eso solicitamos que esté abierto hasta esa hora”, sostuvo.

“Ya en comisión, el presidente de la Comisión de transporte, el concejal (Santiago) Horianski, propuso que el horario se extienda hasta las 00:00 horas. Una vez resuelto veremos qué horario queda acordado”, explicó. 

Según Zarza, que aún no esté habilitada la extensión del horario se debe a una cuestión de ahorro de costos por parte de la empresa.

“El servicio siempre fue deficiente. Hay quejas de los vecinos de Itaembé Guazú porque los colectivos no llegan hasta los barrios y eso genera que, para ir a sus trabajos a las 6 de la mañana, deban tomarse Uber que muchas veces cuenta alrededor de 20 mil pesos”, puntualizó.

La iniciativa se suma al pedido de varios centros de estudiantes y alumnos de las Facultades de Ciencias Económicas, de Humanidades y Ciencias Sociales y de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, presentado el pasado 9 de abril al intendente Leonardo Stelatto y con copia al secretario de Movilidad Urbana Lucas Jardín.

Estudiantes de la Unam solicitan que Transferencia abra hasta las 23

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Marcha contra reforma en discapacidad: “Condena al sector más vulnerable”

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Al igual que en otros puntos del país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de Misiones reunió a personas con discapacidad, familiares, instituciones categorizadas y prestadores precarizados, quienes marcharon al palacio legislativo provincial en rechazo a la reforma de la ley en Discapacidad 27.793. 

La movilización partió luego de las 9 desde la plaza central, y al llegar a destino, los presentes entregaron notas dirigidas al presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macías, y al diputado renovador Carlos Eduardo Rovira para que, a través de los senadores misioneros, las familias de personas con discapacidad sean escuchadas en los ámbitos de decisión nacional.

Solicitamos el compromiso de la provincia con el modelo social de discapacidad y el rechazo a cualquier medida que mercantiliza prestaciones básicas”, exclamó uno de los manifestantes. 

Según detallaron, la reforma pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales y la calidad de vida de miles de personas: “El viernes nos tomó de sorpresa el ingreso del proyecto de reforma que tiene como título Basta de fraude a las pensiones, algo que es utilizado por el gobierno nacional como pantalla”, expresó Sebastián Calderón, director general del Centro de Día (Cenemi), consultado por La Voz de Misiones.

“Lo que busca la reforma es la reconversión de pensiones por discapacidad y pensiones por invalidez que tiene sus dificultades para las personas que tienen hoy una pensión. Pero en el trasfondo quieren eliminar el nomenclador del sistema de prestaciones básicas, lo que hará que cada financiador ponga los valores que considera oportunos para cada servicio que se brindan en el área de discapacidad, lo que va a generar desigualdad en el derecho de las personas de poder elegir el servicio y los profesionales con quienes quiere trabajar”, añadió.

“Los que van a tener mayores dificultades seguro van a ser quienes tengan el programa federal Incluir Salud porque obviamente los valores ya son bajos con un nomenclador que regula, imaginate si no existiese ese nomenclador y cada financiador ponga su precio”, lamentó.

Luego concluyó: “Actualmente el que puede pagar una prepaga o una obra social muy buena y aquel que está en el programa Incluir Salud, a través del Estado, tienen o acceden a las mismas prestaciones sin ningún tipo de diferencias. Lo que este sistema de prestaciones básicas va a hacer es que no todos puedan elegir y mucha gente quede fuera del sistema”.

Marcha en Posadas

La Ley 27.793, sancionada en 2025 y publicada en el Boletín Oficial, declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable. Busca actualizar aranceles de prestaciones, garantizar la cobertura integral de salud, rehabilitaciones y regularizar pagos, en medio de tensiones por su aplicación y financiamiento.

En este marco y de manera simultánea con las marchas replicadas a lo largo y ancho del país, el Foro Permanente de Discapacidad convocó a un cese de actividades con movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en horas del mediodía.

El reclamo también incluye el cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el cupo laboral del 4%, la restitución de las Pensiones No Contributivas y un aumento inmediato.

Rechazo a la reforma de la Ley 27.793 frente a la Legislatura misionera

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Reclamo nacional: marchan contra reforma de ley de discapacidad en Posadas

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Luego de que el gobierno nacional presentara un proyecto que apunta a depurar pensiones por invalidez y flexibilizar prestaciones; familias, personas con discapacidad, instituciones categorizadas y profesionales, marcharán en distintos puntos del país en rechazo a la reforma de la Ley 27.793 de emergencia nacional en discapacidad. 

En Posadas la concentración iniciará este miércoles a las 8.30 en la plaza 9 de Julio para luego marchar a la explanada de la Cámara de Representantes, donde solicitarán que los legisladores nacionales por Misiones rechacen la normativa que ingresó ayer al Senado de la Nación.

Simultáneamente, el Foro Permanente de Discapacidad convocó a un cese de actividades con movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese marco, contarán con el apoyo de algunas organizaciones políticas, como el Partido Obrero y Tribuna Disca, quienes se sumarán a la jornada de lucha remarcando que “el ajuste en el sector pone en riesgo vidas y trabajos”. 

En ese mismo sentido, exigirán el cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el cupo laboral del 4%, la restitución de las Pensiones No Contributivas y un aumento inmediato, además de repudiar la nueva modificación de la ley de emergencia, la de salud mental y el cierre de la Andis. 

Cada miércoles, familiares y personas con discapacidad marchan contra el ajuste en Posadas

Los principales cambios

Según el texto oficial, la iniciativa deroga los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que eran los que garantizaban la universalidad de las prestaciones, y retrotrae el sistema al estado previo a la sanción de la emergencia. 

Además, elimina la posibilidad de que el Ejecutivo otorgue aumentos por concepto de invalidez laboral o zona geográfica desfavorable, suprime el nomenclador de prestaciones únicas -que fijaba un piso homogéneo de calidad- y desregula la negociación arancelaria por obra social o prepaga.

Uno de los puntos más controvertidos es la “incompatibilidad absoluta” que el proyecto establece entre el cobro de la pensión y cualquier empleo formal registrado. 

De aprobarse, la norma eliminaría la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, e incluso suprime los incisos que referenciaban programas de inclusión laboral y reconocimiento de empresas que contraten personas con discapacidad.

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