Posadas
Pequeños Gigantes: en 2021 un juez había pedido protección para los niños

El 30 de marzo de 2021, semanas después de la primera denuncia radicada contra el jardín Pequeños Gigantes por parte de una joven maestra jardinera, un juez de Violencia Familiar ordenó que diferentes organismos del Estado tomen “medidas de urgencia” para garantizar la protección de los niños que allí asistían, pero el lugar continuó funcionando normalmente y ahora el establecimiento fue blanco de otra severa acusación por maltrato infantil.
De acuerdo a la información recabada y a los documentos obtenidos por La Voz de Misiones, la primera denuncia que apuntaba contra el establecimiento por atar en sillas a niños con discapacidad durante toda la mañana, ingresó al Juzgado de Violencia Familiar Uno de Posadas, a cargo del magistrado Alfredo Cesar Olmo Herrera, que si bien consideró que la problemática excedía su competencia, libró una resolución solicitando medidas urgentes para la protección integral de los niños que asistían a Pequeños Gigantes.
En la resolución, Olmo Herrera ordenó la intervención en el caso de todos los organismos del Estado que pudieran tener competencia en la materia a fin de garantizar la seguridad, el bienestar y la preservación de los derechos de la niñez.
En esa línea, la primera medida fue correr vista del expediente al Ministerio Público Pupilar para que “tome razón de la presente” y “proceda en consecuencia”, pero además libró un oficio dirigido al Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) para que también tome conocimiento de la situación.
Pero eso no fue todo. En otro punto de su dictamen, el magistrado también libró oficio al Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud para que, a través de la Dirección de Infancia, se tome intervención en el caso y se “adopten en forma urgente las medidas que correspondan” para salvaguardar a los niños que asistían a Pequeños Gigantes en el marco de la Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
En ese mismo punto, se dispone que ese organismo debía “realizar tareas tendientes a brindar orientación, ayuda, incluso apoyo económico, con miras a la sustentación y fortalecimiento de los vínculos del grupo familiar en crisis, y demás medidas contempladas en la normativa, en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de ley”.
El cuarto ítem de la resolución señala que se debía dar intervención a la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para que se arbitren los medios necesarios para dar protección y asistencia a los niños que asistían al jardín apuntado.
Por último, Olmo Herrera dispuso que “atendiendo el alto riesgo en el que se encuentran los niños y niñas que asisten al Jardín Maternal Pequeños Gigantes, considero pertinente dar intervención al Consejo Provincial de Discapacidad de Vicegobernación”.
PDFDespués de disponer de todas estas medidas, el juez se inhibió y el expediente fue remitido al Juzgado de Familia Uno, al tiempo que la causa penal se instruyó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos.
Respecto a la causa penal, las fuentes consultadas por LVM señalaron que se recabaron varias testimoniales a maestras de la institución, quienes negaron los hechos de violencia denunciados y el expediente avanzaría hacia el sobreseimiento de los acusados.
Sin embargo, no se descarta que a partir de los elementos surgidos de la nueva denuncia radicada recientemente, se pueda realizar un entrecruzamiento de información que permita realizar otras medidas de prueba para culminar la investigación de la primera causa.
Sin ir más lejos, tras la publicación de la última denuncia, al menos tres madres más tomaron nota del asunto en las redes sociales y recordaron otros episodios de violencia padecidos por niños que asistían al establecimiento.
“Es bastante raro que ese lugar no haya sido clausurado o intervenido porque ya el hecho del año pasado fue gravísimo, estamos hablando de chicos con diversa problemática que requieren de cuidados sumamente especiales. Este nuevo hecho demuestra que acá el Estado tiene que entrar pisando fuerte”, reflexionó una de las tantas fuentes judiciales consultadas por LVM.
Posadas
Vecinos resistieron al desalojo de una mujer en el barrio El Laurel de Posadas

Para este jueves a las 9, el juez Fernando Escalante, titular del Juzgado Civil y Comercial Cinco, había ordenado desalojar la vivienda de Teresa Álvez Ferreyra (74) en la Chacra 190, del barrio El Laurel, por lo que horas atrás se apersonó en el lugar acompañado por efectivos de la Policía de Misiones, pero finalmente la medida fue suspendida.
A media mañana, decenas de vecinos se presentaron frente a la vivienda de Teresa para resistir un quinto intento de desalojo en lo que va de los últimos siete años.
El operativo policial recibió la orden para desalojar en el momento en que arribaron al lugar las autoridades junto a un numeroso grupo de efectivos que, en primera instancia, “intentaron proceder hacia el inmueble”, según fuentes consultadas por La Voz de Misiones.
Finalmente, con un “fuerte apoyo de los vecinos” la medida terminó siendo suspendida. Consultado por este medio, el abogado Hernán Cansino confirmó que “se realizó un acta donde se dejó constancia que por disposición del juez Fernando Escalante no se llevó a cabo el desalojo por no estar dadas las condiciones”.
Por su parte, Patricia, hija de Teresa, se mostró preocupada ante la situación ya que aseguró que “en cualquier momento pueden sacar otra fecha para desalojar, porque el Juzgado Cinco es el mismo que tiene el expediente y el juez Fernando Escalante no quiere dar el brazo a torcer”.
Frente a este escenario, expresó que sienten “intranquilidad porque todo quedó en la nada otra vez“.
El caso
Teresa Álvez reside en una vivienda del mencionado barrio desde hace 27 años y desde el 2018 ha enfrentado cinco intentos de desalojo, contabilizando el que fue registrado en la mañana de hoy.
La maniobra sería impulsada por un supuesto propietario, ex funcionario de una empresa estatal y, pese a que Teresa ha presentado una carpeta con documentación probatoria, así como notas a organismos públicos, las amenazas persisten.
La carpeta con pruebas que demuestran la ocupación desde 1998 contiene boletas de servicio, certificados de la escuela, de la iglesia, acta de nacimiento de un sobrino que vivió allí, censos nacionales, certificado de Vivienda Renabap, y numerosos testigos.
Hoy la familia denuncia que las contradicciones en el expediente del supuesto dueño no son evaluadas por la Justicia, quien reclama la propiedad casi tres décadas después. “Él se contradice en el expediente, dice que él vivió acá, después dice que esto fue una herencia del papá, por eso no se le entiende. Y el juzgado, el juez, ¿cómo no va a evaluar todas esas inconsistencias?”, cuestionó un familiar de Teresa.
Antecedentes
La primera orden de desalojo se produjo el 23 de noviembre de 2023 y fue emitida desde el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5 de Posadas. La misma fue finalmente desestimada por no consignar el nombre de la persona a desalojar.
Las familias de la Chacra 190 del Barrio Laurel comentaron que un vecino ya fue desalojado por no haber podido demostrar la posesión veinteañal. Y advirtieron que el caso de Teresa no es el único, ya que en la manzana hay otras familias afectadas y preocupadas por la situación.
Estas acciones judiciales atentan contra los derechos de las familias que cuentan con el Certificado de Vivienda Familiar del RENABAP en Argentina, que les brinda una protección especial contra los desalojos, establecida principalmente por la Ley N° 27.453 de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana y sus modificatorias.
Dicha Ley (en su artículo 15, modificado por la Ley N° 27.694) establece una suspensión por un plazo de diez años de todas las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles incluidos en el RENABAP. Este plazo comenzó a regir a partir del 29 de octubre de 2022.
Vecina del barrio El Laurel en alerta ante un nuevo intento de desalojo
Posadas
Vecina del barrio El Laurel en alerta ante un nuevo intento de desalojo

Teresa Álvez Ferreyra (74) se encuentra en estado de alerta, junto a vecinos de la Chacra 190, del barrio El Laurel, ubicado en la capital provincial, tras una nueva notificación por parte del Juzgado Civil y Comercial Cinco, desde donde programaron un desalojo para este jueves a las 9.
El caso fue relevado por integrantes del proyecto de extensión “Investigación Acción Participativa y Periodismo Comunitario” de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHYCS) de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), quienes a través de un comunicado buscan hacer extensiva la situación para intentar revertirla.
En el documento detallaron que Ferreyra reside en una vivienda del mencionado barrio hace 27 años y desde el 2018 ha enfrentado cuatro intentos de desalojo. La última notificación daría cuenta de un quinto intento.
Además de señalar el período de tiempo que reside en la zona, la mujer comentó que padece hipertensión y otras enfermedades de base, por lo que lamentó: “No es justo que me quieran desalojar, tengo que hacer valer mis derechos. Son muchos años los que viví acá, no puedo quedarme sin nada. Espero una solución pronta, que consideren mi situación”.
El desalojo
El documento elaborado por un equipo de la mencionada casa de estudios, detalla que la maniobra sería impulsada por un supuesto propietario, ex funcionario de una empresa estatal y, pese a que Teresa ha presentado una carpeta con documentación probatoria, así como notas a organismos públicos, las amenazas de desalojo persisten.
“La mujer cuenta con documentación que respalda su permanencia, incluyendo certificados del Renabap y haber sido beneficiaria del programa “Mi Pieza” en 2022”, sostiene la misiva.
Por otra parte, la damnificada habría presentado una carpeta con pruebas que demuestran la ocupación desde 1998, como ser: boletas de servicio, certificados de la escuela, de la iglesia, acta de nacimiento de un sobrino que vivió allí, censos nacionales, certificado de Vivienda Renabap, y numerosos testigos.
Según la familia, a pesar de las evidencias, el juez Fernando Escalante, titular del juzgado interviniente, Escalante, ha negado sus presentaciones.
Al mismo tiempo, la familia denuncia que las contradicciones en el expediente del supuesto dueño no son evaluadas por la Justicia, quien reclama la propiedad casi tres décadas después. “Él se contradice en el expediente, dice que él vivió acá, después dice que esto fue una herencia del papá, por eso no se le entiende. Y el juzgado, el juez, ¿cómo no va a evaluar todas esas inconsistencias?”, cuestionó un familiar de Teresa.
La familia rechazó un ofrecimiento de “dos meses de alquiler y un flete”, calificándolo como una burla. “Es como burlarse de la persona, porque cómo la vas a tirar a la calle a una persona mayor”, señaló Patricia, una de las hijas de Teresa.
Por este motivo, Teresa pidió la solidaridad de sus vecinos para acompañarla en el día del desalojo y “hacer entrar en razón a esa gente”.
Antecedentes
La primera orden de desalojo se produjo el 23 de noviembre de 2023 y fue emitida desde el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5 de Posadas. La misma fue finalmente desestimada por no consignar el nombre de la persona a desalojar.
Las familias de la Chacra 190 del Barrio Laurel comentaron que un vecino ya fue desalojado por no haber podido demostrar la posesión veinteañal. Y advirtieron que el caso de Teresa no es el único, ya que en la manzana hay otras familias afectadas y preocupadas por la situación.
Estas acciones judiciales atentan contra los derechos de las familias que cuentan con el Certificado de Vivienda Familiar del RENABAP en Argentina, que les brinda una protección especial contra los desalojos, establecida principalmente por la Ley N° 27.453 de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana y sus modificatorias.
Dicha Ley (en su artículo 15, modificado por la Ley N° 27.694) establece una suspensión por un plazo de diez años de todas las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles incluidos en el RENABAP. Este plazo comenzó a regir a partir del 29 de octubre de 2022.
Fuente: Producción informativa realizada desde el proyecto de extensión “Investigación Acción Participativa y Periodismo Comunitario” (Resolución/2025 HCD FHyCS-UNaM)
Posadas
A cambio de un libro, historiador junta fondos para operación de su esposa

El reconocido historiador Leo Duarte busca recaudar $1.500.000 para la operación de su esposa Mercedes, quien necesita una placa de titanio en la muñeca izquierda para recuperar la movilidad tras un accidente. A quienes ayuden a juntar la suma necesaria, “como muestra de agradecimiento”, recibieran un libro.
El pasado miércoles 16, Mercedes regresaba a su hogar a bordo de su motocicleta, cuando un auto marca Fiat Palio blanco la atropelló en el barrio Itaembé Miní, en la intersección de las avenidas Arturo Jauretche y 170.
A raíz del impacto, la mujer quedó tendida en el asfalto y el conductor del Fiat Palio se dio a la fuga del lugar sin asistirla.
“La dejó tirada ahí y se fue, unos vecinos la socorrieron, ella volvió otra vez con la moto, asustada, vio que era un palio blanco, patente 836, pero no se acuerda mucho, son vagos los recuerdos que tiene del accidente”, contó el historiador posadeño en conversación con La Voz de Misiones.
En esa línea, el creador de la reconocida página de Facebook Posadas del Ayer precisó que su esposa sufrió fractura en cuatro partes de la muñeca izquierda y “le tienen que poner una placa de titanio, para que pueda recuperar la movilidad otra vez, igualmente la mano no va a quedar lo mismo, se le va a complicar mucho mover la mano”.
Para la operación, el matrimonio consiguió turno en el hospital Madariaga para dentro de seis meses. Sin embargo, es un tiempo que no pueden esperar, ya que Mercedes tiene un emprendimiento de churros y “es parte del sostén de la familia”, dijo Leo Duarte.
Ante esta situación, decidieron recaudar la suma de $1.500.000 para que Mercedes pueda operarse lo antes posible y recuperar la movilidad de su brazo izquierdo que tiene por completo enyesado y, a quienes decidan ayudar, a cambio el historiador le regalará un libro.
Número de Leo Duarte para ayudar: 3764600987
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