Posadas
Pequeños Gigantes: en 2021 un juez había pedido protección para los niños
El 30 de marzo de 2021, semanas después de la primera denuncia radicada contra el jardín Pequeños Gigantes por parte de una joven maestra jardinera, un juez de Violencia Familiar ordenó que diferentes organismos del Estado tomen “medidas de urgencia” para garantizar la protección de los niños que allí asistían, pero el lugar continuó funcionando normalmente y ahora el establecimiento fue blanco de otra severa acusación por maltrato infantil.
De acuerdo a la información recabada y a los documentos obtenidos por La Voz de Misiones, la primera denuncia que apuntaba contra el establecimiento por atar en sillas a niños con discapacidad durante toda la mañana, ingresó al Juzgado de Violencia Familiar Uno de Posadas, a cargo del magistrado Alfredo Cesar Olmo Herrera, que si bien consideró que la problemática excedía su competencia, libró una resolución solicitando medidas urgentes para la protección integral de los niños que asistían a Pequeños Gigantes.
En la resolución, Olmo Herrera ordenó la intervención en el caso de todos los organismos del Estado que pudieran tener competencia en la materia a fin de garantizar la seguridad, el bienestar y la preservación de los derechos de la niñez.
En esa línea, la primera medida fue correr vista del expediente al Ministerio Público Pupilar para que “tome razón de la presente” y “proceda en consecuencia”, pero además libró un oficio dirigido al Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) para que también tome conocimiento de la situación.
Pero eso no fue todo. En otro punto de su dictamen, el magistrado también libró oficio al Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud para que, a través de la Dirección de Infancia, se tome intervención en el caso y se “adopten en forma urgente las medidas que correspondan” para salvaguardar a los niños que asistían a Pequeños Gigantes en el marco de la Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
En ese mismo punto, se dispone que ese organismo debía “realizar tareas tendientes a brindar orientación, ayuda, incluso apoyo económico, con miras a la sustentación y fortalecimiento de los vínculos del grupo familiar en crisis, y demás medidas contempladas en la normativa, en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de ley”.
El cuarto ítem de la resolución señala que se debía dar intervención a la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para que se arbitren los medios necesarios para dar protección y asistencia a los niños que asistían al jardín apuntado.
Por último, Olmo Herrera dispuso que “atendiendo el alto riesgo en el que se encuentran los niños y niñas que asisten al Jardín Maternal Pequeños Gigantes, considero pertinente dar intervención al Consejo Provincial de Discapacidad de Vicegobernación”.
Después de disponer de todas estas medidas, el juez se inhibió y el expediente fue remitido al Juzgado de Familia Uno, al tiempo que la causa penal se instruyó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos.
Respecto a la causa penal, las fuentes consultadas por LVM señalaron que se recabaron varias testimoniales a maestras de la institución, quienes negaron los hechos de violencia denunciados y el expediente avanzaría hacia el sobreseimiento de los acusados.
Sin embargo, no se descarta que a partir de los elementos surgidos de la nueva denuncia radicada recientemente, se pueda realizar un entrecruzamiento de información que permita realizar otras medidas de prueba para culminar la investigación de la primera causa.
Sin ir más lejos, tras la publicación de la última denuncia, al menos tres madres más tomaron nota del asunto en las redes sociales y recordaron otros episodios de violencia padecidos por niños que asistían al establecimiento.
“Es bastante raro que ese lugar no haya sido clausurado o intervenido porque ya el hecho del año pasado fue gravísimo, estamos hablando de chicos con diversa problemática que requieren de cuidados sumamente especiales. Este nuevo hecho demuestra que acá el Estado tiene que entrar pisando fuerte”, reflexionó una de las tantas fuentes judiciales consultadas por LVM.
Tres semanas después de levantar el acampe que mantuvieron activo durante cuatro meses frente a la Casa de Gobierno, Diego Correa, uno de los ex policías que encabezó la protesta, volvió a tomar protagonismo en las redes, aunque en esta oportunidad por la adquisición de una camioneta.
La publicación fue realizada por la propia concesionaria, Almar Autos, que el jueves subió una historia que muestra a Correa junto a un asesor de ventas y a la camioneta adquirida.
“Hoy Diego se llevó su RAM”, celebra el posteo que dura 24 horas. Si bien se trata de un vehículo usado, las RAM forman parte de las pick-up de mayor categoría en el mercado y los valores arrancan desde los 25.000 dólares.
Este medio consultó con Correa sobre la publicación, pero hasta la publicación de esta nota no hubo respuestas.
Cárcel y acampe
Correa es uno de los ocho ex agentes policiales involucrados en la causa iniciada tras el descubrimiento del chat Solo Cola, donde para la Justicia se orquestaba un plan para desestabilizar a la cúpula de la institución tras las protestas de 2024 que tuvieron lugar sobre la avenida Uruguay, frente al Comando Radioeléctrico I.
En ese mismo expediente se encuentra el ahora diputado provincial Ramón Amarilla y por esa misma causa Correa estuvo más de siete meses preso, hasta su liberación el 27 de julio del año pasado.
Meses después, más precisamente el 6 de abril de este año, Correa volvió a ser noticia, esta vez por encadenarse a una ventana de la Casa de Gobierno para reclamar su reincorporación a la fuerza, el pago de haberes adeudados y el cierre de la causa penal.
En esa ocasión estuvo acompañado por el también ex uniformado Adolfo Guirula y ese día nació el acampe que por cuatro meses fue parte del paisaje habitual de la plaza 9 de Julio.
La medida culminó el 27 de agosto, cuando el propio Correa reconoció un “acercamiento con el gobierno”.
“Mediante un intermediario tuvimos un acercamiento con el gobierno. No logramos el fin deseado, pero en los próximos días se nos liberará los sueldos retenidos”, indicó Correa en un comunicado difundido por redes sociales.
En el mismo escrito el ex uniformado señaló que también “se evaluarán las causas judiciales” y precisó que “de no ser posible volver a la institución policial se evaluará la posibilidad de ingresar a la administración pública”.
Fin del acampe de ex policías: “Tuvimos un acercamiento con el gobierno”
La Municipalidad de Posadas implementará SEM Mobile, la nueva aplicación del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), que reemplazará a la actual plataforma y permitirá a los usuarios gestionar el estacionamiento desde el celular.
El cambio fue informado por la Secretaría de Movilidad Urbana y detalló que a partir del 30 de septiembre de 2026, la aplicación “SEM Posadas” dejará de utilizarse, por lo que los usuarios deberán eliminar la aplicación anterior e instalar “SEM Mobile” para continuar utilizando el servicio.
La nueva aplicación ya se encuentra disponible gratuitamente en Google Play para dispositivos Android, identificada como SEM Mobile y desarrollada por la Universidad Nacional de La Plata.
Desde el organismo también explicaron que: “Quienes ya cuentan con una cuenta en el sistema no deberán realizar un nuevo registro y podrán utilizar el mismo usuario y contraseña que tenían en la aplicación anterior”.
Respecto a las actividades efectuadas recientemente, ampliaron: “El saldo disponible y las patentes de los vehículos que ya estaban registradas continuarán asociadas, por lo que no será necesario volver a cargar esos datos”.
Dos proyectos de ordenanza buscan modificar el SEM en Posadas
Diego Correa, uno de los ex policías que acampaba frente a la Casa de Gobierno, explicó que la medida de protesta se levantó este jueves tras “un acercamiento con el gobierno” que permitió entablar un diálogo para avanzar en soluciones a los reclamos que mantienen.
“Mediante un intermediario tuvimos un acercamiento con el gobierno. No logramos el fin deseado, pero en los próximos días se nos liberará los sueldos retenidos”, indicó Correa tras la consulta de La Voz de Misiones.
El ex uniformado además señaló que también “se evaluarán las causas judiciales” y precisó que “de no ser posible volver a la institución policial se evaluará la posibilidad de ingresar a la administración pública”.
Por último, agradeció el apoyo y el acompañamiento recibido, al tiempo que pidió disculpas por no contestar a tiempo las consultas.
“No fue fácil la decisión, además nuestras familias con el transcurso de los días más sufren”, cierra el mensaje que también lleva los nombres de Adolfo Guirula, Gerardo Marín, Juan Méndez y Néstor Zarza como firmas.
El acampe había iniciado el 6 de abril, cuando Correa y Guirula se encadenaron a una de las ventanas próximas al principal acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.
Correa y Guirula son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.
En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.
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