Posadas
Generación Zoe desalojó oficinas en Posadas y promete pago por “billetera virtual”
La filial de Generación Zoe, la empresa del prófugo Leonardo Cositorto, buscado por defraudación y estafa por la justicia cordobesa, desalojó sus oficinas en Posadas.
Este lunes, el local de Zoe Coach sobre la calle San Luis 1321, amaneció vacío, libre del mobiliario que se observaba la semana pasada, con retazos del plotter que exhibía el logo de la compañía y frases motivacionales de Cositorto en el frente vidriado.
Según se desprende de los mensajes del gerente de la filial, Diego Javier Martínez, en el grupo de Whatsapp que administra, el personal local de Zoe fue desvinculado y de ahora en más todas las gestiones, entre nuevos depósitos y cobros de los inversionistas, se harán de manera digital.
El grupo de Whatsapp, titulado “Unimos vidas y sueños”, es la única plataforma de información de los inversionistas misioneros con la empresa, luego de que se conocieron los procedimientos en Córdoba y Buenos Aires, y el pedido de captura de Cositorto.
“Debido a toda la situación vivida por la empresa sólo se van a comunicar conmigo, ya que todo el equipo de atención al fiduciante no trabaja más para la empresa”, comunicó Martínez.
“Todo el soporte depende de la central de Núñez y yo voy a estar coordinando todo para que se optimicen las cosas en este mes”, prometió el gerente en el grupo de Whatsapp que reúne a 245 participantes.
El viernes, Martínez informaba de “usuarios indebidos y cargas mal hechas”, que retrasaban la puesta en marcha del nuevo sistema con el que, supuestamente, la empresa seguirá operando.
“Seguiremos cargando los robots y esperando al 8 de marzo indicaciones de Leonardo. No tengo contacto con él. Solo Tatiana, que es la persona que envía los flyers y comunicados de él”, indicó Martínez.
En otro mensaje, el gerente pidió “paciencia” a los miembros del grupo hasta la “puesta en marcha de Zoe 2.0”, que debía concretarse este lunes según lo anunciado por Zoom por el mismo Cositorto hace dos semanas desde su escondite en el Caribe.
Solo instrucciones
“Los únicos comunicados son para ubicarle a la gente en el procedimiento para hacer la activación de las billeteras virtuales, donde ellos van a hacer las devoluciones”, dijo a La Voz de Misiones un inversionista que pidió no ser identificado.
“Todos los comunicados de Diego son mayormente mensajes ´reenviados´ supongo de la central en Buenos Aires; y que tal día, a tal hora va a haber una reunión, o te mandan los instructivos para hacer las nuevas vinculaciones virtuales”, explicó.
“En teoría, del 8 al 15 de marzo se van a hacer estos pagos por la billetera virtual, pero ya no depende la oficina de acá, sino de la gente que está en la central”, agregó.
Sin palabras
Desde el comienzo de la crisis, a principios de febrero, en que la justicia cordobesa allanó las oficinas de Zoe en Villa María, y los domicilios particulares de sus principales ejecutivos, que fueron apresados y continúan detenidos, LVM intentó contactar con Martínez, pero este en ningún momento respondió llamadas ni mensajes hasta el 21 de febrero, en que tajantemente se negó a brindar precisiones.
“No voy a hablar de nada”, contestó el coach misionero, consultado sobre la situación local del escándalo que ocupó todas las pantallas hasta el comienzo de la guerra en el Este europeo.
Hace dos semanas, Zoe Coach eliminó su página en Facebook y este fin de semana despidió a todo su personal y desalojó el local que ocupaba sobre la calle San Luis.
Martínez también regentea “Vuela Bien Alto”, una escuela de couching que funcionaba en la misma filial local del grupo investigado hasta unos días antes de que estallara el escándalo y se conocieron las detenciones en Córdoba y el pedido de captura internacional de Cositorto.
La causa
Antes de los operativos en Córdoba, Zoe enfrentaba un sumario en la Comisión Nacional de Valores (CNV), que investiga a la compañía por la realización de oferta pública e intermediación irregular en el ámbito del mercado de capitales, y Cositorto estaba ya imputado por estafa en la justicia federal porteña.
En enero, Bitcoin Argentina denunció a Zoe en la Procuración General de la Nación (Procelac) por los mismos delitos por los que la fiscalía cordobesa ordenó los procedimientos en Villa María y pidió la detención internacional de Cositorto y su mano derecha, Maximiliano Javier Batista, ambos prófugos.
La semana pasada, la fiscala cordobesa Juliana Companys sumó una nueva persona detenida en el marco de la causa, luego de la indagatoria al contador del grupo Norman Próspero, detenido en su departamento de la calle White en Buenos Aires por la Policía Federal Argentina (PFA).
La justicia cree que el caso de Generación Zoe se inscribe en el delito conocido como “esquema Ponzi”, en recuerdo de Carlo Ponzi, un rocambolesco inmigrante italiano que en 1920 fue condenado en Estados Unidos por estafa serial.
Cuando lo atraparon, Ponzi había estafado a unas 40.000 personas que le confiaron entre U$S15 y 20 millones de la época, unos U$S 250 millones en la actualidad. Nadie nunca recuperó su dinero.


Comunicado del gerente local en el grupo de Whatsapp.
Posadas
Marcha contra reforma en discapacidad: “Condena al sector más vulnerable”
Al igual que en otros puntos del país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de Misiones reunió a personas con discapacidad, familiares, instituciones categorizadas y prestadores precarizados, quienes marcharon al palacio legislativo provincial en rechazo a la reforma de la ley en Discapacidad 27.793.
La movilización partió luego de las 9 desde la plaza central, y al llegar a destino, los presentes entregaron notas dirigidas al presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macías, y al diputado renovador Carlos Eduardo Rovira para que, a través de los senadores misioneros, las familias de personas con discapacidad sean escuchadas en los ámbitos de decisión nacional.
“Solicitamos el compromiso de la provincia con el modelo social de discapacidad y el rechazo a cualquier medida que mercantiliza prestaciones básicas”, exclamó uno de los manifestantes.
Según detallaron, la reforma pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales y la calidad de vida de miles de personas: “El viernes nos tomó de sorpresa el ingreso del proyecto de reforma que tiene como título Basta de fraude a las pensiones, algo que es utilizado por el gobierno nacional como pantalla”, expresó Sebastián Calderón, director general del Centro de Día (Cenemi), consultado por La Voz de Misiones.
“Lo que busca la reforma es la reconversión de pensiones por discapacidad y pensiones por invalidez que tiene sus dificultades para las personas que tienen hoy una pensión. Pero en el trasfondo quieren eliminar el nomenclador del sistema de prestaciones básicas, lo que hará que cada financiador ponga los valores que considera oportunos para cada servicio que se brindan en el área de discapacidad, lo que va a generar desigualdad en el derecho de las personas de poder elegir el servicio y los profesionales con quienes quiere trabajar”, añadió.
“Los que van a tener mayores dificultades seguro van a ser quienes tengan el programa federal Incluir Salud porque obviamente los valores ya son bajos con un nomenclador que regula, imaginate si no existiese ese nomenclador y cada financiador ponga su precio”, lamentó.
Luego concluyó: “Actualmente el que puede pagar una prepaga o una obra social muy buena y aquel que está en el programa Incluir Salud, a través del Estado, tienen o acceden a las mismas prestaciones sin ningún tipo de diferencias. Lo que este sistema de prestaciones básicas va a hacer es que no todos puedan elegir y mucha gente quede fuera del sistema”.

Marcha en Posadas
La Ley 27.793, sancionada en 2025 y publicada en el Boletín Oficial, declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable. Busca actualizar aranceles de prestaciones, garantizar la cobertura integral de salud, rehabilitaciones y regularizar pagos, en medio de tensiones por su aplicación y financiamiento.
En este marco y de manera simultánea con las marchas replicadas a lo largo y ancho del país, el Foro Permanente de Discapacidad convocó a un cese de actividades con movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en horas del mediodía.
El reclamo también incluye el cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el cupo laboral del 4%, la restitución de las Pensiones No Contributivas y un aumento inmediato.

Rechazo a la reforma de la Ley 27.793 frente a la Legislatura misionera
Posadas
Reclamo nacional: marchan contra reforma de ley de discapacidad en Posadas
Luego de que el gobierno nacional presentara un proyecto que apunta a depurar pensiones por invalidez y flexibilizar prestaciones; familias, personas con discapacidad, instituciones categorizadas y profesionales, marcharán en distintos puntos del país en rechazo a la reforma de la Ley 27.793 de emergencia nacional en discapacidad.
En Posadas la concentración iniciará este miércoles a las 8.30 en la plaza 9 de Julio para luego marchar a la explanada de la Cámara de Representantes, donde solicitarán que los legisladores nacionales por Misiones rechacen la normativa que ingresó ayer al Senado de la Nación.
Simultáneamente, el Foro Permanente de Discapacidad convocó a un cese de actividades con movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese marco, contarán con el apoyo de algunas organizaciones políticas, como el Partido Obrero y Tribuna Disca, quienes se sumarán a la jornada de lucha remarcando que “el ajuste en el sector pone en riesgo vidas y trabajos”.
En ese mismo sentido, exigirán el cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el cupo laboral del 4%, la restitución de las Pensiones No Contributivas y un aumento inmediato, además de repudiar la nueva modificación de la ley de emergencia, la de salud mental y el cierre de la Andis.

Cada miércoles, familiares y personas con discapacidad marchan contra el ajuste en Posadas
Los principales cambios
Según el texto oficial, la iniciativa deroga los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que eran los que garantizaban la universalidad de las prestaciones, y retrotrae el sistema al estado previo a la sanción de la emergencia.
Además, elimina la posibilidad de que el Ejecutivo otorgue aumentos por concepto de invalidez laboral o zona geográfica desfavorable, suprime el nomenclador de prestaciones únicas -que fijaba un piso homogéneo de calidad- y desregula la negociación arancelaria por obra social o prepaga.
Uno de los puntos más controvertidos es la “incompatibilidad absoluta” que el proyecto establece entre el cobro de la pensión y cualquier empleo formal registrado.
De aprobarse, la norma eliminaría la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, e incluso suprime los incisos que referenciaban programas de inclusión laboral y reconocimiento de empresas que contraten personas con discapacidad.
Posadas
Estudiantes de la Unam solicitan que Transferencia abra hasta las 23
Estudiantes de tres unidades académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) impulsan un pedido para que las Estaciones de Transferencia de transporte público de Posadas vuelvan a operar hasta las 23.
Los alumnos que comparten la casa de estudios en el Campus, nucleados en agrupaciones de centros de estudiantes como Tierra Roja y La San Martín, junto a cursantes de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (FCEQYN), aseguraron que la medida afecta directamente a más de 5.ooo estudiantes, más docentes y no docentes, y la seguridad de la comunidad educativa.
Claudio Gutiérrez, estudiante de avanzada de la carrera de Contador público y militante del centro de estudiantes “Tierra Roja”, en diálogo con La Voz de Misiones, explicó por qué es urgente que se resuelva esta medida, a la que atribuyen como el resultado de una decisión política que forma parte del recorte presupuestario. El pedido que reunió más de 500 firmas, fue presentado el pasado 9 de abril al intendente de la ciudad de Posadas, Leonardo Stelatto y con copia al secretario de Movilidad Urbana, Lucas Jardín.
La principal demanda apunta a que se restablezca el horario extendido de las estaciones de colectivos, que el año pasado funcionaba hasta las 23 horas. Actualmente, el servicio corta a las 22, el mismo horario en que finalizan muchas clases.
“Somos estudiantes que cursamos hasta las 22 y a esa hora cierra Transferencia. Eso nos obliga a salir antes de clases o a gastar en transporte alternativo”, explicó el militante de Tierra Roja.
Según detalló, la situación genera múltiples complicaciones: algunos estudiantes deben retirarse una hora antes para poder regresar a sus hogares, mientras que otros optan por pagar servicios como Uber o compartir viajes para reducir costos.
El reclamo también incluye una preocupación por la seguridad. En el caso del campus universitario, señalo que, si no logran tomar el transporte a tiempo, deben esperar hasta una hora en zonas con escaso resguardo. “Quedás expuesto, sobre la ruta, sin protección”, indicó Claudio.
En relación a la implementación del horario, el estudiante señaló que durante 2025 el sistema de Transferencia con horrio extendido ya estaba operativo desde el inicio del ciclo lectivo, con funcionamiento hasta las 23 horas. “El año pasado empezamos las clases y ya teníamos el horario habitual extendido. Solo se recortó durante el receso, pero después se restableció con normalidad”, señaló.
En ese sentido, Gutiérrez consideró que la situación actual responde a una decisión deliberada. “Entendemos que tiene que ver con un recorte. Hoy vemos que no solo pasa con Transferencias, sino también con la frecuencia de los colectivos en los barrios, donde hay unidades cada una hora”, opinó.
Además, advirtió que la reducción en la frecuencia del transporte genera nuevas dificultades para asistir a clases. “Si tenés que estar a las 16 en el campus, tenés que salir una hora y media antes. Es un problema para todos, incluso para quienes no cuentan con el boleto gratuito y deben pagar un servicio caro con menor frecuencia”, señaló.
El presidente del centro estudiantil comentó que el sistema de boleto estudiantil permite viajar hasta la medianoche, por lo que considera que la limitación actual responde a una decisión operativa y no técnica.
En cuanto al acompañamiento institucional, sostuvo que no han tenido una intervención activa de las autoridades de las facultades ni respuestas al pedido formal presentado hace más de diez días.
Ante la falta de respuesta, los estudiantes decidieron hacer público el reclamo y comenzar a visibilizar la situación en los medios. “No es un problema aislado, afecta a estudiantes, docentes y trabajadores de la universidad”.
Gutierrez explicó que continuarán insistiendo hasta obtener respuestas concretas. “No es solo una cuestión de comodidad, es poder estudiar en condiciones”, concluyó.
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