Posadas
Familiares de ex policías detenidos: “Es una lucha, necesitamos respuestas”
En vísperas de las fiestas de fin de año y a poco más de dos meses de la detención de los ocho ex policías acusados de armar un plan de sedición y coacción agravada, sus familiares se movilizaron esta mañana en Posadas para entregar un petitorio de audiencia con el juez que lleva adelante la causa, Fernando Verón, y el jefe de la Policía de Misiones, Sandro Martínez.
“Nosotros vimos el expediente, nos juntamos con abogados para analizarlo. Hicimos miles de consultas, todos nos responden lo mismo, que no hay argumentos para tenerlos detenidos”, dijo a La Voz de Misiones, Matías Orrego, hermano del ex sargento Joaquín Orrego, uno los ex policías que cuenta con prisión preventiva dictada por el Juzgado de Instrucción Tres, a cargo de Verón, que continúa con la investigación de los hechos.
En esa línea, Orrego sostuvo que acudieron a la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores de Misiones para dejar sin efecto la decisión del magistrado Verón de ejecutar la prisión preventiva para los ex policías, pero la medida fue ratificada por el organismo judicial recientemente.
“Se presentaron recursos de excarcelación, un montón de recursos y todos fueron rechazados, argumentando que hay una investigación en curso y dicen que pueden interferir por su condición de policía, pero la Jefatura a ellos ya los exoneró de la fuerza”, cuestionó Orrego en conversación con LVM.
“Hoy en total son 77 días que están detenidos y no tenemos respuesta”, clamó.
En cuanto a la situación de su hermano, a quien visita en la Unidad Penitenciaria de Puerto Rico los miércoles, viernes y sábado, Orrego expuso: “Están presos en una unidad penal con todo lo que eso implica. Tuvieron que improvisar un lugar, que no está en condiciones, porque los tienen que tener separados de la población carcelaria“.
Y continuó: “En el caso de mi hermano, él prestaba servicio en Jardín América y detuvo a muchos de los que hoy están ahí. La noche que llegó le gritaban el apellido, no durmió nada, una situación que no sabes qué te puede pasar, están muy mal”.
La situación de las familias
Orrego también comentó los problemas económicos que están atravesando los familiares que se movilizaron hoy al no contar con el ingreso de los detenidos, ya que la mayoría de ellos son el sustento de su hogar: “No fue suficiente con meterlos presos, sino que jugaron con las necesidades de las familias, que hoy están sin ingresos, porque sus ingresos dependían de eso. Mi hermano tiene su señora que trabaja informal, pero también dependían del sueldo de él, tienen dos hijos”.
Sobre esa cuestión, el familiar del ex policía señaló que algunos fueron detenidos el 19 de septiembre, otros el 16 de ese mismo mes, y pese a ello “no le pagaron el sueldo correspondiente de septiembre, por los días que trabajaron”.
Con la llegada de las fiestas, el joven afirmó que se trata de una “fecha clave e importante” para las familias y consideró injusto que los ex policías estén “detenidos, sin fundamentos, necesitamos una solución, porque en el caso de mi hermano tienen solo tres mensajes, que fueron sacados de contexto y él no integraba el grupo de WhatsApp por lo que se inició la causa”.
Por último, Matías Orrego comentó cuál fue el objetivo de la movilización de este viernes: “La organizamos entre las familias, no queríamos convocar mucha gente porque también tergiversan las cosas, dicen que está metida la política y no queremos que se mezcle con esto. Es una lucha, necesitamos respuestas, que el juez tome conciencia de la situación en la que estamos y que se haga justicia”.
Joaquín Orrego, Lisandro Cantero y Horacio Elías Coutto están alojados en la Unidad Penal de Puerto Rico, mientras que Ramón Alejandro Arrieta, Iván Ezequiel Arrieta, Diego Hernán Correa y Adolfo Guirula permanecen detenidos en la cárcel de Loreto. En tanto, Ramón Oscar Amarilla, uno de los referentes de los retirados y pensionados de la fuerza, pasa sus días en la unidad carcelaria de Cerro Azul.
Rechazan apelación y confirman prisión preventiva de ex policías
La Anónima y Grupo Libertad anunciaron un acuerdo para la adquisición de doce sucursales del hipermercado Libertad, entre los que figura la sucursal posadeña que en los últimos meses sufrió un marcado recorte de personal con disminución de stock y góndolas en diversos rubros.
Mediante el acuerdo que se conoció ayer miércoles, a través un comunicado emitido por ambas cadenas, La Anónima adquirirá parcialmente el fondo de comercio de la división de hipermercados del Grupo Libertad.
Además de las sucursales, el acuerdo contempla la incorporación de un centro logístico y el traspaso de más de 1600 empleados, lo que, según estiman, “permitirá un crecimiento estratégico en las zonas centro y norte del país, consolidándose como la cadena de supermercados con mayor presencia en el interior de Argentina”.
Con esta operación, incorporará un centro de distribución y doce nuevas sucursales: cuatro ubicadas en la ciudad de Córdoba, dos en Tucumán y el resto distribuidas en Rosario, Salta, San Juan, Rafaela, Posadas y Santiago del Estero.
Por su parte, el Grupo Libertad fortalecerá su estrategia como “principal operador inmobiliario del interior de Argentina”, con 1300 comercios en 14 centros comerciales del Paseo Libertad, y seguirá aportando al desarrollo del país a través de su negocio Real Estate.
El acuerdo contempla que los colaboradores que actualmente se desempeñan en los establecimientos alcanzados por la operación, pasarán a ser empleados de La Anónima, garantizando la continuidad laboral y asegurando una transición ordenada de las operaciones.
“Para Grupo Libertad, este acuerdo representa un paso relevante dentro de su estrategia de concentración en el desarrollo y gestión del negocio de Real Estate, a través del fortalecimiento de la operación de los centros comerciales del Paseo Libertad”, concluye la misiva.
De esta manera, llevarían alivio a la cadena, tras la reducción de personal que sufrió el plantel de empleados del Hiper en Posadas, el cual pasó de 200 trabajadores en enero de 2025 a 120 en enero del corriente año, en un proceso de achicamiento que analizaba culminar al llegar a 60 trabajadores.
Despidos, menos góndolas y pasillos vacíos: el 2026 del hipermercado Libertad
La docente, actriz, militante feminista y activista social Mariana Pizarro fue encontraba muerta esta mañana en el asiento de un colectivo que llegaba a Posadas desde Buenos Aires.
El deceso de la mujer se conoció cerca de las 9, cuando el colectivo en el que viajaba llegó a la terminal de Posadas y el chofer del ómnibus intentó despertarla pero la pasajera no reaccionaba.
En el caso tomó intervención el personal de la comisaría Decimoséptima, cuyos uniformados constataron que la mujer no presentaba signos vitales y de inmediato se activó un operativo para investigar las circunstancias de lo sucedido.
En el lugar intervinieron el médico policial de turno y el personal de la Dirección de Policía de Científica, quienes se encargarán de realizar las pericias correspondientes.
La mujer, que mañana cumpliría 56 años, viajaba en el asiento 20 de un colectivo perteneciente a la empresa Vía Bariloche que había salido de Buenos Aires.
El micro de Vía Bariloche arribó a Posadas minutos después de las 9.
Con el objetivo de revertir la sobrefacturación de boletas de agua, por lo que responsabilizan a Servicios de Aguas de Misiones S. A. y el Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (Eprac), vecinos de distintos barrios posadeños volverán a manifestarse hoy a las 17.30 frente a la sede de López y Planes casi Mitre de Posadas.
Luego de la primera marcha registrada el pasado miércoles 11 de marzo y tras la presentación de un proyecto de ordenanza que apunta a instalar bloqueadores de aire en todas las conexiones domiciliarias de agua potable en la capital provincial, los ciudadanos volverán a movilizarse.
En el encuentro anterior dieron cuenta de boletas valuadas en $140.000 y hasta $1.000.000 por el servicio de agua potable en viviendas particulares, por lo que repudiaron: “Nos cobran por aire y no por agua. Reclamamos porque necesitamos un servicio eficiente y que la empresa invierta, renueve caños e infraestructura”.
Según pudo averiguar este medio, la situación respondería a un proceso de desinversión del fondo estadounidense Platinum Equity, por el que Samsa frenó obras en la red de agua potable de Posadas y Garupá, incumpliendo los planes proyectados para este año.
La nueva concentración será a las 17.30 frente a Samsa: “La gente está cada vez más preocupada y más enojada, porque no hay respuestas claras”, manifestó el abogado de usuarios de Itaembé Guazú, Horacio Enrique Koncke, al difundir la convocatoria en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones.
Por el momento, los manifestantes solicitaron informes técnicos y una auditoría interna sobre el funcionamiento de la red de agua y, ante la falta de definiciones concretas, no descartan avanzar judicialmente.
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