Lo ocurrido en la última edición de la Copa Challenger, el fin de semana en el hipódromo General Belgrano del Jockey Club Posadas, donde murió un caballo, un jinete resultó herido y se denunciaron apuestas ilegales y el funcionamiento de un garito clandestino, sacó a la luz la interna que vive por estas horas la entidad hípica, con una asamblea impugnada por la Dirección General de Personas Jurídicas y Registro Público de la provincia, y el cruce de acusaciones sobre lo sucedido entre los sectores que se disputan la nueva comisión directiva.

En nombre del club, intervino el presidente interino Víctor Martínez, que continúa en el cargo por la anulación, por parte del ente regulador de las asociaciones civiles en Misiones, de la asamblea que el 30 de agosto pasado eligió como titular al empresario Gustavo Mussi.

Según afirmó Martínez a La Voz de Misiones, el club no tiene ninguna responsabilidad en la organización de la competencia del fin de semana, ya que la entidad arrienda las instalaciones a los propietarios de la franquicia del evento en la provincia.

“Este es un evento anual. El club alquila las instalaciones y deslindamos todo tipo de responsabilidad en la organización”, señaló Martínez.

El directivo del Jockey Club Posadas compartió a LVM el facsímil del contrato que la entidad firmó con Jonatan Andrés Ojeda, representante de los organizadores locales de la Copa Challenger que, según Martínez, son Gonzalo Torres, hijo del ex presidente del Iplyc Balero Torres, y Neti Silvestri, “también muy vinculado a la política provincial”.

Por el lado del Jockey, firmaron el presidente Martínez y el tesorero Héctor Botero.

“Ojeda firmó el contrato y los que pusieron la plata para alquilar fueron el Jockey Club de Córdoba y organizadores de carreras de Santa Fe, Chaco y Corrientes”, comentó.

El alquiler

El contrato es bastante claro en los términos señalados por Martínez: ya en la primera cláusula, delega en los organizadores privados del evento “obtener las habilitaciones municipales y provinciales necesarias para el evento, como así también proveer de servicios de seguridad (policía, ambulancia e higiene) y seguros para espectadores y participantes, dar cumplimiento a las normas de sanidad animal y de eventos deportivos necesarias”.

En la cláusula tercera, se establece un canon de $16.000.000 efectivizado en dos pagos: los primeros $10.000.000 a la firma del contrato, y el saldo de $6.000.000 el día anterior al inicio de la competencia.

En la cláusula quinta, el contrato obliga a los organizadores al pago de los seguros de responsabilidad civil del público asistente y de los jinetes que participan de la competencia, y establece: “La falta de habilitación y/o cumplimiento de los requisitos legales para inicio o desarrollo del evento son responsabilidad del organizador, quedando exento de responsabilidad el Jockey Club”.

Descaderado

Sobre la muerte del equino propiedad del stud correntino Doña Juana, que se desplomó en pleno galope de la tercera carrera del domingo y murió en la pista, Martínez desmarcó el episodio de las versiones que lo presentan como un caso de doping.

“El caballo sufrió una fractura de cadera, se descaderó en plena carrera y se desplomó”, explicó el presidente del Jockey Club posadeño y apuntó: “Es lo que extraoficialmente pude saber de gente cercana a cuidadores del caballo”.

“Se habla mucho de doping, pero se habla por hablar”, se quejó Martínez y agregó que, en su opinión, “nadie le va a poner un caballo, que sale $40 o $50 millones, algo que le pueda causar daño”.

“Estos caballos son atletas de alto rendimiento, están mejor cuidados que las personas”, afirmó y precisó: “Cada caballo tiene tres o cuatro personas, el que le da de comer, el que le limpia las camas, el veterinario, el jockey; es una pequeña industria”.

Martínez reconoció que en la Copa Challenger del último fin de semana no hubo controles de antidoping, y aseguró a LVM que el equipo de Ojeda “contrató dos veterinarios para controlar todo lo referente a la sanidad; las vacunas y el estado general de los animales, entre otras cuestiones referidas”.

Justificó la falta de controles antidoping en el hecho de que “la sala de veterinaria del club está usurpada del hipódromo por socios de la entidad” y apuntó a un grupo liderado por un asociado de nombre “Pedro Vera”.

Manto de justicia

Martínez circunscribió la andanada de cuestionamientos al club por lo sucedido en la competencia del fin de semana, entre los que se coló una amenaza de denuncia penal en su contra, a la puja interna por la nueva comisión directiva que se cristalizó con la impugnación de la asamblea que eligió a Mussi el 30 de agosto.

“Todo esto tiene su origen en esa asamblea”, disparó Martínez. “Es una puja de dos bandos”, graficó.

“En esa asamblea no se tuvo en cuenta el principal objetivo que era elegir nuevas autoridades”, argumentó y apuntó contra la disposición de la Dirección de Personas Jurídicas por “dejar sin efecto la convocatoria atendiendo factores menores y cosas que no son ciertas”.

“No nos dieron la oportunidad de defendernos”, denunció Martínez y explicó: “No nos corrieron vista de las actuaciones en ningún momento y nos encontramos que, alegremente, Personas Jurídicas eleva lo actuado al ministro de gobierno”.

“Quiero creer que el ministro (Marcelo) Pérez es una persona sensata y va a poner un manto de justicia”, reflexionó.

Revocatoria

Este lunes, la presidencia interina de la entidad, presentó en la Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público de la provincia un recurso de Revocatoria de la Disposición 218/24, que dejó sin efecto la asamblea del 30 de agosto pasado.

En el escrito de siete páginas, patrocinado por la abogada Mónica Olivera, la entidad responde a cada uno de los tópicos esgrimidos por el sector de socios que pidió la impugnación de la asamblea y cuyos argumentos hizo suyo el ente regulador provincial para anular la convocatoria y la elección de Mussi.

El recurso echa por tierra lo denunciado en el pedido de impugnación patrocinado por la abogada Roxana Tamara Ramírez Moll, del bufete del abogado Alejandro Jabornicky, en el sentido de que los socios “nunca tuvieron” acceso al padrón electoral de la entidad y que el orden del día no era el mismo al publicado en la convocatoria, y había sido alterado.

“La falta de coincidencia de algunos puntos consignados en el acta de convocatoria y los publicados en el orden del día, no pueden acarrear la nulidad de toda la asamblea, sino en todo caso de los puntos no coincidentes, pero prevaleciendo el punto del orden del día que, si fuera establecido en el acta de convocatoria y en el orden día, como, por ejemplo: la renovación de autoridades”, reza el escrito.

“En cuanto a la supuesta presentación de un padrón de socios a posteriori de la celebración de la asamblea, que difiere del presentado en fecha 16/7/24, incumpliendo normas estatutarias, debo decir que falta a la verdad esa consideración, puesto que: ‘No existe ninguna norma de nuestro estatuto vigente que establezca como obligatorio la presentación de un padrón de socios’”, señala.

Asimismo, reconoce que el estatuto del club exige que “en ocasión de celebrarse elecciones de autoridades, el deber de exhibir a los asociados el padrón con una anticipación a la fecha de las elecciones”, y asegura que “el padrón fue puesto en exhibición en la sede social, en tiempo y forma conforme lo señala el Art. 32”.

En el escrito, el Jockey Club Posadas asegura, además, que, “en fecha 19 de agosto”, el padrón “se subió al portal https://portal.personasjuridicas.misiones.gob.ar/nuevopadronactualizado, que fue el que efectivamente se utilizó en las elecciones llevadas a cabo 11 días después”.

“Quiero resaltar que el portal de trámites de la DGPJyRP adolece de serias fallas que impiden ampliar cualquier documentación que debe comunicarse de manera previa a toda asamblea; es por ello que a fin de intentar ‘en legal tiempo y forma’, se subió como Trámite Nro. 5640, como informe de estado de situación”, explica el recurso de la abogada Olivera.

“Me agravia el hecho de esta autoridad de contralor no tenga los recursos tecnológicos para permitir que, dentro del plazo vigente previo a toda asamblea, el usuario pueda subir la documentación pertinente y actualizarla o complementarla”, añade el escrito, responsabilizando a Personas Jurídicas de las fallas que pudieran atribuírsele en el cumplimiento del calendario electoral.

“No puede achacarnos a los usuarios la carencia del sistema que implementan”, afirma y sentencia: “Si la autoridad de contralor aplicara la misma exigencia que pretende con nuestra entidad con ellos mismos, entonces concluirían que la culpa y responsabilidad es vuestra, no nuestra”.

La presentación de la directiva de la entidad adjunta como pruebas documentales, los recibos de los formularios ingresados en Personas Jurídicas, copia del escrito subido al portal del ente el 19 de agosto, nómina de candidatos, captura de pantalla del Trámite 5640, una fotografía del padrón exhibido en la sede social, donde aparecen Martínez y Botero, y una copia del Expediente 3282/24 del portal de trámites.

Finalmente, el recurso pide que “se revoque por contrario imperio la declaración de irregular e ineficaz de la asamblea” impugnada.

“Verdadera locura”

Desde el sector opuesto a la directiva actual y a la resultante de la asamblea anulada, Juan Marcelo Benítez Vigo, calificó de “verdadera locura” lo ocurrido el fin de semana en el hipódromo posadeño y responsabilizó por todo a Gustavo Mussi, a quien llamó “presidente de facto” de la entidad.

“Tal y como veníamos vaticinando las nuevas autoridades no tienen idoneidad moral ni de gestión para llevar adelante nada”, disparó Benítez Vigo y remató: “Imagínese algo que claramente se le fue de las manos”.

“Insistimos en que debe aclararse primeramente la cuestión de la asamblea y las nuevas autoridades”, afirmó y pidió que, “mientras tanto”, el sector de Martínez y Mussi “se haga cargo del resultado de sus acciones”.

“Alguien le alquilo el hipódromo a esta gente y, peor aún, ninguna autoridad de contralor del gobierno supervisó”, señaló Benítez Vigo y agregó: “Y si lo hizo, lo hizo de manera bastante ineficiente a la luz del descontrol que se vio”.

“Desafortunadamente lo ocurrido con el caballo fallecido hace que todo lo demás deje de tener atención, pero no quita que sea importantísimo”, lamentó.

“Esta es una actividad que se realiza de manera regulada en otros lugares, donde, con los controles adecuados y siguiendo reglamentos y protocolos de seguridad, este tipo de desgracias se evitan”, afirmó.

Sobre las apuestas ilegales y el garito clandestino que funcionó en el predio durante los tres días de competencia, Benítez Vigo consideró que “si todo se centra en el juego, en las apuestas, se desbalancea por completo el sentido”.

“Ahora resulta que nadie fue”, se quejó el socio y agregó: “Eso sí, el desprestigio para nuestro querido club ya está consumado”.

“Esto muestra, claramente, que a esta gente solo les importan sus intereses y el club es solo un medio para sus fines”, arremetió.

Benítez Vigo confirmó la inminencia de una denuncia penal en la justicia ordinaria de Misiones contra el presidente interino Martínez, el tesorero Botero, que suscribieron el contrato de arrendamiento del hipódromo con Ojeda, el representante de la organización.

“Hay que llegar a esas instancias lamentablemente”, apuntó y disparó: “Nada los detiene se ve, hacen lo quieren con el club”.

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